Los conspiradores del 11M

A mucha, muchísima gente, hablar del 11-M produce pereza, indolencia, una pizca de hartazgo, y no poca irritación. Salvo para quienes están convencidos de la completitud de la sentencias de la Audiencia Nacional y la posterior del Tribunal Supremo, un convencimiento legítimo, por lo demás, la historia de los atentados demuestra, tal vez como ningún otro ejemplo, la profundísima polaridad existente en la sociedad española a la hora de afrontar sus problemas internos. Porque la historia del 11-M es la representación más lacerante y atroz de las divisiones que padece este país, más allá de toda diferencia ideológica. Ni siquiera unos atentados tan crueles y sanguinarios fueron capaces de hacer converger a los españoles. Unos y otros, movidos por sus personalismos y enfrentamientos, como dos países en perpetua disputa, demostraron sus torpezas en un momento en el que, tal vez más que en ningún otro, las diferencias hubieran debido dejarse a un lado. En Estados Unidos, por ejemplo, el atentado contra las Torres Gemelas produjo una unión sin precedentes de todos los poderes (públicos y privados) y una demostración (a posteriori, eso sí) de cómo han de llevarse a cabo las investigaciones policiales y judiciales, con independencia de las anexiones a la política militar emprendida por George Bush Jr. tras los luctuosos acontecimientos de aquel ya lejano mes de septiembre. Supongo que con la ejecución de Bin Laden, ordenada por un presidente ideológicamente nemético a quien ordenó la guerra en Irak, la sociedad americana surgida tras el 11-S pudo poner fin a su larguísimo duelo. Otro tanto sucedió en Gran Bretaña, cuando el atentado de Londres. 

En España, no solo hubo desunión entre las masas. Tampoco hubo juego limpio político, ni desde el Gobierno saliente, que después padecería en sus carnes las consecuencias de todas las decisiones que adoptaron, ni tampoco los cuerpos de seguridad del Estado desarrollaron una actuación ejemplar y eficiente ante la más tenebrosa investigación a la que hubieron de hacer frente. De hecho, bastaría con señalar las muchísimas incógnitas que el propio proceso del 11-M encontró y señaló, pese a los esfuerzos por cerrarlas o aclararlas, y la creación desde aquellos días de una corriente de opinión totalmente incrédula ante lo que luego vino a denominarse "versión oficial", para aceptarlo. Respecto a este punto, tan oscuro, sorprende la tenacidad de cuantos obligan a que la realidad jurídica del 11-M sea suficiente para acallar a quienes estaban convencidos de que nada de aquello coincidía, punto por punto, con la realidad histórica que se estaba viviendo. Que no sepamos aún con qué dinero se pagaron los atentados es algo que a cualquiera debería ofender, porque los juicios no desentrañaron nada que fuese una parte visible y obvia, y en ocasiones groseramente manipulada, manifestando con ellos los jueces y fiscales y abogados su incapacidad para adentrarse en las turbiedades que entonces emergieron.

Tal vez por el ímpetu (y testarudez) con que ciertos periodistas removieron todos los puntos oscuros (o inherentemente negros) de las investigaciones, y por el vuelco electoral que el 11-M produjo, tal vez por ello a quienes objetaron sospechas o dudas durante el proceso (huelga decir que de manera legítima, que para ello existe la libertad de prensa y de expresión: otra cosa es que se deban aceptar sus teorías o sospechas como válidas), se los ha venido a llamar desde entonces "conspiranoicos" o defensores de la teoría de la conspiración. Basta con emplear uno cualquiera de los sinónimos del vigente negacionismo, en el marco que sea, para tratar de embarrar y pringar cualquier voz que demande explicaciones más claras. No deja de ser una más de las muchas dictaduras con las que el mundo moderno se viene infligiendo a sí mismo las heridas sociales más profundas. Pero no podemos dejar pasar por alto, todas las veces que sea preciso, que la propia sentencia del 11-M, en muchas de sus páginas, consideró que hubo preguntas sin posible respuesta y manipulaciones y escollos numerosísimos: esta confesión fue pareja a un buen conjunto de críticas y objeciones tanto a la instrucción judicial previa como a las actuaciones policiales entonces desarrolladas, a las comparecencias (políticas o no), los escasos vestigios conservados de los atentados en momento tan crucial para la vida de un país (con más de cincuenta años de lucha antiterrorista a sus espaldas), y los testimonios entregados por quienes tenían la responsabilidad de defendernos del ataque, primero, e investigarlo, después. Dudo que nadie acuse al juez Bermúdez de "conspiranoico", pero extrapolando las palabras escritas con que sentenció el juicio, y algunas de las que pronunció más tarde, acabado todo, en diversos medios y auditorios, bien podría afirmarse que tuvo alguna noción de ello, por lo demás, pronto mitigada en la propia responsabilidad de la que se sabía protagonista. 

Por supuesto, para quienes siguen aferrándose a la ejemplaridad de todas las investigaciones y la prontitud con que fue resuelto el asunto; a las mentiras proferidas por Aznar y su Gobierno (que las hubo, y no pocas); a la audacia de Zapateros y Blancos y Rubalcabas... para todos ellos, cualquier terquedad en intentar exponer de manera organizada y justificada los interrogantes que todo el proceso dejó tras de sí, ha de rechinar las meninges. Sorprende que sean tan escasas las ocasiones en que sometan su criterio a la siguiente pregunta: si todo quedó negro sobre blanco, tanto para la Audiencia Nacional como para el Tribunal Supremo, ¿por qué no estuvo todo el mundo conforme, o al menos una gran cantidad de los agentes involucrados, con la sentencia, por cuanto esta disconformidad no se tradujo en un apasionante debate jurídico sino en una escisión aún más profunda de los dos bandos? ¿Abundan tal vez los "conspiranoicos" como champiñones en un majadal, convirtiendo a personas de incuestionable inteligencia en fanáticos similares a quienes perpetraron o idearon los atentados? ¿Es la exposición de dudas e interrogantes un mal que, cual negacionismo climático, deba ser perseguido y sometido al juicio de las hogueras en plaza pública (pero sin ecpirosis sobre carne humana)? Tal vez pertenezcamos a un país donde la gente quiere simplemente vivir bien y dejarse en paz de problemas. Pero a mí un país tal, no me gusta. Por eso nadie va a conseguir que me calle.

No he hablado del 11-M en veinte años. Y creo que ha llegado el momento de exponer mi visión, prestada de todas las partes y actuantes (jueces, policías, abogados, periodistas, políticos..., de uno y otro bando), y organizada tal cual yo concibo mis sospechas, que las tengo. No son infundios. Lo que van a leer a continuación es una narración elaborada de la amplísima sentencia del sumario 20/2004, con referencias explícitas a la sentencia de la Audiencia Nacional, a la del Tribunal Supremo o a la instrucción previa de los hechos. No se trata de una explicación alternativa, o conspiratoria, simplemente un desencuentro con la resolución de un caso donde hubo demasiadas negritudes. Es posible confrontar y verificar en la sentencia cada una de las exposiciones que aquí se mencionan. Hay autores que ya lo han hecho. Se advierte al lector que algunos párrafos son interpretaciones o sospechas que, por ausencia de pruebas materiales, quedaron como indicios o sospechas, pero no como hechos probados. Pero la realidad no solo se construye alrededor de aquello que es posible demostrar fehacientemente (eso es algo que compete a la realidad jurídica, de la que este relato no desea formar parte), y veinte años después creo que es posible construir una realidad histórica más amplia, aunque objetable, basada en todo aquello que las investigaciones judiciales y policiales no fueron capaces de determinar, motivo por el que tampoco fueron capaces de convencer a todos (y recordemos que, entre esos todos, se halla buena parte de los familiares de las víctimas cobradas por las explosiones en los trenes de cercanías).

Escribo esto por respeto a las víctimas y como repulsa a los atentados, que fueron desencadenados materialmente tanto por quienes en este relato son nombrados como por quienes no aparecen en él, y que, desde mi punto de vista, son los autores intelectuales (y económicos) que las setecientas páginas de la sentencia fueron incapaces de dilucidar. Pero también ha sido mi objetivo mostrar cómo en España algunos medios de comunicación pudieron, con total jactancia, culpar de la muerte de dos centenares de inocentes no a los autores materiales de los hechos, sino a un Gobierno legítimamente constituido que impulsó legítimas (por controvertidas que fuesen) políticas en su actuación exterior e interior (decir lo contrario es postrarse ante las presunciones de la infamia); y cómo diversas ideologías políticas sacaron provecho de ello, actuando en total connivencia con las anteriores, y alterando el decurso de la historia para siempre, pese a que muchos de sus principales actores tuvieron conocimiento preciso y exacto de cómo iban desarrollándose las investigaciones; y cómo los cuerpos de seguridad fueron incapaces de salvaguardar la integridad de las investigaciones o la custodia de las evidencias, interponiendo todo tipo de trabas y obstáculos a quienes buscaban trabajar con lealtad al país en el esclarecimiento de los hechos, cuando no alterando manifiestamente las pruebas obtenidas; y cómo la Fiscalía, un cuerpo jerarquizado que siempre obedece a sus superiores, no tuvo por pretensión en ningún momento servir al auxilio y alivio de la memoria de las víctimas y sus familiares, sino al interés particular del Gobierno luego proclamado tras un vuelco electoral que, sin los atentados, jamás se hubiese producido; y, finalmente, cómo he llegado a pensar que España, a diferencia de otros países atacados por el terrorismo, como EEUU o Reino Unido o Francia, es el único Estado que no ha podido ni sabido dilucidar las causas y el origen de uno de los peores ataques perpetrados en suelo europeo. Claro que fue España el único de los países anteriormente citados donde no atentó Al Qaeda.   

INTROITO (AXIOMAS)

En el juicio del 11-M se investigaron tres tramas: la denominada trama asturiana, compuesto por delincuentes comunes asturianos que traficaban con hachís y explosivos; la banda del Chino, compuesta por delincuentes comunes magrebíes dedicados a todo tipo de delitos; y la banda del Tunecino, un grupo de islamistas radicales que se preparaba para cometer atentados en España. 

El tribunal fue incapaz de averiguar la autoría intelectual de los atentados. Leída la sentencia con detenimiento, es imposible entender el 11-M sin la intervención de una cuarta trama, que no fue juzgada ni investigada. 

La hipótesis de la autoría de Al Qaeda (en la inefable Wikipedia se insiste en que fueron atentados yihadistas, pese a que no pudo ser corroborado ni por el Tribunal Supremo ni por la Audiencia Nacional) aún permanece en buena parte de la sociedad española y de los medios de comunicación. Es posible ver citada esta característica en numerosos libros, tengan o no relación con los atentados, porque el 11-M ha pasado ya a formar parte del acervo extremista de nuestra reciente historia democrática. 

Pero recordemos nuevamente, especialmente a aquellos que aluden al juicio del 11-M para desdeñar a quienes objetan sobre la efectividad de las investigaciones realizadas, que la sentencia negó cualquier relación entre los autores del atentado y la organización que lideraba entonces Bin Laden. 

Ser o no ser conspirador

Como no deseo ser tildado de sectario, o conspiradófilo, quiero comenzar por informar al lector sobre las razones que, con buen juicio, conviene aducir para negar todo cuanto en este artículo se va a exponer (a pesar de que todo su contenido se halla presente en la sentencia del 11-M). En ese sentido, tal vez el lector desee saltarse este apartado y regresar más tarde. Pero allá va.

Quienes proclaman cualquier tipo de conspiración suelen hablar de pruebas ocultas de los gobiernos (casos de naves alienígenas avistadas o estrelladas en nuestro planeta), de la existencias de poderes misteriosos capaces de controlar el mundo sin que nadie se percate de ello (caso del grupo Bilderberg, que existe, o de "Los protocolos de los sabios de Sión", que no existió jamás), de fingimientos en la muerte de personalidades famosas (como Elvis Presley), y otros por el estilo (la tierra plana o que la NASA jamás alcanzase la Luna en 1969).  Una teoría de la conspiración que se precie como tal ha de negar las interpretaciones oficiales o científicas de los hechos; ha de tratar de revelar secretos ocultos apoyados en datos que las versiones oficiales no explican u ocultan; y ha de sospechar de quienes no acepten o apoyen sus tesis de la conspiración. 

Estas teorías suelen aportar una explicación sencilla y completa de importantes acontecimientos o circunstancias: unas son banales, cuando no risibles (Elvis está vivo); otras aportan una visión alterativa de la historia (la conspiración judía de los sabios de Sión); algunas explican de manera alternativa un atentado como el del 11-M. Recordemos que también el 11-S (el atentado de las Torres Gemelas, aunque no fue el único ataque que se produjo ese día) se vio expuesto a teorías que negaban los resultados de las investigaciones oficiales. Solo el periodista francés Thierry Meyssan, por ejemplo, vendió centenares de miles de ejemplares de su libro "La gran impostura", en el que trataba de demostrar que ningún avión se estrelló en el Pentágono. 

La primera reacción de cualquier ciudadano ha de ser, por tanto, rechazar las teorías de la conspiración.

Pero una segunda reacción es posible en casos como el que nos ocupa, de suficiente complejidad y, sobre todo, tan notable significado para el conjunto de la sociedad: leer con detenimiento las sentencias y conclusiones de las comisiones de investigación. Y alejarse de las puñaladas políticas.

El masivo rechazo público hacia quienes han dudado todo este tiempo de la versión oficial del 11-M fue provocado por la obstinación de dichos "conspiradófilos" (o conspiranoides, por decirlo en términos favorables a los oficialistas) en abundar una y otra vez, con formas despectivas en bastantes casos, en las repercusiones políticas que tuvieron los atentados en los trenes de Madrid y su ilación con la autoría intelectual de los mismos. En este artículo también entraremos en ese detalle, pero desde el punto de vista de los hechos probados y las actuaciones de uno y otro bando político. Sorprenderá, a quien permita ser sorprendido, claro está, cómo las actuaciones moralmente más reprobables fueron cometidas por quienes tenían perdidas las elecciones el día 10 de marzo, que no se hartaron de acusar al Gobierno de mentir, con la connivencia del público, pese a que ellos mismos no dijeron una sola verdad en toda la jornada (de hecho, es posible revisar entrevistas posteriores, con ocasión del décimo aniversario de los atentados, y comprobar cómo en ellas se intenta barnizar de ejemplaridad y moralidad, con datos y pruebas bastante refutables, lo que dichos protagonistas ejercieron: véase el caso de Rodríguez Zapatero).  Pero, qué duda cabe, fue el modo exaltado y ultraderechista (la ultraizquierda nunca existe, recuérdelo) que tuvieron ciertos periodistas en insistir en sus sospechas, como la de que resultaba materialmente imposible que un grupo de musulmanes (delincuentes comunes), en su mayoría marroquíes, residentes en España y casados con españolas, tuvieran los conocimientos y la capacidad suficientes para perpetrar la tragedia sufrida ese día, lo que produjo una sima de consecuencias históricas. No solo ellos, por supuesto: aquellos días, Prisa y su periódico El País, se hartaron hasta las trancas de mentir, de inventarse noticias, de contraprogramar pesquisas, de vociferar a los cuatro vientos que lo leal, lo patriótico, era adherirse sin fisuras a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad del estado, a quienes, pese a las muchísimas irregularidades detectadas antes y después del juicio, se ha defendido con un ultracorporativismo que casi produce vergüenza ajena (está claro que el patriotismo es un río de aguas que lo mismo discurren en un sentido que hacia el contrario: todo depende de dónde se posicione uno). 

Decíamos que en poco ayudaron las arengas frecuentes de Jiménez Losantos, por ejemplo, o los modos cañoneros de El Mundo, también por ejemplo, aunque uno deba reconocer que, estando o no de acuerdo con sus investigaciones periodísticas, el trabajo que hicieron fue necesario (de hecho, el propio juez Gómez Bermúdez basó su actuación en no pocas informaciones de esots medios, luego vituperados). Pero una cosa es discutir los términos en que se manifiestan las opiniones (y cualquiera tiene el derecho constitucional de exponerlas, cosa que a veces se olvida), y otra despreciar los razonamientos ajenos porque sí, que es lo que suele ocurrir en sociedades polarizadas, y este país siempre lo ha sido (abundándose aún más en dicho radicalismo político justo desde los sucesos del 11-M, coincidiendo con la llegada al poder de un personaje tan rencoroso, obtuso, romo y despuntado como Zapatero). 

A este respecto debemos indicar que las críticas a los críticos, a los periodistas y políticos acusados de ser conspiranoides, fueron basadas en argumentos tan simples como, por ejemplo, plantear que accionar bombas con teléfonos móviles es algo bastante simple y que sus conceptos técnicos estaban ampliamente difundidos en el mundo yihadí, obviando el hecho de que no fue posible dilucidar durante el juicio quién montó los artefactos (argumento para el que sí parece legítimo obviar la relación de hechos probados y no probados). En la época de la guerra de Irak la oposición disponía de un contundente argumento contra el Gobierno de Aznar en la crítica a su política favorable a la intervención en Irak, que resultó enormemente impopular. Circulaban por Internet, en aquellos días, documentos yihadistas en los que se afirmaba que en España la oposición a la guerra era tan fuerte que bastarían unos pocos ataques terroristas para provocar la retirada de las tropas españolas o, en el caso de que el Gobierno no lo hiciera, el triunfo del Partido Socialista, que tenía tal retirada en su programa. Este razonamiento es obvio que explica la lógica criminal de los autores materiales de los atentados, pero obvia el hecho de que el Tribunal Supremo afirmase que no era posible vincular a ninguno de ellos con Al Qaeda o la guerra de Irak (de nuevo, quienes critican a los críticos hacen uso de argumentos que en estos últimos son condenados).

La versión oficial del 11-M se consolidó con las conclusiones desprendidas de las pruebas acumuladas en el trascurso del juicio por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (omitiremos afectar el sustantivo "pruebas" con expresiones del tipo "exhaustiva investigación", "magnífica labor de la policía", etc., por cuanto son juicios de valor y aquí pretendemos una cierta asepsia: si las investigaciones hubieran sido exhaustivas, tampoco el Tribunal Supremo en su sentencia hubiera cantado las cuarenta al juez instructor o al jefe delos TEDAX, por poner solo un par de ejemplos, como realmente hace). La motivación de los atentados quedó fuera del juego en momentos muy tempranos: en cualquier caso, el tema de la guerra de Irak, por muy detonante que fuese de la voluntad criminal de los terroristas, no era relevante desde el punto de vista procesal. Quienes desdeñaron a los críticos de la versión oficial, sí asumieron (aunque sea tangencialmente) que en ocasiones se insinuase la participación en los hechos de los servicios secretos marroquíes, o de otros países, e incluso que pareciera lógico pensar que ETA estuviese involucrada. Hay sobrado material impreso sobre estas dudas oficiales, si bien rápidamente quedaron sepultadas. Y ello fue posible no porque resultase imposible afirmar que la participación de ETA en el 11-M quedó demostrada, sino porque tampoco pudo demostrarse la de Al Qaeda. La sentencia nunca lo dio por demostrado. 

Veremos en este artículo que la sentencia introdujo (y en muchas ocasiones) a ETA en todo este asunto. Diremos cómo, cuándo y por qué. Y también por qué no prosiguió o por qué abandonó esa línea de investigación. Hemos de matizar que una cosa es que no hubiese deducción probatoria que demostrase la implicación de la organización etarra, lo que hubiese dado lugar a su enjuiciamiento, y otra que quienes criticaron a los críticos aceptasen de buenas maneras la viabilidad de la tesis yihadista (que no fue probada): al menos debieron aceptar que la tesis etarra (tampoco probada) no resultaba tan inviable como se dijo. Era, simplemente, inconexa e incompleta, como siempre sucede con todo aquello que no queda probado. Pero vivimos tiempos extraños en los que las situaciones más enloquecidas se sucedieron con total normalidad (de alguna manera, se viene produciendo desde entonces en muchos otros contextos, como cuando algunas personas, sedicentes víctimas de supuestos delitos sexuales cometidos veinte o treinta años atrás, deciden denunciar e inculpar a sus supuestos agresores con la sola justificación de su palabra y la anuencia de gran parte de la sociedad, que las cree y no duda en censurar, "cancelar" e injuriar a quien no puede defenderse: Plácido Domingo, Kevin Spacey... saben de qué hablo, ¿verdad?).    

Veinte años han transcurrido, y con ellos la prescripción de los terribles delitos entonces cometidos. Y por finalizar con esta introducción, que demasiado se extiende ya, creo que la lectura de cuanto viene a continuación puede ser adjetivada de apasionante: no por mis facultades narratorias, que son indisimuladamente mermadas, sino porque antecede a cuanto algún día contará la Historia, tal vez en no demasiado tiempo. Firmemente estoy convencido de ello.

Por cierto

Si usted desea concluir sus propios resultados y efectuar por usted mismo la ilación de cuanto fue declarado en el juicio, puede acudir a diversas fuentes, una de ellas en el controvertido Libertad Digital, que pone a su disposición todas las transcripciones del juicio aquí, junto con los informes sobre explosivos (veremos que es uno de los puntos cruciales y más asombrosos de todo el entramado). 

Igualmente, puede hallar abundantes referencias jurídicas en La cuarta trama, del abogado José María de Pablo, libro que ha sido reeditado recientemente y del que en este artículo tomaremos prestados los indicios existentes sobre una trama criminal no investigada durante los juicios. 

Por lo demás, pongo a su disposición la sentencia del juicio del 11-M (Audiencia Nacional, me referiré a ella nombrando casi siempre al juez García Bermúdez), la relación de hechos probados, y la sentencia del Tribunal Supremo. De ese modo, usted, caro lector, podrá alcanzar sus propias conclusiones.

 

LAS TRAMAS QUE SE INVESTIGARON

La trama asturiana

Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras se dedicaban al tráfico de hachís, el tráfico de armas, el tráfico de explosivos y el tráfico de vehículos robados. Trashorras, que había sido minero, mantenía contactos con algunas minas asturianas de caolín, algo que le permitía conseguir explosivos. 

En 2001, ETA comenzó a hacerles pedidos de armas y explosivos. Para atender a este importante cliente, Toro (a la derecha) y Trashorras (a la izquierda) necesitaban contratar a un correo que estuviese dispuesto a viajar a Francia para entregar el material a la banda terrorista. Ese encargo le fue ofrecido a Javier Lavandera, un tipo que había pertenecido al cuerpo de élite del ejército y que por entonces trabajaba de portero en un club de alterne frecuentado por Trashorras y Toro. Fue Lavandera quien, escandalizado por la gran cantidad de dinamita y detonadores que le estaban ofreciendo transportar, informó a la Policía Nacional de Gijón, quien a su vez se puso en contacto con la Brigada de Información, competente en materia de terrorismo.

La policía no hizo absolutamente nada al respecto salvo avisar al entorno de Toro del chivatazo y amenazar a Lavandera. Es un ejemplo perfecto de lo que se viene en llamar "cloacas del estado": en no pocas ocasiones somos totalmente inconscientes de los estrechos márgenes de eficiencia en que operan los cuerpos de seguridad, desplegando estrategias de investigación que luego se revelan completamente desafortunadas, todo ello debido a las complejas relaciones que mantienen con delincuentes (y confidentes). 

Pese al incidente, necesitados como estaban de alguien que hiciese de correo con ETA, Trashorras volvió a ofrecer un encargo a Lavandera: esta vez 400 Kg de Goma 2, de manera urgente. Lavandera lo volvió a denunciar, pero esta vez a la Guardia Civil, ocupándose de ello el teniente Campillo, quien se personó en su casa donde el primero confirmó que le habían ofrecido un negocio de mil kilos de explosivos semanales para vender. 

La consecuencia de todo ello es el arranque de una operación sobre... drogas. Ni se investigó ni se abortó el tráfico de explosivos existente entre los asturianos y ETA. Todo esto fue conocido por la opinión pública por la aparición, meses después del 11-M, de la cinta que la Guardia Civil grabó con las confidencias de Lavandera.

Las revelaciones de Lavandera no tuvieron consecuencias para Toro y Trashorras, pero sí para el confidente: su mujer apareció ahogada en la playa de Gijón y, días más tarde, recibió en el buzón de su casa un sobre con fotos del cadáver de su esposa durante la autopsia y un texto de advertencia. Ahora pregúntense quiénes pueden tener acceso a dicho material. Aún más, en 2006 dos desconocidos tirotearon a Lavandera mientras conducía su vehículo, aunque sin efecto, y meses más tarde alguien colocó una bomba casera en el coche. 

Pese a todo ello, Lavandera declaró en el juicio del 11-M. Su declaración se puede consultar en la propia sentencia o aquí.

Otros informadores asturianos, de los que no vamos a mencionar demasiados detalles en este artículo, tuvieron también conocimiento de la relación de Toro y Trashorras con ETA. Alguno de ellos se halla en paradero desconocido pese a haber concedido numerosas entrevistas a medios de comunicación locales. 

Recordemos un detalle interesante: Trashorras, además de delincuente común, era confidente de la policía.

La banda del Chino

El Chino era el apodo con el que se conocía a Jamal Ahmidan, el líder de una banda de magrebíes dedicada a la delincuencia común. Antes del año 2000, el Chino se dedicaba al robo, al tráfico de vehículos robados y al tráfico de hachís en Lavapiés y en el País Vasco, donde había conseguido excelentes contactos con la banda terrorista ETA, lo que le daba protección para traficar en Euskadi. 

El comportamiento del Chino y de todos sus secuaces no se correspondía con lo esperable en un fundamentalista islámico: en su vida abundaban las prostitutas, las drogas, los delitos de sangre, el alcohol… 

En otoño de 2003 el Chino alquiló una finca en Morata de Tajuña, que se convirtió en el centro de operaciones de la banda, y a la que realizaron una serie de reformas como excavar un zulo impermeabilizado para almacenar explosivos. 

Según testigos, amigos y conocidos, el Chino se pasaba la vida viajando al País Vasco, donde ETA siempre controló el mercado de la droga (la DEA, en 2002, definió a ETA como una organización dedicada al narcotráfico). Veremos más tarde que Trashorras también vinculó al Chino con ETA. 

Que el asturiano se cruzase con el magrebí fue posible gracias a Rafá Zouhier, un colaborador del Chino que también colaboraba con Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde 2001, razón por la que en marzo de 2003 la Guardia Civil era conocedora del tráfico de explosivos desarrollado por Toro y Trashorras. La Fiscalía de Asturias llegó a informar de que en tales confidencias no había indicios racionales de criminalidad. Desalentado, entre marzo de 2003 y el 11 de marzo de 2004, Zouhier dejó de informar de las actividades de Toro y Trashorras, incluyendo que los pusiera en contacto con el Chino, razón por la que acabó siendo condenado por tráfico de explosivos en el juicio del 11-M.

A propósito del Chino

La sentencia de la Audiencia Nacional volcó la máxima responsabilidad de los atentados sobre los siete muertos de Leganés, quienes constituirían un grupo terrorista autónomo de carácter islamista que habría organizado y cometido los atentados de Madrid por su cuenta y riesgo. 

La sentencia de casación del Tribunal Supremo matizó estas afirmaciones, indicando que podrían no ser todos, sino sólo algunos de los siete muertos de Leganés, los que hubieran puesto las bombas de los trenes. Sea como fuere, la versión oficial de los atentados afirma que algunos o todos los muertos de Leganés fueron los máximos responsables de la matanza. Sin embargo, apenas existe información acerca de la vida de los terroristas del 11-M. En ninguna parte del sumario figura el más mínimo interrogatorio a ningún familiar de Abdenabi Kounjaa, ni de Anouar Asrih Rifaat, ni de Serhane Farket (El Tunecino), ni de Allekema Lamari, pese a que algunos de ellos tenían familiares en España.

El único del que hay un poco más de información, y tampoco mucha, es de Jamal Ahmidan, y ello fundamentalmente porque desde el principio se interrogó a su supuesta mujer española, Rosa María, y porque varios de sus hermanos fueron imputados, e interrogados, durante la fase inicial de las investigaciones. Sin embargo, incluso en el caso de Jamal Ahmidan, en cuanto se comienza a rascar en la escasa información proporcionada, afloran las contradicciones. 

Si usted busca información en los medios de comunicación, puede encontrar auténticas "novelas" relatando la metamorfosis yihadista de este individuo (por ejemplo, aquí): un delincuente común de origen marroquí que vino a España a principios de la década de 1990; que conoció a una chica española con la que se casó y a la que dejó embarazada, para separarse de ella poco después; que estuvo en la cárcel en Marruecos por algún asunto relacionado con un homicidio, volviendo a España en el verano de 2003 y retomando la relación con su mujer española; que en algún momento de esos años en que había estado separado de su mujer, se fue radicalizando, hasta acabar atentando en Madrid el 11 de marzo de 2004. 

Esa es la historia que cuentan. Es también la versión que se desprende de las primeras declaraciones de su mujer Rosa María ante la Policía y ante el juez. En esas dos declaraciones, prestadas los días 26 y 27 de marzo de 2004, la supuesta mujer de Jamal dijo, entre otras muchas cosas: 

• Que desde el año 1993 era compañera sentimental de Jamal Ahmidan, con quien tuvo un hijo.

• Que dejaron la relación en 1995 o 1996, cuando Jamal ingresó en la cárcel por tráfico de drogas.

• Que reanudaron su relación en el mes de julio de 2003, cuando Jamal volvió de Marruecos tras pasar dos años y medio en la cárcel por un delito contra la integridad física de las personas.

• Que en el mes de septiembre u octubre de 2003 comenzó a convivir con Jamal en Vallecas, en un piso de la calle Villalobos 51.

• Que Jamal se dedicaba a la compraventa de coches usados.

• Que Jamal tenía un VW Golf de color negro que vendió en febrero de 2004 (uno de los coches que, veremos, supuestamente transportaron los explosivos desde Asturias).

• Que en esa fecha (febrero de 2004) comenzó a utilizar un Opel Astra azul propiedad de la madre de Rosa María (otro de los vehículos con los que supuestamente se transportaron los explosivos desde Asturias).

• Que en febrero de 2004, Jamal la llevó a ver una finca que acababa de alquilar en Morata de Tajuña, en la cual dormía Jamal en días alternos.

• Que a esa finca iban varios amigos de Jamal, además de su primo Hamid.

• Que Jamal tenía un pasaporte belga falso a nombre de Yousef Ben Salah.

Según los datos que aparecen en el sumario del 11-M, Jamal mantenía una estrecha relación con su familia política, no solo con su mujer, algo normal dado que tenían un hijo en común. 

En las cuatro ocasiones en que fue detenido en 1996, todas con la identidad falsa de Ahmed Ajon, que su domicilio se ubicaba en Corredera Baja de San Pablo 22, donde vivía precisamente la madre de Rosa María. También en mayo de 1996, el cuñado marroquí de Jamal, llamado Jabir Migou, presentó una solicitud de regularización, aportando un contrato de trabajo firmado para una pastelería árabe por la madre de Rosa María. Existía, por tanto, una relación suficientemente estrecha como para que la madre de Rosa María se aprestara a ayudar no ya a Jamal, sino a otros miembros de su familia. 

En el propio sumario consta, asimismo, que en agosto de 1998 la madre de Rosa Maria compró un vehículo por cuenta de Jamal, poniéndolo a su propio nombre. Más adelante, en marzo de 2000, la versión oficial afirma que Jamal fue detenido con la identidad falsa de Said Tlidni por falsificación de documentos, con domicilio en Pozas 4, que es donde vivían en ese momento tanto Rosa María como su madre. A consecuencia de esa detención, Jamal fue encerrado (siempre con la identidad falsa de Said Tlidni) en un centro de internamiento para extranjeros, como paso previo a su expulsión. Unas pocas semanas después, en abril de 2000, Jamal se fugaría de ese centro tras atacar a un guardia con un spray. Pero mientras estuvo encerrado, le fue a visitar en varias ocasiones Miriam, la hermana de Rosa María.

La empresa de la que la madre de Rosa María era copropietaria se denominaba Eurolibanesa, y su objeto social, según estatutos, era la explotación de establecimientos de hostelería y restaurantes, cafeterías, bares, chocolaterías, pastelerías, confiterías orientales... Esta empresa tenía su sede social en la calle Tesoro 6, a escasos metros de la calle Pozas, y fue constituida en abril de 1994 por cuatro socios: Faraj N. D., un alto cargo de la empresa Amper de origen libanés; su mujer Margarita V. G.; otro libanés llamado Radwan Nazih y la suegra de Jamal Ahmidan. Estos dos últimos compartían domicilio, según consta en los estatutos de la empresa. 

De todo ello se deduce que Jamal Ahmidan no era el único punto de contacto de la familia de Rosa María con la comunidad de personas procedentes de países árabes y afincadas en España. 

Hagamos hincapié en otro detalle más: en el sumario del 11-M consta que el seguro del Opel Astra azul propiedad de la madre de Rosa María (coche con el que, según veremos, Otman El Gnaoui subió hasta Burgos para ayudar a Jamal Ahmidan a bajar desde Asturias con la Goma2-ECO para el atentado) estaba en 2004 a nombre, precisamente, de Radwan Nazih, el socio libanés y probable compañero sentimental de la madre de Rosa María.

El núcleo fanático de los atentados

Hasta dos semanas después del 11-M no se identificó y localizó a los primeros miembros del "núcleo duro" del 11-M, articulado en torno a un piso franco que los hermanos Moutaz Almallah y Mouhannad Almallah (presunto terrorista afiliado al PSOE) poseían en la calle Virgen del Coro de Madrid. A este grupo pertenecían otras personas, casi todas de origen sirio, muchas de ellas nacionalizadas españolas y casadas con mujeres españolas. 

Como enlace de este grupo con la banda del Chino estaba El Tunecino. Este es el grupo que conduce a las primeras detenciones el 13-M, el grupo encargado de alquilar al Chino la casa de Morata de Tajuña y el grupo que aparece vinculado con Al Qaeda. Si este núcleo del comando hubiera sido desarticulado en el momento en que se identificó a sus principales miembros (en torno al 26 de marzo) hubiera podido evitarse la explosión de Leganés que hizo desaparecer a los componentes de la trama mercenaria y alguno de los miembros del núcleo duro del comando (en concreto, El Tunecino y Lamari), con lo que se perdieron datos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. 

Un héroe llamado Cartagena

La trama asturiana estaba dirigida por el confidente de la policía Trashorras, por el confidente de la Guardia Civil Zouhier, y denunciada por diversos ciudadanos como Lavandera y otros testigos protegidos. La banda del Chino estaba controlada por el confidente de la Guardia Civil Zouhier y muchos de sus miembros tenían sus teléfonos pinchados por la policía. 

La tercera de las tramas implicadas en el 11-M estaba también sometida a control policial por un confidente al que llamaban Cartagena, un argelino (de nombre Abdelkader el Farssaoui) a quien sus estudios universitarios y su conocimiento del Corán permitieron convertirse en imán de la mezquita de Villaverde, puesto que compatibilizó con las tareas de informador de los servicios secretos marroquíes, en un principio, y de la Policía Nacional, posteriormente. 

Cartagena fue un gran fichaje para la policía. Su valentía, aplomo y prestigio como imán le permitieron infiltrarse, a mediados de 2002, en un peligroso grupo yihadista con sede en Madrid, liderado por el marroquí Mustapha Maymouni. Al grupo de Maymouni pertenecían otros ciudadanos árabes de tendencia yihadista, como Serhane ben Abdelmajid el Fakhet, alias el Tunecino, Said Berraj, Mohamed Larbi ben Sellam, y Mohamed Afallah. Una vez infiltrado en el grupo, Cartagena asumió un ficticio papel de referente espiritual, fingió sostener una interpretación de la fe islámica tan radical como la de Maymouni y sus hombres, y se convirtió en el imán de referencia de este grupo de radicales.

Su infiltración dio pronto frutos. Cartagena comenzó a proporcionar valiosa información a sus controladores de la UCIE. Pero también comenzó a sorprenderse por el modo con que sus controladores trataban las informaciones, así como las órdenes que le daban. Cuando Cartagena informó de la pertenencia de Mohamed Afallah al grupo de Maymouni, sus controladores le prohibieron mencionar más ese nombre. Por el tono en el que la policía se lo indicó, Cartagena dedujo que muy probablemente se trataba de otro confidente que, como él, estaba infiltrado en el grupo para informar a la policía.

El grupo de Maymouni solía celebrar reuniones de contenido yihadista en San Cristóbal de los Angeles, concretamente en casa de Abdelkarim el Ouazzani. Pero pronto tuvieron que buscar otro sitio para reunirse. En parte porque el Ouazzani no estaba de acuerdo con su radical interpretación del Corán, y en parte porque los demás miembros del grupo dejaron de hablarle cuando supieron que había comprado su casa mediante un préstamo con interés (un pecado según el islam). El Ouazzani abandonó el grupo. Cartagena informó a sus colaboradores de que El Ouazzani había dejado el grupo, pero la policía le ordenó que de todos modos, cuando declarase ante el juez, debía seguir implicándole. 

Tras la deserción de El Ouazzani, el grupo pasó a tener sus reuniones en el barrio de Villaverde Bajo (donde Cartagena tenía su mezquita), en casa de Faissal Allouch. Las reuniones las dirigía su líder, Mustapha Maymouni, que solía arengar a sus hombres en la guerra santa contra los infieles, siempre con la ayuda de su cuñado y mano derecha: el Tunecino. Mientras Maymouni y el Tunecino insistían a los demás en la necesidad de la yihad, otro miembro del grupo, Mohamed Larbi ben Sellam, insistía en que no era necesario viajar a Irak o Afganistán para practicar la guerra santa, pues también estaba la posibilidad de cometer atentados en lugares más cercanos, como Marruecos o España. La determinación del grupo de atentar en suelo español fue muy anterior a la foto de las Azores, lo que echa por tierra la tesis de que tenían la intención de vengar la intervención española en la guerra de Irak.

Cartagena asistió a algunas de las reuniones, simuló formar parte del grupo e informó de todo a la policía. Toda esa información la UCIE la trasladaba inmediatamente al juzgado de Instrucción n.° 5 de la Audiencia Nacional, lo que significa que la investigación sobre las actividades del grupo de Maymouni estuvo desde un principio judicializada y en manos del juez Baltasar Garzón, quien ordenó inmediatamente la intervención de los teléfonos de los miembros más activos.

En un momento dado, los controladores ordenaron a Cartagena acercarse y vigilar a un marroquí, de nombre Jamal Zougham, que regentaba un locutorio en Lavapiés. Después de varias semanas al acecho, el confidente llegó a la conclusión de que vigilar a Zougham era absurdo pues llevaba una vida completamente normal, dedicado a su negocio y a su familia, y ajeno a cualquier tipo de yihadismo. Lo comentó a sus controladores, quienes le dijeron que imaginaban que todo en su vida era normal, pero que ya habían intentado mezclarle en lo del 11-S (el atentado de las Torres Gemelas) por todos los medios, sin éxito. 

El 16 de marzo de 2003 tuvo lugar el atentado terrorista contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), en cuya ejecución se vio involucrado el líder del grupo, Mustapha Maymouni. Ese mismo mes de marzo, Maymouni fue detenido y entregado a la justicia marroquí. Cumple condena en Marruecos por estos hechos. La detención de Maymouni hizo que el Tunecino le sucediera como nuevo líder del grupo. Las reuniones yihadistas continuaron, pero esta vez bajo el impulso y las órdenes del Tunecino.

Cartagena detectó que a partir de ese momento la peligrosidad del grupo fue en aumento y así se lo hizo saber a la policía. El confidente insistió a sus controladores en la peligrosidad del Tunecino y en la relación de su anterior líder y cuñado con los atentados de Casablanca. Sospechaba que cada vez estaba más cerca el momento en que el grupo pasaría de las palabras a la acción y comenzó a insistir a la policía en la necesidad de detener inmediatamente a los integrantes de la banda del Tunecino. Como la investigación sobre ese grupo estaba judicializada y en manos de Garzón, la UCIE se limitó a informar al juzgado de las sospechas de Cartagena. Pero la orden de detención contra el Tunecino y sus compinches no llegó nunca. Después del 11-M se supo que las cintas con las grabaciones de las conversaciones telefónicas intervenidas a los miembros del grupo se acumulaban en la Audiencia Nacional sin traducir y sin analizar. 

La escena de las cintas con las conversaciones de algunos implicados amontonadas en un juzgado y sin traducir es un buen ejemplo de la actual falta de medios de la administración de justicia de la que más de un político debería tomar nota.

En una de las reuniones, estando Cartagena presente, tomó la palabra el Tunecino, exigiendo que todos los presentes desconectasen los móviles, sacando la batería, tras lo cual arengó a los asistentes a ser mártires y hacer la yihad en Al-Andalus. Cartagena salió muy alterado de aquella reunión. Era evidente que el Tunecino preparaba un atentado en España, quizás una masacre, y había que evitarlo. Esa misma noche, nada más llegar a su casa, llamó a sus controladores. Les dijo que tenían que reunirse inmediatamente, viernes por la noche, pero le citaron para el lunes. A partir de ese momento la relación entre Cartagena y la UCIE dio un giro de 180 grados: sus controladores le dijeron que no se preocupase, que al grupo del Tunecino lo tenían bien controlado, y que sabían que el Tunecino hablaba mucho pero no iba a actuar nunca. Le ordenaron dejar de controlar al grupo del Tunecino y que se trasladase a Barcelona, algo que Cartagena rechazó. Finalmente le amenazaron para que abandonase Madrid. Cartagena acabó instalándose en Almería.

Antes de abandonar Madrid, Cartagena fue testigo de una escena en la que quedaba patente que el Tunecino colaboraba con la UCIE. 

Cartagena también controló para la policía al argelino Alekema Lamari. En un primer momento, la UCIE le facilitó algunas fotografías de Lamari para localizarle. Pero una vez que el confidente comenzó a informar sobre los movimientos de Lamari, recibió la orden de olvidarse también de él. La excusa que le dieron es que ya estaba controlado por la UCIE. Cartagena declaró en el juicio que cierto día (después del 11-M) la policía registró el domicilio del confidente en Almería y se deshizo de algunas grabaciones con conversaciones del confidente con sus controladores, así como de las fotografías de Lamari que le habían entregado cuando le encargaron que le siguiera.

Todos estos hechos son solo la versión que dio Cartagena. La declaración testifical de Cartagena en el 11-M no le hizo mucha gracia a los defensores de la versión oficial y la Fiscalía se vengó de él, casi al final del juicio, en los informes de conclusiones. Cartagena era testigo protegido, de modo que, para garantizar su seguridad, su identidad real era secreta y La Ley de Protección de Testigos prohibía a la Fiscalía y demás partes personadas desvelar su identidad. 

En su informe de conclusiones, cada vez que la Fiscalía se refirió a Cartagena (y lo hizo al menos un par de veces), la fiscal aprovechó para pronunciar en voz alta el apellido auténtico del testigo protegido. Desde aquel día, todos los acusados del 11-M contra los que había declarado Cartagena, así como el resto de los islamistas que siguieran el juicio en directo por televisión, pudieron conocer la identidad exacta del confidente que se había chivado a la policía y había permitido la desarticulación de numerosas células islamistas en España.

LA PREPARACIÓN DE LOS ATENTADOS

Preámbulo indiciario

Pese a que la sentencia lo niega, mucha gente sigue pensando que los atentados del 11-M fueron cosa de Al-Qaeda. En el 11-M hay muchos más misterios que certezas, y una estas últimas es que no se trató de un atentado de Al-Qaeda, ni siquiera inspirado por este grupo terrorista formado por innúmeras cédulas que comparten una misma ideología. 

Al-Qaeda hizo uso de terroristas suicidas en las Torres Gemelas, en Casablanca, en Pakistán, en Túnez, en Yemen, en Londres… Al-Qaeda utilizaba comandos formados por personas enormemente fanatizadas, convencidas de que tras el atentado suicida accederían al Paraíso. No es lógico plantear que en España fueran a cambiar de modus operandi, utilizando terroristas no suicidas. Veremos más tarde que fue la SER quien anunció la falsedad de que se habían hallado terroristas suicidas en los trenes. Porque en los trenes nunca hubo suicidas.

Al-Qaeda, cuyos miembros pueden calificarse de fanáticos integristas, nunca ha recurrido a personas no musulmanas para organizar sus atentados: desconfían de quienes no comparten sus planteamientos extremistas, sobre todo de los cristianos. En el 11-M se entremezclaron terroristas islámicos con otros cristianos (los asturianos), así como simplemente islamistas desfanatizados.

La trama entera del 11-M estuvo repleta de confidentes vinculados a las fuerzas de seguridad: de la Policía, de la Guardia Civil o de los servicios de inteligencia. A ellos se unieron otros confidentes que, sin estar implicados en la trama, avisaron de lo que se avecinaba: Lavandera, Cartagena… Y para completar el espectro, los teléfonos utilizados en las mochilas fueron liberados en la tienda de un policía español de origen sirio, Maussili Kalaji, que mantenía relación con los miembros del comando del Tunecino. Al-Qaeda, especializada en ataques suicidas llevados a cabo por sorpresa, jamás había empleado a personas infiltradas, ni a mercenarios ni a miembros del hampa.

Por último, los terroristas de Al-Qaeda siempre han descartado correr riesgos innecesarios: si necesitaban un coche, lo compraban o lo alquilaban, pero nunca se les ocurrió robarlo porque cualquier control rutinario de la Policía podría dar al traste con sus planes. Es lo que sucedió en Londres, donde los terroristas alquilaron el vehículo en el que se desplazaron hasta la estación donde tomaron el tren que explotó; o en Estados Unidos, cuando el 11-S, donde gastaron todo el dinero que necesitaron para las clases de vuelo, los alquileres de los pisos que emplearon, o los vehículos. Los terroristas londinenses fabricaron los explosivos utilizando fórmulas químicas fáciles de encontrar en las webs radicales islámicas y empleando compuestos de fácil adquisición en cualquier comercio, pero en el 11-M los terroristas adquirieron los explosivos a suministradores locales no musulmanes que, además, eran confidentes de las fuerzas de seguridad, transportando los explosivos desde Asturias en un coche robado, con placas de matrícula dobladas y documentación falsificada (arriesgándose a que la Guardia Civil pudiera pararles en cualquier momento por simple casualidad, como así sucedió, aunque de manera inexplicable veremos que los terroristas siguieron con su viaje). 

Todo lo anterior no quiere decir que no hubiera participación de integristas en el 11-M. Quedó perfectamente demostrado que algunos de los participantes en la trama (concretamente, varios de los miembros de la banda del Tunecino) pertenecían a círculos conectados con Al-Qaeda, personas dedicadas al reclutamiento, la recaudación de fondos y el soporte a las actividades de dicha organización terrorista. Pero, como quedó probado también en la sentencia, estos elementos integristas no actuaron al dictado de Al-Qaeda, sino que fueron utilizados por quienes contaban con un grado de conocimiento de la realidad política española y de las posibles reacciones de la opinión pública ante los atentados mucho mayor de lo que Al-Qaeda pudo jamás tener.

Octubre de 2003

En octubre de 2003 alguien planeó la comisión de un atentado terrorista de gran magnitud pocos días antes de la cita con las urnas en el mes de marzo siguiente. Ese alguien es el autor intelectual, quien también pensó en la necesidad de que los autores materiales (los mercenarios) fueran de origen magrebí, lo que permitiría vender después a la opinión pública la idea (falsa) de la autoría de Al Qaeda, requisito indispensable para un subsiguiente vuelco electoral. 

La sentencia de la Audiencia Nacional reconoció la imposibilidad de poner nombre y apellidos a ese alguien. Pero de la sentencia también se extrae que ese alguien no pertenecía a ninguna de las tres tramas que hemos presentado en las páginas anteriores. 

Más adelante, el Tribunal Supremo llegaría a reconocer en su sentencia que lo único que se supo de ese alguien es que no era Al Qaeda.

Fue ese autor intelectual anónimo quien contrató al Chino para que su banda asumiera el papel de la autoría material de los atentados.

Las dos caravanas de la muerte

Quedó probado en el sumario del 11-M que uno de los hombres de confianza de El Chino recordó que un viejo amigo suyo, Rafá Zouhier, mantenía contactos en el mundo de la delincuencia organizada. Son a estos contactos a quienes explicó que El Chino quería comprar explosivos y estaba buscando un vendedor de confianza. Zouhier, que llevaba diez meses vigilando a la trama asturiana por encargo de la Guardia Civil, informó a Toro y a Trashorras de que les había conseguido un comprador para sus explosivos y detonadores. 

El 18 de septiembre de 2003 fue robado en Madrid un Toyota Corolla, propiedad de Pablo A.T. En su denuncia ante la Policía, el propietario declaró que, con el coche, fue robado también su teléfono móvil, con el que los ladrones realizaron una llamada a Chile. El coche terminaría en manos de Suárez Trashorras, que le cambió la matrícula sustituyéndola por la de otro coche del mismo modelo para evitar ser interceptado en algún control rutinario de la Policía. La nueva matrícula se correspondía con la de un segundo Toyota Corolla, cuya propietaria era Beatriz Higuero, residente también en Madrid.

El 28 de octubre de 2003, Trashorras viajó desde Avilés a Madrid para reunirse con el Chino. A partir de entonces, y hasta el 11 de marzo fatídico, los contactos entre Trashorras y el Chino fueron constantes. Trashorras se sirvió de algunos chavales de Avilés para ir entregando pequeñas cantidades de explosivos, siempre transportadas en la línea de autobús que conecta Asturias con Madrid. 

Según los informes de la Guardia Civil y los autos del juez, el transporte de los explosivos comenzó el 5 de enero de 2004, fecha en la que uno de los chavales yonquis de Trashorras, Sergio Álvarez Sánchez (alias Amocachi), transportó a Madrid en autobús regular un primer cargamento de 15 kilos, introducido en una bolsa de deportes. El segundo cargamento sería transportado por Antonio Iván Reis Palacios, un segundo yonqui, el 19 de enero. En las dos primeras semanas de febrero se realizarían otros dos transportes más por el mismo sistema, a cargo de un menor apodado El Gitanillo.

El sistema en todos los casos era el mismo: algún componente del grupo de El Chino recogía la bolsa de deportes con los explosivos al llegar el autobús a Madrid.

Los explosivos estaban, como vemos, trasladándose en pequeñas tandas desde Asturias a Madrid cuando Emilio Suárez Trashorras y Carmen Toro emprendieron su viaje de luna de miel a Tenerife, donde permanecerían del 19 al 26 de febrero en un hotel. Sin embargo, algo hizo que de repente las cosas se precipitaran o alguien debió de dar la orden de acelerar los preparativos de la matanza, porque los mercenarios y los asturianos decidieron abandonar el sistema de transporte utilizado hasta el momento para trasladar todo el material explosivo a Madrid en coche mediante un cargamento completo. 

El 21 de febrero, Suárez Trashorras llamó a El Chino desde una cabina telefónica ubicada en el hotel de Tenerife donde estaba pasando su luna de miel. El 24 de febrero, El Chino llamó dos veces al móvil de Trashorras; entre ambas llamadas del Chino, Carmen Toro efectuó una llamada al inspector de Avilés del que Suárez Trashorras era confidente. Aquellas conversaciones telefónicas debieron de servir para concertar una cita, porque el 26 de febrero, de vuelta de su luna de miel, Suárez Trashorras y Carmen Toro se reunieron con El Chino en la casa de Morata de Tajuña antes de continuar viaje a Asturias. En esa reunión, Trashorras y El Chino acordaron los detalles del transporte que tendría lugar ese fin de semana.

Al día siguiente, ya de vuelta en Asturias, Suárez Trashorras recibió una llamada de El Chino, tras lo cual Carmen Toro llamó de nuevo al inspector de Avilés. Fue el 27 de febrero.

Entre el 28 y 29 de febrero de 2004, cayó en España una nevada histórica que colapsó el País Vasco y el norte de Castilla-León. Miles de conductores quedaron atrapados. El gobierno vasco cerró sus carreteras a la circulación de vehículos pesados y fue necesaria la utilización de cadenas en numerosos puertos, entre ellos el del Escudo, que conecta Burgos con Cantabria.

A las 12:04 del 28 de febrero, el WV Golf de El Chino salió de Madrid hacia Avilés por la autopista A-6. Además de El Chino, viajaban en él otros dos de los miembros del comando mercenario de Morata: Mohamed Oulad y Abdenabi Kounjaa. Los repetidores telefónicos dejaron constancia de que pasaron por Las Rozas, por Sanchidrián (Ávila), por Cimanes del Tejar (León) y por Molleda (Asturias). Desde aquí, El Chino efectuó una llamada a Suárez Trashorras y, poco antes de las cinco de la tarde, los tres marroquíes llegaron a Avilés, donde se reunieron con el ex-minero asturiano y confidente policial. Durante aquella tarde, El Chino y sus hombres compraron tres mochilas, tres linternas y algunos otros artículos en un Carrefour (el ticket de compra marcó las 21:26) y se dispusieron a recoger los explosivos en la mina. A las 21.35, Suárez Trashorras llamó a El Chino desde una cabina de Avilés y una hora más tarde (22.27) fue El Chino quien efectuó una llamada a alguien de Madrid y a quien la transcripción de las grabaciones identificó con el nombre de Abdul Khalek.

Los marroquíes y El Gitanillo (ayudante de Trashorras) se dirigieron con sus mochilas hacia las minas en dos coches (el WV Golf y un Ford Escort). El Chino volvió a llamar a Abdul Khalek al filo de las once de la noche desde Salas. Los miembros del comando no lograron encontrar la mina y a la 1.53 El Chino llamó a Suárez Trashorras para decir que se había perdido.

Tras recibir nuevas indicaciones, los marroquíes llegaron a su destino y se pasaron la noche cargando de explosivos el Ford Escort con las tres mochilas que habían comprado en Carrefour. Hacia las 6 de la mañana, se reunieron con Trashorras en su garaje y trasvasaron los explosivos al WV Golf. Después, volvieron a la mina para recoger un segundo cargamento. Terminado el trasvase del segundo cargamento de dinamita al WV Golf (tarea concluida hacia las 12 de la mañana), los marroquíes pidieron a Trashorras un coche para utilizarlo de lanzadera. El asturiano les dejó el Toyota Corolla robado.

Desde Asturias, El Chino llamó a otro de los miembros del comando de Morata, Otman El Gnaoui, que se encontraba en Madrid, para que recogiese a otros dos miembros del grupo en un tercer vehículo y se dirigiese por la carretera de Bilbao, armado con un fusil.

Aproximadamente hacia las 12:30 del 29 de febrero, la caravana de la muerte de los mercenarios emprendió la marcha desde Asturias. El coche lanzadera fue el Toyota, conducido por El Chino; detrás viajaba el WV Golf cargado con explosivos y conducido por Mohamed Oulad. Pero en lugar de regresar por la autopista por la que habían viajado a Asturias, decidieron internarse en pleno temporal por la carretera de la costa hasta Torrelavega (Santander), para allí torcer en dirección a Madrid, atravesando el puerto del Escudo por la A-1 en dirección hacia Burgos. 

En torno a las dos de la tarde, el segundo grupo de marroquíes, formado por Otman El Gnaoui, Asrih Rifaat y Rachid Oulad, emprendió la marcha para encontrarse con El Chino en Burgos. En el sumario del 11-M quedó constancia de una llamada efectuada a las 14:01 desde el teléfono de Otman al de El Chino, en la que uno de los miembros del comando le dijo a su jefe que irían con el coche de Abdullah y que sólo tenían 20 euros para gasoil. El Chino respondió que les vería por el camino y que "ya les vale".

Hacia las tres de la tarde fue grabada una de las llamadas telefónicas más curiosas de todo el trayecto: un tal Anouar llamó desde Barcelona a Otman El Gnaoui para hablar de la calidad de la droga que Otman tenía disponible y el precio al que se la podía dejar (una conversación lógica en un fanático integrista inmerso en una importante operación de acopio de explosivos). 

A las 15.34, el coche de El Chino pasó por el repetidor telefónico de Bricia, en Burgos: el Toyota y el Golf acababan de atravesar el puerto del Escudo (para el que se recomendaban cadenas) con la dinamita. A las 16.11, el Toyota pasaba por Quintanarrío, con el WV Golf pisándole los talones, a pocos kilómetros de distancia.

Tres minutos después, a las 16.14, un radar de la Guardia Civil detectó que el Toyota Corolla del Chino circulaba con exceso de velocidad por la travesía de la localidad de Sotopalacios. Dos agentes le ordenaron detenerse. Lo normal sería que el Chino, al ser detenido su coche lanzadera por la patrulla de Tráfico, hubiese llamado inmediatamente a Mohamed Oulad, conductor del VW Golf cargado de explosivos que circulaba detrás, para advertirle de la presencia del radar de la Guardia Civil de Tráfico y evitar que un exceso de velocidad pudiera permitir a la Guardia Civil detener también al Golf, encontrar los explosivos, y desbaratarlo todo. Pero no sucedió así. Antes de avisar al Golf, el Chino realizó una llamada al número de Trashorras. Sólo cuando llevaba cinco minutos detenido por los agentes de la Benemérita, el Chino se molestó en llamar al teléfono de Mohamed Oulad, que viajaba en el Golf. 

Más de 25 minutos estuvo el Toyota detenido por la Guardia Civil. La documentación que el Chino exhibió al agente fue un pasaporte belga falsificado a nombre de Youssef ben Salah, una de las identidades falsas del Chino. El coche, además, carecía de documentación. Es obvio que el agente de la Guardia Civil, al comprobar la ausencia de documentación del vehículo, llamaría a la central para verificar los datos del Toyota, pero como la matrícula estaba doblada, los datos consultados por el agente debieron ser los de Beatriz Higuero, la madrileña a cuyo nombre estaba la matrícula original, cuya numeración copió Trashorras al doblar las placas del Corolla doblado. El agente de la Guardia Civil se encontró con un vehículo a nombre de una mujer española llamada Beatriz, conducido por un árabe de aspecto marroquí, con un pasaporte belga a nombre de un tal Yousseff ben Salah, sin documentación en la guantera ni justificante del seguro. El agente, tras imponerle tres multas (exceso de velocidad, ausencia de documentación y ausencia de seguro obligatorio) dejó marchar al vehículo. No quedó probado en la sentencia que tal disparate tuviese algo que ver con la llamada del Chino al confidente Trashorras ni con las gestiones realizadas por éste (confidente de la policía, recordemos). Una oportunísima avería en la Central de Tráfico impidió que se conservara la conversación de aquellos agentes de la Guardia Civil con la emisora. 

Mientras la pareja de la Guardia Civil hacía la vista gorda con el Chino, el Golf cargado de explosivos y conducido por Mohamed Oulad llegaba a Burgos. También en ese momento, el móvil de Rachid Oulad, que viajaba en un Opel Astra con Otman desde Madrid, se encontraba bajo la BTS de la localidad burgalesa de Oquillas. Solo 71 kilómetros separaban al coche del Chino (entonces en Sotopalacios) del coche de Otman (ya en Oquillas). A mitad de camino entre ambos, el Golf de Mohamed Oulad esperaba en Burgos. Pronto iban a encontrarse los tres vehículos.

Un cuarto de hora después de deshacerse de los agentes de tráfico, el Chino hizo una nueva llamada a Otman, quien le dijo que se encontraban a 15 kilómetros de Burgos. Todo lo anterior quedó reflejado en la sentencia del 11-M (lo recalco, para no perdernos).

Hacia las cinco de la tarde, el Toyota del Chino, el Golf de Mohamed Oulad y el Astra de Otman el Gnaoui se encontraron en algún lugar cerca de Burgos, sin que la sentencia llegue a precisar el lugar exacto ni lo que hicieron allí. Solo se sabe que, desde allí, los tres vehículos regresaron juntos a Morata de Tajuña, a donde arribaron hacia las siete y media de la tarde. 

Poco antes de llegar El Chino a Morata, recibió una llamada desde una cabina telefónica de Avilés.

Finalizado el transporte, El Chino se reunió esa misma noche con Abdul Khalek, a quien había llamado desde Asturias. Al día siguiente, 1 de marzo de 2004, quedó registrada una llamada de El Chino a Suárez Trashorras y otra de éste a Manolón, el inspector de Avilés que lo controlaba.

Intermedio también indiciario

No quedó probado el motivo por el que se jugaron la vida el Chino y sus compinches atravesando el puerto del Escudo en aquellas condiciones climatológicas. Tampoco para qué necesitaban en Burgos el apoyo de Otman armado con un rifle. El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo le hizo esa pregunta a Trashorras durante el juicio del 11-M, a lo que el ex minero, en lugar de recurrir al habitual "no lo sé", contestó: "Algo tendría que recoger". 

Pero Trashorras había estado todo el fin de semana con el Chino. Además, fue al asturiano a quien llamó el magrebí cuando fue multado por la Guardia Civil. Parece evidente (aunque no se pueda probar) que el ex minero sabía muy bien que el Chino había quedado con alguien cerca de Burgos. 

Lo contrario no explica la imprudencia del Chino, quien, a pesar del fuerte temporal y con el riesgo que suponía un maletero lleno de cartuchos de dinamita y detonadores recién robados, en lugar de volver por el camino más corto, sencillo y seguro, decidió lanzarse a la aventura de atravesar bajo la tormenta toda la cordillera cantábrica y acabar bajando hacia Madrid por la A-1.

La respuesta a todos esos interrogantes la tuvo uno de los hombres del Chino que sobrevivió a Leganés y acabó en el banquillo del juicio del 11-M: Otman el Gnaoui. El Chino llamó a Otman varias veces desde que salió de Avilés y le pidió que subiera hacia el norte con un vehículo, los chicos y un clavo grande, es decir, un rifle. El Chino no solo necesitaba imperiosamente ir a algún lugar en las inmediaciones de Burgos, sino que, además, necesitaba tres hombres más (Otman, Rachid Oulad y Rifaat Anouar) y un arma. Que el Chino quería reunirse con alguien cerca de Burgos es la única explicación razonable al trayecto de vuelta decidido: una reunión que exigía el apoyo de un vehículo más y a la que parecía aconsejable ir armado (rifle). 

Otman, durante el juicio, ocultó el contenido y asistentes de aquella reunión en Burgos, limitándose a explicar que se desplazó a Burgos para llevarle un "clavo de ferretería" al Chino (en el argot de esta banda, un clavo era un rifle). 

La reunión debió ser muy breve y, por los datos que ofrecieron los posicionamientos BTS del móvil del Chino, tuvo lugar muy cerca de Burgos, donde los servicios antiterroristas de la Guardia Civil sabían que el Comando Donosti de la banda terrorista ETA disponía de un zulo para el almacenamiento de armas y explosivos (concretamente en la localidad de Cabañas). Según fuentes de los servicios antiterroristas, el motivo que pudo llevar al Chino a dar aquel rodeo para bajar a Madrid por la A-1 debió ser su intención de reunirse en alguna estación de servicio cercana a Burgos con miembros del Comando Donosti y recoger un cargamento de explosivos procedentes del zulo de Cabañas. Esta hipótesis explicaría todas las incógnitas que llevaron al Chino a jugarse la vida en el puerto del Escudo en pleno temporal, el motivo por el que Otman necesitaba un rifle, y por qué las antenas BTS de Burgos y sus alrededores tuvieron tanto tiempo bajo su cobertura el móvil del Chino, así como por qué junto a la Goma 2 ECO que Trashorras robó en Mina Conchita aparecieron entre los restos de las explosiones del 11-M todos y cada uno de los componentes de la dinamita Titadyn, la marca del explosivo que, junto con la cloratita, almacenaba el Comando Donosti de ETA en su zulo de Cabañas.

Repito que esta hipótesis no es más que eso: una hipótesis.

Aquel mismo día, ETA introdujo por Hendaya una furgoneta cargada de explosivos, pero sus responsables sufrieron un accidente y fueron detenidos por la Guardia Civil. Los detenidos reconocieron haber recibido instrucciones del número uno de ETA (Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki) para entregar los explosivos a otro grupo de activistas. Los agentes que los detuvieron incautaron a los etarras un mapa de carreteras con el Corredor de Henares marcado en rojo con rotulador junto a la leyenda O-11 escrita con el mismo rotulador. El 11-M de 2004 cayó en jueves, y jueves en euskera se dice ostegun. 

Según la Comisaría General de Información, todas esas coincidencias se debieron al azar.

El segundo coche

Merece la pena abrir un pequeño paréntesis y repasar la historia el Opel Astra, el mismo que la mujer del Chino, Rosa María, declaró ante la Policía y ante el juez Del Olmo que pertenecía a su madre y que Jamal Ahmidan comenzó a utilizar en febrero de 2004. Este paréntesis permite intuir que la realidad de muchos de los detalles de este escabroso asunto, son mucho más complicados de lo que la versión oficial ha afirmado.

Según seguimientos efectuados a radicales islámicos en los meses anteriores al 11-M, el 1 de octubre de 2003, miembros de la Brigada Provincial de Información detectaron a El Tunecino entrando en su domicilio con una bolsa de mano. Minutos después, salió del domicilio realizando a pie varias maniobras en actitud evasiva, tomando numerosas medidas de seguridad, para posteriormente abandonar el lugar en el coche Opel Astra propiedad de la madre de Rosa María. Tenemos, entonces, que aquel coche fue utilizado por al menos dos de los suicidas de Leganés, según los propios datos del sumario.

Ante estas circunstancias, una de las acusaciones particulares personadas en la causa solicitó en noviembre de 2005 al juez Del Olmo que se tomara declaración a la madre de Rosa María, como propietaria del vehículo, y a Radwan Nazih, el tomador del seguro de ese coche. El juez Del Olmo desestimó la toma de declaración de Radwan Nazih por "improcedente, inútil, dilatoria e injustificada", pero sí accedió a que se tomara declaración a la madre de Rosa María, declaración que tuvo lugar, por cierto, sin la presencia de la acusación que había solicitado esa prueba testifical.

En su declaración ante el juez Del Olmo, la madre de Rosa María dio una versión sobre el coche radicalmente distinta a la que había dado su hija: 

• Afirmó que ese coche no era, en realidad, suyo, sino de Jamal Ahmidan. Dijo que era Jamal quien lo había comprado en 1998 pero que, como no tenía los papeles en regla, le había pedido a la madre de Rosa María que lo pusiera a su nombre.

• Dijo que mientras Jamal estuvo en la cárcel en Marruecos, el coche permaneció en la calle, porque ni ella ni sus dos hijas (Rosa María y Miriam) tenían carnet de conducir.

• Dijo que se encontró con Jamal en la calle un día de septiembre de 2003, momento a partir del cual se supone que Jamal volvió a utilizar el coche.

• Por último, declaró que hasta ese momento (septiembre de 2003) su hija no tenía ni idea de que Jamal hubiera vuelto de Marruecos.

Como vemos, nada que ver con la versión inicial que Rosa María había dado tanto a la Policía como al juez.

Esa nueva versión permitía explicar cómo es posible que El Tunecino estuviera utilizando el coche en octubre de 2003: puesto que Jamal volvió a utilizarlo a partir de septiembre, podría habérselo dejado a El Tunecino en algún momento. Pero esta nueva versión presenta varios problemas: resulta difícil de entender que Rosa María no estuviera al tanto de que el coche no era de su madre, sino de Jamal; teniendo en cuenta que la madre de Rosa María adquirió ese coche (según ella, por cuenta de Jamal) en agosto de 1998, quedaría demostrado que las relaciones entre Jamal y la familia de Rosa María fueron continuadas, desmintiendo de nuevo las declaraciones de Rosa María ante la Policía y ante el juez, en el sentido de que se había roto la relación con Jamal en 1996; y por último, el Opel Astra azul fue multado en dos ocasiones durante el año 2003, y las fechas no encajan con lo que la madre de Rosa María declaró ante Del Olmo (fue multado el 6 de febrero de 2003 y el 12 de julio de 2003). Pero si Jamal Ahmidan no empezó a utilizar el coche hasta septiembre de 2003, según declaró la madre de Rosa María, y antes el coche estaba en la calle porque ni ella ni sus hijas tenían carnet de conducir, hemos de concluir que las multas fueron puestas a un conductor anónimo, porque el Chino, según Rosa María y la versión oficial, estaba preso en Marruecos. 

En realidad, la historia sobre la supuesta estancia de Jamal Ahmidan en una cárcel de Marruecos (esa estancia durante la cual el que era en principio un simple delincuente común acabó radicalizándose y convirtiéndose en un terrorista islámico) no es cierta: no existe ninguna comunicación oficial de Marruecos que acredite esa estancia de Jamal en la cárcel y el hecho es que Jamal Ahmidan, con la falsa identidad de Said Tlidni, firmó un contrato de arrendamiento de su casa de la calle Villalobos 51 en 2001. Así que es imposible que estuviera preso en Marruecos en esa fecha. Es muy posible, aunque no ha sido probado, que el propio Jamal Ahmidan fuera quien estuviera utilizando el Opel Astra cuando fue multado. Existen otras declaraciones que parecen corroborar que Jamal Ahmidan lo utilizó, al menos en las semanas inmediatamente anteriores al 11-M (así lo atestiguaron Otman El Gnaoui o Hamid Ahmidan, el primo de Jamal). Pero desconocemos la fiabilidad de estas declaraciones. 

Los teléfonos intervenidos

El juzgado de Baltasar Garzón ordenó intervenir el teléfono de un locutorio de Lavapiés, propiedad de Jamal Zougham, dos semanas antes de los atentados del 11-M. Así consta textualmente en el sumario desclasificado por el juez Del Olmo. También consta en el sumario que al menos dos de los terroristas implicados en la trama pasaron por comisaría seis días antes del estallido de los trenes. El mismo sumario revela que los controladores de Trashorras y de Rafa Zouhier en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hablaron repetidamente con sus confidentes en las fechas inmediatamente anteriores al 11-M. Y el sumario también desvela que al menos dos de los marroquíes que transportaron los explosivos desde Asturias tenían los teléfonos intervenidos antes del 11-M. La Policía interrumpió la grabación de sus conversaciones el 12 de marzo, al día siguiente de la masacre.

Veamos la secuencia de hechos.

El Tunecino fue uno de los suicidas de Leganés. Actuaba como enlace entre la banda del Chino (los mercenarios de Morata) y el núcleo duro del 11-M articulado en torno a los hermanos Almallah, como hemos dicho antes. Como no puede ser de otro modo en esta historia, El Tunecino estaba siendo vigilado por la policía antes de los atentados. En el sumario que ahora nos ocupa, el del juez Del Olmo, aparece la declaración del casero de El Tunecino, que revela que este terrorista abandonó su domicilio el 8 de marzo, dejando en él casi todas sus pertenencias. Y el sumario revela también otro testimonio, el del último testigo que le vio antes de los atentados, un compatriote suyo llamado Hatem Ghanoudi, que le debía una cierta cantidad de dinero. 

Según la declaración de Hatem ante la Policía, el viernes 5 de marzo de 2004 El Tunecino le llamó para que le devolviera el dinero que le debía, así que quedaron citados y El Tunecino se presentó acompañado de un marroquí a quien Hatem no conocía. El Tunecino preguntó a Hatem si les podía llevar en su coche y este testigo llevó a los dos hombres al lugar que El Tunecino indicó. Al llegar, se bajaron del coche, y Hatem le entregó sólo una parte del dinero de su deuda y El Tunecino, a pesar de que Hatem aún le debía dinero, se despidió de él con la siguiente frase: "¡Hasta nunca!". El lugar al que Hatem llevó a El Tunecino y donde éste se despidió de él fue la comisaría de Ventas, y todo eso ocurrió pocas horas después de que la Guardia Civil interrogase a Beatriz, la propietaria de un Toyota Corolla cuya matrícula los terroristas habían doblado. 

Pero no fue el único de los terroristas del 11-M que pasó por comisaría aquel día. Las grabaciones efectuadas a los marroquíes que transportaron los explosivos revelan que Otman El Gnaoui (el único de los seis marroquíes que no murió en Leganés) fue llevado a comisaría también el 5 de marzo para ser puesto en libertad a las pocas horas. No sabemos a qué comisaría ni con qué motivo, pero las grabaciones revelan que poco antes de entrar en dependencias policiales, Otman se encontraba en Puente de Vallecas. Fue en esa comisaría donde el día 12 de marzo aparecería la mochila que no explotó en los trenes. 

Las grabaciones que fueron efectuadas a El Chino y a Otman, y que fueron interrumpidas por la Policía el 12 de marzo, habían sido autorizadas por un juez de Alcalá a solicitud de la UDYCO en el marco de una operación antidroga. Esas grabaciones ponían de manifiesto que tanto El Chino como Otman eran traficantes. El día 12 de marzo, los dos teléfonos seguían activos y los dos traficantes no habían sido detenidos, a pesar de lo cual la Policía solicitó al juez que se interrumpieran las grabaciones, solicitando que en su lugar se interviniese el teléfono de Rafá Zouhier, motivo por el que pudo conocerse que Zouhier era confidente de la Guardia Civil. 

El sumario de la Audiencia Nacional y las declaraciones de los mandos de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ante la Comisión del 11-M pusieron de manifiesto que Víctor (el alférez de la UCO que controlaba a Zouhier) llamó en tres ocasiones a su confidente en la semana previa a los atentados: el 4 de marzo a las 19:14, el 9 de marzo a las 20:48 y el 10 de marzo a las 12:46. Es posible que hubiese otras de Zouhier a Víctor, pero quedaron registradas. Y el inquietante Manolón, el comisario de Avilés que controlaba a Trashorras y a su círculo de allegados, habló con sus confidentes el 27 de febrero (día anterior al transporte de los explosivos), el 1 de marzo (día posterior al transporte de los explosivos) y el 2 de marzo. No obstante, de acuerdo a la versión oficial ni Víctor ni el comisario de Avilés hablaron con sus confidentes de nada relacionado con explosivos, con mercenarios marroquíes, ni de posibles atentados. 

Uno de los detenidos durante la jornada de reflexión, el 13 de marzo, Jamal Zougham, tenía su teléfono intervenido desde meses antes de los atentados, pero en el sumario se refleja que tales conversaciones no estaban relacionadas con la masacre. Hay asimismo constancia de dos informes de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior de la Policía) enviados al juez Del Olmo donde se atribuye falsamente a Zougham (después de los atentados) la comercialización de ciertas tarjetas telefónicas relacionadas con la masacre y que, en realidad, habían sido comercializadas por personas pertenecientes al círculo de los hermanos Almallah. 

Lo que Jamal Zougham tenía intervenido desde hacía meses era su teléfono móvil, porque el sumario desveló que Baltasar Garzón ordenó, trece días antes de los atentados, interrumpir las escuchas al móvil de Zougham e intervenir en su lugar el teléfono fijo de su locutorio de Lavapiés, el mismo al que se dio una relevancia mediática inaudita durante la jornada de reflexión. Quien solicitó al juez Garzón intervenir el teléfono del locutorio de Zougham el 27 de febrero fue la UCIE, la misma unidad policial que semanas después enviaría informes a Del Olmo con falsas imputaciones contra Zougham. 

En sus solicitudes al juez Garzón, la UCIE reconocía que no había nada interesante en las conversaciones interceptadas a Zougham a través de su teléfono móvil, a pesar de lo cual solicitó que se pinchase la línea del locutorio. 

La finca de Morata

El sirio Mohamed Needl Acaid, alias Abu Nidal, fue acusado de pertenecer a la célula española de Al Qaeda que atentó contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Estaba casado con una española, la ceutí Nayat Fadal Mohamed y este matrimonio desempeñó un papel fundamental en los atentados del 11-M.

En 1997, Abu Nidal compró una finca situada en la carretera que une Morata con Titulcia, dentro del término municipal de Chinchón, poniendo esa finca a nombre de su mujer Nayat, con la que se había casado en régimen de separación de bienes. En aquella finca, Abu Nidal construiría una casita de una planta y algunos chiscones auxiliares. Cuatro años después de la compra, en noviembre de 2001, la Policía detuvo a Abu Nidal por su presunta relación con una célula española de Al Qaeda.

Según declaración de la propia dueña de la casa ante la Policía, a principios de 2002 encargó al hermano de Abu Nidal, llamado Mohamed, y a su amigo Walid Altarakji que buscasen inquilino para la finca, ya que tenía pocos recursos económicos. En octubre de ese mismo año 2002 se presentó ante la puerta de la finca una mujer con intención de alquilarla, llegando finalmente a un acuerdo. La dueña de la casa de Morata supuso en su declaración que dicha mujer apareció como consecuencia de las gestiones de los dos intermediarios sirios, Walid y Mohamed, dado que en la finca no se colocó ningún cartel que anunciase que se podía alquilar. 

La mujer que alquiló la finca a finales de 2002 resultó ser la esposa de Mustafá Maimouni, cuñado de El Tunecino, detenido en 2003 por su relación con los atentados de Casablanca. Como consecuencia de la detención de Maimouni, aquella finca quedó vacía nuevamente a mediados de 2003, por lo que la dueña de la casa decidió volver a encargar a los dos intermediarios sirios, Walid y Mohamed, que buscasen arrendatario. Según declaraciones ante la Policía y el juez, los dos sirios pudieron anuncios en el Segunda Mano y acudieron también a una inmobiliaria, Arconsa, propiedad de los hermanos Rostom (de origen también sirio). En esta inmobiliaria trabajaba El Tunecino.

El 28 de enero de 2004, gracias a la intermediación de Mohamed, de Walid y de El Tunecino, la finca fue alquilada a Jamal Ahmidan, El Chino.

Todo esto quedó convenientemente reflejado en el sumario del 11-M. A partir de ahora, vienen las sospechas, dudas e indicios.

Resulta que la casa de Morata de Tajuña pertenecía a un terrorista ligado a Al Qaeda (más exactamente, a su mujer) y que fue alquilada una primera vez a un presunto terrorista (Mustafá Maimouni), preso por su participación en los atentados de Casablanca, y la segunda vez a Jamal Ahmidan, cabecilla de los atentados del 11-M. Para mayores coincidencias, la primera vez se alquiló a una persona (Mustafá Maimouni) que resultó ser cuñado del empleado de la inmobiliaria que intermedió en el segundo alquiler y que acabó participando en el 11-M.

El sumario cargó en El Tunecino (muerto en Leganés) con la culpabilidad de la cadena de alquileres de la luctuosa casa. La dueña de la casa jamás llegó a estar detenida y los dos intermediarios sirios fueron detenidos y liberados tres días después. 

El día 30 de marzo, el día siguiente a la detención de Walid y Mohamed, miembros de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior de la Policía) se presentaron en casa del hermano de Abu Nidal para proceder a un registro. El acta del registro dice exactamente lo siguiente: "A la entrada, los funcionarios de la UCIE se encontraron con dificultades debido a que se encontraban introducidas unas llaves en el interior de la vivienda. A posteriori, y tras llamar al timbre en reiteradas ocasiones, tras un lapso de tiempo de entre cinco y diez minutos, abrió la puerta de la vivienda la esposa del detenido, percibiéndose al entrar por los miembros de la Comisión un fuerte olor a quemado. Por la esposa del detenido se manifiesta que acaba de quemar un libro, que tenía miedo pero que carecía de importancia y que estaba escrito en árabe, haciendo entrega en ese acto de una mochila conteniendo papeles quemados". Es decir, la Policía no solo no derribó la puerta ante las negativas presentadas por quienes estaban en la casa, sino que se dedicó a llamar al timbre durante cinco o diez minutos, mientras la mujer del detenido quema papelesba en el interior. 

El 1 de marzo de 2004 llegaron a Morata de Tajuña los explosivos que Trashorras había proporcionado al Chino en Mina Conchita junto con los que habían sido entregados a la banda en Burgos por personas cuya identidad nos es desconocida. A partir del 3 de marzo empezaron a llegar también los teléfonos móviles que harían de temporizadores en las bombas del 11-M que fueron fabricadas, por tanto, en la semana que va del 3 al 10 de marzo de 2004. 

El Chino y sus hombres no tenían conocimientos técnicos para fabricar los artefactos. En una conversación pinchada por la Guardia Civil, el Chino anunció a su hombre de mayor confianza que el 3 de marzo llegarían a la finca de Morata unas personas a las que nadie podía conocer ni ver. Las personas que alojó el Chino en Morata de Tajuña durante la semana anterior a la comisión de los atentados fueron las que montaron las bombas.

El Chino prohibió expresamente a sus hombres de mayor confianza ver a las personas que montaron las bombas. Otman no fue el único en reconocer en el juicio que recibió órdenes del Chino de no pisar la finca de Morata durante la semana en la que la habitaron esas personas. También Hamid Ahmidan, primo del Chino, que gozaba de toda su confianza, declaró en el juicio que a primeros de marzo se acercó a la finca de Morata de Tajuña, pero su primo no le dejó entrar porque esos días se alojaban unas personas en la finca y Hamid no podía verlas. Quienes montaron las bombas tomaron precauciones para no ser descubiertos, exigiendo al Chino que nadie, ni siquiera sus hombres de máxima confianza, como Otman y Hamid, se acercara a la finca durante esa semana. Solo El Chino pudo verles. De ahí la importancia de su posterior muerte en Leganés.

Otra prueba de la estancia de estas personas en la finca de Morata durante aquella semana clave se presentó en el contenido del Informe Técnico Policial 100-IT-04 sobre la inspección de la casa de Morata de Tajuña, más específicamente donde se analizaron las huellas dactilares encontradas en la finca: la policía reconoció que no fue capaz de identificar todas las huellas. Identificó en la finca las de algunos implicados (como el Chino, Otman o Hamid Ahmidan), pero afirmó que también aparecieron un considerable número de huellas dactilares que, según la propia policía, no pertenecían a ninguno de los implicados y que a fecha de hoy continúan catalogadas como anónimas. Se trataba de huellas dactilares pertenecientes a las personas que habitaron la finca de Morata en los días previos al atentado, pero que no se incluyeron ni entre los acusados del 11-M ni entre los fallecidos en Leganés. Tampoco pertenecían a los propietarios de la finca. La única explicación plausible, aunque no se pueda probar, es que se trataba de las huellas dactilares de quienes fabricaron las bombas esa semana en Morata. El hecho de que constasen como anónimas acreditó que tales personas no pertenecían ni a la banda del Chino, ni a la banda del Tunecino, ni a la trama asturiana, cuyas huellas dactilares constaban todas ellas en la base de datos de la policía científica.

La presencia de esas personas en Morata de Tajuña durante la semana en la que se fabricaron las bombas constituye una de las pruebas más evidentes de la intervención de una cuarta trama en el 11-M. 

Para fabricar las bombas, los invitados de El Chino necesitaban comprar los teléfonos móviles que iban a servir como iniciadores de los artefactos. Los compraron en el Bazar Top, una tienda de teléfonos móviles regentada por Suresh Kumar, un ciudadano hindú que había llegado a España en 1993. Suresh regentaba tres bazares en Madrid: los tres se llamaban igual, Bazar Top, y en ellos vendía, junto a otros productos, teléfonos móviles. Le ayudaban en el negocio su hermano Rakesh y su cuñado, Vinay. 

A las doce y media de la mañana del 3 de marzo de 2004, un individuo se plantó en el Bazar Top de la avenida Real de Pinto, donde fue atendido por Rakesh Kumar. Dijo que estaba interesado en comprar cuatro teléfonos móviles Mitsubishi modelo 222-1, pero a Rakesh solo le quedaba un teléfono de ese modelo. Este personaje lo compró y pidió también un Mitsubishi modelo Trium T-110. En Morata, los encargados de la fabricación de las bombas debieron comprobar que el Trium T-110 servía perfectamente como temporizador, y decidieron comprar más: el mismo personaje de por la mañana volvió a la tienda hacia las ocho de la noche, esta acompañado de un segundo individuo, y le dijeron a Rakesh que querían cambiar el 222-1 que habían comprado aquella mañana por dos Trium T-110, a lo que Rakesh accedió porque el cambio definitivo se ajustaba al precio. Antes de irse dejaron encargados para el día siguiente otros seis Trium T-110, pero liberados (porque ninguno de los tres teléfonos adquiridos por la mañana lo estaba).

Según declaró Rakesh, primero a la policía, y después al Tribunal del 1-M, las dos personas que visitaron el Bazar Top el 3 de marzo hablaban en perfecto español. Es la primera pista que tenemos sobre su identidad: no son árabes, son españoles.

Al día siguiente, el 4 de marzo, un empleado de Bazar Top, el ecuatoriano Washington Mauricio Cuenca Medina, fue enviado a liberar doce teléfonos Trium T-110, seis para los misteriosos clientes, y seis para tenerlos en stock. El empleado los llevó a liberar a un establecimiento llamado Test Ayman que estaba regentado, como segunda actividad, por un agente de la Policía Nacional de origen egipcio llamado Ayman Maussili Kalaji.

Kalaji, el policía nacional que liberó los móviles de las bombas del 11-M, durante su declaración en el juicio no pudo borrar las sospechas sobre su relación con los servicios secretos marroquíes. Mientras era interrogado, ante la pregunta de si trabajaba para los servicios secretos, respondió: "¿Para cuáles?".

A las once y cuarto de la mañana del 4 de marzo, los dos individuos volvieron a Bazar Top para adquirir seis de los doce teléfonos que el policía Kalaji había liberado a primera hora. Rakesh se dio cuenta de que con él hablaban en perfecto español, pero entre ellos utilizaban un idioma extranjero. Les preguntó qué idioma era ése, y respondieron que era búlgaro. En el juicio, el fiscal preguntó a Rakesh si conocía el árabe, a lo que este contestó que no: con esa intervención el fiscal quiso dejar la sospecha de que quizás esas personas no hablaban búlgaro sino árabe, porque Rakesh, desconocedor de ambos idiomas, no podría distinguirlos. Pero el abogado defensor de Rafá Zouhier echó por tierra el esfuerzo del fiscal al preguntar al testigo si conocía el euskera, a lo que Rakesh contestó que tampoco. Si el idioma de los búlgaros podía ser el árabe, con la misma probabilidad podía ser euskera. Lo único probado es que ambos hablaban perfectamente el español, pero utilizaban entre ellos otro idioma.

A los pocos días, el 8 de marzo, un tercer individuo se desplazó desde la casa del Chino en Morata hasta el Bazar Top, y Rakesh le vendió otro Trium T-110 más, junto con una cinta de vídeo para cámara digital y un reloj marca Casio. En total, según las manifestaciones de Rakesh, los fabricantes de las bombas compraron a los hindúes, entre el 3 y el 8 de marzo, un total de diez teléfonos Trium T-110.

Según quedó registrado en la antena BTS de Amena que da cobertura a la zona de Morata de Tajuña, el 10 de marzo por la noche, a pocas horas de los atentados, alguien encendió en Morata los diez teléfonos que habían vendido los hindúes. Una vez encendidos, se fijó la alarma de cada uno de los diez teléfonos a las 7.38 de la mañana del día siguiente. Pusieron esa hora porque, según los horarios de RENFE, sería cuando los trenes elegidos se encontrarían parados y con las puertas abiertas en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, lo que aumentaría sustancialmente la potencia asesina de su plan criminal. Una vez fijada la alarma, apagaron los diez móviles y los introdujeron en las mochilas bomba. 

Solo quedaba un último paso: conectar los móviles a las rabizas de los detonadores, una operación que, por seguridad, no era aconsejable efectuar hasta el último momento. Por eso, quienes fabricaron las bombas explicaron al Chino que debían ser sus hombres los que a la mañana siguiente, antes de dirigirse a la estación de Alcalá de Henares para subir a los trenes de la muerte, debían conectar los móviles a los detonadores. 

Cuando días después de los atentados la policía mostró a Rakesh Kumar cientos de fotografías, incluidas las de todos los implicados de la trama asturiana, de la banda del Chino y de la banda del Tunecino. El hindú no reconoció a ninguno de ellos como el comprador de los teléfonos, lo que confirmaba que aquellos compradores compulsivos de teléfonos móviles Trium T-110, que se hacían pasar por búlgaros, pero que hablaban un perfecto español sin acento, pertenecían a otra trama distinta a las investigadas.

Respecto a los teléfonos móviles, el propio juez Gómez Bermúdez puso de manifiesto la manipulación a la que se habían sometido las pruebas. En la sesión judicial del día 21 de marzo de 2007, minutos antes del receso para la comida, cuando acababan de declarar los dos hindúes de Bazar Top, los hermanos Suresh y Rakesh Kumar, y habiendo declarado este último que cuando vendió los diez teléfonos a los terroristas había anotado en el libro de caja de la tienda el código IMEI de los móviles (efectivamente, en el libro de caja figuraban anotados por Rakesh Kumar los códigos IMEI, que coincidían con los IMEI de los teléfonos que, según Amena, fueron encendidos por primera vez la noche del 10 al 11 de marzo bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña, coincidencia que permitió a la policía vincular fácilmente los teléfonos de los hindúes con los atentados del 11-M), Gómez Bermúdez pidió al secretario judicial el libro de caja de Bazar Top y ordenó su exhibición pública, página por página, en las pantallas habilitadas para exhibir documentos en la sala de vistas. El secretario comenzó a pasar, una por una, las páginas del libro, y entonces, por la pantalla, se pudo comprobar que los hindúes nunca, absolutamente nunca, apuntaban el IMEI de los teléfonos que vendían. Desde la primera página del libro, de mayo de 2001, hasta la correspondiente a marzo de 2004 no aparecía anotado el número de IMEI de ninguno de los teléfonos vendidos en la tienda. En sus páginas tan solo aparecían anotados, con la letra de Rakesh, los distintos artículos vendidos junto con el precio. Nada más. En cambio, casi al final del libro, tras una serie de páginas en blanco, aparecieron anotados justamente los IMEI de los diez teléfonos vendidos a los terroristas. La única vez en la historia del Bazar Top que Rakesh había anotado en el libro de caja el IMEI había sido en marzo de 2004, cuando el lote de los diez teléfonos vendidos a los personajes que hablaban búlgaro entre ellos. Además, desde la primera página de aquel libro de caja, todas las anotaciones eran correlativas en fechas, siendo por lo demás correctas. No había páginas en blanco separando unas anotaciones de otras. En cambio, justo después de la página correspondiente a marzo de 2004, se encontraron varias páginas en blanco y, al final, tras ellas, intercalada, la página en la que estaban anotados los IMEI de los teléfonos de los búlgaros. La siguiente página, en cambio, ya no era correlativa: contenía anotaciones de septiembre de 2002. Los teléfonos de los búlgaros no solo fueron los únicos cuyos IMEI anotaron los hindúes, sino que, además, lo hicieron en una página nueva, no correlativa con las anteriores, precedida de varias páginas en blanco, y a la que seguía otra página con anotaciones del año 2002. 

Consta en el sumario que a Rakesh Kumar fueron a verle algunos agentes de la policía mientras su hermano Suresh y su cuñado Vinay se encontraban detenidos en los calabozos de la Comisaría General de Información.

Arriba, detalle de la página en la que, tras varias páginas en blanco, Rakesh Kumar anotó el IMEI de doce teléfonos móviles que vendió a los búlgaros (folio 1915 del tomo 8 del sumario). En la hoja aparecen listados doce IMEI, a pesar de que Bazar Top, según la declaración de Rakesh, solo vendió a la cuarta trama diez móviles (3 el día 3; 6 el día 4; y 1 el día 8). En el encabezamiento, Rakesh anotó, antes de la marca —Trium 110— de los móviles, la palabra «Manuel». 

Circunstancias inquietantes

El 4 de marzo de 2004, después de que el Chino confesara por teléfono a Trashorras que los etarras detenidos en Cañaveras eran amigos suyos, el ex minero adquirió un billete para el autobús de línea Oviedo-Madrid y se lo entregó al Gitanillo con el encargo de bajar a la capital de España y recoger el Toyota Corolla que le había prestado al Chino para transportar explosivos cinco días antes. 

Cuando el Gitanillo llegó a Madrid, hacia las once de la noche, en la estación Sur le esperaban Mohamed Oulad Akcha y Asrih Rifaat Anouar, dos hombres de confianza del Chino. Le entregaron el Corolla y se despidieron.

El Gitanillo, que era menor de edad y no tenía permiso de conducir, no tardó en ser detectado por la policía. Su modo de conducir llamaba demasiado la atención. A las doce menos cuarto de la noche, una unidad de la Policía Municipal que realizaba servicio de vigilancia por la M-30, se incorporó a la avenida de Santa María de la Cabeza y observó que el Toyota Corolla del Gitanillo circulaba por el carril izquierdo a velocidad muy reducida y en zig-zag. Activaron las sirenas luminosas y le dieron el alto. El Gitanillo aceleró y emprendió la huida mientras policía pedía refuerzos a la Central Operativa. No hicieron falta: la huida acabó por sí sola en la A-42 cuando el menor realizó una brusca maniobra de incorporación hacia Torrejón de la Calzada, perdió el control del vehículo, se salió de la carretera por su margen izquierda y terminó volcando.

Ya hemos visto que el Toyota Corolla de Trashorras, con el que tuvo el accidente el Gitanillo, era un vehículo robado con la matrícula doblada de otro Corolla. El número de placa correspondía en realidad a una madrileña llamada Beatriz Higuero. Pocas horas después del accidente del Gitanillo, la Guardia Civil telefoneó a Beatriz Higuero para informarle de que un menor acababa de estamparse en la A-42 al volante de su Toyota Corolla. Tras el susto, la madrileña comprobó que su Corolla se encontraba en su garaje.

Los agentes pidieron a Beatriz que se desplazase al cuartelillo y le tomaron declaración. Eran las 3 de la madrugada del 5 de marzo. Durante la misma, la Guardia Civil preguntó a Beatriz si conocía al Chino y a Trashorras. Estas preguntas son muy relevantes porque demuestran que el 5 de marzo (6 días antes de los atentados) las fuerzas de seguridad conocían la relación entre Trashorras y el Chino, así como su vinculación con el Toyota Corolla accidentado. En el acta de declaración de la testigo que la Guardia Civil incorporó al sumario no se hicieron constar las preguntas relativas al Chino y a Suárez Trashorras. La testigo fue citada de nuevo a declarar dos semanas después de los atentados.

Pero antes de eso, la noche del 4 de marzo, Lofti Sbai, socio del Chino y de Rafá Zouhier en diversas actividades delictivas, se reunió en la plaza de Santo Domingo de Madrid con varias personas vinculadas al gobierno marroquí, posiblemente miembros de los servicios secretos del reino alauí. Todos ellos eran amigos del padre de Lofti, militar del Ejército de Marruecos. Esto es sabido porque tanto Lofti como Rafá Zouhier tenían intervenido el teléfono y esa noche quedó registrado que Lofti se encontraba reunido con unas personas del gobierno marroquí. En el juicio del 11-M, Lofti Sbai negó la evidencia. Se ignora el contenido y finalidad de aquella reunión del socio y amigo del Chino con el gobierno marroquí una semana antes de los atentados. Lofti no lo quiso decir. Pero está probado que la reunión se produjo.  

En la primera semana de marzo, mientras unos búlgaros fabricaban las bombas en la casa de Morata, la banda del Chino alquiló dos pisos de seguridad, uno en Leganés (Madrid) y otro en Albolote (Granada). El 6 de marzo, Rachid Oulad Akcha y Abdennabi Kounjaa se desplazaron a una inmobiliaria de Granada y firmaron, con identidades falsas, el contrato de alquiler de una finca situada en el número 2 de la calle Hornillo de la localidad de Albolote, previo pago por adelantado de 800 euros. 

El 8 de marzo de 2004, Mohamed Afallah y Mohamed Belhadj realizaron también las gestiones para alquilar una vivienda situada en la calle Carmen Martín Gaite 40, 1.°, puerta 2, de Leganés. El contrato se firmó el día 9, abonándose la correspondiente fianza, con la firma de Mohamed Belhadj, que usó su identidad auténtica.

Un par de semanas antes del 11-M, en febrero de 2004, el comité ejecutivo de ETA se reunió para preparar las negociaciones que mantendría con el PSOE tras de las elecciones. Al etarra José Ignacio Esparza Luri le incautó la policía francesa el acta de aquella reunión, según la cual la dirección de la banda asesina planeaba un mes antes de las elecciones el futuro proceso de diálogo con el PSOE, a pesar de que el partido de Zapatero se encontraba en la oposición y todas las encuestas le auguraban una dura derrota en las urnas, con el Partido Popular rozando la mayoría absoluta. La documentación de Esparza Luri demuestra que ETA sabía que el PSOE iba a ganar las elecciones y que eso les permitiría negociar. En aquella reunión intervinieron Josu Ternera, María Soledad Iparraguirre Anboto, Mikel Albizu Iriarte Mikel Antza, Peio Eskizabel y Esparza Luri. Se llegó a decidir incluso que el intermediador entre ETA y el PSOE sería el Centro Henri Dunant de Ginebra, la misma organización que acabó haciendo de árbitro durante la negociación política que ETA y Zapatero mantuvieron tras las elecciones.

La documentación incautada a Esparza Luri por la gendarmería francesa no es el único indicio de lo que sabía ETA por aquellas fechas. El 9 de marzo, a tan solo dos días de los atentados, la izquierda proetarra repartió en el casco viejo de San Sebastián unas octavillas donde aconsejaba a sus simpatizantes que hasta el 14 de marzo no utilizasen el tren. Curiosamente, hasta el día de las elecciones generales. 

LA MASACRE DEL 11-M

El hombre de la Kangoo

A las siete de la mañana del 11 de marzo de 2004, frente al número 5 de la calle Infantado de Alcalá de Henares, se estacionó una Renault Kangoo de carga de donde bajaron tres chicos jóvenes con la cara cubierta por pasamontañas, pese a que aquella mañana Alcalá amaneció con un tiempo primaveral. 

Uno de ellos, en solitario y, sin quitarse nunca el  pasamontañas, se dirigió hacia la estación de RENFE portando una mochila colgada a modo de  bandolera y que parecía pesada. Este misterioso ocupante de la Kangoo entró en la estación y sin quitarse el pasamontañas se dirigió a la taquilla, asegurándose de no pasar desapercibido, incluso entablando una animada conversación en correcto español con la taquillera sin descubrirse jamás la cara. 

Ninguno de los testigos pudo reconocer en las fotografías a alguno de los miembros de la banda del Chino o del Tunecino, y que se expresase en español con acento de español descarta su origen magrebí. Ninguna cámara grabó la imagen del hombre de la Kangoo, ni la de los terroristas que depositaron las bombas en diversos trenes del Corredor del Henares. Las cámaras de seguridad de distintos aeropuertos norteamericanos permitieron identificar en 2001 a Mohamed Atta y a sus compañeros como los autores del ataque a las Torres Gemelas; y las cámaras del metro de Londres permitieron identificar a los autores de los atentados de Londres del 7-J. Pero el 11 de marzo de 2004 ninguna de las cámaras de seguridad de las estaciones tenían activada la función de grabar. 

El objetivo del misterioso ocupante de la Kangoo era asegurarse la localización de la furgoneta. El propio Tribunal, sin citarlo expresamente, afirma que no era ninguno de los acusados ni de los fallecidos en Leganés.

En la relación de hechos probados se afirma, no obstante, que los ocupantes de la furgoneta colocaron posteriormente las bombas.

El tren que explotó en Atocha

A las siete y un minuto de la mañana del 11 de marzo de 2004, mientras el hombre de la Kangoo charlaba con la taquillera sin quitarse el pasamontañas, efectuaba su parada en el andén primero de la estación de Alcalá de Henares el primero de los cuatro trenes de la muerte, con destino a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 

Un pasajero observó que un hombre colocaba una pesada bolsa de deportes en la repisa portaequipajes del vagón, justo encima de donde se encontraba él. Varias estaciones después, la mochila permanecía en su sitio pero su dueño, en cambio, había desaparecido. 

Un segundo pasajero, en ese mismo tren, hacia la mitad del penúltimo vagón, observó cómo otro pasajero, que llevaba una bolsa de deportes de color azul de grandes dimensiones, se cambió de asiento para ocupar uno enfrente de donde estaba, colocando allí la mochila. Cuando el tren se detuvo en Santa Eugenia y se abrieron las puertas del vagón, el hombre continuó sentado unos segundos, para apearse precipitadamente en cuanto sonó el cierre de puertas. El hombre que había olvidado la bolsa, se quedó mirando cómo se alejaba el tren. 

En otro vagón del mismo tren, un tercer pasajero se extrañó de que un individuo que se acercaba por el pasillo con una pesada bolsa de deportes azul marino se detuviera justo enfrente y colocase la mochila, con mucha suavidad, evitando golpes bruscos, sobre la repisa portaequipajes, continuando el viaje de pie. Este pasajero pensó que el hombre había olvidado la mochila. Cuando el tren se detuvo en Atocha y abrió sus puertas, se apeó y avanzó unos metros por el andén. 

Las bombas explotaron a las 07.38 horas de la mañana del 11 de marzo, y afectaron a los tres últimos vagones del convoy procedente de Alcalá de Henares con destino a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que se encontraba en ese momento estacionado y con las puertas abiertas en la vía 2 de la estación de Cercanías de Madrid-Atocha. Los artefactos habían sido colocados en los vagones cuarto, quinto y sexto. Fallecieron 34 personas. 

En el primer vagón había otra bomba cuyo mecanismo no funcionó.

El tren que explotó en la calle Téllez

Según el horario oficial de la línea C-2 de Cercanías que une Alcalá de Henares con Chamartín, este convoy debería haberse encontrado a las 7.38 horas detenido en el andén 5 de la estación de Atocha y con las puertas abiertas. A esa hora los andenes de la estación se encontraban atestados de gente. 

El 11 de marzo de 2004, a las 7.38, habría en los andenes entre las vías 2 y 5 de Atocha más de un millar de personas. El retraso de un tren que ocupaba la vía 5 impidió al convoy llegar a Atocha antes de las explosiones, y tuvo que detenerse a la altura de la calle Téllez, a ochocientos metros de Atocha, a la espera de que la vía quedara libre. Mientras esperaba detenido, estallaron cuatro mochilas bomba en los vagones primero, cuarto, quinto y sexto. 

Fallecieron del doble de personas que en Atocha porque las puertas cerradas en el momento de las deflagraciones convirtió el interior de los vagones de Téllez en una trampa mortal.

El tren que explotó en El Pozo

Detrás de los dos trenes anteriores, circulaba un tercer convoy procedente de Guadalajara. Sus vagones eran de dos pisos. 

Pasadas las siete y media de la mañana, el tren efectuó su parada como estaba previsto, en el andén número uno de la estación del Pozo del Tío Raimundo. Luego el convoy cerró sus puertas y reinició la marcha. 

A los pocos segundos, sin tiempo para abandonar la estación, estallaron dos bombas en los vagones cuatro y cinco. Una tercera bomba falló y fue explosionado más tarde por los TEDAX. 

Fallecieron 65 personas porque, al igual que ocurrió con el tren de la calle Téllez, que las puertas se encontrasen cerradas en el momento de las explosiones multiplicó el efecto asesino de las ondas expansivas.

El tren que explotó en Santa Eugenia

El último de los trenes atacados fue un convoy que salió de Alcalá de Henares con destino a Madrid-Príncipe Pío. 

A las 7.38 de la mañana, cuando el tren se encontraba estacionado en el andén primero de la estación de Santa Eugenia, una fuerte explosión destrozó el cuarto vagón. 

Fallecieron 14 personas.

LO QUE SUCEDIÓ MÁS TARDE ESE MISMO DÍA

Tras los atentados

Cinco minutos después de las explosiones, un hombre fue visto cuando se acercaba a una caseta de obras situada en las inmediaciones de la estación de Cercanías de Vicálvaro. Oculto tras la caseta, se quitó el pantalón y la sudadera y las dejó allí escondidas. Debajo de la ropa llevaba otro pantalón y otro jersey, con los que abandonó el lugar. El testigo que lo vio llamó a la Guardia Civil y contó lo que había visto. El informe de ADN practicado en las prendas halladas en Vicálvaro identificó la presencia en la ropa del perfil genético de varios miembros de la banda del Chino.

De la inmediata revisión de los trenes en busca de posibles mochilas bomba sin explosionar se encargó el grupo TEDAX de la jefatura Provincial de Policía de Madrid. El jefe de los TEDAX dio la orden de revisar todos los trenes desde la cabecera hasta la cola, comprobando dos veces objeto por objeto y abriendo todas las bolsas y mochilas, en busca de posibles nuevos artefactos explosivos. Los TEDAX desplazados a la estación de Atocha revisaron dos veces el tren. Fue cuando apareció en el suelo del primer vagón una mochila abandonada en la que había un móvil del que salían dos cables que unían el teléfono con una bolsa de plástico. 

Por el tipo de daños encontrados (cortes limpios sin mordeduras) los TEDAX sospecharon que el explosivo era probablemente C3 o C4. Se probó a desactivar la bomba con agua a presión, pero el  método falló y la bomba explosionó. El artificiero reconoció inmediatamente el característico olor a almendras amargas de la nitroglicerina. En la propia estación de Atocha, hacia las once de la mañana, otra mochila sospechosa en el segundo vagón obligó a un nuevo desalojo de la estación, pero se trataba de una falsa alarma.

Los dos TEDAX de paisano

Nada más producirse las explosiones, llegaron a la estación del Pozo dos policías municipales que decidieron revisar el tren. Uno de ellos encontró en el piso inferior una mochila tipo petate, en cuyo interior había una tartera redonda de la que salían dos cables conectados a un móvil de aspecto antiguo. En ese mismo instante, llegó a la estación un vehículo sin distintivos policiales de donde bajaron dos personas que se identificaron como TEDAX pese a vestir de paisano y no mostrar placa alguna. El policía municipal les contó lo que había visto y les señaló el lugar en el que había depositado la mochila-bomba. Los TEDAX de paisano le tranquilizaron y dijeron que no se preocupara, que ellos se harían cargo de la bomba y su desactivación. No se ha vuelto a saber nada de ellos. 

Mucho después, un policía nacional encontró una mochila apoyada en el muro de la estación, en el mismo lugar donde el policía municipal había dejado antes una mochila con una bomba en una tartera naranja. El policía nacional no encontró una bomba en una tartera naranja, sino una bomba en una bolsa de basura azul. Nadie sabe por qué la tartera naranja se transformó en bolsa de basura azul. 

Los dos supuestos TEDAX no informaron a nadie de la existencia de la mochila bomba, pues la mochila que finalmente fue explosionada controladamente fue la que encontró en el andén el policía nacional sin que nadie le avisara de su existencia. Según el agente municipal que encontró la mochila de la tartera naranja, desde que avisó a los supuestos TEDAX hasta que escuchó la explosión controlada de la mochila que encontró el policía nacional, había transcurrido una hora y cuarto. Demasiado tiempo para la desactivación urgente de una bomba. El TEDAX verdadero, el que sí explosionó la bomba hallada por el policía nacional (no la hallada en el vagón por el policía municipal) explicó que los cables no estaban encintados, lo que pudo motivar que se soltasen del detonador y que la bomba no explosionase. Este mismo TEDAX dijo que todos los compañeros desplegados a quienes se había dado la orden de revisar los trenes dos veces, en la estación de El Pozo revisaron objeto por objeto no dos, sino hasta cuatro veces. 

El Chino huye al norte

Estos mismos TEDAX no sabían que uno de los responsables de la masacre se encontraba a pocos metros de allí: el Chino acababa de llegar a su casa, en la calle de Villalobos, en pleno barrio de Vallecas. A la mañana siguiente, el Chino anunció a su mujer que había decidido irse unos días a Francia. Aquella tarde, el Chino explicó por teléfono a su mujer que al final no se había ido a Francia, sino que se quedaba unos días en el norte de España. Hizo la llamada desde Pamplona. La banda del Chino tenía tres pisos de seguridad (Morata de Tajuña, Leganés y Albolote), pero su líder no se escondió en ninguna y se refugió en el norte, donde recordemos que tenía buenos contactos con la ETA. 

Las pesquisas de la Kangoo

El testigo que había visto a los tres jóvenes con pasamontañas descender de la Kangoo, avisó enseguida a la policía. Una dotación policial se desplazó a la calle Infantado y se hizo cargo de la Renault Kangoo: una furgoneta pequeña, con dos asientos en la parte delantera y una pequeña zona de carga detrás, separadas por una rejilla metálica. Se reclamó la presencia de la Unidad de Guías Caninos, que acudió con los perros adiestrados llamados Aníbal y Lovi. Aníbal se encargó de realizar la inspección exterior de la furgoneta. Durante los quince minutos que duró la inspección, ni el perro detectó presencia de material explosivo ni el policía apreció ningún objeto en la zona de carga. Luego le llegó el turno a Lovi, que tampoco detectó explosivo alguno en el exterior. Tras forzarse con una palanca la puerta trasera de la furgoneta, Lovi olfateó toda la zona de carga sin detectar restos de explosivo. El agente no encontró nada en la zona de carga. 

La furgoneta llegó al complejo policial de Canillas a las 14.30 del 11 de marzo y fue depositada en el hangar de la Unidad Central de los TEDAX. Hasta una hora después, las 15.30, no se avisa a la Policía Científica de la llegada de la furgoneta.  Cuando los agentes de la Policía Científica desprecintaron la Kangoo encontraron más de 100 objetos (61 evidencias) en su interior, entre ellos numerosas prendas de ropa impregnadas con restos de ADN de diversos miembros de la banda del Chino, objetos de gran tamaño y una cinta casete con inscripciones en grafía árabe. Bajo el asiento del copiloto apareció una bolsa azul con detonadores y restos de dinamita Goma 2 ECO contaminada con metenamina. La Policía Científica analizó una muestra patrón de Goma 2 ECO que los TEDAX guardaban en su almacén y el análisis determinó que la Goma 2 ECO que guardaban como patrón los TEDAX también estaba contaminada por metenamina. La metenamina no forma parte de la Goma 2 ECO. Si las dos muestras procediesen del mismo cartucho, habría que concluir que una persona con acceso al almacén de los TEDAX cogió un poco de dinamita del patrón de los TEDAX y la introdujo debajo del asiento del copiloto, aprovechando la hora en la que la furgoneta no estuvo bajo custodia. En las microfotografías que ocho peritos nombrados por el Tribunal practicaron al explosivo intacto que el Tribunal del 11M les ordenó analizar, se puede apreciar a simple vista el enorme parecido existente entre los gránulos que deja la muestra patrón de Goma 2 ECO que custodiaban los TEDAX y los gránulos de la muestra de Goma 2 ECO procedente de la furgoneta Kangoo. Por el contrario, los gránulos de almidón del resto de muestras (mochila de Vallecas o de la explosión de Leganés)   eran diferentes en forma y  tamaño. 

Pero aunque esta prueba no sea concluyente, la evidencia en la que sí hubo acuerdo es que de la Kangoo descendió una persona con una mochila al hombro y un pasamontañas cubriéndole el rostro, y que se dirigió a la estación. Es evidente que esta persona quería que, una vez cometidos los atentados, la policía encontrase la Kangoo. Recordemos que los testigos afirmaron que se trataba de un español que hablaba un español correcto con acento español, pero la ropa que apareció en la parte trasera de la furgoneta no contuvo ADN de ningún español, sino los restos genéticos de varios miembros de la banda del Chino, ninguno de ellos español. 

La sentencia expresó claramente que los explosivos y los terroristas no se desplazaron en la Kangoo. Es la misma furgoneta donde se encontró más tarde una cinta de radiocasete con grafías árabes, estratégicamente olvidada allí dentro. El hombre de la Kangoo tuvo especial cuidado en no dejar ningún tipo de huella dactilar ni de ADN en el volante ni en la palanca de cambios de la Kangoo, pero sí en dejarse olvidada la ropa interior del Chino y de sus amigos junto con una bolsa con huellas dactilares de otro miembro de la banda, bajo el asiento del copiloto. El ADN era, por tanto, el de algunos autores materiales de los atentados.

(Coda)

En el caso del Opel Astra propiedad de la madre de Rosa María, del que hemos hablado antes, se obtiene la misma mala suerte que con la Kangoo de Alcalá: en el vehículo (volante, manijas de la puerta, palanca de cambios, salpicadero) no apareció ni la más mínima huella dactilar ni rastro de ADN de Jamal Ahmidan ni de ningún otro miembro de la trama, cosa bastante sorprendente teniendo en cuenta que el vehículo había estado siendo utilizado durante meses. En la inspección del coche sí aparecieron huellas dactilares pertenecientes a Jamal Ahmidan, a su primo Hicham Ahmidan, a Abdenabi Kounjaa, a Saed El Harrak y a un español llamado José Miguel B. P. (a quien el juez Del Olmo se negó a tomar declaración), pero todas esas huellas aparecieron no en el propio vehículo sino en documentos u objetos móviles (una caja y una bolsa de plástico). 

En cuanto a los análisis genéticos, los únicos restos de ADN que aparecieron (pertenecientes a Jamal Ahmidan) se encontraron en una botella de medio litro de agua mineral marca Viladrau, que se encontró debajo del asiento del conductor. No existe, por tanto ninguna evidencia incontrovertible de que Jamal Ahmidan o alguno de los otros miembros de la trama condujeran alguna vez ese vehículo. 

De la persona que llevó ese vehículo hasta Burgos para ayudar a transportar los explosivos el fin de semana del 28 de febrero de 2004, no aparecieron huellas ni rastros de ADN ni en el propio vehículo, ni en ningún objeto contenido en el mismo. 

La mochila de Vallecas

Tras la evacuación de los heridos y el levantamiento de los cadáveres, hubo un sinfín de mochilas, bolsas, carteras, maletines y bolsos que poblaron el suelo de los vagones destrozados. El jefe de la Unidad Provincial de los TEDAX de Madrid ordenó revisar por dos veces los trenes, desde la cabecera hasta la cola, objeto por objeto, mochila por mochila. 

En el Pozo estas órdenes fueron cumplidas con especial celo, porque cada objeto fue revisado cuatro veces. Fruto de esta revisión fue la mochila de la tartera naranja y la que apareció una hora después apoyada en un muro, de la que no se sabe si es o no es la misma que la de la tartera naranja. Los TEDAX no encontraron más bombas. 

Tras las revisiones, los TEDAX introdujeron todos aquellos enseres en grandes bolsas de basura para poder transportarlos a otro lugar e inventariarlos. Esta labor fue lenta y duró hasta las tres de la tarde. A esa hora, cuatro policías de la comisaría de Puente de Vallecas recibieron la orden de dirigirse con dos furgonetas a la estación del Pozo para recoger los bolsones de basura con los efectos recuperados del tren. 

El comisario (que posteriormente fue condenado por delitos de falsedad documental y detención ilegal por falsificar un atestado policial para detener ilegalmente a dos militantes del Partido Popular, acusándoles de supuestas agresiones al entonces ministro de Defensa), les ordenó llevar todos los efectos al pabellón 6 de IFEMA, lo que contravenía las órdenes del Juzgado de Instrucción de Madrid que había acordado que los efectos del Pozo quedasen depositados en la comisaría de Puente de Vallecas. 

Una vez en IFEMA, los efectos quedaron bajo la responsabilidad de la UIP (Unidad de Intervención Policial), pero no estuvieron custodiados. En el juicio quedó acreditada la ruptura de la cadena de custodia a partir de su depósito en el pabellón 6 de IFEMA. Además, los bolsones no estaban precintados, solo anudados en su parte superior. 

Los policías del turno de noche que recibieron la orden de inventariar los objetos procedentes de la estación del Pozo encontraron una bolsa de deportes de color azul, de unos diez kilos de peso, que contenía un teléfono móvil del que salían dos cables hasta una bolsa de basura azul. Posteriormente, en el asa de esa mochila se encontraron vestigios genéticos de un individuo considerado anónimo, lo que significa que su ADN no se correspondía con el ADN de ninguno de los acusados en el juicio del 11-M, ni de los fallecidos en Leganés, ni de los terroristas que lograron escapar. 

Los TEDAX determinaron que la bomba no había explotado porque los empalmes practicados en los cables no estaban encintados ni estaban conectados a los detonantes. Pese a la chapuza de bomba, el artefacto montado usando un móvil como detonante era ingenioso. En aquella bomba intervinieron, por tanto, dos tipos de personas: el experto que fabricó la bomba y el chapucero que olvidó encintar las rabizas. La mano experta habría ideado y preparado las bombas. La otra, más inexperta y chapucera, las habría colocado. 

Esto concuerda con que las bombas fueran fabricadas en la casa de Morata de Tajuña durante la semana anterior a los atentados por los misteriosos invitados del Chino.

Las detenciones de los hindúes

Pese a que el día 13 de marzo de 2004 las informaciones disponibles eran confusas, se procedió a efectuar cinco detenciones que, a fecha de hoy, resultan inconcebibles.

En plena jornada de reflexión, la Policía no detuvo a los búlgaros que habían comprado los teléfonos móviles usados en los atentados (normal: de hecho, seguimos sin saber quiénes son). Tampoco se detuvo a quienes liberaron esos móviles (recordemos que fueron liberados en la tienda de un policía con conexiones con los servicios secretos marroquíes). Tampoco se detuvo tampoco al dependiente que había vendido los teléfonos a los búlgaros. A quien detuvo la policía fue es a los dueños indios (hindúes) del bazar donde un simple dependiente vendió los teléfonos a los búlgaros, por su presunta implicación en una trama de integristas islámicos. El juez Del Olmo ratificó esa detención y la opinión pública la aceptó sin pestañear. 

Por supuesto, los indios fueron puestos en libertad en abril de 2004, pero sus nombres ya habían sido revolcados por el fango y su detención convenientemente aireada y utilizada.

Las detenciones de los marroquíes

La Policía nunca pudo detener a quienes adquirieron las tarjetas telefónicas usadas en los atentados porque el 13-M aún no se sabía quiénes habían comprado esas tarjetas. Tampoco detuvo a los miembros del comando de Morata (la banda del Chino y miembros de la banda del Tunecino) porque en aquel momento aún no estaban identificados. Se detuvo fue a quienes vendieron las tarjetas.

Si alguien eligió a esos marroquíes como cabezas de turco, lo hizo a la perfección: el nombre del dueño del locutorio, Jamal Zougham, aparecía mencionado (que no imnputado) en el sumario contra la célula española de Al Qaeda que colaboró en la organización de los atentados de Nueva York. Jamal Zougham nunca fue acusado de colaborar con esa célula de Al Qaeda, ni tampoco procesado por pertenecer a organización islamista alguna. Su nombre simplemente aparecía en ese sumario. De hecho, Jamal Zougham declaró como testigo (no como imputado) en el juicio contra la célula española de Al Qaeda, cuyo líder ya apareció aquí párrafos más arriba.

Fue la tarjeta de la mochila de Vallecas la que condujo al locutorio de Zougham. Como, además, su nombre figuraba como testigo en aquel sumario, alguien debió de deducir que Jamal Zougham y los otros dos marroquíes detenidos entonces habían preparado las bombas. Estos dos últimos serían puestos en libertad por el juez Del Olmo pocas semanas después de los atentados por la sencilla razón de que vender tarjetas telefónicas no constituía, ni constituye hoy en día, delito alguno. 

El 17 de marzo de 2004, declaró por primera vez ante la Policía un testigo llamado Hassan Serroukh. En esa primera declaración, Serroukh contó con pelos y señales lo religioso (fanático) que era Jamal Zougham, contó acerca de las reuniones que mantenía con otras personas tan religiosas como él y contó sobre sus contactos con diversos integristas muy conocidos. Esas declaraciones fueron utilizadas por la Policía para convencer al juez Del Olmo de la peligrosidad de Zougham. Un par de semanas más tarde, los listados de llamadas cruzadas revelaron que Hassan Serroukh estaba relacionado con algunos de los supuestos terroristas del 11-M, a pesar de lo cual la policía no le detuvo. Serroukh siguió prestando declaración como testigo ante el juez el 21 de mayo de 2004.

Al ser preguntado sobre Jamal Zougham y sus socios, Hassan Serroukh dijo a Del Olmo que no había nombrado en ningún momento a Zougham en su declaración ante la Policía, sino que fue la Policía quien escribió ese nombre y él se limitó a firmar lo que le pusieron delante. Con el correr de los meses, las investigaciones demostraron que Hassan Serroukh estaba efectivamente relacionado con la trama del 11-M, y el juez Del Olmo terminó por imputarle en el sumario con fecha 28 de abril de 2005.

Los testigos de los trenes

La razón por la que Jamal Zougham fue condenado se halla en los testimonios de tres testigos distintos que dijeron haberle visto en los trenes de la muerte aquella mañana negra del 11 de marzo. Tanto Jamal Zougham como su socio Mohamed Chaoui (los dos dueños del locutorio de Lavapiés) fueron reconocidos "sin ningún género de dudas" tanto en las fotografías mostradas en dependencias policiales como en las posteriores ruedas de reconocimiento.

Tan escasas dudas presentaron tales testimonios, que Del Olmo no tuvo más remedio que poner en libertad a Mohamed Chaoui. Los reconocimientos fueron hechos después de que las fotos de los dos presuntos implicados fuesen convenientemente aireadas en todos los medios de comunicación. Pero Jamal Zougham no tuvo tanta suerte como Chaoui: los reconocimientos de los testigos de los trenes no fueron incompatibles entre sí, como sucedió con este último. Aunque dos testigos decían haberle visto en dos trenes distintos, lo vieron a diferentes horas, así que existía la posibilidad de que Zougham hubiera depositado una mochila en un tren, se hubiera bajado, y hubiera subido a otro tren para depositar la segunda. 

La implicación de Jamal Zougham en los atentados del 11-M es muy extraña. Las tarjetas telefónicas de las mochilas-bomba fueron adquiridas en el locutorio de Zougham, pero los teléfonos móviles fueron comprados en la tienda de los indios de quienes hemos hablado anteriormente, y liberados en una tienda propiedad del policía Maussili Kalaji. Jamal Zougham vendía tanto tarjetas telefónicas como teléfonos móviles y disponía en su locutorio de todo lo necesario para liberar teléfonos. No hubiese tenido necesidad de implicar a indios o a la tienda del policía: Zougham suministraba en su locutorio el pack completo.

Ninguna otra prueba pericial lo incriminó en los atentados. Uno de los hilos más fructíferos a la hora de detener a los presuntos autores de la masacre fue el seguimiento de las llamadas intercambiadas por los distintos implicados. Por eso de los teléfonos de las mochilas-bomba se llegó al grupo de Morata, articulado en torno a El Chino, y siguiendo el rastro de las llamadas de este grupo se llega, a su vez, al grupo de asturianos que supuestamente proporcionaron la dinamita y al grupo de supuestos integristas articulado en torno a El Tunecino y los hermanos Almallah, un grupo que tenía su piso franco en la calle Virgen del Coro de Madrid. Pero ninguno de los seguimientos de las conversaciones telefónicas conduce a Jamal Zougham. Tampoco aparecen sus huellas dactilares, ni rastros de su ADN, en ninguno de los escenarios analizados: ni en la finca de Morata, ni en el piso de Leganés, ni en la furgoneta Kangoo de Alcalá, ni en el fantasmagórico Skoda Fabia, ni en la sospechosa mochila de Vallecas, ni en el piso de la calle Virgen del Coro, ni en ninguno de los demás pisos o vehículos empleados por los restantes miembros de la trama, Por si fuera poco, se supo que el teléfono de Zougham ya estaba intervenido por la Policía nueve meses antes de los atentados: en esos nueve meses no apareció nada que relacionase a Zougham con la masacre.

Si Zougham estuvo implicado en los atentados, fue muy descuidado después de tantas precauciones: decidió usar con las bombas tarjetas telefónicas que permitían localizarle fácilmente.

Pero más inquietante que la falta de pruebas (falta que el juicio del 11-M no consideró tal, conviene decirlo) fue el empeño de hacer creer a la opinión pública que Zougham fue el verdadero culpable. Poco después del atentado se filtró a algunos medios que un trocito del móvil de la mochila de Vallecas había aparecido en el locutorio de Zougham. Dicho "trocito de móvil" no existió nunca y no apareció jamás en el sumario. En realidad, en el móvil de la mochila de Vallecas no faltó ningún trocito.

También se filtró que en el locutorio de Jamal Zougham se encontró un móvil similar al de la mochila de Vallecas, preparado para actuar como detonador. Tampoco fue cierto: los informes policiales confirman que el único móvil incautado en el locutorio de Zougham fue un móvil marca LG (no Trium, como el de Vallecas) y esos mismos informes indican expresamente que ese móvil LG no presentaba ningún tipo de manipulación.

Se filtró también que una huella de Zougham había aparecido en la furgoneta de Alcalá. Otra información totalmente falsa: las únicas huellas encontradas en la furgoneta de Alcalá correspondieron a un argelino llamado Daoud Ouhnane, según consta en los autos del juez Del Olmo.

También se filtró que el ADN de Zougham había sido encontrado en la casa de Morata de Tajuña. Tampoco fue verdad: el nombre de Zougham no apareció en los listados de personas cuyo ADN se encontró (según el juez Del Olmo) en Morata.

Uno de los episodios más tenebrosos de esta "caza del hombre" se vivió en 2006 con ocasión de la presencia de Zougham como testigo en el juicio contra la célula española de Al Qaeda acusada de colaborar en los atentados de Nueva York. Todas las televisiones abrieron sus informativos con esas imágenes del "culpable oficial" del 11-M.

En un informe de la UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía) enviado al juez Del Olmo el 19 de mayo de 2005, que resumeía el estado de las investigaciones un año después de la masacre, se enumeraban los indicios existentes contra Jamal Zougham. Ya hemos hablado pocas líneas antes acerca de dicho informe. Lo que sí enumeraba eran indicios contra Zougham que resultaban asombrosos para tratarse de un documento policial: se informa en él de que Zougham se dedicaba a ver vídeos de la Yihad en su piso de la calle Villalobos 51 y que viajaba frecuentemente a Amsterdam a ver a su primo Larbi Ahmidan. Es decir, el informe de la UCI enviado al juez Del Olmo un año después del atentado confundía a Jamal Zougham con Jamal Ahmidan, El Chino, que es quien vivía en la calle Villalobos y tenía un primo llamado Larbi. 

Dejando aparte estas afirmaciones de la UCI, en el sumario instruido por el juez Del Olmo existe constancia de dos ocasiones en que la Policía pudo usar a Zougham como cabeza de turco. Al efectuar el seguimiento de las tarjetas telefónicas relacionadas con la mochila de Vallecas, la UCIE (Unidad Central de Información Exterior de la Policía) localizó diversos números telefónicos de la serie 645 65 XXXX que intercambiaron numerosas llamadas con El Chino y otros terroristas de la trama mercenaria. La UCI determinó que uno de los números sospechosos, el 645 65 84 95, figuraba a nombre de una mujer, Rana Kadaji, por lo que el 20 de marzo de 2004 procedió a tomar declaración como testigo al marido de ésta, un sirio llamado Abdul Khalek Al Jondi, que reconoció haber vendido esa tarjeta y otras del mismo lote a diversos personajes del núcleo duro del 11-M, entre ellos El Tunecino y los hermanos Almallah. Recordemos el nombre de Abdul Khalek, porque es a quien el Chino llamó al finalizar el recorrido de la caravana de la muerte. 

A pesar de tener esta declaración en sus manos, diez días después la UCI enviaba al juez Del Olmo un informe en el que se afirmaba textualmente que la tarjeta 645 65 84 95 había sido vendida por Jamal Zougham. En dicho informe, de 30 de marzo de 2004, no se hacía referencia ninguna ni a Rana Kadaji, ni a Abdul Khalek Al Jondi, ni a los hermanos Almallah. El 23 de abril de 2004, la UCI repetía la jugada y enviaba al juez un segundo informe donde volvía a atribuir a Jamal Zougham la comercialización de otra de las tarjetas de ese mismo lote, de nuevo sin hacer mención de las personas vinculadas al núcleo duro del 11-M. 

No sabemos si Jamal Zougham participó en los atentados del 11-M. El sumario consideró probado que así fue aunque no planteó ninguna prueba sólida, de esas que son inobjetables para todos.

El vídeo que apareció en la M-30

Hacia las ocho menos cuarto de la noche del 13-M, se recibía una llamada en Telemadrid en la que un varón con acento árabe decía lo siguiente, según informó la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional al juez Del Olmo: "Si quieren saber lo que ha pasado el día 11 de marzo, hemos dejado una cinta de vídeo entre la mezquita de la M-30 y el quiosco de los helados en una papelera, y tenéis diez minutos para recogerla o se la damos a otros".

Telemadrid avisó al 091. El comunicante anónimo había dado diez minutos para recoger la cinta y, en previsión de que la policía no pudiese llegar a tiempo, una de las vigilantes de seguridad llamó a su padre, José Vicente Ayala, un policía que vivía cerca de la mezquita, para que recogiese él la cinta (como consta tanto en la instrucción como en el sumario del juicio). 

El policía José Vicente Ayala acudió al quiosco de los helados sin hallar a ninguna persona ni nada sospechoso en las inmediaciones. Localizó la papelera, miró en su interior y vio un periódico doblado, unos vasos de plástico y unos papeles. No vio ninguna cinta. Cogió el periódico de la papelera y descubrió un guante de lana azul que parecía contener algo en su interior. Dentro del guante, en un envoltorio blanco, había una pequeña cinta de vídeo con la siguiente carátula escrita a bolígrafo en español: "MUY URGENTE". Cuando los agentes de la Policía llegaron, encontraron a José Vicente Ayala con la cinta de vídeo en la mano. Sigue sin determinarse la autoría del texto manuscrito, pero la cinta de vídeo era de las mismas características que la comprada el día 8 de marzo de 2004 por dos varones, en el establecimiento Bazar Top, S.L. propiedad de los detenidos Rakesh Kumar y Vinay Kholi. La Policía Científica pudo obtener una huella dactilar en el envoltorio de la cinta, pero fue archivada como anónima porque no coincidía con ninguna huella del archivo de la policía. Tampoco se parecía a las huellas dactilares de ningún miembro de la banda del Chino, ni de la banda del Tunecino ni de la trama asturiana. Los estudios sobre los restos de ADN localizados en el guante dieron como resultado que no pertenecía a ninguno de los miembros de las tramas relacionadas con los atentados. Meses después, la Policía Científica pudo determinar que la cinta había sido grabada el sábado 13 de marzo de 2004, hacia las cinco de la tarde. La cinta contenía una reivindicación de los atentados, leída en árabe. En su declaración durante el juicio oral, Youssef Ahmidan, hermano del Chino, no reconoció a ninguno de los personajes que aparecen en el vídeo y negó que el mensaje fuese leído por su hermano.

A las diez y media de la noche, la Policía Científica había concluido la traducción de la cinta de la M-30, cuyo contenido era el siguiente: "Nos hacemos responsables del ataque acontecido en Madrid, y ello tras dos años y medio tras los benditos de Nueva York y Washington. Es nuestra respuesta a vuestra unión con las organizaciones criminales de Bush y sus seguidores, a los crímenes cometidos contra nuestros hermanos e hijos en Irak y Afganistán. Ya os ha llegado la muerte a vuestras casas y os prometemos más si Dios quiere. Que sepáis que nosotros elegimos el camino de la muerte para llegar a la vida, y vosotros elegís el camino de la vida para llegar a la muerte. En nombre de Aquel que dio a Mohamed la verdad, como no dejéis vuestras injusticias y de matar a musulmanes en nombre de vuestra guerra contra el terrorismo, haremos que vuestras casas se derrumben sobre vuestras cabezas y convertiremos vuestra sangre en ríos. Estos benditos ataques, que angustiarán vuestros corazones, solo son el comienzo, son un aviso de lo que os espera como no dejéis de practicar vuestro terrorismo contra nosotros. Ésta es nuestra Yihad contra vosotros hasta que salgáis humillados de nuestras casas. Recordad Somalia y el Líbano, pues si volvéis, volveremos."

Esta cinta representa la evidencia más sólida de la versión oficial de las razones yihadistas de los atentados, con una alusión explícita a la guerra de Irak, todo ello en plena jornada de reflexión. 

A la una menos cuarto de la madrugada, cuando Acebes es informado del contenido de la traducción de la cinta, el ministro comparece ante la prensa, informando de la cinta, donde un varón de habla árabe con acento marroquí habla en nombre de quien dice ser portavoz militar de Al Qaeda en Europa, aunque su identidad no había sido acreditada ni por los servicios secretos españoles ni los extranjeros. 

Al término de la rueda de prensa de Acebes, la SER aseguró que en la emisora de radio ya sabían de la existencia de la cinta de la M-30 desde la mañana del día 13, pero que, por sentido de responsabilidad, no habían querido dar la noticia (recordemos que la cinta fue grabada por los terroristas hacia las cinco de la tarde). 

La pista de Asturias

Los terroristas habían dejado, bajo el asiento del copiloto de la Kangoo, una pista muy importante: siete detonadores con las etiquetas del fabricante, la Unión Española de Explosivos, hoy llamada MAXAM, aún adheridas a ellos. 

Con las etiquetas en la mano, el jefe de la Unidad Central TEDAX, Sánchez Manzano, llamó a los responsables de la empresa fabricante, les comunicó el hallazgo, y les describió las características de cada detonador, por si la empresa fabricante podía recordar a quién había vendido esos siete detonadores, de los que cinco eran de cobre y dos de aluminio. Cada detonador tenía unas características (color, material, retardo, cableado, año de fabricación…) diferentes y la empresa fabricante pudo comprobar que solo tenían un cliente que hubiera comprado en los últimos meses detonadores de esos siete tipos a la vez. En concreto, habían sido vendidos a la empresa Caolines de Merilles, que explotaba algunas minas de caolín en Asturias. Una de esas minas era Mina Conchita. Sánchez Manzano envió una nota informativa a la Comisaría General de Información con el resultado de la investigación.

Nada más recibir la nota informativa, el inspector instructor decidió enviar dos agentes a Asturias con la misión de reunirse con los dueños de Caolines de Merilles y obtener información más concreta sobre el origen de esos detonadores. Como las dos vías de investigación, la etarra y la árabe, permanecían abiertas, el instructor envió igualmente a un agente de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior, especializada en terrorismo islamista) y otro de la UCI (Unidad Central de Información, especializada en terrorismo de ETA): fueron el inspector Parrilla de la UCIE y el comisario Gamonal de la UCI, quienes partieron hacia Asturias en la mañana del 16 de marzo. 

En Oviedo, donde Caolines de Merilles tiene sus oficinas centrales, se les unieron el jefe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Asturias, el jefe del Grupo de Información de la misma jefatura y un agente del CNI de quien no consta referencias. Esa misma tarde se reunieron con el gerente y un directivo de Caolines de Merilles. Según el gerente, Caolines de Merilles era una empresa modelo con más de cuarenta años de intachable actividad dedicada a la minería. Explotaban dos minas cercanas, Mina Conchita y Mina Arbodas. Nunca habían sido denunciados, nunca les habían robado explosivos ni detonadores, y sus trabajadores, todos de la zona de Cangas de Narcea, eran de toda confianza. Los policías solicitaron un listado de todas las personas que trabajaban o habían trabajado en ese momento o en los años anteriores en las dos minas que explotaba la empresa, y citaron para el día siguiente al responsable de cada mina. 

Cuando cotejaron el listado de trabajadores de aquella empresa con la base de datos de la policía, los agentes comprobaron que dos trabajadores tenían antecedentes policiales. Uno de ellos se llamaba José Emilio Suárez Trashorras, con antecedentes por tráfico de drogas, que había trabajado en Mina Conchita y vivía en Avilés. 

A la mañana siguiente, el 17 de marzo, mientras los dos agentes se encontraban cotejando los datos de los trabajadores de Caolines de Merilles, el inspector Parrilla recibió una llamada desde Madrid para ser informado de que una de las tarjetas telefónicas que se vendieron en el locutorio de Lavapiés contenía dos teléfonos fijos con el prefijo de Asturias, el 985. Los teléfonos fijos correspondían a dos cabinas telefónicas de Avilés. Pasados unos minutos, una nueva llamada informaba de que la misma tarjeta (de Amena) tenía contactos con otra tarjeta prepago también de Amena que saltaba en la cobertura BTS de Avilés. Una tercera llamada informó de que la primera tarjeta tenía contactos con otra tarjeta Amena, pero de contrato, que saltaba en la BTS de Avilés, a nombre de Carmen Toro Castro. 

Los agentes que estaban investigando los movimientos de las tarjetas que se habían vendido en el locutorio de Zougham, habían descubierto una tarjeta que había recibido llamadas desde dos cabinas telefónicas de Avilés, desde un móvil con tarjeta Amena de prepago también en Avilés y, sobre todo, una gran cantidad de llamadas desde el teléfono móvil de contrato que estaba a nombre de una tal Carmen Toro, que también vivía en Avilés. Además, los dos antiguos trabajadores del listado de Caolines de Merilles que tenían antecedentes policiales también vivían en Avilés. Lo que no sabían todavía es que la mujer de uno de esos dos trabajadores se llamaba, precisamente, Carmen Toro.

Antes de desplazarse los policías a Avilés, fueron informados por los vigilantes de las dos minas que explotaba la empresa. El vigilante de Mina Conchita, Emilio Llano, explicó a los agentes que recibían unos 1.500 kilos de dinamita y 7.000 detonadores al mes, que todo quedaba almacenado en ocho polvorines (cinco para dinamita y tres para detonadores) y que nadie que no conociera la mina podía encontrar los polvorines porque estaban camuflados en el monte. Afirmó rotundamente que nunca habían echado de menos ni un gramo de explosivo. 

En la comisaría de Avilés estaba esperando el inspector jefe de Estupefacientes, un tal Manolón, que les comentó que uno de los dos ex mineros de Mina Conchita con antecedentes policiales, Suárez Trashorras, colaboraba con él como confidente. También les contó que Trashorras, un par de días antes, le había comentado que estaba convencido de que los autores de los atentados habían sido unos marroquíes que traficaban hachís con él, pero Manolón no había concedido importancia a esa confidencia. El inspector llamó a su confidente, quien se personó en comisaría con su mujer hacia las doce del mediodía del 17 de marzo. Eran Trashorras y Carmen Toro.

Trashorras contó que, desde hacía tiempo, conocía a un grupo de "moritos" (según sus palabras) con los que trapicheaba de vez en cuando. Al cabecilla Trashorras lo llamaba Mowgli por su parecido con el protagonista de El libro de la selva. Les explicó que pensaba que ellos eran los autores de los atentados por dos razones: una, porque en una reunión que había tenido el mes anterior, su mujer había discutido con el tal Mowgli acerca de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York; y dos, porque la última vez que habló con Mowgli por teléfono, este se había despedido con un misterioso "si no nos vemos en la tierra, nos veremos en el Cielo". Como estas dos razones no parecían suficiente para creer que los "moritos" estuvieran relacionados con los atentados, los agentes empezaron a sospechar que el confidente sabía algo que les estaba ocultando. Lo que Trashorras no quería contarl a los policías es que el principal motivo que tenía para sospechar de sus amigos magrebíes eran los más de cien kilos de dinamita que les había vendido. Trashorras confesó que conoció a los magrebíes a través de un tal Rafa, otro magrebí, que coincidió en la cárcel de Villabona con su cuñado, Antonio Toro. De repente, todo parecía apuntar a que la mujer, Carmen Castro, tenía que ser la titular de la tarjeta Amena de contrato que tantísimos contactos había tenido con una de las tarjetas que vendió Jamal Zougham. 

El resto de la mañana Trashorras habló de su relación con el tal Rafa, que era el intermediario entre él y los magrebíes para sus trapicheos con hachís. Después de comer, los policías decidieron continuar la conversación con el confidente y con Carmen Toro por separado. Fue cuando los policías recibieron una  llamada desde Madrid, de los compañeros que seguían investigando los contactos telefónicos, quienes acababan de encontrar que en la tarde noche del 28 al 29 de febrero la famosa tarjeta vendida por Zougham saltaba en distintas BTS de la zona de Avilés, y que esa misma noche además tenía una gran cantidad de llamadas cruzadas con la tarjeta de contrato a nombre de Carmen Toro. Además, esa misma noche la tarjeta de Carmen Toro tenía dieciocho llamadas cruzadas con la otra tarjeta prepago de Amena, cuyo usuario ya sabían los agentes que era Trashorras.

Era obvio que en la noche del 28 al 29, Trashorras y su mujer habían estado separados: se habían descubierto dieciocho contactos telefónicos entre ellos.

Trashorras, calmado por los policías, contó que el famoso 665040605 era el teléfono del tal Mowgli (apodo por el que el minero conocía al Chino), contó que en una visita hecha en noviembre, el tal Rafa y Mowgli tenían algunas heridas en la cara y que le habían contado que se las habían hecho con un detonador que había explotado, un detonador que posiblemente procedía de Mina Conchita, porque él personalmente le había enseñado Mina Conchita a Mowgli en octubre y en la mina había detonadores tirados por el suelo. Contó que había estado en la casa de Mowgli en Morata de Tajuña y describió a los policías cómo era la casa y su ubicación exacta. Les habló de reuniones en McDonald’s y parte del viaje de Mowgli y otros dos magrebíes a Asturias en el último fin de semana de febrero. Contó también que a primeros de marzo, Mowgli (o sea, el Chino) le había llamado desde Ibiza y que en esa conversación el marroquí confesó que se dedicaba a traficar con hachís por el País Vasco y que, de hecho, tenía varios amigos de la banda terrorista ETA, en concreto Gorka Vidal e Irkus Badillo, los miembros del Comando Gaztelu que habían sido detenidos con una furgoneta cargada de explosivos en la localidad conquense de Cañaveras. 

A las nueve de la noche del 17 de marzo, los policías esposaron a Suárez Trashorras y le leyeron sus derechos.

El informe que desapareció

Trashorras acabó en los calabozos de la Comisaría General de Información, en Madrid. En su informe, el inspector Parrilla puso en conocimiento de los mandos de la UCIE que Trashorras había reconocido que el Chino era amigo de los etarras Irkus Badillo y Gorka Vidal, recientemente detenidos en Cañaveras. Firmó el informe y se lo entregó al instructor del atestado policial, el inspector Guillermo Moreno.

Ese informe no se incorporó al sumario del juicio, como tampoco fueron incorporados los restantes informes que reflejaban cualquier relación entre los autores del 11-M y la ETA. El informe firmado por el inspector Parrilla desapareció misteriosamente y fue sustituido por otro informe, de contenido similar, que omitía la mención a los etarras amigos del Chino. Todo ello está probado: el informe sustitutorio figura en los folios 79391 a 79395 del tomo 202 del sumario, carece de firma y de autor conocido; el inspector Parrilla declaró en la sesión judicial del 28 de marzo de 2007, afirmando que redactó su informe y que se lo entregó al instructor del atestado policial el día 19 de marzo de 2004, el inspector Moreno, quien había sido designado instructor del atestado dos días antes, el 17 de marzo, y quien seguiría siéndolo hasta el 9 de mayo de 2004, tal y como consta en el atestado y como lo declaró el propio inspector Moreno en la sesión judicial del día 23 de abril de 2007.

La UCIE remitió al juez Del Olmo el segundo informe (el que omitía la referencia a los etarras) asegurando al juez que se trataba del informe auténtico realizado por Parrilla. Pero el engaño duró solo hasta el juicio oral, donde el propio inspector Parrilla, en su declaración testifical, negó que ése fuese su informe. 

No sé a usted, caro lector, pero a mí me da da la impresión de que los mandos policiales hicieron desaparecer ese informe porque contenía datos incómodos para la versión oficial. De ese modo se ocultó al juez Del Olmo y a la justicia que el Chino había confesado a un confidente su amistad con miembros de ETA, llegándose al extremo de remitir un oficio al juez negando la existencia del informe auténtico de Parrilla y enviando un segundo informe sin firmar en el que se omite la referencia a la amistad del Chino con los etarras, diciendo al juez que ése es el informe de Parrilla, lo cual el propio inspector Parrilla aseguró que no era cierto.

No sería esta la primera vez que un informe no consiguiera llegar al sumario.

Ya hemos explicado que Beatriz Higuero, la dueña del Toyota Corolla cuyo número de matrícula utilizó Trashorras para doblar las placas del Corolla robado con el que el Gitanillo tuvo un accidente en la madrugada del 4 al 5 de marzo, fue interrogada por la Guardia Civil y preguntada si conocía al Chino y a Trashorras. Ya hemos mencionado que la dueña del Corolla volvió a ser llamada a declarar, esta vez ante la UCIE, el día 26 de marzo de 2004 y que en esa declaración la testigo afirmó que la Guardia Civil, el 5 de marzo, le había preguntado si conocía al Chino y a Suárez Trashorras. Los agentes de la UCIE que le tomaron declaración, así lo hicieron constar en el acta: "(los agentes) le hicieron una serie de preguntas tales como si sabía que sus placas estaban duplicadas, que si conocía a dos personas de las que le facilitaron dos nombres, que eran un nombre en árabe que no recuerda, y otro nombre español del que solo recuerda el primer apellido que era «Suárez», que recuerda este hecho porque lo relacionó con el nombre de Suárez Illana. Que le comentaron que tenían esos nombres porque eran personas que habían circulado con dicho coche; que había multas de tráfico en Asturias y en Madrid en la carretera de Burgos. De las multas de tráfico le facilitan fotocopia".

El acta de esa declaración tampoco fue aportada al sumario. Alguien decidió ocultar su contenido a la investigación, seguramente por lo incómodo que resultaba una declaración que evidenciaba que el 5 de marzo las Fuerzas de Seguridad del Estado ya relacionaban y controlaban al Chino y a Trashorras. La UCIE, en lugar de remitir al juzgado instructor el acta de la declaración del día 26, lo hizo desaparecer y volvió a citar a Beatriz Higuero con la excusa de un supuesto problema informático que habría echado a perder la declaración del día anterior. La testigo tuvo que volver a la UCIE el 27 de marzo para repetir la declaración que había efectuado el día 26. Pero en esta segunda ocasión, curiosamente, le preguntaron lo mismo y por el mismo orden que el día anterior, con una salvedad: esta vez no le preguntaron si el día 5 la Guardia Civil le había preguntado por el Chino y Suárez Trashorras. 

Esto es algo que se descubrió durante la sesión judicial del día 17 de abril de 2007, donde Beatriz Higuero contó que el 5 de marzo la despertó la Guardia Civil porque supuestamente un menor de edad había sufrido un accidente con su Toyota Corolla, a lo que ella contestó que era imposible porque su coche permanecía intacto en su aparcamiento. Que posteriormente se desplazó al puesto de la Guardia Civil con la documentación de su vehículo para aclarar los hechos y que allí fue interrogada. Y que, entre otras cosas, le preguntaron si conocía a Suárez Trashorras y al Chino. Beatriz Higuero también explicó al Tribunal que el 26 de marzo la citó la Policía Nacional para declarar ante la UCIE y que les contó lo relativo a Trashorras y el Chino, y que al día siguiente la volvió a llamar la policía por un problema informático que había borrado su declaración, motivo por el que tenía que repetirla, pero que en esa segunda declaración ya no le preguntaron por el Chino ni por Trashorras. Se puede leer la transcripción íntegra de la declaración de Beatriz aquí.

En la sesión judicial del día siguiente, 18 de abril de 2007, declararon en la Casa de Campo los policías nacionales que tomaron la primera declaración a Beatriz Higuero, la que no fue aportada al sumario. El primero de los policías reconoció haber interrogado a Beatriz Higuero el día 26 y explicó al Tribunal que recordaba perfectamente que Beatriz Higuero les contó lo del Chino y Trashorras, y que así se hizo constar en aquella declaración. También dijo que imprimió cinco o seis copias de la declaración, y que la testigo y los dos policías firmaron todas las copias. Por último, señaló que las cinco o seis copias las entregó al instructor del atestado, el inspector Moreno. Exactamente lo mismo declaró el segundo agente, que había actuado como secretario de la declaración de Beatriz Higuero. Ambos policías descartaron que ningún problema informático hubiese obligado a repetir la declaración. Es más, ambos mostraron al Tribunal su sorpresa por el hecho de que la declaración que ellos tomaron el día 26 se hubiera repetido (mutilada, como hemos visto) el día 27 sin ni siquiera hacerse constar, como es preceptivo, que se trataba de una segunda declaración. Según dijeron, se habían enterado de la existencia de una segunda declaración cuando vieron por televisión la declaración testifical de Beatriz Higuero ante el Tribunal del 11-M.

Si se compara la declaración del día 26 con la del día 27, llama la atención que los agentes que tomaron a Beatriz Higuero declaración el día 27 realizaron prácticamente las mismas preguntas y por el mismo orden, y que las respuestas son prácticamente idénticas —a pesar de que, supuestamente, por un error informático se había perdido la primera declaración—. Solo existe una diferencia esencial: el día 27, en la declaración que sí se envió al sumario, a la testigo no se le preguntó si el día 5 de marzo le habían interrogado sobre el Chino y Trashorras.

La primera declaración no se aportó al atestado, pero tampoco se perdió ni se traspapeló: una copia acabó llegando a las manos del periodista Fernando Lázaro, que la publicó en exclusiva en las páginas del diario El Mundo. Las copias de las denuncias de Tráfico halladas en el Corolla accidentado que la Guardia Civil entregó el día 5 a Beatriz Higuero fueron aportadas al sumario unidas a la declaración del día 27, lo que demuestra que nada se traspapeló, pues el instructor unió a la declaración del día 27 documentación que figuraba unida a la declaración del día 26, supuestamente traspapelada. 

Días después declaró en el juicio el inspector Moreno, a quien los dos agentes mencionados afirmaron haber entregado la declaración de Beatriz Higuero del día 26 que fue ocultada a la investigación judicial. Negó haber tenido conocimiento de la existencia de esa declaración del día 26 que Beatriz Higuero aseguró haber prestado y de la que los dos policías aseguraron haberle entregado cinco copias.

Rafa Zouhier, tras la pista del Chino

Antes de ser detenido, Trashorras habló de un tal Rafa, un marroquí que le había presentado al Chino. Lo que no sabían los policías, ni tampoco Trashorras, es que el tal Rafa también era confidente, pero no de la policía, sino de la Guardia Civil. Y que Rafa, por nombre Rafá Zouhier, también sospechaba de la implicación del Chino en los atentados.

Un día después de las explosiones, el 12 de marzo de 2004, Rafá Zouhier se había reunido en la cafetería del centro comercial Ermita del Santo con su controlador de la Guardia Civil, un alférez al que conocía como Víctor. Durante esa reunión hablaron de un grupo de ciudadanos cubanos que falsificaban tarjetas de crédito por la zona de Bravo Murillo y de los que Zouhier había conseguido información. Víctor aprovechó para preguntarle también si sabía algo de un tal "Josito, de Madrid", un delincuente común que se solía dejar ver en los locales nocturnos de la capital que frecuentaba Zouhier. Durante esa reunión, Víctor le preguntó si tenía algún dato o si conocía a alguien que pudiera tener algo que ver con los atentados del día anterior. En aquella ocasión, Zouhier respondió que de ese tema no sabía nada.

El 16 de marzo volvieron a verse en la misma cafetería y tras despachar sobre los falsificadores cubanos, empezaron a hablar del 11-M. 

Zouhier contó a Víctor que había visto en la televisión que habían detenido a un tal Jamal, pero que él sospechaba de otro Jamal distinto, al que conocía por el apodo de El Chino. Contó a su controlador toda la historia del Chino: que se trataba de un marroquí que vivía en Vallecas y con quien había colaborado en tráfico de hachís. Según Zouhier, el Chino tenía que estar mezclado en los atentados porque viajaba mucho a Bilbao y allí, en el País Vasco, había conseguido armas, explosivos y detonadores, gracias a sus contactos con la banda terrorista ETA. Víctor le pidió que localizase el domicilio del Chino y su teléfono, para poder pinchárselo.

Al día siguiente, 17 de marzo, sobre las once y media de la mañana, Víctor volvió a llamar a Zouhier por teléfono. La pista del Chino podía ser buena, había que darse prisa, y el alférez quería transmitir urgencia a su confidente. La conversación, grabada por la policía, se desarrolló del siguiente modo:

—Bueno, ¿qué?. ¿Tienes ya el teléfono del tío ese? Porque lo necesito urgentemente, macho.

—No, Víctor. Estoy haciendo lo que puedo, pero todavía no lo tengo. Esta tarde voy a verte, y a ver si para entonces lo tengo. Es que mira, ese tío tiene cinco teléfonos…

—¿Cinco? Vale. Estás hablando del que me dijiste ayer, el que fue a Bilbao y todo eso, ¿no?

—Sí, sí.

—Bueno, ¿y cuándo me puedes conseguir ese teléfono?

—Vale, vale, voy a ver qué puedo hacer.

—Oye, y el domicilio, ¿tienes ya la dirección?

—No, tampoco. Esta tarde voy para allá. Mira, es en Vallecas. Voy a pasarme por allí a ver si me acuerdo.

—Venga, Rafa, consígueme el teléfono y la dirección de ese tío. Y si sacamos algo de esto, cuenta con un piso y con la nacionalidad.

Esa tarde Zouhier se desplazó a Vallecas y, tras dar varias vueltas, localizó el lugar de la calle Villalobos donde habitualmente quedaba con el Chino. Llamó a Víctor y se lo dijo. A las seis y cuarto de la tarde del día 17 de marzo, la Guardia Civil ya tenía la dirección del Chino. 

Víctor, junto con algunos agentes más de la UCO, se desplazó a la calle Villalobos y el confidente les mostró el lugar en el que siempre había visto al Chino y le indicó que, aunque no conocía el portal exacto, sabía que la casa, donde vivía con una mujer y un niño, estaba a dos minutos exactos de aquel lugar. 

Mientras Víctor le apremiaba por la urgencia de conseguir, cuanto antes, los teléfonos del sospechoso, Zouhier seguía trabajando tras la pista del Chino. Ese mismo día quedó con Rachid Aglif, miembro de la banda del Chino, en la plaza Elíptica, para ver si podía sacarle alguna información.

A las once de la noche, Zouhier llamó a Víctor:

Al día siguiente, 18 de marzo, Zouhier y su controlador se volvieron a ver, pero el confidente seguía sin conseguir el teléfono del Chino. La única información nueva que le transmitió a Víctor en aquella conversación es que el Chino tenía un cicatriz en el labio superior que le impedía pronunciar bien las erres, que el alias de El Chino se debía a que tenía los ojos rasgados, y que era natural de Tetuán.

Zouhier nunca llegó a conseguir el teléfono del Chino. Las confidencias de Trashorras resultaron fatales para el marroquí. Mientras Zouhier buscaba el teléfono del Chino para dárselo a la Guardia Civil, Trashorras declaraba a la policía que Rafá Zouhier era la persona que le había puesto en contacto con el Chino y se acordó su inmediata detención. 

El 19 de marzo, el coronel jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil se reunía con Víctor para comunicarle que la Policía Nacional estaba buscando a uno de sus confidentes, Zouhier, por su posible implicación en los atentados. El propio Víctor llamó a Zouhier a la una de la tarde y le citó, como otras veces, en la cafetería del centro comercial de la Ermita del Santo. El marroquí no sospechaba que esta vez no iban a despachar sobre sus pesquisas en torno al Chino o a los falsificadores cubanos. Nada más llegar el confidente al centro comercial, su controlador le presentó a los agentes de la UCE-2, que sin más preámbulos le esposaron y le leyeron sus derechos como detenido. Poco después, los agentes de la UCE-2 entregaba a Zouhier a la Brigada de Información de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas.

Una vez detenidos, tanto Trashorras como Zouhier identificaron a Rachid Aglif, alias El Conejo, como la persona que solía acompañar siempre al Chino y que había huido a Marruecos tras los atentados. Y la policía se puso a trabajar en la captura del Conejo.

Nadie detuvo al Chino.

La información sobre la ubicación de la casa del Chino en la calle Villalobos, la misma que Zouhier había proporcionado el día 17 de marzo a sus controladores de la UCO, fue transmitida por la Guardia Civil a la Policía Nacional (concretamente a la UCIE, por ser la unidad donde estaba centralizada la investigación sobre los atentados) ese mismo día. Eso significa que seis días después de los atentados, la Policía ya conocía, gracias a las confidencias de Rafá Zouhier a la UCO, la ubicación de la casa de la calle Villalobos, en pleno barrio de Vallecas, en la que vivían el Chino y su mujer con su hijo pequeño.

Por esas mismas fechas, el Chino se encontró en la calle Montera de Madrid con Mario Gascón, otro confidente de la UCO (y a quien, con gran inquietud, volveremos a encontrar al final de este artículo). Mario Gascón llevaba muchos años trabajando para la UCO, había desempeñado labores de coordinación, ubicación y captación de otros confidentes, y había proporcionado a sus controladores valiosas informaciones sobre tráfico de drogas y de armas, falsificadores de moneda, sicarios de países del Este europeo, o bandas dedicadas al clonaje de tarjetas de crédito. Además, conocía tanto a Zouhier (él mismo lo había captado como confidente para la UCO) como al Chino, con quien había traficado drogas.

Fue el propio Mario Gascón quien contó, en un escrito firmado de su puño y letra y dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que durante el mes de marzo de 2004, antes y después de los atentados, se reunió en diversas ocasiones con el Chino, quien llegó a presentarle a Alekema Lamari y a proponerle asociarse con ellos en un negocio de prostitución que estaban montando y para el que contaban, según le aseguró el Chino, con protección y cobertura de la propia policía. Según Gascón, el día 17 o 18 de marzo se volvió a encontrar al Chino en la calle Montera de Madrid, y el marroquí le confesó su participación, junto con el Tunecino, en los atentados del 11-M. Una copia de este escrito fue aportada por la defensa de Rafá Zouhier a la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante la tramitación de los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del 11-M.

El cerco sobre el Chino se fue estrechando. Dos días después de su encuentro con Gascón, el 19 de marzo, la policía localizaba el cuartel general de la banda del Chino: la finca de Morata de Tajuña. Fue Suárez Trashorras, ya detenido, quien acompañó a la policía hasta las inmediaciones de Morata y, con ayuda de Carmen Toro, les enseñó la localización exacta de la finca que Trashorras conocía por haberla visitado junto a su mujer el mes anterior cuando, a la vuelta de su viaje de novios, visitaron al Chino.

El 17 de marzo, la policía tenía, por tanto, localizada a través de las confidencias de Zouhier la casa del Chino en la calle Villalobos, y el 19 de marzo, a través de las confidencias de Trashorras, el cuartel general en Morata de Tajuña.

El confidente Cartagena posteriormente aseguró por escrito a la Audiencia Nacional que él también condujo a sus controladores a la finca de Morata de Tajuña, pero que le prohibieron decírselo al juez (denuncia del 1 de diciembre de 2006 del testigo protegido 11304, confidente Cartagena).

Pese a las confidencias de Zouhier, Trashorras y de Cartagena, nadie detuvo al Chino. 

El 19 de marzo, festividad de San José, el Chino celebraba tranquilamente en su cuartel general de Morata de Tajuña, con su mujer, su hijo, su suegro, y algunos parientes más, el día del padre con una suculenta paella. La policía no quiso interrumpir aquella fiesta familiar para detener al autor material de la mayor masacre terrorista de nuestra historia.

El 21 de marzo, el Chino llamó por teléfono a su mujer, la testigo protegido R-22, y le dijo que acababa de pasar por la puerta de casa, pero que no podía entrar porque había un coche rojo, con dos personas dentro, que podían ser policías. R-22 se asomó a la ventana y, efectivamente, comprobó que el coche sospechoso continuaba apostado en su calle con su pareja de ocupantes. 

Al día siguiente, 22 de marzo, otra pareja de agentes de la policía se acercó al hijo del Chino en el portal de su casa. Le preguntaron por la finca de su padre en Morata de Tajuña. El niño le contó a su madre lo que le había pasado con los policías, y R-22, preocupada, se lo transmitió al Chino. En una entrevista concedida al diario El País, la testigo R-22 recordó esta última conversación telefónica con el Chino, y relató textualmente: "(...) un día los policías se pusieron a charlar con el niño y el niño les dijo que su padre tenía un chalé en Morata y se llega por aquí y por allí. Me llamó él y se lo dije. Empezó a reírse con una risa nerviosa. Y luego me dijo: coge mi pasaporte de Ben Salah [uno falso que utilizaba a veces] y llévalo a casa de (ciertas personas a quienes no quiero involucrar) y que lo quemen. Y que la agenda la quemen también. Pero tú no quemes nada". R-22 reconoció explícitamente la existencia de más personas relacionadas con su marido, con un conocimiento de la trama terrorista tal que el propio Chino les confía la tarea de quemar su documentación falsa. R-22 trató de encubrir a estas personas, cuando, después de contar su participación en la quema de la documentación y de la agenda, dijo que no deseaba mencionar sus nombres. Un mes más tarde, negó haber hecho esas declaraciones a la prensa. El juez Gómez Bermúdez no abrió diligencia contra R- 22 por delito de falso testimonio.

El 25 de marzo la policía detuvo a R-22. Tras varias horas de interrogatorio, dedujeron que no sabía nada y, tras ponerla a disposición del juez Del Olmo, la dejaron en libertad.

Seguía sin detenerse al Chino.

El robo del C-3

A las once y media de la noche del 29 de marzo de 2004, Manuel Lacasa aparcó su Citröen C-3 en la avenida de la Hispanidad de la localidad de Fuenlabrada. No había caminado ni diez metros cuando se le abalanzaron dos individuos. Le agarraron por el cuello, le apuntaron con una pistola, y le obligaron a volver al coche. Después, le introdujeron violentamente en la parte trasera del C-3. Uno de los asaltantes se sentó junto a él sin dejar de encañonarle, mientras el otro se ponía al volante. 

Cuando circulaban por la M-45, al llegar al desvío de Valencia, los dos individuos le obligaron a bajarse del vehículo y se dieron a la fuga en el vehículo, dejando a Manuel Lacasa en la calzada, donde fue recogido por un coche que le trasladó hasta la estación de Santa Eugenia. 

Aunque los asaltantes se tapaban la cara con un pañuelo tubular, a Manuel Lacasa le pareció que quien se sentó a su lado era árabe.

Cuando semanas después, la policía recuperó el C-3 de Manuel Lacasa. En el volante había perfiles genéticos con el ADN del Chino. En los asientos aparecieron restos con el ADN de Mohamed Oulad Akcha y Abdennabi Kounjaa. Según la policía Científica, los restos de barro y de flora obtenidas del C-3 coinciden con las muestras de barro y flora que rodearon las vías del AVE Madrid-Sevilla a su paso por la localidad toledana de Mocejón. 

El atentado del AVE

A las siete y las diez de la mañana del 2 de abril de 2004, los hombres del Chino (Asrih Rifaat Anouar y tal vez alguno más, cos que no se puede determinar porque solo apareció el perfil genético de Anouar en los vestigios recogidos en el artefacto explosivo colocado ese día en la línea férrea del AVE) se desplazaron en el C3 robado hasta la localidad toledana de Mocejón y colocaron un artefacto explosivo en las vías del AVE. Concretamente, en el punto kilométrico 61,250 del AVE Madrid-Sevilla.

El artefacto disponía de un sistema de activación a distancia denominado técnicamente como cable-mando, integrado por 1375 metros de cableado conectado a un detonador eléctrico. La bomba era muy básica. El cable estaba empalmado al detonador mediante tres secciones, unidas mediante lo que los TEDAX denominaron arrollamiento, es decir, se unieron al detonador enrollándolos, sin protegerlos con cinta adhesiva. La carga explosiva estaba compuesta por 12 kilogramos de dinamita Goma 2 ECO, introducidos en el interior de una bolsa de plástico de Carrefour, y ésta, a su vez, en el interior de otra bolsa de plástico de color blanco del supermercado Lidl. La bolsa del Lidl estaba cerrada mediante un sencillo nudo en las asas.

Este artefacto explosivo era, para los agentes del TEDAX, una auténtica chapuza. No se entiende cómo los autores de un atentado tan planificado y preciso como el del 11- M colocaron la bomba de Mocejón en una bolsa del Lidl.

Uno de los TEDAX, de nombre Pedro y carnet profesional 64501, declaró en la sesión judicial del día 19 de marzo de 2007 sobre la composición de la mochila de Vallecas, que había desactivado. El artificiero explicó que aquel artefacto contenía un error incomprensible en un terrorista, por cuanto los empalmes practicados en los cables no estaban encintados, ni llevaban cinta aislante, por lo que si en cualquier momento, al manipular la bolsa o al introducirla debajo de un asiento o en el portaequipajes de los trenes, por no estar encintados ni llevar envoltura plástica, en caso de juntarse los cables y surgir el flujo eléctrico del teléfono móvil, de la batería del teléfono, se hubiese producido un cortocircuito, sin que la energía llegase al detonador. Fue este TEDAX quien explicó que en la mochila de Vallecas intervinieron dos manos: la mano experta que ideó y fabricó el dispositivo, y la mano cutre, chapucera e inexperta, del miembro de la banda del Chino que unió los cables y no los encintó: "Desde mi punto de vista no cuadra la concepción del teléfono móvil, porque, aunque es sencilla, es muy ingeniosa, y no cuadra con el empalmado de los cables. Es decir, da la sensación de que alguien…, alguien elaboró el teléfono móvil, porque está muy confeccionado y simple, pero tuvo que probarse previamente para ver si efectivamente daba tensión suficiente para «energetizar» (sic) el detonador, y eso no cuadra con la pequeña chapuza entre comillas de no encintar los cables, ¿no? Porque no es lógico. Pero eso es la investigación quien lo tiene que determinar. Desde mi punto de vista como técnico me da la impresión de que ahí hubo otras manos. Alguien hizo los teléfonos y alguien recibió las instrucciones de simplemente empalmar, y olvidaron un detalle fundamental que es encintar, claro".

La descripción del artefacto de Mocejón encaja en el modus operandi de la segunda mano chapucera que intervino en la mochila de Vallecas: la de la banda del Chino. Nadie más intervino en el intento fallido de atentado contra el AVE. Los inexpertos hombres del Chino solo fueron capaces de colocar un pegote de Goma 2 en una bolsa del Lidl y unirla al iniciador con un cable de más de un kilómetro sin encintar siquiera. El cable de más de un kilómetro cantaba tanto que, como no podía ser de otro modo, fue detectado y desactivado por la Guardia Civil mucho antes de que pudiese explosionar.

PERO... ¿QUÉ EXPLOSIVO FUE EMPLEADO? 

La recogida de las pruebas (y su desaparición)

Manda el protocolo que, cuando se produce un atentado terrorista con explosivos, los TEDAX sean los encargados de buscar y recoger en el escenario del crimen las "piezas de convicción", es decir, las distintas pruebas halladas en el lugar de los hechos que permitirán investigar el primer peldaño de toda investigación: el arma del crimen, que en estos casos es el tipo de explosivo. Para ello, recogen aquellos restos de la explosión que, una vez analizados, permitirán determinar los componentes del explosivo utilizado: tierras del cráter originado por la explosión, restos de chapa, telas y otros objetos que, por efecto de la explosión, han quedado impregnados. Los TEDAX también frotan algodones impregnados con agua y con acetona para obtener muestras de aquellas superficies que han estado en contacto con el explosivo. Estas pruebas son etiquetadas, clasificadas e introducidas cada una en su bolsita transparente. Desde el momento en que se recogen (por su condición de piezas de convicción) deben quedar a disposición de la autoridad judicial, de modo que sólo el juez puede autorizar su destrucción. 

El 11 de marzo de 2004, a los pocos minutos de estallar las bombas en los trenes, el inspector jefe Cáceres Vadillo, en su condición de jefe del grupo TEDAX de la Brigada Provincial de Madrid, se puso al mando de la operación de recogida de muestras y repartió a sus agentes entre los cuatro escenarios del atentado (Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia). El propio Cáceres Vadillo estuvo recogiendo muestras personalmente en Atocha junto con muchos de sus hombres. 

Todos ellos declararon después que recogieron los algodones con agua y con acetona de cada uno de los focos de explosión: dos por foco en Atocha y uno por foco en los demás escenarios; es decir, 16 algodones con agua y otros 16 con acetona. También recogieron una bolsa con tierra y piedras del cráter por cada foco (12 bolsas de tierra del cráter). Además, recogieron, entre otras piezas de convicción, diversos trozos de chapa, un jersey, componentes electrónicos, trozos metálicos, varios clavos y, por último, polvo de extintor de un foco de El Pozo. Sólo de la estación de Atocha, los TEDAX recogieron unas 80 piezas de convicción, cada una en su correspondiente bolsa de plástico transparente debidamente etiquetada.

Lo que marca el protocolo es que, una vez recogidas, etiquetadas e introducidas en sus respectivas bolsas de prueba, las piezas de convicción han de ser trasladadas primero a la sede del grupo provincial competente (en este caso, el de la Brigada Provincial de Madrid) donde se hace una relación de las muestras recogidas, se fotografían y se realiza el correspondiente acta. Finalmente, el propio grupo traslada las pruebas a las instalaciones de la Unidad Central, que es el depósito judicial de estas piezas de convicción.

En el 11-M se actuó de otra manera.

A mitad de la mañana, irrumpió en la estación de Atocha el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, por entonces jefe de la Unidad Central TEDAX, quien se atribuyó el mando de la operación y colocó en cada escenario del atentado un superior de su unidad que tuviera mayor rango que los TEDAX desplazados del grupo de Madrid. De este modo, por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista, la Unidad Central (que no tiene funciones operativas, solo de apoyo a los grupos provinciales) asumió el mando de una incidencia relegando al grupo provincial competente. Es así como Manzano, que carecía por completo de experiencia en la recogida de restos de explosivos (ni siquiera había hecho el curso de especialidad) se hizo con el mando de la operación en detrimento del inspector jefe Cáceres Vadillo, que posiblemente fuese el TEDAX con más experiencia en la investigación de atentados terroristas.  

Lo primero que ordenó Manzano fue que los TEDAX de Madrid entregasen a los de la Unidad Central las muestras recogidas hasta entonces, impidiéndoles incluso terminar de etiquetarlas y clasificarlas. Cáceres Vadillo se indignó al ver que Manzano estaba mezclando todas las muestras recogidas, sin ni siquiera clasificarlas previamente según el foco de recogida, y le advirtió de que al hacerlo así se rompería la cadena de custodia. Pero Manzano zanjó el asunto gritando "¡aquí mando yo!", hizo caso omiso y terminó mezclando todas las evidencias.

Según aseguraron los testigos, las pruebas recogidas en Atocha, mezcladas, sin inventario y sin clasificar, se las llevó el inspector Rogelio Campos, cuya actuación aquel día sigue siendo un misterio: tres testigos presenciales distintos declararon haberle visto acompañando y asesorando a Manzano en Atocha durante toda la mañana, y llevándose las muestras recogidas en un Nissan Patrol a primera hora de la tarde; en cambio, Campos negó al juez bajo juramento haber pisado Atocha aquella mañana y haberse llevado las muestras. Después del 11-M, Rogelio Campos fue premiado con un cargo directivo en Repsol.

Algo parecido ocurrió en los otros tres escenarios del atentado, donde los mandos enviados por Manzano también arrebataron las muestras a los TEDAX de la BPI de Madrid y se las llevaron sin etiquetar ni inventariar en sus vehículos. El inspector Miró se llevó las muestras de la calle de Téllez y el inspector Larios, las de Santa Eugenia. La investigación judicial nunca pudo averiguar quién se llevó las piezas de convicción recogidas en El Pozo.

Las Normas Provisionales de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos, vigentes en el momento de los hechos, establecen que es competencia de la Unidad Central TEDAX la custodia y depósito de los restos de las explosiones a disposición de la autoridad judicial. No es necesario recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe destruir piezas de convicción sin la previa autorización del juez. Por tanto, era responsabilidad de Manzano, como jefe de la Unidad Central, custodiar todas las piezas de convicción recogidas por los TEDAX en los distintos focos de los atentados para entregárselas al juez cuando éste las reclamase.

En enero de 2007, días antes de la celebración del juicio, a petición de algunas partes (entre ellas la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M) tomó la decisión de practicar, como prueba anticipada, un análisis científico de las piezas de convicción recogidas en los focos de explosión. Para ello, reclamó a la Unidad Central todas las muestras recogidas por los TEDAX en el 11-M. Como respuesta, la Unidad Central, remitió 23 muestras, concretamente clavos que, además, habían sido lavados con agua y acetona, por lo que difícilmente iban a ofrecer resultados concluyentes. Aquel día se descubrió que de todo el material recogido en el 11-M, la Policía solo conservaba 23 muestras de 12 focos: menos de dos muestras por foco.

Si se comparan las muestras que los TEDAX aseguran haber recogido con las que Manzano entregó al tribunal del 11-M, se comprueba que desaparecieron los 18 algodones con agua, los 18 algodones con acetona, así como las 12 muestras de tierras de los cráteres. Estas muestras (los algodones y las tierras de los cráteres) son, según aseguraron los técnicos ante el juez, las más valiosas para la investigación, o lo que es lo mismo, las más aptas para obtener resultados positivos en un análisis químico. Eran 42 bolsas de valiosísimas pruebas, etiquetadas y clasificadas, que desaparecieron sin que lo autorizase ningún juez. También desaparecieron el jersey recogido en Atocha, diversos cables y componentes electrónicos, algunos trozos metálicos y una papelera. De uno de los focos de la calle de Téllez habían desaparecido la totalidad de las muestras recogidas.

Los artículos 334 al 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que las piezas de convicción (llamamos así a los objetos, huellas y vestigios que puedan servir de prueba de la culpabilidad de alguna persona en relación con el delito perpetrado), al ser una clase de cuerpo de delito, deben recogerse y conservarse de forma que garantice su integridad a disposición de la autoridad judicial, siendo el juez el único que (previa audiencia al fiscal) puede autorizar su destrucción. Por su parte, el artículo 451 del Código Penal considera delito de encubrimiento la ocultación o destrucción de piezas de convicción sin autorización judicial. El Tribunal Supremo (por ejemplo, en la sentencia 543/1997) ha considerado que la ocultación de piezas de convicción por funcionarios de Policía es también un delito de omisión de perseguir de delitos del artículo 408 del Código Penal.

Detalles de lo que ocurrió después

La investigación del tipo de explosivo que asesinó a 193 personas en los trenes fue uno de los temas más polémicos (y más interesantes) de la investigación de los atentados. Las continuas trabas y las graves manipulaciones detectadas son señal de que hubo alguien muy interesado en que no se supiera qué tipo de explosivo utilizaron los terroristas para volar los trenes. 

En el análisis de las pruebas participaron dos laboratorios policiales distintos en dos momentos distintos de todo el proceso: el laboratorio de la Unidad Central de los TEDAX, en un momento inicial, y el laboratorio de la Policía Científica, posteriormente, durante el juicio. 

El primero era un laboratorio con pocos medios materiales y humanos, sin homologar y sin certificado de laboratorio oficial. Sus informes periciales carecían de validez como prueba en un juicio. Los TEDAX lo empleaban no para realizar informes científicos, sino para realizar análisis de urgencia que les permitiesen hacerse con una idea aproximada, en tiempo real, del tipo de explosivo al que se estaban enfrentando en el momento de desactivar un explosivo o inspeccionar una zona en la que pudiese haber bombas. 

En cambio, el laboratorio de la Policía Científica era uno de los mejores de Europa: un laboratorio homologado, con los mejores medios humanos y materiales, capaz de utilizar las técnicas analíticas más modernas y eficaces, elaborar informes periciales con pleno valor científico y probatorio, y con un gran número de peritos especializados. 

Los TEDAX siempre buscan rapidez. La Policía Científica, rigor. 

Como hemos indicado más arriba, la investigación sobre el tipo de explosivo empleado por el Chino y su banda comenzó en la misma mañana del 11 de marzo, cuando los TEDAX desplegados en cada uno de los trenes siniestrados comenzaron a recoger posibles restos de explosivo. Los TEDAX estuvieron recogiendo muestras durante varios días:  tierra del cráter de cada explosión, muestras de componentes electrónicos, muestras de tornillos y de cables, trozos de ropa de los cadáveres más próximos a los focos de explosión, incluso planchas enteras del tren que habían quedado impregnadas con el explosivo. También algodones con acetona para recoger restos de explosivos de las distintas partes del vagón. Incluso se recogieron restos del polvo de extintor con el que se había sofocado el pequeño incendio que produjo la tercera mochila bomba del tren del Pozo. 

Como marca el protocolo, las primeras muestras recogidas en cada foco fueron analizadas esa misma mañana por el laboratorio TEDAX. No se elaboró ningún informe escrito, sino que se transmitió verbalmente el resultado siguiendo la cadena de mando, que pasó por varios jefes de policía hasta la cúpula del Ministerio de Interior. Según esos primeros análisis de los TEDAX, el explosivo utilizado era Titadyn con cordón detonante, la marca de dinamita que habitualmente venía utilizando ETA en sus atentados. El laboratorio TEDAX no conservó el agua y acetona con que fueron lavadas las muestras al analizarlas. Ese lavado hace que algunos componentes (por ejemplo, la nitroglicerina, componente distintivo del Titadyn) desaparezcan de las muestras, de modo que, para cualquier futuro contraanálisis, era imprescindible la conservación del agua y acetona empleados. Pero desaparecieron. Además, el laboratorio TEDAX no envió los vestigios a la Policía Científica. Los TEDAX remitieron a la Policía Científica los restos de la mochila de Vallecas y de la Renault Kangoo, es decir, los restos que aparecieron fuera de los trenes, los que no explosionaron, pero se olvidaron remitir las muestras de los focos de explosión de los trenes a la Policía Científica en el peor atentado que había sufrido Europa hasta la fecha. 

El primer informe escrito por TEDAX estaba fechado el 12 de marzo y se limitó a poner de manifiesto que se encontraron componentes de dinamita, sin decir el nombre de esos componentes, algo que es muy importante porque cada dinamita tiene una composición química diferente. Sobre esta polémica intervención de los TEDAX, el jefe de la unidad, Sánchez Manzano, declaró ante el Congreso que en los restos de la explosión se encontró nitroglicerina, componente de todas las dinamitas. Esta afirmación era falsa. En 2004, la única marca de dinamita que incluía la nitroglicerina en su composición era el Titadyn de ETA. La dinamita Goma 2 ECO que Trashorras había vendido al Chino no contenía nitroglicerina. 

Si darse cuenta, con esta declaración el propio Manzano echaba por tierra toda la versión oficial del atentado. 

Dos años más tarde, en 2006, ya en sede judicial, el jefe de los TEDAX se disculpó alegando que no quiso decir nitroglicerina sino dinamita. 

La tercera vez que declaró el jefe de los TEDAX fue durante el juicio oral del 11-M, ante el Tribunal Supremo, donde aseguró tajantemente que a la Policía Científica solo se enviaban muestras no explosionadas (algo que también declaró la perito del laboratorio), cosa que se demostró también como absolutamente falsa. 

TEDAX tenía obligación de remitir los restos de las explosiones, pero en el 11-M no lo hizo. Tan deficiente actuación se mantuvo oculta salvo para el juez y la fiscalía durante casi dos años, a quienes pareció perfectas todas las irregularidades cometidas por TEDEX. Cuando se levantó el secreto, los abogados de las víctimas comenzaron a reclamar la apertura de diligencias sobre este asunto, todas siempre desestimadas por el juez instructor. Fue en ese contexto cuando la fiscal exclamó aquello de “¡En los trenes estalló Goma 2 ECO, y ya vale!”. 

Posteriormente, el Tribunal del 11-M desautorizó al juez instructor y a la Fiscalía, acordando que se realizase una macropericia con los vestigios recogidos en los focos de las explosiones por parte de la Policía Científica. Todas las pruebas se realizaron en presencia de un secretario judicial y se grabaron en vídeo. 

Ya hemos visto que, pese a la cantidad ingente de material recogida por los TEDAX, lo único que Manzano entregó a los peritos fueron veintitrés vestigios y algunas muestras de explosivo intacto. Por ejemplo, del tercer foco de la calle Téllez solo se entregó un clavo oxidado. Recrodemos que, dos días después de los atentados, el juez de instrucción autorizó el desguace de los trenes (es decir, la eliminación del escenario del crimen, cosa inaudita), decisión a la que no se opuso la Fiscalía. Con ello no solo se desguazaron los trenes: también desaparecieron los vestigios. 

Los ocho peritos designados para la macropericia hicieron constar que todos los focos habían sido previamente tratados con agua y acetona. Pero si esto parece irregular, lo que sucedió en la macropericia superó con creces lo imposible. 

Con el juicio a punto de comenzar, los peritos se encerraron en el laboratorio y se pusieron manos a la obra. El 6 de febrero de 2007, dos peritos (uno de la Guardia Civil y otro independiente) analizaron la muestra procedente de uno de los focos de explosión del tren del Pozo y encontraron restos de un componente explosivo ajeno a la Goma 2 ECO: el DNT. A continuación, los peritos encontraron ese mismo componente en todos y cada uno de los focos de explosión de los cuatro trenes siniestrados. La conclusión era tan clara como novedosa: el explosivo utilizado por los terroristas para atentar contra los trenes del era un explosivo que contenía en su composición DNT. O lo que es lo mismo, lo que había explotado en los trenes no era Goma 2 ECO. 

Uno de los ocho peritos no aceptó el resultado y ordenó repetir el análisis. Este contraanálisis confirmó que había DNT en todos los vestigios de los focos. 

Resulta que el DNT es incompatible con la Goma 2 ECO, pero es compatible con el Titadyn habitualmente utilizado por ETA. 

Justo al día siguiente de la aparición del DNT, un apagón eléctrico en el laboratorio de la Policía Científica impidió a la cámara de vídeo grabar durante varias horas. Arreglado el apagón, la cámara volvió a grabar y los peritos reanudaron sus trabajos. Al analizar, una por una, las muestras de explosivo intacto, es decir, las muestras encontradas fuera de los trenes (mochila de Vallecas, Kangoo, etc.) descubrieron que todas ellas contenían, de repente, DNT. ¡Incluso una muestra de cocaína encontrada en el desescombro del piso de Leganés contenía también DNT! 

Ese apagón tan conveniente fue lo que hizo posible el nacimiento de las teorías de la contaminación, defendidas hasta la saciedad por la fiscalía. 

Resultó que la muestra consistente en polvo de extintor del tren del Pozo no había sido analizada ni lavada previamente. Seguramente los TEDAX no le dieron relevancia pese a que el polvo de extintor es altamente absorbente. Cuando esta muestra fue analizada, junto con los componentes propios del polvo de extintor aparecieron, uno por uno, todos los componentes del Titadyn, incluidos el DNT y, sobre todo, la nitroglicerina. 

Recordemos que la Goma 2 ECO (versión oficial) no contiene nitroglicerina. 

El mismo perito policial que la vez anterior exigió repetir los análisis (momento apagón, mediante) decidió que se debía dejar pasar un tiempo prudencial y practicar después un contraanálisis. estos contraanálisis (en plural, porque al perito no le bastó uno y hubo que realizar ocho, con dos cromatógrafos distintos) dieron el mismo resultado: el polvo de extintor contenía todos y cada uno de los componentes de la dinamita Titadyn que habitualmente venía empleado la banda terrorista ETA, incluidos el DNT y la nitroglicerina. 

Pasadas las vacaciones de Semana Santa de aquel año, después de los contraanálisis, al realizar por tercera vez los análisis, se halló nitroglicerina por todas partes y la Fiscalía pudo volver a defender las teorías de la contaminación.

Sí fue Titadyn, y vale

• Al producirse el atentado, los miembros de las Fuerzas de Seguridad, cumpliendo con su obligación, recogieron toneladas de restos en los trenes atacados. Hoy en día sabemos que se retiraron al menos unas 90 toneladas antes de que los vagones fueran enviados al desguace.

• Sin embargo, se incumplió el protocolo y esas muestras jamás se llegaron a enviar a la Policía Científica para que procediera a su análisis.

• Aunque debieron ser conservados hasta la celebración del juicio, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los vagones atacados comenzaron a ser desguazados tan sólo 48 horas después de la masacre.

• Las 90 toneladas de restos recogidas en los vagones atacados desaparecieron como por arte de magia, sin que sepamos qué fue de ellas.

• Centenares de objetos de las víctimas (incluyendo ropa, documentación, calzado) fueron quemados en el vertedero de Valdemingómez.

• Decenas de restos electrónicos recogidos en los trenes fueron reducidos a polvo en una trituradora industrial de las afueras de Madrid.

• Los informes detallados de los análisis realizados a las muestras recogidas en los trenes jamás fueron adjuntados al sumario del 11-M.

• En lugar de ello, a la opinión pública se le dijo que el explosivo utilizado era Goma 2-ECO, sobre la base de dos pruebas aparecidas fuera de los trenes: un resto de explosivo supuestamente encontrado dentro de una furgoneta Kangoo en Alcalá de Henares y una supuesta bomba, no explosionada, que apareció en una comisaría de policía de Vallecas.

• Meses después, en la Comisión de Investigación del 11-M, el entonces jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, afirmó que se había encontrado nitroglicerina en los focos de explosión, lo que echaba por tierra la hipótesis de se había empleado Goma 2-ECO, porque este explosivo no contiene nitroglicerina. Cuando fue señalada esa contradicción, el jefe de los Tedax achacó sus palabras a un error.

• Después de dos años de instrucción, no se llegó a incluir en el sumario un informe en el que se detallara qué componentes de explosivo se habían encontrado en cada uno de los focos. Cuando se preguntó en el juicio a la jefa del laboratorio de los Tedax por qué no había indicado qué componentes se habían encontrado, contestó que porque "nadie" le había preguntado.

• Ante la falta de pruebas sobre el explosivo utilizado en los trenes, el tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez ordenó realizar una prueba pericial.

• Para evitar posibles manipulaciones, el tribunal ordenó grabar la prueba en vídeo.

• A pesar de que en su día se recogieron toneladas de muestras, a los peritos se les entregó un minúsculo conjunto de ellas, la mayoría de las cuales habían sido lavadas previamente con agua y acetona. No tenían la menor garantía de que las muestras no hubieran sido previamente manipuladas, y ningún soporte documental que acreditara que, efectivamente, procedían de los trenes. De alguno de los focos no recibieron prueba alguna.

• A pesar de todo, en la prueba pericial aparecieron componentes (nitroglicerina, dinitrotolueno) que no forman parte de la Goma 2-ECO que la versión oficial (y la Fiscalía) sostenía se había utilizado.

• Cuando apareció por primera vez uno de los componentes que no forman parte de la Goma 2-ECO, la grabación en vídeo de la prueba se interrumpió, debido a un corte en el fluido eléctrico.

• Posteriormente se repitieron los análisis y empezaron a aparecer en multitud de muestras todo tipo de componentes que antes no habían aparecido.

El tribunal del 11-M no tomó las medidas necesarias para que se pusiera a disposición del juez instructor la totalidad de las pruebas recogidas en los escenarios del crimen. El tribunal presidido por Gómez Bermúdez dio por bueno que en los trenes se había utilizado Goma 2-ECO, sin pedir que se aclarara el destino de las muestras recogidas en los trenes, sin pedir que se repitieran unos análisis que habían resultado un completo fiasco, sin pedir explicaciones a quienes durante dos años de instrucción sumarial habían ocultado los componentes aparecidos en los focos de explosión, sin explicar de modo plausible cómo era posible que aparecieran componentes que no forman parte de la Goma 2-ECO y sin pedir responsabilidades por los misteriosos cortes de luz que habían hecho imposible garantizar que no se habían producido manipulaciones durante la prueba pericial.

La única muestra que no fue lavada resultó ser polvo de extintor recogido en uno de los focos de explosión. Es la única muestra de las bombas que sí estallaron, de dentro de los trenes. Y fue precisamente al analizarla cuando aparecieron componentes (nitroglicerina, dinitrotolueno) que no forman parte de la Goma 2-ECO y sí del Titadyn, otra clase de dinamita. Fue tras la aparición del Titadyn cuando se produjo el episodio del apagón en las dependencias de la Policía Científica, cuando las cámaras de vídeo que el juez Gómez Bermúdez había ordenado instalar dejaron de grabar. Y fue tras ese apagón cuando empezaron a aparecer componentes tanto de Goma 2-ECO como de Titadyn en muchas otras muestras entregadas a los peritos, incluidas algunas que no eran de explosivo (cocaína) y otras que ya se habían analizado y en las que no había aparecido previamente nada de nada. La Fiscalía tuvo que recurrir al malabarismo de la contaminación de las muestras. 

Durante el juicio se llegaron a barajar tres teorías de cómo o dónde se podían haber contaminado las muestras: en la fábrica, en la mina y durante el almacenamiento en las dependencias policiales. Todas esas teorías fueron desmontadas, una a una, por los peritos independientes, dejando expedita la única interpretación válida: la aparición de todos los componentes extraños después del apagón fue deliberada. 

La única muestra en la que aparecieron componentes de explosivo sin ninguna manipulación previa fue la del polvo del extintor de uno de los trenes. Fue la única que no fue lavada ni manipulada previamente De su análisis se deduce que en los trenes del 11-M no estalló Goma 2-ECO, sino Titadyn, porque son sus componentes los que aparecen en la única muestra no manipulada. 

Pero, además, la coincidencia de las dos muestras enviadas por los TEDAX a la Policía Científica en la tarde del 11-M desde la unidad entonces dirigida por Sánchez Manzano (un resto de cartucho encontrado en la Kangoo que había aparecido en Alcalá de Henares y una muestra-patrón de explosivo Goma 2-ECO) indica que ambas muestras procedían del mismo cartucho:

• El supuesto resto de la Kangoo estaba contaminado por la misma sustancia (metenamina) que la muestra-patrón. En la Goma 2-ECO del resto de escenarios (mochila de Vallecas, piso de Leganés) esa contaminación no aparecía.

• El análisis granulométrico de las muestras indica una coincidencia casi perfecta entre el resto de Goma2-ECO supuestamente encontrado en la furgoneta y la muestra-patrón enviada desde la unidad de Tedax, lo que sólo se explica si ambos restos de explosivo proviniesen del mismo lote de fabricación.

Esta evidencia apunta a que el resto de Goma 2-ECO supuestamente encontrado en la Kangoo no procedía de los trenes, sino que fue colocado por quienes seleccionaron un trozo de Goma 2-ECO para enviárselo a la Policía Científica. No procedía de las bombas del 11-M, fue colocado por alguien interesado en orientar las investigaciones hacia la Goma 2-ECO.

Por ese motivo dos perros distintos no olieron restos de explosivos en la Kangoo en la mañana del 11-M: no había ningún resto de explosivo. Por ese motivo no se quisieron enviar a la Policía Científica las muestras recogidas en los trenes: porque los análisis habrían puesto de manifiesto que lo que estalló en los trenes nada tenía que ver con el resto de cartucho supuestamente encontrado en la Kangoo. Por ese motivo, durante dos años, nadie quiso especificar los componentes que se habían encontrado en los análisis realizados por los TEDAX a las muestras de los trenes: porque aparecían componentes que no entran en la composición de la Goma 2-ECO.

LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Mentiras y verdades

La segunda parte del plan era contaminar a la opinión pública. Pese a que algunos lo habrán olvidado, y sigan pensando que el 11-M buscaba vengar la presencia de tropas españolas en Irak, tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo omitieron cualquier alusión a la guerra de Irak como detonante del 11-M. 

Desde el mismo momento en que se produjeron las explosiones, los medios de comunicación centraron su actividad informativa en los atentados. A las ocho y siete minutos de la mañana, media hora después de los atentados, Iñaki Gabilondo, en la Cadena SER, era el primero en culpar a ETA de los atentados. El Gobierno estableció en Madrid el llamado Nivel 3 de alerta, y todos los servicios quedaron bajo las órdenes de la Policía Nacional. 

Los principales líderes políticos se sumaron unánimemente a la condena de los atentados culpando a ETA. El primer Gobierno con competencias en lucha antiterrorista que atribuyó a ETA la autoría de la masacre fue el gobierno vasco. 

En aquel momento los mandos policiales carecían de datos que permitiesen atribuir a nadie la autoría de los atentados: los primeros vestigios de los focos de explosión se estaban analizando en el laboratorio del TEDAX y aunque había sido localizada la Renault Kangoo, nada se sabía de su contenido. Alguien recordó que, un año antes, ETA había intentado colocar el mismo número de mochilas-bomba en la estación de esquí de Baqueira-Beret, y que solo dos semanas antes del 11-M, habían sido detenidos los etarras Gorka Vidal e Irkus Badillo en la caravana de la muerte de Cañaveras con una cantidad de explosivos (536 kilos), lo que evidenciaba la voluntad de ETA de cometer un atentado de gran magnitud en Madrid durante la campaña electoral. Los mandos policiales sabían, además, que a los etarras de Cañaveras se les había intervenido un plano de carreteras en el que estaba marcado con rotulador el Corredor del Henares (la ruta de los cuatro trenes atacados) y sobre el que los etarras habían escrito un «11» y la primera letra (la O) de la palabra jueves en euskera. 

Poco después se confirmaba que el explosivo era Titadyn con cordón detonante. El ministro de Interior, Acebes, transmitió esa información al presidente Aznar. La única persona que había descartado la autoría etarra fue Arnaldo Otegui. Acebes no mintió a los españoles: sus manifestaciones, y la atribución a ETA de la autoría, se correspondía con la información que había transmitido la Policía y el CNI. 

Durante toda la mañana del 11 de marzo, como parte de la investigación, el CNI había grabado conversaciones telefónicas de dirigentes de Herri Batasuna en las que los propios mandatarios abertzales daban credibilidad a la autoría etarra. Arnaldo Otegui fue grabado dando estas instrucciones a otro dirigente batasuno: “Hay que ganar tiempo y apuntar a los islamistas”. 

Minutos después de que el CNI entregase su informe al gobierno y a Rodríguez Zapatero, candidato socialista (quien tuvo información policial en todo momento), la Policía Científica practicó la inspección ocular de la Renault Kangoo, en la que aparecieron los famosos restos de dinamita envueltos en papel parafinado, los siete detonadores y una casete con grafías árabes que contenía la tercera sura del Corán. Pero hasta las seis y media de la tarde la policía no se informó a ningún miembro del Gobierno ni del hallazgo de la Kangoo, ni de su contenido. 

Los detonadores y el explosivo de la Kangoo no suponían ningún indicio sobre la autoría de los hechos, pero la cinta coránica sí. Pese a que los mandos policiales y el CNI aseguraban a Acebes que la cinta carecía de trascendencia y que el principal sospechoso era la banda asesina ETA, el ministro ordenó a los mandos policiales que abrieran una segunda vía de investigación para averiguar si se estaba ante un atentado islamista, y convocar una rueda de prensa para informar a la opinión pública de la aparición de la cinta coránica. Mientras tanto, Aznar llamaba por teléfono a Zapatero y le informaba de la aparición de la cinta coránica y de la apertura de la nueva línea de investigación. 

A las siete en punto de la tarde, en el laboratorio de la Policía Científica, un perito terminaba de analizar el explosivo de la Renault Kangoo y firmaba un informe que establecía que el explosivo de la furgoneta era Goma 2 ECO contaminada por metenamina. Se lo comunicó a sus jefes y se dispuso a tramitar el informe. Pero las órdenes del comisario general Corrales fueron retener el informe. Acebes informó a la ciudadanía de la aparición de la Kangoo y la cinta coránica, pero omitió que el explosivo de la Kangoo era Goma 2 ECO porque el perito había retenido dicho informe. Minutos después de la conferencia de prensa, el comisario Corrales se dirigió al perito para que lo entregase . 

Esta maniobra del comisario fue lo que necesitó la SER y el PSOE para acusar a Acebes de mentir y ocultar a la sociedad el resultado de los análisis de la Kangoo. Según la versión del perito, un comisario desleal habría evitado que ese dato llegase a tiempo a manos del ministro. 

A las nueve y media de la noche, la agencia Reuters difundió la noticia de que el periódico Al Quds al-Arabi había recibido un correo electrónico desde El Cairo, enviado supuestamente por una organización islamista autodenominada Brigadas de Abu Hafs al Masri, reivindicando el atentado. Ese grupo, en realidad, ni siquiera existe. Es alguien que se dedica a reivindicar cualquier atentado que se produce. Meses atrás habían reivindicado el apagón sufrido por Estados Unidos y Canadá en 2003, debido en realidad a un fallo técnico.

Acoso y derribo

La noche del 11 al 12 de marzo fue el comienzo de la más lamentable campaña de acoso y derribo que haya habido contra gobierno democrático alguno: sin escrúpulos, repleta de mentiras y vulneraciones de la Ley Electoral. 

En ella la Cadena SER desempeñó un papel fundamental. Desde sus micrófonos, a las diez de la noche informa de que en uno de los trenes había aparecido el cadáver de un terrorista suicida, con tres capas de ropa interior y muy afeitado, práctica habitual entre los islamistas antes de inmolarse. Durante el juicio quedó acreditado que la noticia difundida por la SER era completamente falsa. A esa misma hora, Rodríguez Zapatero estaba llamando por teléfono a los directores de los principales medios de comunicación para convencerles de que “su gente en la policía” (ojo a la cita) le había confirmado la existencia de los terroristas suicidas. 

Ni Gabilondo ni Zapatero han explicado jamás de dónde surgió esa noticia falsa. 

Tras el programa nocturno deportivo, la SER informó de la presencia de suicidas en los trenes, de que en una furgoneta se ha hallado un explosivo que no es Titadyne, y que en una de las mochilas que no había explotado había aparecido un teléfono móvil. Se aportó, además, otro dato falso: el Gobierno habría pedido la colaboración de forenses israelíes expertos en atentados suicidas. La SER también se había inventado esto último. 

Solo faltaba la campaña del “pásalo” para convencer a la gente de que unos terroristas suicidas se habían inmolado por culpa del empeño de Aznar en llevar a España a la guerra de Irak. 

El mensaje de la SER significaba que el Gobierno mentía al negar la existencia de terroristas suicidas y al ocultar que el explosivo de la Kangoo no era el Titadyn que acostumbraba a utilizar ETA. Lo que no sabían los ciudadanos era que quien les estaba mintiendo era la Cadena SER. 

Al mediodía del 12 de marzo, Zapatero, que estaba informado de todos los avances de la investigación del Gobierno, y a sabiendas de que él y Gabilondo eran los únicos que estaban difundiendo una noticia falsa (la de los terroristas suicidas), continuó haciendo campaña electoral con los atentados: la estrategia era difundir a los cuatro vientos el cuento del terrorista suicida y  acusar al Gobierno de mentir por ocultarlo. 

A esas horas las únicas pruebas de una posible implicación islamista en los atentados eran la una cinta coránica a la que el CNI no daba relevancia, una reivindicación de unas brigadas que se dedicaban a reivindicar cualquier cosa que ocurriese en occidente, y una noticia falsa sobre un terrorista suicida difundida por la Cadena SER cuya falsedad conocía el Gobierno. 

A las seis y media de la tarde del 12 de marzo, un comunicante anónimo, que dijo ser portavoz de la banda terrorista ETA, llama a ETB y al diario Gara y afirma que ETA no tiene ninguna relación con los atentados del 11-M. La cúpula policial y el CNI no dieron credibilidad a ese comunicado. 

A las siete de la tarde, toda España salió a la calle a celebrar manifestaciones de repulsa. Pero la manipulación de la SER y el PSOE ya había hecho mella. 

Tras las manifestaciones, la SER volvió a la carga, acusando al Gobierno de no haber traducido la cinta coránica porque seguramente contenía una reivindicación. Pero la cinta coránica había sido traducida la misma tarde del día 11 de marzo por el intérprete de la Comisaría General de Información, dando como resultado que en ella no existía reivindicación ninguna, sino solo la tercera sura del Corán.

EL NÚCLEO ISLAMISTA

En este relato, aunque no lo parezca, por lo espectaculares que resultan las andanzas de El Chino y de los asturianos, ha de darse protagonismo al denominado "núcleo duro", que se sirvió de El Tunecino para sus fines, por ser el enlace con la banda del Chino. 

Podríamos pensar que este núcleo, yihadista, fue el auténtico autor intelectual de los atentados. De hecho, cuando se habla de los teléfonos móviles del 11-M, es a este núcleo duro adonde llevan los hilos; cuando se habla de la casa de Morata, es en el núcleo duro donde terminan las conexiones; cuando se describe el transporte de los explosivos, es del núcleo duro de donde parten las órdenes; la conexión asturiana se cierra en el núcleo duro; incluso las sospechas que conducen tanto a ETA como a Al Qaeda, terminan en el núcleo duro. 

Sin embargo, siempre este núcleo se ha mantenido en segundo plano...

El esquema arriba presentado señala con un óvalo a quienes integraban el núcleo duro, y con recuadros rectangulares a todos los demás (ETA, Al Qaeda, El Chino...). Las flechas solo conectan unos a otros, no establecen jerarquías. 

En este artículo han aparecido anteriormente la dueña de la casa de Morata y los dos intermediarios sirios que participaron en el alquiler sucesivo de esa casa a dos presuntos terroristas. 

Los dueños de la finca tuvieron como abogada defensora, antes y después del 11-M, a Yamila Pardo, sobrina de Joaquín Almunia, convertida al Islam. Son los puntos más evidentes de conexión del 11-M con las estructuras de Al Qaeda. Sin embargo, la Policía se dedicó por entero no a tirar de este hilo (¿no estaban tan seguros del origen yihadista del 11-M?) sino a detener a decenas de personajes irrelevantes, todos de origen magrebí, de los cuales no llegaron a sentarse en el banquillo ni la cuarta parte al no encontrarse indicios de conexión con el 11-M.  

Cuando la caravana de la muerte, dijimos que El Chino había llamado a otro sirio, Abdul Khalek (Al Jondi), que fue quien comercializó varias de las tarjetas telefónicas implicadas en los atentados. La Policía tampoco quiso tirar de ese hilo de investigación, a pesar de que la existencia de llamadas cruzadas entre Al Jondi y alguno de los suicidas de Leganés. Pero no sólo eso: hemos visto que la UCIE llegó al punto de mentir al juez Del Olmo achacando a Jamal Zougham la comercialización de las tarjetas telefónicas que fueron vendidas por Al Jondi.

Uno de los hermanos Almallah compartió piso (en la calle Martín de los Heros) con el batasuno Yusuf Galán, y sabemos por los medios de información que fue en casa de este batasuno converso al Islam donde se encontró el croquis de una mochila bomba muy similar a la que se utilizaría el 11-M. También sabemos que Yusuf Galán eligió precisamente Asturias para montar una asociación cultural islámica, asociación que mantenía vínculos con la regida por el militante socialista Fernando Huarte. Fueron Fernando Huarte y otro militante socialista asturiano, el argelino Rabia Gaya, quienes mantuvieron contacto con determinadas personas vinculadas a la trama del 11-M: están probadas las visitas de Huarte en la cárcel a Abdelkrim Benesmail, el lugarteniente de uno de los muchos cerebros presentados por la Fiscalía (y la Policía) como impulsores del 11-M (Allekema Lamari). Cuando la Policía procedió al registro de la celda de Benesmail, halló en su poder los teléfonos de dos etarras, Henri Parot y Harriet Iragui, teléfonos que, si hemos de creer la versión oficial, estaban allí por mera casualidad. Allekema Lamari solía mandar giros de dinero a la cárcel a su lugarteniente Abdelkrim Benesmail. En ellos Lamari incluyó siempre un mismo mensaje: "¡Aguanta, hermano!". El último giro recibido por Benesmail con ese texto y con la firma A. Lamari tiene fecha posterior a la muerte de Allekema Lamari en Leganés. Pero se desconoce quién envió ese último giro a Benesmail.

La presencia en la trama de Rabia Gaya y de Fernando Huarte, que además de militante socialista es agente del CNI, resultó porque el propio Allekema Lamari estaba controlado por el CNI a través de un agente llamado Safwan Sabagh.

El policía Kalaji

Hemos hablado del policía Maussili Kalaji porque, como así consta en el sumario, los teléfonos móviles usados en los atentados (o al menos, el de la mochila-señuelo de Vallecas) fueron liberados en la tienda de este individuo. Quedó documentada la relación de Kalaji con los hermanos Almallah, con quienes le unía una relativa amistad, reconocida por el propio Kalaji en sus declaraciones a la prensa, hasta el punto de recomendar a Mouhannad Almallah que ingresase en el PSOE. En el piso de la calle Virgen del Coro aparecieron diversos documentos a nombre de Kalaji, incluido un contrato de compraventa relativo a un apartamento en la calle Mirto que Kalaji vendió a uno de los Almallah.

Dejando aparte el hecho de que Kalaji ocultara su condición de miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado tanto en sus declaraciones ante la Policía como en las efectuadas ante el juez, la relación existente entre Kalaji y los Almallah hace dudar que la liberación de los móviles en la tienda de Kalaji fuese mera casualidad. Porque:

• O ese policía participó conscientemente en los preparativos del atentado, en cuyo caso habría que preguntarse por qué no fue detenido.
• O ese policía conoció los preparativos de los atentados sin llegar a participar en la trama, en cuyo caso habría que preguntarse a quién informó.
• O la persona que eligió la tienda de Kalaji para liberar los móviles lo hizo precisamente porque conocía la relación de Kalaji con los Almallah, en cuyo caso habrá que preguntarse quién seleccionó a Kalaji.
• O simplemente no hubo ninguna liberación de móviles en la tienda de Kalaji y este policía solo participó en el montaje que condujo a las primeras detenciones, realizadas en plena jornada de reflexión.

A raíz de las informaciones vertidas sobre el policía Kalaji, la Comisaría General de Información presentó al juez Del Olmo un informe en el que instaba la detención de Kalaji como presunto partícipe en la trama. El juez Del Olmo pidió a la Fiscalía el 23 de mayo de 2005 su opinión sobre esa detención, pero ahí quedó todo. En dicho oficio del 23 de mayo, y dirigido a la Fiscalía, Del Olmo afirmaba que Kalaji era miembro del CNI. 

Los hermanos Almallah

Pese a la fama cobrada por El Tunecino, el nexo de unión entre los distintos componentes del núcleo duro del 11-M fueron los hermanos Almallah. Según informes policiales, sin la base doctrinal, el reclutamiento, adoctrinamiento y dirección de los hermanos Almallah, los atentados del 11-M, posiblemente, no se hubieran producido.

Hemos comprobado por el sumario que en el local de la calle Virgen del Coro se celebraban reuniones de personas vinculadas al entorno radical islámico y a la comunidad siria, en las que se visualizaban vídeos de la Jihad con escenas de combates de milicias musulmanas o de atrocidades cometidas contra musulmanes. Las informaciones del infiltrado Cartagena fueron decisivas para recabar estas informaciones. Era a jóvenes sin recursos, llegados de países del Magreb, a quienes se acogía tanto en ese local como en los domicilios de Mouhannad Almallah y de El Tunecino, ejerciéndose sobre ellos una férrea labor de proselitismo y de captación con el fin de reclutar combatientes para posteriormente enviarlos a Chechenia o Afganistán. Todo lo anterior, como es lógico suponer, era conocido por la Policía.

También hemos visto que los asistentes a dichas reuniones, incluidos los hermanos Almallah, adoptaban numerosas precauciones, además de tener gran cuidado en lo cuanto a conexiones telefónicas se refería. Durante las vigilancias policiales y las investigaciones, pudo detectarse cómo los miembros del comando salían a la calle para llamar desde cabinas telefónicas con el fin de no dejar rastro en las facturas telefónicas, cómo utilizaban los sistemas de desvío de llamadas entre unos teléfonos y otros y cómo empleaban un lenguaje deliberadamente críptico en sus conversaciones.

Según la Policía, Mouhannad Almallah utilizaba como tapadera una supuesta actividad de reparación de electrodomésticos, pero en realidad los dos hermanos se dedicaban a la colecta de las limosnas destinadas a la Jihad, así como a algunas otras actividades ilícitas como el tráfico de coches robados.

Los informes policiales cuentan que, tras su llegada a España, los hermanos Almallah comenzaron a moverse en el entorno de Abu Dahdah, la persona a la que se considera como contacto de Al Qaeda en España. Los hermanos Almallah empezaron a acudir a sus reuniones, ayudaban a captar y enviar muyahidines a los frentes de combate e realizaban labores de reclutamiento en el mencionado local de Virgen del Coro. De los dos hermanos, fue Moutaz quien ejerció el liderazgo ideológico. Tras la detención de Abu Dahdah, por su vinculación con los atentados de Nueva York, Moutaz Almallah se trasladó a vivir a Londres, aunque siguió haciendo frecuentes viajes a Madrid, donde su hermano Mouhannad continuaba dirigiendo las actividades del comando. En torno a él comenzó a formarse el grupo de personas que luego aparecerían implicadas en el 11-M: El Tunecino, Basel Galyoun, Fouad El Morabit o Mohamed El Egipcio.

Las conclusiones de la Policía, elaboradas meses después de los atentados, afirmaron que los hermanos Almallah aportaron la ideología, los contactos y el apoyo logístico en el proceso de radicalización de las personas de su entorno, proceso que culminaría en la masacre de Madrid.

La Policía conocía muy bien a los hermanos Almallah. Tanto ellos como todos sus conocidos estaban sometidos a una estrecha vigilancia que hubiera debido hacer imposibles los atentados. Según la declaración ante la propia Policía del Jefe del Grupo de Terrorismo Internacional de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid, el primer dato sobre las posibles actividades radicales de los hermanos Almallah fue de 17 de enero de 2003, pudiendo constatarse entonces su relación con las tramas periféricas de Al Qaeda a través de Abu Dahdah, y también su relación con el batasuno convertido al Islam, Yusuf Galán. A partir de ahí, y durante todo el año 2003 y principios de 2004, la BPI sometió a estrecha vigilancia tanto a los hermanos Almallah como al círculo de personas relacionadas con ellos.

Como parte de esa vigilancia, se realizaron numerosos seguimientos y se redactó una multitud de notas informativas sobre los miembros de dicho comando, sobre sus reuniones, sobre los pisos donde habitaban, sobre sus vehículos, sobre su forma de vida… En el curso de esas investigaciones se localizaron numerosos inmuebles que luego aparecerían en las investigaciones del 11-M, incluyendo el local de Virgen del Coro, el piso de Mouhannad Almallah en la calle Químicos y el piso de El Tunecino en la calle Francisco Remiro.

• En un informe de 3 de marzo de 2003 se identificó a Serhane Farket (El Tunecino) y a diversas personas que residían en su casa de la calle Francisco Remiro y que luego aparecerían implicados en la trama del 11-M.

• El 14 de marzo de 2003 se estableció un dispositivo de vigilancia en torno a Mouhannad Almallah. 

• En abril de 2003 se hicieron un total de seis seguimientos a los hermanos Almallah y a los visitantes del local de Virgen del Coro. 

• En mayo se realizaron nuevos seguimientos y vigilancias de los pisos de Virgen del Coro y de la calle Químicos, identificándose diversos vehículos y personas.

• El sumario del 11-M recogió cómo durante todo el mes de junio de 2003 se habían estado realizando vigilancias y seguimientos constantes sobre Mouhannad Almallah. 

• En julio de 2003 continuó la vigilancia de los pisos de la calle Químicos (domicilio de Mouhannad Almallah) y de Francisco Remiro (domicilio de El Tunecino), así como del local de Virgen del Coro. Conviene destacar que el día 10 se localizó la inmobiliaria en la que trabajaba El Tunecino (denominada Arconsa), que jugaría posteriormente un papel decisivo en el alquiler de la casa de Morata de Tajuña. En fechas posteriores se investigaría todo el entramado empresarial relacionado con Arconsa, que es propiedad de otros dos hermanos de origen sirio, apellidados Rostom.

• En agosto se realizaron nuevos seguimientos, al igual que en septiembre. Es en este mes cuando se tiene constancia de que en el piso de El Tunecino había estado residiendo Mustafá Maimouni, cuñado de El Tunecino y, en aquel momento, preso en Marruecos por su posible relación con los atentados de Casablanca (Maimouni, recordemos, fue el primer inquilino de la casa de Morata).

• En octubre de 2003 se sucedieron diversos informes de seguimientos, centrados todos ellos en El Tunecino, en los hermanos Almallah y en las empresas relacionadas con Arconsa. Como novedad, se identificaron dos nuevos coches en las proximidades del domicilio de El Tunecino, los que después resultaron estar vinculados a Jamal Ahmidan, El Chino.

• Hubo más seguimientos en prácticamente todo el mes de noviembre, localizándose a nuevas personas que luego aparecerán vinculadas al 11-M, entre ellas otro de los presuntos suicidas de Leganés: Anuar Asrih Rifaat.

• En diciembre se sometió a vigilancia al comando, realizándose indagaciones acerca de Abdelilah El Fadual (lugarteniente de El Chino), cuyo coche había sido detectado en octubre.

El fatídico 17 de febrero de 2004

En enero de 2004, la vigilancia continúa sobre El Tunecino, sobre los hermanos Rostom y los hermanos Almallah, con informes continuados de seguimiento. 

En la primera mitad de febrero, la actividad de seguimiento por parte de la Policía continuó siendo frenética, localizándose en aquellas fechas, en las proximidades de uno de los inmuebles vigilados, un vehículo propiedad de Hicham Ahmidan (primo de El Chino y dedicado también al tráfico de drogas).

De repente, el día 17 de febrero de 2004, todos los seguimientos se interrumpen. 

• A partir de esa fecha ya no consta ningún seguimiento policial, como si alguien hubiera dado la orden de levantar el operativo. El día 17 de febrero cesan los constantes seguimientos al comando de Virgen del Coro, a pesar de que se había constatado la conexión de ese comando con las tramas periféricas de Al Qaeda. 
• El día 17 de febrero, se interrumpe la vigilancia de los numerosos pisos, locales y empresas de ese comando, a pesar de que se había constatado la implicación de los miembros del comando con varias personas relacionadas con el terrorismo islámico, como Abu Dahdah, el batasuno Yusuf Galán o Mustafá Maimouni. 
• El día 17 de febrero se rompe el cerco tendido en torno a los presuntos organizadores del 11-M, a muchos de los cuales (incluyendo a tres de los suicidas de Leganés) se había identificado en el curso de las investigaciones: El Tunecino, El Chino, los hermanos Almallah, Basel Galyoun, Adnan Waki, Anuar Asrih Rifaat…
• El 17 de febrero de 2004 sucedió exactamente 24 días antes de los atentados en los trenes en que perecieron 192 personas. 
• El 17 de febrero de 2004 sucede 11 días antes de que se realice el transporte de los explosivos desde Asturias.
• El 17 de febrero de 2004, el núcleo duro se libra del cerco policial y ETA declara una tregua parcial en Cataluña.

La línea de investigación que condujo a las detenciones

Pese a que la supuesta célula de Al Qaeda articulada en torno a los hermanos Almallah era conocida dos años antes del atentado, el día 13 de marzo no se detuvo a los miembros de dicha célula. 

En la mochila de Vallecas se encontró una tarjeta telefónica de Amena que, según determinó la Policía determinó el 12 de marzo, había sido vendida a un bazar denominado Sindhu Enterprise. Al interrogar en la mañana del 13 de marzo a los dueños de dicho bazar, éstos dijeron que habían vendido 100 tarjetas Amena al locutorio de Jamal Zougham, razón por la cual el mismo día 13 se detuvo a Zougham, a su hermano y a un empleado.

La versión policial quedó perfectamente explicada en el sumario del 11-M. Pero el resto de hechos recogidos en el sumario no la confirman. En concreto, el sumario recoge los datos contables relativos a las empresas que intervinieron en la comercialización de las tarjetas telefónicas relacionadas con los atentados. Analizando dichos datos contables, se pudo comprobar que nunca existieron pruebas de que la tarjeta telefónica de la mochila de Vallecas fuese vendida a través del locutorio de Jamal Zougham. De hecho, y este punto es inverificable por el sumario, la trampa tendida a Jamal Zougham se planificó cuidadosamente con anterioridad a la masacre.

En el sumario aparecen tres grupos diferentes de tarjetas que pasaron por el bazar Sindhu Enterprise:

• Un primer grupo formado por la propia tarjeta de la mochila de Vallecas y otras seis tarjetas más, todas las cuales fueron introducidas por primera y única vez en un teléfono el día 10 de marzo en las inmediaciones de la casa de Morata de Tajuña. Son tarjetas que no llegaron nunca a ser utilizadas para hacer llamadas y que, según la versión oficial, fueron empleadas para montar las bombas de los atentados.

• Un segundo grupo de tarjetas está constituido por las que fueron utilizadas por los distintos miembros de la trama terrorista para realizar llamadas.

• Un tercer grupo está integrado por las tarjetas encontradas durante el registro del locutorio de Jamal Zougham.

Esos tres grupos de tarjetas tienen en común que todas pasaron (supuestamente) por Sindhu Enterprise de acuerdo al siguiente flujo de comercialización:

El proveedor principal de Sindhu Enterprise era otra empresa denominada Interdist Móvil, que a su vez realizaba sus compras a cuatro grandes mayoristas del sector: Ingram Micro, Dominion Logística, Acom y Uritel 2000. Lo que hacía Interdist Móvil no era comprar tarjetas telefónicas, sino packs de Amena (compuestos por una tarjeta y un móvil). A continuación, Interdist vendía esos packs a varios clientes, entre ellos Sindhu Enterprise, que liberaban los teléfonos y los vendían por separado (por una parte el teléfono móvil, por otro la tarjeta). 

Entre los clientes a los que Sindhu Enterprise vendía las tarjetas Amena (ya separadas del móvil) está el locutorio de Jamal Zougham. Las líneas punteadas representan dos compras puntuales que Sindhu Enterprise realizó a proveedores distintos del habitual: una compra directa de packs Amena a uno de los mayoristas (Uritel 2000) y otra compra directa de 100 tarjetas Amena (sin pack) a una persona particular. Por tanto, las 325 tarjetas Amena que llegaron a Sindhu Enterprise en aquellas fechas siguieron 6 rutas de comercialización distintas.

Las cuatro empresas mayoristas mencionadas son compañías que vendían a gran escala, con un sistema contable muy elaborado. Todas las facturas emitidas por estos mayoristas a Interdist Móvil y a Sindhu Enterprise especificaban uno a uno los números de teléfono de las tarjetas y packs vendidos. Por el contrario, Interdist Móvil (una empresa mucho más pequeña y con un sistema contable menos sofisticado) no especificaba en sus facturas los números de teléfono de las tarjetas y packs vendidos. En cuanto a Sindhu Enterprise, su contabilidad se reducía a un libro de caja incluido en el sumario: tampoco anotaban a quién vendían cada número telefónico, sino tan sólo el número total de tarjetas vendidas. De este modo podía saberse si una determinada tarjeta fue vendida por Ingram Micro a Interdist Móvil: bastaba con consultar las facturas. Pero resultaba imposible saber si un determinado número fue vendido por Interdist Móvil a Sindhu Enterprise o a otro cliente. Lo mismo cabe decir de las ventas de Sindhu Enterprise al locutorio de Jamal Zougham.

La tarjeta de la mochila de Vallecas pertenecía al lote de 30 que Uritel 2000 vendió directamente a Sindhu Enterprise. Si llegó al locutorio de Jamal Zougham el 13 de marzo fue porque la tarjeta de la mochila de Vallecas pertenecía al único de los lotes adquiridos por Sindhu Enterprise para el que existían los números telefónicos que lo componían. Si la tarjeta de Vallecas hubiera pertenecido a cualquiera de los otros lotes adquiridos por Sindhu Enterprise, no habría habido forma alguna de presentar al juez nada que justificase la detención de Zougham: simplemente, hubiese sido imposible conocer qué números telefónicos componían los restantes lotes.

Con todo ello se concluye que fue hallada una mochila sin explotar en una comisaría de Vallecas, para la que los terroristas usaron teléfonos en lugar de temporizadores (estos últimos no dejan rastro) y, además, la tarjeta telefónica de la mochila perteneció al único lote que pudo conducir al locutorio de Zougham. 

En el sumario, además, aparecen las siguientes facturas:

Compras realizadas por Interdist Móvil:

        

Compras realizadas por Shindu Enterprise:

      

Todas las compras correspondían a packs de Amena, excepto la del 28 de febrero, una compra de 100 tarjetas sueltas realizada a una persona particular, al precio de 6 euros/unidad.

En lo que se refiere a las ventas de Sindhu Enterprise al locutorio de Jamal Zougham, en el libro de caja de Sindhu constan dos ventas (a 6,5 euros por tarjeta): una de 100 tarjetas, el día 25 de febrero; una segunda de 100 tarjetas, el día 1 de marzo.

Interdist Móvil compraba packs de Amena a 67,34 euros y los vendía a Sindhu Enterprise a 60,34 euros, es decir, vendía los packs 7 euros más baratos de lo que los compraba. La razón aducida por los dueños de Interdist Móvil en sus declaraciones ante el juez y ante la Policía fue que ellos compraban el pack de Amena, lo activaban realizando una primera llamada y cobraban de Amena la comisión correspondiente por vender un pack. Este detalle sobre la comisión de activación tiene su importancia.

De la segunda tabla se desprende que, normalmente, Sindhu Enterprise compraba sus packs a 60,34 euros, pero de repente, el 4 de febrero, hizo un pedido directo al mayorista Uritel 7 euros más caro de lo que compraba pack habitualmente. Podría pensarse que la diferencia de 7 euros estaba enjuagada con la comisión cobrada a Amena por activar el pack, pero se demostró en el juicio que la tarjeta de la mochila de Vallecas y las otras seis que se introdujeron por primera vez en un teléfono en Morata de Tajuña pertenecían a ese mismo lote, y que con esas tarjetas no llegó a realizarse ninguna llamada telefónica. Esto significa que Sindhu Enterprise no pudo cobrar ninguna comisión de activación a Amena, porque con esas tarjetas no se efectuó ninguna llamada de activación.

La Policía llegó hasta el locutorio de Zougham el 13 de marzo porque Sindhu Enterprise realizó un único pedido a Uritel 2000 que permitía seguir el rastro de los números telefónicos, pedido efectuado violando las reglas elementales de la lógica empresarial: Sindhu Enterprise compró los packs más caros y renunció a cobrar una comisión de Amena por activación.

Las tarjetas encontradas en el registro del locutorio de Zougham, tal y como consta en el sumario del 11-M, fueron las siguientes:

Las tarjetas utilizadas por los miembros de la trama fueron las siguientes:

Por último, las tarjetas empleadas en las mochilas fueron las siguientes:

Al locutorio de Zougham llegaron tarjetas adquiridas por Sindhu (al registrar el locutorio se encontraron lo menos trece). Las tarjetas utilizadas por los miembros de la trama para efectuar llamadas telefónicas fueron tanto tarjetas suministradas por Uritel directamente a Sindhu (lote E) como tarjetas que habían pasado por Interdist (lotes B y C). Por tanto, sólo pudieron adquirirse en en Sindhu Enterprise o en algún cliente suyo (por ejemplo, el locutorio de Zougham).

Tanto las tarjetas encontradas en el locutorio de Zougham como las utilizadas por los miembros de la trama para llamar por teléfono están mezcladas, es decir, algunas de las tarjetas siguieron una cierta ruta de comercialización, mientras otras tarjetas siguieron una ruta distinta. Esto parece lógico: Interdist Móvil no dejaba de ser una empresa sin controles estrictos de almacén, por lo que vendió un lote de packs a Sindhu Enterprise entremezclados de packs de diversas procedencias. Por su parte, Sindhu Enterprise, al vender 200 tarjetas sueltas al locutorio de Zougham, forzosamente tuvo que entregar un batiburrillo en el que cada tarjeta podía pertenecer a cualquiera de las rutas de comercialización identificadas anteriormente.

Lo extraño estriba en que las siete tarjetas utilizadas en las mochilas-bomba provinieron, todas ellas, del mismo lote, el que Sindhu Enterprise adquirió a Uritel y que llevó a la detención de Zougham el 13 de marzo. Para los defensores de la endeble versión oficial, estas coincidencias no significaron nunca nada: para quienes ponemos en entredicho una oficialización tan superficial de una trama muy enrevesada, la matemática combinatoria soporta la tesos. Si al locutorio de Jamal Zougham llegaron 200 tarjetas y como mucho 30 de ellas correspondían al pedido de Uritel, mientras las restantes 170 siguieron otras rutas de comercialización, la probabilidad de que las 7 tarjetas de Morata, extraídas al azar, perteneciesen a las 30 de Uritel es de menos de una en un millón. Esta probabilidad es del mismo orden de magnitud que la suerte de que a uno le toque la Primitiva. Por tanto, es mucho más probable suponer que las 7 tarjetas no fueron vendidas en el locutorio de Zougham, sino que tuvieron que ser cuidadosamente suministradas por Sindhu Enterprise, una empresa que tampoco anotaba los números de teléfono que vendía a cada cliente.

Las tarjetas usadas por los miembros de la trama fueron adquiridas tanto en Sindhu Enterprise como en cualquiera de sus clientes, incluido el locutorio de Zougham. Y el hecho de que Sindhu Enterprise realizase un único pedido (a pérdidas) a Uritel 2000 permite sospechar que esta operación fue diseñada para vincular a Zougham de manera rápida y expeditiva con la mochila de Vallecas. Si recordamos que Sindhu Enterprise realiza el pedido a Uritel 2000 el 4 de febrero de 2004, esto podría significa que la designación de Jamal Zougham como cabeza de turco se remontó a un mes antes de los atentados.

Fue la Policía quien requirió a Amena los datos sobre quién había vendido la tarjeta telefónica de la mochila de Vallecas. Amena contestó de forma inmediata que se suministró al bazar Sindhu Enterprise, información que obtuvo del mayorista Uritel 2000. Los dueños de Sindhu Enterprise fueron declarados testigos protegidos y son quienes señalaron a Jamal Zougham, en la mañana del 13 de marzo, como la persona a la que habían vendido aquella tarjeta telefónica. Como resulta que las tarjetas activadas en Morata fueron adquiridas en Sindhu Enterprise, y no en el locutorio de Jamal Zougham, se colige enseguida que los dueños de Sindhu mintieron al decir que habían vendido esa tarjeta concreta a Jamal Zougham. Primero, porque no podían saber a quién habían vendido cada tarjeta (no anotaban los números telefónicos vendidos); y segundo, porque esa tarjeta debió ser adquirida directamente en su establecimiento, según el cáclculo de probabilidades antes mencionado. Lo que ignoramos es si mintieron por ocultar al verdadero comprador de las tarjetas.

Fue el pedido a pérdida efectuado a Uritel por Sindhu Enterprise lo que señaló a los dos dueños hindúes de Sindhu Enterprise como participantes en la preparación de las detenciones del 13-M. Al declararlos testigos protegidos, los nombres de esos dueños de Sindhu Enterprise fueron ocultados a todo el mundo durante muchas semanas después del atentado, hasta el punto de que la opinión pública, la prensa e incluso el propio juez pensaron que los dos hindúes que habían vendido las tarjetas a Zougham eran los mismos que habían sido detenidos por vender los teléfonos móviles. Esta confusión se mantuvo durante meses, y en algunos casos se mantiene incluso ahora, veinte años después. Pero se trata de hindúes distintos. Dos hindúes fueron detenidos (y posteriormente puestos en libertad) por vender teléfonos móviles; dos hindúes fueron declarados testigos protegidos por vender las tarjetas de Amena que conducían a los miembros de la trama.

Poco a poco iremos comprobando que todos estos despistes, todas las cortinas de humo, los cabezas de turco, la no detención ni del Chino ni del Tunecino, la cancelación de las escuchas al Chino el 12 de marzo, la puesta en libertad de varias personas vinculadas a los hermanos Almallah, los múltiples hindúes, etc., todo ello conduce a un mismo hecho: el piso de Leganés, destino inexorable para los miembros de la trama que más información hubieran podido aportar en las investigaciones.

Inciso

Las operadoras telefónicas pueden localizar, gracias a un procedimiento de triangulación y con una precisión que depende del número de torres de telefonía existentes en cada área, dónde se encuentra cualquier usuario de teléfono móvil. Es una necesidad de mercado, y por ese motivo ofrecen ese servicio a sus clientes. En ello se basa el servicio "Localízame" de Movistar, por ejemplo: si usted lo contrata, podrá Vd. saber dónde se encuentra cualquier teléfono de su propiedad con una precisión de unos pocas decenas de metros. El coste de este tipo de servicio es de unos 30 céntimos de euro. Esta tecnología de localización no sólo sirve para las familias privadas que deseen mejorar la seguridad de sus adolescentes: sirve también para localizar a personas mayores con problemas de demencia senil, controlar flotas de vehículos o equipos de repartidores en las empresas o para que las fuerzas policiales localicen geográficamente un teléfono sospechoso.

La Policía conocía mucho antes de la explosión del piso de Leganés varios de los teléfonos usados por quienes luego se suicidarían. Así, por ejemplo, el teléfono 645658495 desempeñó un papel fundamental a la hora de localizar el piso de Leganés. Sin embargo, en el sumario no consta ni una sola petición de localización utilizando este procedimiento que las operadoras telefónicas ponen a disposición de cualquiera.

EL FINAL DE ESTA HISTORIA 

Llegamos por fin a una de las preguntas fundamentales de toda esta lúgubre e inquietante historia: cómo localizó la Policía el piso que acabaría estallando en Leganés.

Una pregunta con tres posibles respuestas

Según el sumario, a las 18:45 del sábado 3 de abril se recibió una llamada en el Centro Nacional de Comunicación de la Policía informando de que se estaba produciendo un tiroteo en las proximidades de la estación de Zarzaquemada (en Leganés) entre fuerzas de seguridad e individuos de origen árabe, dándose estos últimos a la fuga en un Renault Megane matrícula J-2106-AC y refugiándose en un piso de la calle Carmen Martín Gaite. Ante la posibilidad de que esos individuos tuvieran armas, explosivos o rehenes, se montó un dispositivo policial, con helicópteros de apoyo inclusive, y avisándose a los GEO, cuyos miembros llegaron al lugar a las 19:45 de esa tarde. Es decir: la Policía descubrió el piso de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés porque localizó a unos sospechosos en un vehículo con matrícula de Jaén y porque, tras un tiroteo, esos mismos sospechosos se dieron a la fuga y se refugiaron en el piso.

Lamentablemente, esa versión no coincidió en absoluto con los hechos ocurridos en Leganés. Las primeras unidades policiales llegaron al piso poco después de las dos de la tarde de aquel sábado 3 de abril, con lo cual difícilmente pudo localizarse el piso por un tiroteo producido después de esa hora. 

De hecho, si seguimos leyendo el Sumario, encontramos que la Policía había solicitado al juez de guardia una orden de registro a las 17:10 de ese mismo día para el piso de Leganés. En la justificación de esa petición de registro, la Policía afirmó que una de las tarjetas relacionadas con la de la mochila de Vallecas había estado en comunicación con el número telefónico 645658495, por lo que con fecha 2 de abril (el día anterior a la explosión del piso) solicitó la intervención de dicho número telefónico y el día 3 de abril tuvo conocimiento de que el usuario de dicho teléfono residía en el piso de Leganés, motivo por el que se pedía la orden de registro.

La Policía afirma en este segundo documento que su llegada al piso se produjo no porque se hubiera producido ningún tiroteo, sino por el rastro de las tarjetas telefónicas de los presuntos implicados. Esto deja con la inquietante pregunta de por qué en el primer documento del sumario se menciona el tiroteo en Zarzaquemada con los ocupantes de un vehículo.

Pero hay un tercer documento: en otro informe elaborado por la Comisaría General de Información tras la explosión del piso de Leganés, se contó que la Policía llegó al número 645658495 analizando los contactos de las tarjetas relacionadas con la mochila de Vallecas y que, al analizar las llamadas del número 645658495, se detectó un teléfono que correspondía a una inmobiliaria. El día 3 de abril, en torno a las 13:00, la Policía habló con el empleado de dicha inmobiliaria, averiguando que unos magrebíes habían alquilado un piso en la calle Carmen Martín Gaite el 8 de marzo. A las 14:15 se presentaron los funcionarios policiales en el piso, comprobando que estaba habitado. Los funcionarios bajaron a la calle y poco después vieron salir a una persona (Abdelmahid Bouchar) que iba a tirar la basura. Según el informe, al percatarse de la presencia policial, dicha persona se dio a la fuga corriendo y no pudo ser capturado a pesar de ser perseguido tanto a pie como en vehículo.

Qué quiere que les diga. Esta explicación es bastante confusa. No solo ya por la huida a pìe de un individuo a quien se persiguió a pie y en vehículo, y que presumiblemente corría más que los coches policiales sin que a nadie se le ocurriera dar el alto y emplear las armas reglamentarias. También porque en el sumario consta que la Policía sabía del teléfono 645658495 desde al menos el 20 de marzo, fecha de la declaración de un testigo al que la Policía pregunta por ese teléfono. No obstante, no se solicitó al juez la intervención del mismo hasta el 2 de abril. Como tampoco se solicitó a la operadora telefónica los datos de posicionamiento del usuario de ese teléfono. Y, para más asombro, esta tercera versión no explicó lo que pasó con el Megane que se dio a la fuga tras un tiroteo con la Policía. 

Que recogiese el sumario varias versiones distintas de la forma en que se llegó al piso es una pregunta que se formuló el juez Del Olmo un año después de la masacre, al tratar de ordenar los distintos cabos sueltos del caso. 

El día 16 de marzo de 2005, Del Olmo solicitó a la Policía que le aclarase si había habido o no tiroteo antes de la llegada al piso. La Comisaría General de Información de la Policía respondió al juez Del Olmo mediante un escrito de fecha 6 de abril de 2005, de manera tan vaga e imprecisa que Del Olmo volvió a insistir, con sendos oficios de fecha 5 y 9 de mayo de 2005, que se clarificase el tema y se le remitieran las grabaciones que pudieran existir en el centro de control de la Policía donde constara el asunto del tiroteo con los árabes del coche, con el fin de verificar quién había hablado de ese presunto tiroteo y qué información había proporcionado.

La Policía respondió el 20 de mayo a esa petición de entrega de las cintas efectuada por el juez Del Olmo con la siguiente afirmación: "Dando cumplimiento a lo solicitado por ese Juzgado respecto a los hechos ocurridos en la localidad de Leganés los días 3 y 4 de abril del pasado año, se participa que, dado el tiempo transcurrido, ya no se conservan las cintas de grabación de dicho suceso". Un año después de la peor masacre vivida por este país, tras el asedio y suicidio de sus autores materiales, el Centro de Control de la Policía tuvo que deshacerse de todo el material existente porque había pasado demasiado tiempo. 

No son pocos los defensores de la versión oficial que no han podido evitar formularse alguna vez la pregunta de si los terroristas de Leganés se suicidaron o fueron "suicidados". Es un asunto que resulta, por decirlo con pocas palabras, especialmente intrigante. La versión oficial es nítida: "los responsables del 11-M, al verse rodeados por la Policía, decidieron inmolarse, haciendo estallar el piso y llevándose por delante la vida del miembro del GEO Francisco Javier Torronteras". Son numerosos los datos y testimonios que han certificado esta versión oficial: pudo verse por televisión, en pleno telediario, que la Policía rodeó aquella casa; los vecinos del inmueble, entrevistados por los medios de comunicación, informaron en directo de cómo se había producido un larguísimo intercambio de disparos entre la Policía y los terroristas, que proferían gritos y entonaban cánticos en árabe mientras disparaban por la ventana; incluso ha abundado el material impreso sobre cómo los terroristas llamaban a sus familiares para despedirse, llegándose a publicar la transcripción parcial de una de esas conversaciones, grabada por la Policía. Es más: el estallido del piso fue grabado por un videoaficionado y emitido por la cadena Antena 3: al día siguiente se emitió el entierro del GEO Torronteras… Todos los datos parecen apuntar a que las cosas sucedieron tal como fueron contadas. 

La realidad fue otra, muy distinta

El episodio completo fue perfecto e impecable, muy teatral: policías que acordonan y desalojan el barrio; árabes que profieren cánticos mientras disparan ráfagas de metralleta por la ventana; helicópteros sobrevolando la zona mientras los medios de comunicación conectan en directo con el escenario del drama; un piso que explota con todos los terroristas dentro, llevando a sus integrantes a la tumba con el secreto de sus crímenes… Si se necesitaba confirmar ante la opinión pública que el 11-M fue un atentado islamista, ése fue el final que siempre debió haber tenido.

Pero vayamos con los informes policiales.

En uno de ellos se describe el intercambio de disparos entre los terroristas y las Fuerzas de Seguridad: "En esos momentos (poco después de iniciarse el desalojo de los vecinos), el grupo de policías que se encontraba en la parte trasera del edificio controlando las vías del patio interior, observan en varias ocasiones cómo los individuos que se encontraban encerrados en el inmueble 1º 2ª levantaban las persianas con la mano y realizaban ráfagas de disparos hacia el exterior, acompañados de frases en lengua árabe y en castellano, tales como vamos a morir matando".

Sin embargo, en la zona, tras la explosión, ni tampoco en el piso, se halló un solo cartucho que indicase que se habían producido esos disparos.

No es cierto que los terroristas se suicidasen al verse rodeados por la Policía. Las primeras unidades policiales llegaron al piso hacia las 14:15 del sábado 3 de abril, según consta en los informes incorporados al sumario, y el grupo del GEO arribó hacia las 19:45. Fue una hora más tarde, a las 21:03, cuando al intentar entrar los miembros del GEO en el piso se produjo la explosión. Los terroristas estuvieron rodeados por la Policía más de seis horas sin que hicieran estallar el piso: no fue verse rodeados lo que les impelió a la inmolación. es más correcto afirmar que los terroristas se suicidaron cuando los Geos intentaron asaltar el piso. 

Una segunda pregunta es: ¿por qué hubo que asaltar ese piso?

A lo largo de sus años de existencia, los GEO no habían tenido ninguna baja, en buena medida porque, como buenos profesionales, nunca asumen riesgos innecesarios. El protocolo de actuación en un caso como el del piso de Leganés hubiese llevado a cansar a los terroristas con una larga negociación (algunas negociaciones de los Geos se llegaron a prolongar más de 12 horas), esperar a que el cansancio hiciese mella en las personas de dentro del piso, aguardar a las horas más bajas del ciclo circadiano y, sólo entonces, si fuese absolutamente imprescindible, proceder a un asalto. La situación en aquella fecha del 3 de abril era la de unos terroristas rodeados por la policía, aislados dentro del piso, sin rehenes en peligro y con ocho bloques de viviendas finalmente desalojados. En caso de que los terroristas pretendiesen salir, podrían haber sido fácilmente abatidos. Y en caso de querer inmolarse dentro del piso, lo prudencial pasaba por mantener una cierta distancia de seguridad. Sin embargo, se dio la orden de asaltar el piso y lo terroristas se inmolaron explotando la vivienda.

Los terroristas disponían (según informó la policía) de una gran cantidad de Goma-2 ECO dentro de la vivienda, junto con cables y detonadores. Pero en lugar de hacer estallar la dinamita en el momento en que los Geos entrasen, con el fin de llevarse a unos cuantos de ellos por delante, se mataron ellos mismos antes de que el asalto se realizase. 

Según los informes policiales y las declaraciones de los vecinos, a partir de las tres de la tarde se produjeron intensos intercambios de disparos entre los terroristas y las fuerzas policiales que rodeaban el inmueble, lo que provocó que la Policía comenzase el desalojo del bloque de viviendas, algo que se prolongó durante un par de horas. Los disparos, según esos mismos informes, iban acompañados de cánticos y amenazas pronunciadas en castellano y en árabe. En la parte final de los informes policiales se especificó exactamente lo siguiente: "levantaban las persianas con la mano y realizaban ráfagas de disparos hacia el exterior, acompañados de frases en lengua árabe y en castellano, tales como vamos a morir matando".

Examinando las actas de la inspección ocular realizada tras la explosión, así como los listados de las muestras recogidas por los TEDAX, en el piso de Leganés aparecieron (además de los cartuchos que permanecían dentro de los cargadores y, por tanto, no habían sido disparados) cinco cartuchos sueltos sin percutir y cinco vainas percutidas. Ni rastro de las vainas que hubieran debido aparecer tras dos horas de intercambio de disparos con los subfusiles Sterling que se encontraron en el piso de Leganés, unos subfusiles con cargadores de 34 cartuchos y cadencia de fuego de 550 disparos por minuto. Se da también la circunstancia de que no se registró ninguna imagen de las escenas de intercambio de gritos y disparos. Los medios de comunicación empezaron a congregarse en el lugar ya avanzada la operación, mucho antes de que estallase el piso. Ni los transeúntes, ni la propia policía, pareció disponer de ninguna cámara o ningún móvil con el que grabar a los terroristas que se asomaban por las ventanas a disparar. Ni siquiera los GEO, pese a que tal era el protocolo. 

AL igual que en todo el 11-M jamás aparecieron las caras de los terroristas que pusieron las bombas en los trenes en ninguna cámara de ninguna estación, debiendo quedar los indicios en los testimonios no siempre sólidos de los testigos oculares; de igual modo que los TEDAX encontraron dos mochilas sin explotar en las estaciones y nadie fotografió el contenido, debiendo quedar los indicios en los dibujos a mano alzada de las mochilas, que tampoco encajaban con las declaraciones de los testigos; al igual que en el resto de acontecimientos, la Policía asistió a los disparos de los terroristas de Leganés, al igual que todo el país a través de la televisión, sin que nadie captase una sola imagen de alguna de las caras de los terroristas.

Pero incluso dando por válido el argumento de que los terroristas que no se inmolaron en los trenes sí decidieron inmolarse en nombre de Alá cuando los Geos iniciaron el asalto, tampoco queda claro cómo se hizo estallar el piso. Ciertas versiones periodísticas mencionaron a árabes abrazados en corro y cantando canciones guerreras justo antes del estallido. Pero, mientras que dos de los cadáveres estaban relativamente enteros y otros tres pudieron reconstruirse, los últimos dos cadáveres estaban tan destrozados que no aparecieron más que fragmentos. De uno de ellos (el cadáver de Allekema Lamari) sólo apareció media cabeza y un trozo de un hueso de la pierna. Alrededor de la cintura de dos de los cadáveres apareció dinamita metida en bolsas de plástico (entre 1 y 2 kg.) que no había estallado por carecer de detonador, y los restos de otro de los cadáveres aparecieron adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse. Ninguno de los datos se corresponde con la escena del corro de fanáticos enloquecidos. El hecho de que la dinamita de dos de los cadáveres no tuviera iniciador y la presencia de un colchón protector parece sugerir la posibilidad de que tres de los terroristas no tuvieran la más mínima intención de suicidarse. Por otro lado, que la dinamita de dos de los cadáveres no llegara a estallar y el hecho de que unos cadáveres estuvieran completamente destrozados y otros estuviesen casi enteros, sugiere que los terroristas se hallaban bastante separados en el momento de producirse la explosión. 

Todo lo anterior induce a pensar que si la explosión fue provocada por los terroristas, fue sólo alguno de ellos el que apretó el pulsador. Pero lo que más llama la atención de los informes policiales es un detalle que parece haber pasado desapercibido y que resulta de lo más desconcertante: según el informe de inspección ocular del piso de Leganés, el cadáver de uno de los terroristas apareció con el pantalón puesto al revés, como lo refleja textualmente el sumario. Disparar por las ventanas y esperar a la explosión durante horas con los pantalones del revés no ha de ser especialmente cómodo. Pero es este hecho probado el que conlleva a preguntar si ese terrorista vivo antes de que estallara el piso.

Los análisis de ADN en Leganés

El análisis de los informes contenidos en el sumario proporciona respuestas interesantes y datos sorprendentes. Así, se pudo determinar el número de terroristas muertos en Leganés por los análisis de ADN que identificaron 7 perfiles genéticos distintos. Por tanto, dentro había 7 terroristas. 

En cuanto a las identidades, cuatro de los terroristas fueron identificados por sus huellas dactilares (la toma de huellas dactilares de un muerto se denomina técnicamente necrorreseña). Esos cuatro terroristas estaban muertos, pero ese hecho no impidió tomarles las huellas y compararlas con las existentes en las bases de datos policiales. En los informes se refleja que se encontraron 35 de los 40 dedos de las manos de esos cuatro terroristas. Gracias a las necrorreseñas se pudo identificar al Tunecino, al Chino, a Abdenabi Kounjaa y a Anuar Asrih Rifaat. De los restantes tres terroristas no se encontró dedo alguno. Ni uno solo. 

Desde un punto de vista teórico es perfectamente viable que en la explosión quedasen volatilizados todos los dedos de esos tres terroristas. Pero en el informe de análisis de huellas dactilares de los objetos encontrados en el piso se recoge que en los objetos de aquel piso se encontraron las huellas dactilares de 4 terroristas con dedos, ni tampoco ninguna huella de los 3 terroristas sin dedos. Dicho de otro modo, no solo se volatilizaron los 30 dedos de esos tres terroristas, también las posibles huellas dactilares que pudiesen haber dejado antes de morir. 

El análisis de las huellas dactilares de los objetos encontrados en el piso arrojó otros resultados curiosos. Por ejemplo, además de las huellas de los 4 terroristas con dedos, se encontraron las huellas de otras 12 personas en los libros y documentos rescatados del piso. Entre esas doce personas cuyas huellas aparecieron en el piso estaban las de Safwan Sabagh (que trabajaba como agente para el CNI) y las de Mustafá Maimouni (el cuñado de El Tunecino). Que apareciesen las huellas de un agente del CNI resultó llamativo, pero más todavía que apareciesen las Mustafá Maimouni, quien estaba en una cárcel de Marruecos desde el año 2003 por su presunta implicación en los atentados de Casablanca. Teniendo en cuenta que el piso de Leganés fue alquilado en marzo de 2004, parece imposible que Mustafá Maimouni hubiese podido estar nunca en ese piso. La respuesta se halla en el hecho de que todas las huellas identificadas en el piso de Leganés se encontraron en una serie de libros de contenido islámico y en una serie de documentos recogidos después del estallido. Que apareciesen en esos libros las huellas del cuñado del Tunecino indicaba que alguno de esos libros pasó por las manos de dicho individuo en algún previo a su detención a mediados de 2003. Pero esta explicación conduce a una conclusión preocupante: si la presencia de las huellas de Mustafá Maimouni no implicaba que ese individuo estuviera en el piso, entonces ninguna de las otras huellas encontradas en los libros o documentos debía implicar que sus propietarios hubiesen estado alguna vez en ese piso. El valor probatorio de esas huellas encontradas en Leganés resultaba completamente nulo a la hora de determinar quién estuvo o no estuvo en el explotado inmueble.

Para mayor completitud de las extrañezas de este asunto, tampoco aparecieron huellas de terroristas en ninguno de los dos subfusiles con los que supuestamente estuvieron disparando durante horas a la policía. 

Debieron usar guantes todo el tiempo.

Una manera de esclarecer todo el misterio pudo haber sido las autopsias practicadas a los terroristas encontrados tras la explosión. Pero esas autopsias no existen: nadie hizo la autopsia a los terroristas muertos en Leganés. A todas las víctimas mortales del 11-M sí se les practicó la autopsia el propio 11 de marzo (lo que permitió determinar que no había terroristas suicidas entre los muertos), pero nadie se encargó de hacer lo mismo con los islamistas que se inmolaron. 

Otros indicios que apuntaron a la hipótesis de la inmolación de los siete terroristas se recogieron en una carta de despedida escrita por uno de ellos, por nombre Abdenabi Kounjaa, en la que habla a su familia de su decisión de acometer la misión que Alá le había encomendado. Esa carta fue aireada por algunos medios de comunicación como demostración de la determinación suicida de los terroristas. 

La despedida que Abdenabi Kounjaa escribe a su familia empieza así:

"Para mi mujer.

Tu marido ha vivido anhelando este trabajo. Gracias a Dios que me guio en este camino y te digo que ya no te hace falta pensar en venir a España y agradece a Dios el estar bien con tu familia. No te apenes de mí y asegúrate de que tus hijos aprendan el libro de Dios y la sunna de su profeta, hasta que te encuentres con él.

Quiero que sepas con seguridad que yo no dejé a mis hijos por capricho mío sino por una decisión de Dios, todo poderoso, y consulta la sura de ALTAUBA (el arrepentimiento), el versículo si vuestros padres fueran…"

La carta, escrita en árabe, es bastante larga. Fue redactada antes de la explosión del piso de Leganés y apunta a que los siete terroristas estaban dispuestos a la inmolación en su guerra contra España.

Sin embargo, como casi todo en el 11-M, las cosas en este caso son como parecían.

El 10 de mayo de 2004 (un mes después de los sucesos de Leganés), la Policía detuvo a Saed El Harrak y se incautó de las pertenencias que tenía depositadas en la empresa de encofrados en la que trabajaba. Casualmente, en el bolsillo lateral de una bolsa de viaje de esa persona, apareció esta carta con las huellas dactilares y la firma de Abdenabi Kounjaa. No obstante, la firma no es verídica.

En el permiso de residencia de Abdenabi Kounjaa, la firma que aparece es la siguiente:

En la carta hallada en la bolsa de El Harrak, la firma tiene esta otra forma:

Según la Policía, ambas firmas (en las que se distingue el principio del apellido Kounjaa) corresponden a la misma mano. Pero no es lo que parece... Los árabes escriben en árabe y firman en árabe. Cuando un marroquí como Kounjaa llega a España, se ve forzado a idear una nueva firma con caracteres latinos para los documentos oficiales, porque en España, como en el resto de Europa, se utiliza el alfabeto latino. Es la firma que un árabe utiliza para comunicarse con personas no árabes y para todos los documentos de carácter oficial. Reserva su firma original en caracteres árabes para los documentos oficiales de su país natal y para comunicarse con otros árabes, especialmente para comunicarse con sus familiares y amigos árabes. Ningún árabe escribiría en árabe una carta de despedida para la familia, para firmarla después en caracteres latinos. 

Cartagena y el piso de Leganés

Hay una narración alternativa a todo lo narrado anteriormente.

El 3 de abril de 2004, Cartagena fue trasladado desde Almería a Madrid donde los agentes de policía le explicaron que sospechaban que el Tunecino y su grupo estaba implicado en los atentados del 11-M.  Cartagena se enfadó porque la información aportada en numerosas ocasiones sobre el Tunecino debía haber bastado para que la policía hubiese detenido a toda la banda antes del 11 de marzo. La policía le explicó que sabían que el Tunecino y todos los demás estaban escondidos en un piso de Leganés y le pidieron colaboración para entrar en el piso, algo a lo que se negó (con buen criterio). 

A esa misma hora, los TEDAX recibieron una llamada de la Comisaría General de Información para preparar un equipo de artificieros: esa tarde se iba a realizar un registro en un piso de Leganés en el que podía haber explosivos. Eran las doce de la mañana. Esa llamada, y la petición a Cartagena de que visitase el piso, son los dos indicios de de que la policía ya tenía localizado el piso por la mañana. 

Los informes de la Comisaría General de Información, donde se menciona la investigación de las conexiones de los teléfonos móviles utilizados por los terroristas y que permitió localizar el piso de seguridad del Chino y sus secuaces a primera hora de la tarde del 3 de abril, es decir, en el momento mismo en el que, según todos los testigos, se puso en marcha el dispositivo policial que rodeó el edificio de Leganés, no explica por qué aquella mañana se informó a los TEDAX de la localización de dicho piso y de que la operación iba a tener lugar por la tarde. 

Según el atestado policial de la operación de Leganés, la policía ya tendría localizado el piso el día anterior. La Fiscalía llegó a defender que la localización del piso de Leganés se produjo más allá de las 18 horas del 3 de abril, pero que no tuvo nada que ver con la investigación de los teléfonos. El caso es que nunca se supo cómo se localizó el piso de Leganés. Fue la Fiscalía quien defendió en el juicio que se localizase tras la persecución policial a un Megane a las 18.00 horas del 3 de abril. La Comisaría General de Información mantuvo en el juicio que se localizó tras la ardua investigación sobre los teléfonos de los terroristas, a primera hora de la tarde de ese día 3. Por su parte, los TEDAX y Cartagena aseguraron en el juicio que la policía ya conocía el piso en la mañana del día 3. Finalmente, un atestado policial afirmó que la policía tenía conocimiento de la existencia del piso desde el día 2. Un jaleo. 

La realidad es que es posible que la policía tuviese localizado el piso muchos días antes, incluso meses. A los vecinos del edificio no se les escapó que era la tercera vez consecutiva que el piso se alquilaba a una banda de delincuentes y, también, la tercera vez consecutiva que el alquiler terminaba con una redada policial. Los dos anteriores inquilinos de ese piso habían sido dos bandas diferentes de narcotraficantes colombianos que habían ocupado esa vivienda hasta el día en que cada una de esas dos bandas fue desarticulada mediante sendas operaciones policiales en el propio piso. Las dos veces la policía había entrado en el piso, había detenido a los narcos, y se había incautado de la droga. Y ahora, por tercera vez consecutiva, una banda de peligrosos delincuentes volvía a alquilar el dichoso piso, y también por tercera vez consecutiva, los inquilinos sufrían una operación policial en la propia vivienda. Si a esto unimos el hecho de que la inmobiliaria que lo alquiló no se dedicaba al alquiler sino a la compraventa, hasta el punto de que este piso era el único que ofrecían en alquiler y que, de hecho, no había necesitado hacer publicidad del piso para alquilarlo, la conclusión es que se trataba del típico piso marcado por la policía o el CNI, al que son conducidos (sin ellos saberlo) diversos grupos de delincuentes para ser vigilados hasta que se toma la decisión de detenerlos. 

Hemos dicho que Abdelmajid Bouchar bajó a tirar la basura y se percató de la presencia del operativo policial, así que, disimuladamente normalidad, dejó la bolsa de basura en el suelo, saltó una de las vallas de la urbanización, y echó a correr. Le persiguió un agente de la policía, pero a Bouchar, que en el juicio declaró que practicaba atletismo y se preparaba para participar en las olimpiadas, no le costó mucho despistarle. Bouchar acabó llegando a Serbia, en cuya capital, Belgrado, fue detenido meses después. La huida de de este terrorista es otra incógnita: no llevaba dinero, ni pasaporte (que aparecería entre los escombros del piso), pero todo eso no le impidió atravesar cinco puestos fronterizos. Preguntado durante el juicio, lo único que quiso explicar es que llegó a San Sebastián, que pasó un día en la localidad donostiarra y que desde allí abandonó España en dirección a Serbia. Eso significa que la documentación falsa y el dinero que debió utilizar para huir lo tuvo que recibir en Donostia. 

Está claro que el Chino no era el único con buenos contactos en Euskadi.

Las despedidas telefónicas

Hemos visto que alrededor de las seis de la tarde un vecino creyó escuchar petardos, pero no tardó en comprobar que se trataba de disparos. No se consiguió determinar en el juicio quién disparaba a quién: fuera del piso no aparecieron proyectiles ni casquillos. El vecino se asomó a la calle y comprendió que ocurría algo grave: un gran número de policías de paisano, arma en mano, rodeaba el edificio. Fue entonces cuando comenzaron los cánticos. 

A través del patio interior se empezaron a escuchar gritos y cánticos en árabe, en los que se identificaba el nombre de Alá. El pánico de los vecinos duró más de una hora. No se atrevían a salir del edificio porque ello suponía pasar por delante de la puerta de los terroristas y la policía no hacía nada por evacuarles. A las siete de la tarde, por fin, un policía llamó al portero automático y ordenó desalojar el edificio por el ascensor. Mientras se procedía al desalojo del edificio, los servicios de inteligencia tunecinos y marroquíes informaron a través de sus embajadas de que el Tunecino acababa de llamar por teléfono a su madre en Túnez para despedirse. Un informe policial habla de un total de 23 llamadas de despedida realizadas desde el piso de Leganés a lo largo de esa tarde. 

Según la policía, aunque cada ocupante disponía de un teléfono móvil con su correspondiente tarjeta, todas las llamadas se realizaron desde un mismo terminal, pero con distinta tarjeta. De todas esas pacientes llamadas de despedida que fueron realizando por riguroso turno, solo se dispone del contenido de una de ellas: la que realizó el terrorista Abdennabi Kounjaa a su hermano Abdelkader, cuyo teléfono estaba intervenido por la policía. Antes de que lo llamase su hermano para despedirse, a Abdelkader lo llamó la policía para preguntarle si lo había llamado su hermano. A los pocos minutos Abdelkader recibió una segunda llamada del mismo agente de policía que le pidió que se desplazara a la comisaría para esperar allí a que le llamara su hermano. Abdelkader, justo después de colgar a la policía, comprobó que la policía había adivinado el futuro: recibió una llamada de su hermano Abdennabi Kounjaa, al que conocía por el apelativo familiar de Abdalláh. Abdelkader no pudo precisar si le llamó su hermano o no: en el juicio aseguró que le llamó una persona que dijo ser su hermano Abdalláh, pero que no reconoció su voz como la de Abdalláh. La conversación, intervenida por la policía, que había pinchado el teléfono de Abdelkader cinco días antes, tuvo lugar a las 19.17 horas del 3 de abril y en su transcripción literal se observa la incredulidad de Abdelkader, que no reconoce la voz de su hermano y duda. 

Mientras se producían las llamadas de despedida, el jefe de los GEO recibió una llamada de sus superiores con la orden de desplazarse con un equipo a Leganés. Antes de las siete y media de la tarde, los GEO llegaban a esta localidad procedentes de la base del GEO en Guadalajara. Inmediatamente, el subdirector general de la policía, que dirigía el operativo de Leganés, informó a los GEO de que en un piso de la primera planta se había atrincherado un grupo de terroristas, probablemente implicados en los atentados del 11-M; que había habido un tiroteo; y que el resto de vecinos acababa de ser desalojado. También informó de que los terroristas tenían en el piso cartuchos de explosivo sobrantes de los atentados de los trenes. Lo que no dijo fue cómo lo sabía. 

Con ayuda de un vecino, que era policía y vivía pared con pared con los terroristas, los GEO estudiaron la posible distribución del piso, analizaron las diferentes opciones que tenían y decidieron que lo más prudente era no entrar en el piso y obligar a los terroristas a salir utilizando gases lacrimógenos. A las ocho y media, se dio luz verde a los GEO para intervenir. El GEO encargado de comunicarse con los terroristas y negociar pidió un traductor de árabe, pero un comisario le contestó que no lo necesitaba porque los terroristas del piso hablaban español. Tampoco dijo cómo lo sabía. 

Una vez dentro del edificio, los GEO subieron al primer piso y un agente, con ayuda de una pequeña carga explosiva, voló la cerradura de la puerta de la vivienda, consiguió abrirla, y él y sus compañeros tomaron posiciones en el rellano de la escalera. A la advertencia de que (los ocupantes) estaban rodeados, recibieron varios disparos y un mensaje: “¡Entrad vosotros, mamones!”. Entonces el jefe de los GEO ordenó a sus hombres ponerse las mascarillas y lanzar gases lacrimógenos hacia el interior de la vivienda. A los pocos segundos, se produjo una fuerte explosión. Un cascote arrancado por la onda expansiva seccionó la femoral de uno de los GEO, a la vez que otro cascote le producía un fuerte traumatismo en el cráneo. Murió en el acto. Fue el primer agente de la historia de los GEO fallecido en acto de servicio. El resto de sus compañeros sufrieron múltiples lesiones a consecuencia de la onda expansiva. 

Murieron todos los terroristas atrincherados: Abdennabi Kounjaa alias Abdalláh; Jamal Ahmidan, alias El Chino; Asrih Rifaat Anouar; Sarhane ben Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino; Mohamed Oulad Akcha; Rachid Oulad Akcha; y Alekema Lamari. 

Esa misma noche comenzó el desescombro del piso. Los restos de los cadáveres de los terroristas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense. 

En el desescombro la policía encontró un pasaporte falso, un permiso de conducir y un pasaporte falsos con la foto del Chino, la carta de identidad marroquí de Abdennabi Kounjaa, el permiso de trabajo y residencia en España del Tunecino, el pasaporte y el permiso de conducir del Tunecino, el pasaporte y el abono transporte de Abdelmajid Bouchar, el DNI y el pasaporte de Rifaat Anouar. También apareció un papel en el que los terroristas habían anotado lo que parecían ser posibles futuros objetivos, en concreto una finca judía dedicada a campamentos y otras actividades en Hoyo de Manzanares, una hospedería judía en Avila y un colegio infantil británico en La Moraleja. 

Además, los terroristas guardaban en el piso dos subfusiles, como hemos visto. La policía también intervino restos de una pistola del calibre 9 milímetros corto, 20 kilos de dinamita Goma 2 ECO sin explosionar, y numerosos envoltorios de cartuchos. Aquí no cupo la menor duda de que el explosivo de Leganés fuera Goma 2 ECO procedente de la Mina Conchita, como los propios envoltorios delataban.

Finalmente en el desescombro se recuperó una cámara de vídeo, dos cintas grabadas, y un paño o estandarte verde con la profesión de fe musulmana en árabe. Varios testigos identificaron al Chino como la persona encapuchada que leyó el texto reivindicativo en las grabaciones en vídeo de Leganés. 

Dos semanas después del atentado de Leganés, en la madrugada del 18 al 19 de abril, la tumba del GEO fue profanada por personas desconocidas. Los profanadores se dirigieron al nicho, retiraron la lápida, y extrajeron el ataúd. Luego trasladaron el féretro a un extremo del cementerio, a más de quinientos metros del nicho, y allí, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Antes de esto, le clavaron un pico en la cabeza y una pala en el pecho. El día 20, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde avanzó, como hipótesis más probable, una venganza promovida por islamistas radicales. 

En memoria de Javier Torronteras

El GEO de quien hemos hablado se llamaba Francisco Javier Torronteras. Él fue quien murió en la explosión de Leganés.

Es posible que la única víctima de aquel día (por las sospechas que se ciernen sobre los suicidas o suicidados) muriese dos veces. Falleció al estallar las bombas del piso de Leganés y, posteriormente, como hemos visto, su féretro fue arrastrado lejos del nicho, abierto e incendiado. Desde entonces, su familia no ha dejado un solo día de exigir justicia y, sobre todo, saber la verdad. 

Los profanadores rompieron por una de las esquinas la placa de mármol que cubría la sepultura, extrajeron el ataúd con los restos del GEO y volvieron a colocar la lápida. Utilizaron una palanqueta. Tuvieron que ser más de dos los atacantes para poder bajar el ataúd desde el segundo piso donde se hallaba la sepultura. Después, trasladaron el cuerpo a una zona de nichos vacíos situada en uno de los extremos del cementerio, a más de 600 metros de su ubicación original. Para ello, emplearon una carretilla. Por unas causas u otras, no lograron su objetivo, tuvieron que salir precipitadamente y trataron de prender fuego a los restos del asesinado.

Desde el inicio, las sospechas se centraron en la familia de Jamal Ahmidan, El Chino, uno de los autores del 11-M que (dicen) murió en la explosión del piso de Leganés. Pero las pesquisas no fueron concluyentes.

Pasaron los meses, los años, y el asunto fue sepultado por el silencio, cuando no el olvido. Pero en 2009, y durante casi un año, arrancó una nueva y completa investigación sobre la profanación de la tumba de Torronteras. Cuatro inspectores de la Unidad Central de Información Exterior elaboraron una completa y compleja investigación, y remitieron informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 12 de abril de 2010. Sin embargo, las pesquisas no llegaron nunca a puerto. Desde la Fiscalía explicaron que el caso estaba prescrito. 

No son pocos los mandos policiales que entonces sostuvieron (y siguieron sosteniendo, tiempo después) que con algo de voluntad se habría podido tratar como un delito de humillación a las víctimas del terrorismo o de exaltación del terrorismo. Pero el caso quedó archivado. El trabajo de los agentes que trataron de aportar luz a tan oscuro episodio, se centró en los círculos delincuenciales de Móstoles, que actuaban en la zona de Lavapiés. Dos de ellos indicaron que uno de los hermanos de El Chino, bajo la influencia del alcohol, se arrogó junto a sus hermanos y un chico marroquí que solía acompañarles, la autoría de la profanación. Tras analizar todos los datos obtenidos sobre el coche localizado en el cementerio, y siguiendo el rastro de los hermanos Ahmidan, la Policía localizó e interrogó a personas que habían tenido un trato muy cercano con algunos de estos sospechosos. Estos testigos explicaron cómo después de conocer la muerte de El Chino, alguno de sus hermanos llegó a afirmar que él era capaz de superar lo que había hecho Jamal

Uno de los datos más relevantes del informe es cómo los agentes investigaron con precisión de cirujano el carro transportador en el que los agresores trasladaron el cuerpo. Y dieron con la empresa propietaria, una sociedad de venta de muebles, en el barrio de Carabanchel. Ese carro estaba en un coche sustraído en Seseña que se presume que fue usado por los profanadores. Ese elemento, que habría podido aportar alguna clave a las pesquisas, desapareció en los depósitos judiciales. Como tantas otras pruebas en este asunto.

El Skoda Fabia

Tres meses después del 11-M, el 15 de junio de 2004, una persona anónima llamó a la policía para denunciar la presencia de un vehículo sospechoso. Se trataba de un Skoda Fabia estacionado en la calle Infantado de Alcalá de Henares (la misma calle donde había aparecido, la mañana de los atentados, la furgoneta Renault Kangoo). 

El vehículo pertenecía a la empresa de alquiler Hertz, que había denunciado su robo en Benidorm el 7 de septiembre de 2003. Fruto de la llamada anónima, varios agentes de policía se desplazaron a la calle Infantado. No tardaron en encontrar el Skoda Fabia. Estaba aparcado a escasos diez metros del lugar en el que el 11 de marzo anterior había estado la Kangoo. 

En el interior del maletero del vehículo la policía encontró, entre otras cosas, dos cintas magnetofónicas en árabe y una gran cantidad de prendas de ropa. En las prendas de ropa la Policía Científica identificó los perfiles genéticos de varios miembros de las bandas del Chino y del Tunecino. En cambio, las huellas dactilares recogidas en el vehículo resultaron anónimas: no coinciden con ninguna de las huellas de ninguno de los implicados. 

De nuevo, se repite el modus operandi que ya vimos en la Kangoo: los terroristas son tan cuidadosos y profesionales que conducen el vehículo con sumo cuidado para no dejar huellas en el volante ni en la palanca de cambios, pero en cambio, se dejan el maletero lleno de ropa interior con su ADN. 

El hallazgo del vehículo en Alcalá de Henares, tres meses después de los atentados, sirvió para encontrar, por primera vez, una prueba de la posible participación del argelino Alekema Lamari en el 11-M. En aquel momento aún no se había descubierto que se trataba del séptimo de los terroristas fallecidos en Leganés y su cadáver continuaba como anónimo. Pero la Policía venía asegurando en sus informes desde hacía algunas semanas que tenía conocimiento de la implicación de Lamari en los atentados. Tal vez por eso, entre las ropas del maletero del Skoda Fabia se identificó, entre otros, el perfil genético de Alekema Lamari. 

A partir de ese hallazgo, el gobierno socialista y la Fiscalía construyeron otro peldaño de su versión oficial: el vehículo estaba en la calle Infantado porque lo habían utilizado algunos de los terroristas (Lamari y Afallah entre ellos) para desplazarse a Alcalá y desde allí tomar el tren y colocar las bombas. 

Pero el Skoda Fabia llegó a Alcalá de Henares tres meses después de los atentados y dos meses después de que Lamari muriese en Leganés y Afallah abandonase España para siempre. 

El 11 de marzo el Skoda Fabia no estaba en la calle Infantado de Alcalá de Henares. El día de los atentados, la policía peinó la calle y todos sus alrededores, comprobó las matrículas de todos los vehículos estacionados en la zona, y entre las matrículas consultadas no estaba la del Skoda Fabia. No olvidemos que se trataba de un coche que constaba como robado en la base de datos de la policía: a cualquier agente que hubiese comprobado su matrícula le habría saltado. Ese vehículo fue colocado por alguien que no pertenecía a ningún miembro de las tres tramas conocidas: los que habían sobrevivido a la explosión de Leganés, en el mes de junio ya estaban detenidos o habían huido de España.

Los ideólogos de los atentados se aseguraron de traicionar a todas las tramas involucradas y asegurarse de que los investigadores y la opinión pública encontraran suficientes pruebas de la implicación en el atentado de las bandas del Chino y del Tunecino. La historia del Skoda Fabia es uno de los mayores fracasos de la versión oficial. Este vehículo, presentado por la Fiscalía como una de las principales pruebas que avalaban su versión, no tuvo ningún eco en la sentencia. Ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo lo mencionan. Sin embargo, se trata de una prueba que proporciona mucha información: en el maletero se hallaba la ropa interior de Lamari y Afallah. 

Quien situó allí el vehículo, no solo conocía la implicación de Lamari y Afallah en los atentados. También las dificultades que estaba teniendo la policía para incriminar a Alekema Lamari. 

LAS MÚLTIPLES X DEL11-M 

El flujograma de las distintas tramas del 11-M puede dibujarse como sigue:

La principal laguna que ha dejado la investigación policial y judicial de los atentados del 11-M es la que se refiere a la autoría intelectual. Es indudable que hubo un cerebro, porque un atentado de estas características no se improvisa. 

El confidente Cartagena fue tajante en el juicio cuando afirmó que los autores materiales (las bandas del Chino y el Tunecino) carecían de medios y conocimientos suficientes para la preparación de los atentados. El Chino no sabía fabricar bombas. De hecho, no sabía unir dos cables. 

Los atentados del 11-M estaban planeados al milímetro. Estaban planeados para ser más mortíferos de lo que posteriormente fueron. La propia composición de los explosivos hace pensar en un cerebro experto en estas armas mortíferas. El Chino era un mercenario que obedecía órdenes. Como el dogma de la versión oficial exigía que los atentados fuesen una venganza de Bin Laden por la intervención de España en la guerra de Irak, se buscó este cerebro entre los islamistas, algo a lo que la Fiscalía y demás defensores de la versión oficial se lanzaron a una búsqueda desesperada. 

El mayor palo a los intentos de la Fiscalía y del Gobierno de atribuir los atentados a la venganza de Al Qaeda por la intervención española en Irak se lo propinó el Tribunal Supremo, cuya sentencia consideró probado que en los autores del no aparece relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización (Al Qaeda). 

(Inciso final)

Solo hubo un testigo que pusiera nombre y apellidos a la cuarta trama: el confidente de la Guardia Civil, Mario Gascón, que trabajaba para la UCO en la época de los atentados y quien captó a su amigo Rafá Zouhuier y le convirtió en confidente de la Benemérita. 

Conocía al Chino, a quien había controlado para la UCO. Estaba citado como testigo en el juicio del 11-M, pero la Audiencia Nacional no pudo localizarle —estaba fuera de España—, y se quedó sin declarar. 

Gascón irrumpió en la investigación el 14 de marzo de 2008, cuando presentó dos escritos en la Audiencia Nacional, uno ante la Sala de lo Penal y otro ante la Fiscalía. En ambos escritos, muy similares, Gascón explicó que no acudió como testigo al juicio del porque había sido amenazado de muerte por varios miembros de la UCO y había tenido que huir de España. 

De vuelta en nuestro país, ponía en conocimiento de la Sala y de la Fiscalía algunos hechos relativos al 11-M y aportaba su número de teléfono móvil, ofreciéndose para declarar ante un juez sobre esos mismos hechos. Entre otras cosas, Gascón ponía nombre y apellidos a la cuarta trama y atribuía la autoría intelectual del 11-M a unos agentes del CNI con los que habrían colaborado algunos miembros de ETA. 

Gascón no ofreció ninguna prueba (salvo su propio testimonio) que avalara su versión. Citado a declarar, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un escrito oponiéndose a su declaración. Nadie quiso que Gascón declarase, ni tampoco se le abrieron diligencias por denuncia falsa, asegurándose de que no tendría voz ante un juez en lo sucesivo. 

RESUMEN EJECUTIVO (de todo lo expuesto)

En la mañana del jueves 11 de marzo de 2004, cuatro trenes estallaron simultáneamente en cuatro estaciones de Madrid. Previamente, la policía había impedido en Navidad una masacre con maleta bomba en la estación de Chamartín y, unos días antes, había detenido en Cañaveras una furgoneta con explosivos, ambos atentados frustrados obra de ETA. Por ese motivo, tal vez, todos los partidos y medios de comunicación condenaron a los etarras nada más conocerse el atentado a los trenes. El primero fue el lendakari Ibarretxe, que dijo que los asesinos no eran vascos (tal vez para condenarlos); mientras Iñaki Gabilondo y Javier Pradera pidieron en la Ser que nadie cambiara su voto al PSOE en las elecciones del domingo, Rodríguez Zapatero entraba por teléfono en la Cope para condenar la salvajada etarra.

Pocos días antes, Carod Rovira, presidente en funciones de la Generalidad por vacaciones de Maragall, había firmado el Pacto de Perpiñán con el jefe etarra Josu Ternera, donde se establecía una suerte de protectorado de la banda sobre Cataluña, que quedaría libre de asesinatos terroristas a cambio de que ERC, el partido de Carod, lo representara políticamente. El PSOE intentó desmarcarse del PSC, que compartía gobierno con ERC e ICV, pero aunque, tras mucho tira y afloja, Maragall despidió a medias a Carod.

Los datos policiales in situ eran claros sobre cuál había sido el arma del crimen: Titadyn con cordón detonante (amplificador de la explosión). El único matiz lo aportó Felipe González, diciendo que se trataba de un atentado realizado a medias entre la ETA y el islamismo, apuntando con ello a una venganza del nuevo sultán de Marruecos tras la toma y humillante desalojo de la isla de Perejil. 

A mediodía, el CNI dirigido por Jorge Dezcallar confirmaba la autoría etarra. En los telediarios de mediodía, las imágenes de la masacre eran tan atroces que hasta el PSOE barajaba pedir un aplazamiento de las elecciones para evitar que el voto de la ira se impusiera. Aznar, humillado días antes por el PSOE en su despedida del Parlamento, no quiso llamar a Zapatero. 

Fue en ese momento cuando todo cambió. 

El PSOE y Prisa (la cadena SER) modificaron sus mensajes para culpar de la masacre a Aznar por su apoyo a los Estados Unidos (George Bush, hijo) y Gran Bretaña (Tony Blair) en la guerra contra Sadam Hussein. De repente, los asesinos no eran quienes acababan de matar a doscientos españoles, sino el Gobierno que había apoyado la segunda invasión de Irak, al igual que hicieron más de cincuenta países occidentales. No dejaba de ser sarcástico: en la primera guerra del Golfo, cuando la invasión de Kuwait por Sadam Hussein, el Gobierno de Felipe González apoyó diplomáticamente a Bush padre y envió al escenario bélico dos fragatas con soldados de reemplazo, a quienes Marta Sánchez cantó aquello de "Soldados del amor". 

Aquella mañana habló la Ser: "Según al menos dos fuentes de la lucha antiterrorista, en los trenes se habían hallado restos de dos terroristas suicidas con varias capas de calzoncillos y totalmente rasurados como es habitual en los islamistas". Como acreditó la autopsia, nunca hubo terroristas suicidas en los trenes, ni con calzoncillos ni sin ellos, ni rasurados ni sin rasurar. Todo fue un bulo que el PSOE y la Ser convirtieron en sospecha arrojadiza y que llevó a la marabunta de izquierdas a llamar asesino a Aznar tanto el mismísimo 11-M como en la manifestación del 12 de marzo. Las turbas cercaron más de cien sedes del PP en toda España durante la jornada de reflexión del 13 de marzo.

Pese a estar puntualmente informado de las investigaciones puntuales por parte del Ministerio del Interior, Rubalcaba soltó en TVE aquello de "España merece un Gobierno que no le mienta". Rajoy, sitiado en la sede de Génova por las turbas, emitió un angustioso mensaje de auxilio a las diez de la noche. Aznar estaba paralizado, como le pasó en las campañas del Prestige e Irak. El voto de la extrema izquierda concedería finalmente el triunfo a Zapatero por un millón de votos.

Lo primero que se hizo con la escena del crimen del 11-M fue destruirla. Los cuatro trenes siniestrados fueron desguazados en las cuarenta y ocho horas siguientes a la masacre, contraviniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como se ha hecho en otros casos de accidentes ferroviarios (casos del metro de Valencia, o el descarrilamiento del Alvia en Santiago de Compostela), se han conservado hasta el juicio que debe dictaminar las causas de las muertes y sus responsables. Sin embargo, un vagón sí escapó a la destrucción de los trenes: pertenecía al tren de Santa Eugenia y mantenía nítidamente dibujado el agujero de la explosión cuando fue encontrado tapado con lonas en las instalaciones de Tafesa, en el barrio de Villaverde, en 2012. El entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, dio orden de conservarlo e investigarlo. Pero ni se conservó ni se investigó nada.

El juez instructor, Juan del Olmo, dio orden y permitió que, además, se quemaran todos los restos personales (prendas y objetos) pertenecientes a las 192 víctimas mortales y los casi dos mil heridos. Todos estos objetos, que formaban parte también de la escena del crimen, fueron también destruidos. Una vez que la escena del crimen había dejado de existir, se procedió a crear una escena falsa del crimen con tres elementos, a partir de los cuales se justificó la detención de los sospechosos, su encarcelamiento, su proceso, su juicio y su condena. 

Los tres elementos que constituyeron la (falsa, por indirecta) escena del crimen fueron:

• una furgoneta Renault Kangoo, 
• una mochila, y 
• un coche Skoda Fabia. 

La furgoneta había sido registrada por agentes de la policía e inspeccionada por perros adiestrados para detectar explosivos, sin encontrar nada. Pero de pronto, tras ser traslada a las instalaciones de la Policía Nacional en Canillas, fueron hallados varios objetos que, según se dijo, pertenecían a los terroristas: un trozo de Goma-2 ECO (que se consideró oficialmente desde entonces el arma de un crimen cuya escena había sido destruida); un Corán; y una cinta islámica. Todos ellos objetos que los policías no habían visto en su inspección previa.

Poco después apareció una mochila-bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas, dieciocho horas después de la voladura de los trenes. Se dijo que procedía de una de las estaciones, desde donde había sido llevada hasta Ifema dentro de un bolsón y, de allí, a la citada comisaría, donde actuaba un policía afecto al PSOE (por pura coincidencia). Se dijo que la mochila era exactamente igual a las habían estallado en los trenes, y a partir de ella se estableció la búsqueda de los teléfonos móviles que habrían hecho estallar todas las mochilas-bomba, de quienes los vendieron y quienes los compraron. Las primeras detenciones se practicaron en clave islamista pese a que los vendedores eran todos hindúes.

El móvil que apareció en esta mochila no hubiera podido jamás provocar explosión tanto por falta de fuerza como porque los dos cables que conectaban los explosivos con el móvil usado como detonador estaban desconectados, tal vez para que toda la policía pudiese comprobar que había cables junto al explosivo, que era Goma-2 ECO. Además, en la mochila apareció una importante cantidad de tornillería que habría actuado como metralla. Sin embargo, la autopsia demostró que ni uno solo de los 192 fallecidos había sido alcanzado por metralla. De la tarjeta del móvil se llegó al móvil y de la Goma-2 ECO a Mina Conchita. 

La tercera pieza de la escena construida (o falsa) del atentado fue un Skoda Fabia en cuyo maletero se encontró ropa con el ADN de los sospechosos. Agentes del CNI, indignados por el montaje, atribuyeron al propio CNI la creación de esta pista falsa. Se da la circunstancia de que el vehículo apareció en la estación de Alcalá tres meses después del atentado, el 13 de Junio de 2004, a pocos metros de donde había aparecido la Renault Kangoo. Supuestamente, el coche había sido robado en Alicante por un delincuente chileno, quien se lo había vendido a los islamistas, quienes habrían llevado las mochilas explosivas tanto en el Skoda como en la Kangoo, y que posteriormente habrían abandonado. El delincuente chileno no recordaba ni de qué color era el coche. Sin permiso del juez, y pese a estar imputado, fue expulsado de España por la Ley de Extranjería. El tribunal descartó el Skoda como prueba. 

Hemos visto que tres semanas después del 11-M, se avisó de que la policía tenía rodeados, en un piso de Leganés, a los responsables de la masacre. Se dijo, también, que previamente había tenido lugar un tiroteo con ellos en Zarzaquemada, algo que luego se negó. No se informó de que el piso en el que se decía que se habían refugiado los islamistas era un piso franco de la policía que ya había sido empleado en dos casos anteriores de narcotráfico y que, pared con pared, vivía un policía experto en lucha antiterrorista, escuchas y seguimientos. El País y la cadena Ser (que inventó en la noche del 11- M la existencia de dos terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos) compararon este cerco del piso de Leganés con el cerco policial francés al piso donde murieron dos islamistas del grupo responsable de la masacre de París. Sin embargo:

• En Leganés, los supuestos suicidas esperaron disciplinadamente durante siete horas a que se estableciese el cordón policial y se desalojara el edificio y los ocho edificios colindantes. Solo después hicieron estallar la carga explosiva, coincidiendo con la hora del telediario.

• Se supone que hubo un tiroteo con subfusiles durante el cerco policial, pero no apareció un solo cartucho de subfusil en el registro efectuado tras la explosión.

• No hubo detenciones: tras la explosión aparecieron siete cadáveres a los que no se practicó la autopsia. Posteriormente, el juez del 11-M tuvo que hacer auténticos malabarismos jurídicos para considerar autopsia unos informes antropológicos que incumplían la normativa legal.

• No solo no se practicó autopsia a los supuestos suicidas, sino que se intentó impedir a la Policía Científica que tomara muestras de los cadáveres. Solo pudieron acceder a los suicidas siete horas después de la llegada de los cuerpos al Instituto Anatómico Forense.

• Uno de los cadáveres de los suicidas apareció con los pantalones puestos del revés, seguramente porque en las siete horas de cerco policial no tuvo tiempo suficiente para vestirse de forma correcta.

• En Leganés, uno de los ocupantes del piso (un octavo ocupante) bajó a tirar la basura durante el cerco policial.  Y estando el piso rodeado por decenas de policías, coches policiales e incluso helicópteros, fue dicho que escapó a la carrera, cual atleta. Finalmente fue localizado en Serbia, adonde llegó atravesando fronteras pese a nos disponer ni de documentación ni de dinero, donde fue detenido. El Tribunal Supremo concluyó que este detenido no había participado en la colocación de las bombas del 11-M. De hecho, el Tribunal Supremo también concluyó que no se podía afirmar que los siete suicidas de Leganés hubieran participado en la colocación de las bombas del 11-M, motivo por el cual todas las víctimas del 11-M quedaron jurídicamente imposibilitadas de demandar por vía civil a los herederos de dichos suicidas.

• Pese a que se informó de decenas de policías rodeando el piso durante siete horas, ante unos terroristas de quienes se dijeron que se asomaban por la ventana para disparar ráfagas de subfusil, no hay una sola imagen del asedio, ni de los terroristas, ni de la entrada de los GEO o la policía al piso.

• El sumario del 11-M contiene tres versiones contradictorias y distintas sobre cómo se localizó aquel piso.

• Fue dicho que los suicidas mandaron faxes al ABC y a Telemadrid amenazando con nuevos atentados. Pero en el desescombro del piso tras la explosión no apareció ningún fax. Los datos del sumario demuestran que el fax de Telemadrid fue enviado desde fuera del piso. 

• En el piso de Leganés apareció una carta de despedida por parte de uno de los suicidas a sus familiares. La carta contenía una firma falsa: el texto estaba escrito en árabe, pero la firma había sido efectuada en caracteres latinos.

• Al hacer el desescombro del piso tras la explosión, aparecieron varios libros coránicos intactos. Algunos de estos libros coránicos son chiíes, pese a que todos los ocupantes eran sunitas. 

Si uno fuera mal pensado, y yo lo soy, concluiría que los terroristas suicidas fueron suicidados, colocados en el piso, y la explosión controlada totalmente por terceros, con el infortunio de llevarse la vida de un agente GEO, el único de los asesinados por la explosión que sí estaba vivo, para desgracia de su familia.

Como colofón de esta luctuosa historia, la policía detuvo por el 11-M a 116 personas, la mayoría de ellos mientras tuvo lugar la Comisión Parlamentaria de investigación del 11-M, donde policías y testigos del caso se contradijeron en lo declarado en el juicio posterior. 

• De los 116 solo llegaron al juicio 29, de ellos 9 españoles. 87 quedaron libres sin cargos por no tener relación alguna con el 11-M.

• De los 29, terminaron el juicio 28. Fiscalía y acusación retiraron de común acuerdo los cargos contra uno de los hermanos Moussaten. 

• De los 28, fueron absueltos 7 por la Audiencia Nacional. Y 5 de ellos fueron condenados a penas leves que habían cumplido al terminar el juicio. El Tribunal Supremo redujo, en segunda instancia, las 21 condenas a 18.

• De los 18 condenados, solo 3 lo fueron por su relación con el 11-M. Los demás fueron condenados por delitos menores como falsificación o tráfico de explosivos, sin tener por ello que indemnizar a las víctimas de la masacre, al no haber sido considerados autores materiales del atentado.

• Los tres condenados fueron: Trashorras, El Gnaui y Zougan. Solo a unode elloos, Zougam, se le consideró culpable de poner una bomba en los trenes. Ninguno de los dos marroquíes era islamista. 

Desde entonces, Jamal Zougam sigue preso en una celda de máximo aislamiento, y sigue negando haber participado en la masacre. Ninguna prueba física pudo vincularlo con el 11-M: ni huellas dactilares, ni rastros de ADN, ni llamadas cruzadas con el resto de procesados. La condena a más de cuarenta mil años de cárcel de Zougam fue basada en el testimonio de dos amigas rumanas que declararon haberlo visto en uno de los trenes. Sin embargo:

• Zougam fue reconocido por más de media docena de testigos en los trenes portando una mochila bomba. Esos testimonios fueron contradictorios entre sí e incoherentes: de ser ciertos todos ellos, el marroquí tendría que haber estado en al menos tres trenes simultáneamente. Por ello, el juez instructor y el tribunal terminaron descartaron todos los testimonios salvo el de las dos amigas rumanas, cuyos testimonios también fueron contradictorios e incoherentes entre sí. De hecho, ambas fueron cambiando de versión a lo largo del proceso. 

• Una de las dos rumanas (la testigo C-65) reconoció a Zougam tres semanas después de la masacre, cuando la foto de Zougam había sido publicada ya en todas partes. Ante la Policía y el juez nunca declaró que estuviese acompañada por una amiga.

• Esa otra amiga (la testigo J-70) resultó ser una mujer a la que por dos veces le denegaron los técnicos del Ministerio de Interior la condición de víctima, llegando a poner en cuestión, incluso, que viajara en los trenes. Sin embargo, quince días después de la segunda denegación, y cuando ya había pasado más de un año de los atentados, dijo recordar haber visto a Zougam. De inmediato se le reconoció la condición de víctima, se le otorgó la nacionalidad española y se le concedió una indemnización de 50.000 euros. 

• El marido de la primera testigo (C-65) también dijo haber viajado en los trenes, pero en un tren diferente al de su mujer, y también se le reconoció la condición de víctima.

• El hermano de la primera testigo también dijo haber viajado en los trenes junto al marido de C-65, pero no se le reconoció la condición de víctima debido a lo inverosímil de su relato. Otra hermana y un primo de C-65 también intentaron hacerse pasar por víctimas del 11-M, pero no solo no se les reconoció que iban en los trenes, sino que el propio juez Juan Del Olmo pidió que se dedujera testimonio contra ellos por simulación de delito. Las amigas rumanas fueron imputadas por falso testimonio, tras la querella que el propio Zougam planteó contra ellas.

Entre la masacre de París o los atentados de Londres y el 11-M español hubo una enorme diferencia: solo en España el 11-M fue convertido en arma política. La izquierda (no solo el PSOE) aprovechó la ceguera egoísta de Aznar (que no llamó a ninguno de los líderes de los demás partidos para hacer frente común contra la barbarie). El caos informativo que se adueñó del Gobierno, la imputación primera del atentado a la ETA, los falsos terroristas suicidas que inventó la Ser, la violencia contra el PP, su Gobierno, sus sedes y sus militantes... todo ello convirtió el 11-M en un ejemplo funesto de lo que fue y es este país. Ante las propias narices de los altos mandatarios del Ministerio del Interior, se destruyeron de pruebas, se crearon pruebas falsas y ciertos policías, completamente desleales, completaron el cuadro que terminaría pasando factura al PP en los días que mediaron entre el 11-M y el 14-M, día de las elecciones. Tres días en los que todo el Gobierno de Aznar, y particularmente su designado, Mariano Rajoy, se convirtió en un grupo de zombis, siempre por detrás de lo ocurrido.

Con el tiempo, han sucedido cosas curiosas. En 2015, el jefe del CNI aquel 11-M, Jorge Dezcallar, publicó un libro titulado "Valió la pena" aventurando la versión de que los terroristas no pertenecían a Al Qaeda, pero que sí recibieron una sugerencia de Bin Laden para atentar en España. 

Este argumento ha dado sus frutos a quienes obvian, por considerar "conspiratorio", que los terroristas eran delincuentes comunes sin formación militar ni en explosivos, que supuestamente se suicidaron en Leganés sin llevarse por delante a ningún infiel (salvo al GEO, y casi sin querer) y sin que nadie les hiciera la autopsia. Quedó escrito en la sentencia que a la Fiscalía al final le dio lo mismo cuál había sido el tipo de explosivo empleado (concluyendo que habían trapicheado con la Goma-2 ECO de Mina Conchita para acabar detonando Titadyn en los trenes, el explosivo normalmente usado por ETA). Ningún juez, ningún argumento ha querido investigar quiénes fueron los que idearon la masacre, quiénes allegaron fondos, quiénes prepararon las bombas y quiénes dieron la orden de ejecutar el aberrante atentado cuádruple. Y por incapacidad, o tal vez por querer despistar, sobre todo a una ciudadanía asqueada de todo que solo deseaba que se acabase aquello lo antes posible, se inventó la venganza islamista, a la que se sumó años más tarde Dezcallar, tal vez por las infinitas sospechas que aún se abaten sobre los servicios de inteligencia. 

EPÍLOGO: LA TEORÍA DE EL PAÍS Y TODO CUANTO SE DEDUCE EN CASO DE SER CIERTA LA VERSIÓN OFICIAL

En 2006, el periódico El País publicó un artículo de análisis sobre el 11-M que planteaba un problema fundamental en las investigaciones: si las fuerzas de seguridad estuvieron tan cerca, si casi todo ocurrió delante de sus narices, si los informes previos alertaban del aumento de la amenaza islamista contra España, por qué ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni el Ministerio del Interior pudieron evitar el 11-M.

Son reveladoras estas preguntas, que muchos obvia ahora con la descalificación de conspiratorias, por cuanto el cúmulo de fallos asombra tras una atenta lectura del sumario. Ignoramos si alguien, en algún momento, pudo haber reunido todas las piezas del puzzle o si ese mismo alguien las vio y las cuadró con intenciones criminales. Lo anterior lo dijo El País, recordemos, en un análisis muy recomendable que ponía sobre la mesa cuestiones que hasta entonces estabas reservadas a las conversaciones de pasillo y ahora poco menos que han caído en el olvido. Pero de igual forma que el debate Goma- 2 ECO versus Titadyne quedó superado, también el debate ETA versus Al Qaeda se quedó obsoleto. Su sola participación, de probarse, no hubiera bastado. Fue muy posible que en el atentado del 11-M desempeñasen un papel crucial tanto ETA como elementos vinculados a Al Qaeda, pero ni unos ni otros hubiesen podido cometer el 11-M sin ayuda adicional. 

El periódico El País planteó el análisis en términos de una disyuntiva: o fue negligencia, o fue un golpe de estado. Pero es posible que en el 11-M hubiese un poco de lo uno (negligencia), un poco de lo otro (golpe de estado), y un algo de un tercer ingrediente que siempre ha estado ahí para quien quisiera verlo. Porque es posible que la intención original del 11-M no fuese causar víctimas y que algunos de sus actores pensasen que participaban en otra trama. 

La hipótesis del golpe de estado resulta sobrecogedora. Y si damos por buena la versión oficial, es decir, si aceptamos que los atentados fueron cometidos por dos células más o menos conectadas con Al Qaeda, una de ellas formada por auténticos islamistas (la célula articulada en torno a los hermanos Almallah, El Tunecino, Allekema Lamari, Mohamed El Egipcio…) y otra formada por gente del mundo del narcotráfico a la que, por algún motivo, se arrastra hacia el fundamentalismo y se involucra en la masacre, caso de la banda del Chino), queda por dilucidar en qué consistió la monumental negligencia de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios secretos españoles en no enterarse de nada de lo que condujo al 11-M.

La situación policial de tanto confidente, previa al 11-M, era la siguiente:

• La Brigada Provincial de Información de Madrid, a través del Juzgado Central de Instrucción número 4 (Fernando Andreu), tenía controlado al núcleo liderado por los hermanos Almallah. Durante trece meses, antes del 11-M, se controló a los hermanos Almallah, a dos de los suicidas de Leganés (El Tunecino y Anuar Asrih Rifaat), a Basel Ghalyoun, a Fouad El Morabit, a Adnan Waki y a al menos dos personas vinculadas al Chino.

• La UDYCO tenía controlado al grupo de narcotraficantes articulado en torno al Chino, incluyendo al propio Jamal Ahmidan, a Otman El Gnaoui, a Lofti Sbai y a Abdelilah Ahmidan. 

• La UCIE tenía controlados desde el año 2002, a través del Juzgado Central de Instrucción número 5 (Baltasar Garzón), a los hermanos Almallah, al Tunecino, a Mohamed El Egipcio, a Basel Ghalyoun, a Adnan Waki, a Fouad El Morabit…

• El CNI tenía controlado a otro de los suicidas de Leganés (Allekema Lamari) a través del agente Safwan Sabagh y tenía también controlado a Fouad El Morabit a través de Fernando Huarte y Rabia Gaya. Además, los hermanos Almallah tenían relación con al menos dos personas que trabajan para las Fuerzas de Seguridad: el policía Kalaji y un español de nombre R.J.M.B., casado con una mujer de origen árabe y que trabaja como traductor para la Policía.

• Muchos de los implicados en la masacre tenían intervenidos sus teléfonos desde el año 2002 (Fouad El Morabit, El Tunecino, los hermanos Almallah, Mohammed El Egipcio…).

• Muchos de los implicados fueron sometidos a seguimientos casi constantes hasta tres semanas antes de los atentados (los hermanos Almallah, El Tunecino, Fouad El Morabit…).

• Además, los vínculos entre los hermanos Almallah y la supuesta cabeza de Al Qaeda en España (Abu Dahdah) habían quedado acreditados tanto a través de las investigaciones del juzgado de Andreu, como del de Garzón.

• Y, por si fuera poco, los explosivos utilizados por esta célula de Al Qaeda fueron suministrados por una trama dirigida por un confidente policial (Emilio Suárez Trashorras) y las armas fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil (Rafá Zouhier).

Sin embargo, nadie fue capaz de evitar la masacre.
 
Como negligencia, no está mal. 

Según la versión oficial, las pistas comenzaron rápidamente a apuntar a Al Qaeda: cinta coránica de la furgoneta de Alcalá, comunicado de reivindicación enviado a un periódico de Londres, explosivo de tipo Goma-2 ECO hallado en la mochila de Vallecas, cinta de reivindicación depositada en una papelera el día 13-M, detención de tres marroquíes en plena jornada de reflexión…. 

El día 13-M la Policía tenía claro que había que orientar las pesquisas hacia el entorno islamista, en general, y hacia Al Qaeda en particular. Hemos visto que todo el círculo de personas relacionadas con los hermanos Almallah y El Tunecino estaban siendo vigiladas por la Policía antes del 11-M y que se conocían tanto sus vínculos con Al Qaeda como sus nombres, sus fotografías, sus vehículos, sus empresas y sus domicilios. Si el 13-M estaba tan claro que era Al Qaeda y se tenían desde antes del 11-M todos esos datos sobre esa supuesta célula de Al Qaeda, no se entiende por qué no se procedió inmediatamente a la detención sus miembros y al registro de sus domicilios el mismo 13-M. 

Es posible que la Policía tuviese, el 13-M, el convencimiento moral de que esa célula de Al Qaeda era responsable de los atentados, pero al carecer de pruebas no podía proceder a efectuar detenciones ni registros.

El 20 de marzo de 2004, una semana después del 13-M, la Policía tomó declaración al sirio Abdul Khalek Al Jondi, como consta en el sumario. La Policía había llegado hasta él analizando las llamadas de los números de teléfono relacionados con el que se encontró en la mochila de Vallecas. En su declaración, Al Jondi admitió conocer a los hermanos Almallah y al Tunecino y declaró también haberles vendido tarjetas telefónicas. La Policía no necesitaba nada más para proceder a la detención inmediata de todos los miembros de esa presunta célula de Al Qaeda. El teléfono de la mochila de Vallecas había terminado llevando a personas pertenecientes al círculo de los hermanos Almallah y se sabía desde antes del 11-M todo lo que había que saber sobre esa célula. Sin embargo:

• A Mouhannad Almallah se le detuvo el 24 de marzo, cuatro días después de la declaración de Al Jondi, a pesar de que se suponía que la Policía trabajaba contrarreloj para localizar a los autores de la masacre.

• Esa detención de Mouhannad Almallah no se produjo como resultado de la declaración de Al Jondi, sino a raíz de que una testigo que viajaba en los trenes reconociera (en la tarde del 23 de marzo) a uno de los miembros de la célula de los Almallah como una de las personas que pudo haber depositado una mochila-bomba.

• En la declaración de Mouhannad Almallah ante la Policía, nadie le preguntó por la infinidad de indicios que se habían recabado contra él durante dos años de investigaciones a través de dos juzgados distintos. En esa declaración, Almallah se limitó, básicamente, a decir que conoce al Tunecino y que éste es un radical de cuidado.

• Al juez Del Olmo nadie informó, antes de que Almallah declarase en el juzgado, de los resultados de esos dos años de investigaciones, con lo cual Almallah se ratificó ante el juez en sus declaraciones sobre lo radical que era El Tunecino.

Se puso en libertad a Mouhannad Almallah el día 30 de marzo, seis días después de su detención, pese a la constatación de la existencia de una célula de Al Qaeda articulada en torno a los hermanos Almallah, que había estado sometida a vigilancia durante dos años por varios cuerpos policiales y por dos jueces de la Audiencia Nacional.

Incluso en el supuesto de que la declaración de Mouhannad Almallah fuera tan convincente que la Policía se olvidara de dos años previos de investigaciones y quedara plenamente segura de que el único malo de esa película era El Tunecino, entonces se da la circunstancia de que el 13 de marzo la policía estaba segura de que la responsable de los atentados era Al Qaeda, que el 20 de marzo la policía tenía constancia de que el teléfono de la mochila de Vallecas llevaba al Tunecino, y que el 24 de marzo la detención de Mouhannad Almallah corrobora que El Tunecino era un radical peligroso. Pero la policía, en vez de proceder inmediatamente a solicitar la detención de El Tunecino y registrar su domicilio en la calle Francisco Remiro (algo conocido desde el 3 de marzo de 2003, un año antes de los atentados), demoró la solicitud de registro de dicho domicilio hasta el 5 de abril, cuando El Tunecino ya había muerto en Leganés.

La actuación juicial, antes y después

A las 8.50 horas del 11 de marzo de 2004, un fax de la Brigada Provincial de Información dirigido a la Audiencia Nacional saltaba en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que estaba de guardia. Contenía la primera noticia de los atentados y se iba a convertir en el primer folio del sumario 20/04, la mayor investigación policial y judicial emprendida en España.

La instrucción ocupó 241 tomos y duró 28 meses, a lo largo de los cuales el juez Juan del Olmo fue recogiendo imputados allí por donde, informe a informe, le iba marcando la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Prácticamente, se pasó toda la instrucción dando forma de autos a los informes que le llegaban. No cuestionó nunca las tesis policiales ni ordenó indagar en términos distintos a los propuestos. Así, de la mano de la UCIE, llegó en julio de 2006 a la conclusión del sumario con 29 procesados y la marca de Al Qaeda como bandera.

A la docilidad del instructor ante la Policía se sumó el entusiasmo de la Fiscalía. Olga Sánchez se esforzó especialmente en defender los dos aspectos que acabaron resultando los más dudosos: la atribución del atentado a Al Qaeda y la determinación clara del arma empleada, los explosivos. En una de las múltiples vistas por un recurso de las defensas, la fiscal ofreció el epítome de sus ideas. Primero sostuvo que el Egipcio y Hasan Haski organizaron los atentados y luego soltó la poco jurídica frase de "¡fue Goma 2 Eco y vale!". No imaginaba entonces que ninguno de los supuestos cerebros iba a ser condenado y que su superior acabaría alegando el último día de juicio que "da igual lo que estalló".

Con una cadencia a veces similar a la de los informes policiales, el juez se desayunaba con las informaciones periodísticas sobre cosas que no sabía. Inmediatamente las incorporaba al sumario y pedía a las fuerzas de seguridad que le informasen al respecto. Así fue como se enteró, por ejemplo, de que el finalmente condenado como mediador en la compraventa de explosivos, el marroquí Rafá Zouhier, había estado informando de los movimientos de la célula de El Chino.

A veces las revelaciones no se zanjaban con un simple informe. Al juez no le quedó más remedio que interrogar al jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, que le reconoció que sus análisis no habían tenido todo el rigor científico. El siguiente paso era inevitable: en vísperas del inicio del juicio, el tribunal ordenó una pericial, una de verdad, de lo que había estallado. Toda una desautorización a Del Olmo.

Ese paso de la instrucción al enjuiciamiento supuso el cambio de protagonista. Al recluido Del Olmo le tomó el relevo Javier Gómez Bermúdez. En realidad no le tocaba presidir el juicio, pero entre sus facultades al mando de la Sala de lo Penal estaba cambiar la composición del tribunal. 

Tras 310 horas de juicio, el balance condenatorio que el trío Del Olmo-fiscal-UCIE había mandado al banquillo no fue nada lucido: un condenado como autor material (Jamal Zougam), dos cooperadores necesarios (Trashorras y Gnaoui), nueve miembros de una organización terrorista —sin relación directa con el 11-M—, tres condenados por tráfico de explosivos y dos por falsedad documental.

La sentencia de Gómez Bermúdez avaló en líneas generales la versión oficial, aunque dejó malparada la tesis de que Al Qaeda estuviera detrás. Ni El Egipcio, ni Haski ni el tercer aupado al podio de los cerebros, Yusef Belhadj, fueron finalmente condenados directamente por el atentado. 

En julio de 2008, el Tribunal Supremo revisó la sentencia. Absolvió a cuatro condenados, bajó cinco penas y condenó a un absuelto. Sostuvo que los autores del atentado tenían "dependencia ideológica" de Al Qaeda, aunque sin que apareciera "relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización".

El 11-M ya tenía sentencia firme, como firmes seguían las dudas sobre lo sucedido, que alcanzaban a todo lo esencial: a los autores directos (por qué la Policía no detuvo al huido número uno aunque tres meses después de la masacre lo grababa a diario en un piso islamista), a los autores intelectuales (la casilla sigue a cero), al arma empleada (la sentencia alcanza sus conclusiones apoyándose en errores técnicos que no avalaron los peritos) y a la propia actuación policial (el comportamiento de Manzano, la mochila clave de Vallecas, el descontrol de la información que ofrecieron antes del atentado los ya vigilados y los confidentes...).

El caso político del atentado de Omagh

Es muy posible que nunca sepamos quién planificó ni quién ejecutó los atentados del 11-M en Madrid.  Han pasado 20 años y es dudoso que, pese a haber quedado prescrito, el verdadero autor (o autores) reclame para sí tan luctuoso mérito. 

La Versión Oficial fue una farsa siniestra de principio a fin. Se montó o bien para tapar a los verdaderos autores, intelectuales y materiales, lo que deja inquietantes incertidumbres incluso hoy, a veinte años vista, o para tapar la mayor chapuza negligente que se recuerda en investigación policial alguna. 

A mi juicio, los mandos policiales y políticos de Interior del PP cayeron en la trampa que les tendieron en relación a una eventual desarticulación total de ETA, como en Omagh, donde tuvo lugar un atentado el 15 de agosto de 1998 provocando la muerte de 29 personas y heridas a otras 220. Fue la mayor masacre terrorista que haya tenido lugar en Irlanda del Norte. Un atentado indiscriminado de gran magnitud contra la población civil. 

El atentado no fue reivindicado inmediatamente, pero la Policía señaló casi de inmediato como responsable al IRA Auténtico, una escisión del IRA que había nacido diez meses antes, cuando Michael McKevitt y Bernadette Sands crearon un IRA duro frente a la corriente mayoritaria de la organización terrorista, a la que acusaban de blanda. El principal dato para atribuir el atentado tan rápidamente al IRA Auténtico fue que, justo quince días antes, ese grupo terrorista había hecho estallar un coche bomba con más de 200 kg de explosivo en Banbridge, aunque sin víctimas mortales.

El atentado de Omagh despertó una gran oleada de indignación tanto dentro como fuera de Irlanda del Norte. El IRA blando y su brazo político, el Sinn Fein, condenaron el atentado. La masacre se la atribuyó tres días más tarde, en efecto, el IRA Auténtico, en un comunicado en el que achacaba la responsabilidad a las fuerzas de seguridad por no haber desalojado a tiempo y en el que pedía disculpas a los civiles. 

A pesar de que las responsabilidades parecían claras, las investigaciones policiales estuvieron viciadas desde el principio. A la confusión de las investigaciones y de los juicios criminales contribuyó, en no poca medida, la intervención de dos jurisdicciones policiales y judiciales distintas: la de Irlanda del Norte y la de la República de Irlanda, duplicidad que permitió que todo se diluyera en un marasmo de confusión y que los juicios fracasaran estrepitosamente, para indignación de las víctimas.

El 22 de septiembre de 1998 se detuvo a 12 personas, que quedaron en libertad sin cargos. Posteriormente, el 25 de febrero de 1999, se detuvo a otros siete sospechosos. Sólo uno de esos sospechosos, Colm Murphy, fue sometido a juicio y condenado en primera instancia, el 23 de enero de 2002, acusado de haber suministrado dos teléfonos móviles para el atentado. Sin embargo, la condena de ese único acusado fue revocada en enero de 2005: el Tribunal de Apelaciones ordenó repetir el juicio, al dictaminar que dos policías (Liam Donnelly y John Fahy) habían falsificado las actas de los interrogatorios de Murphy. Los peritos demostraron, por análisis electrostático, que se había añadido una hoja a esas actas.

Los dos policías fueron sometidos a juicio en Dublin en 2006, pero fueron absueltos de los cargos de perjurio, al dictaminar el juez que la acusación no había podido acreditar la cadena de custodia de esas actas de interrogatorio, ni de los documentos del propio análisis electrostático.

En el juicio de revisión (febrero de 2010), Colm Murphy fue absuelto, al igual que su sobrino Sean Hoey en 2007, acusado de haber montado el coche bomba de Omagh. El juicio de Sean Hoey en 2007 duró diez meses y fue uno de los mayores juicios por asesinato celebrados en el Reino Unido. En la sentencia absolutoria, el juez pidió que se abriera una investigación contra otros dos policías por posible falso testimonio. Ambos policías fueron exonerados de cualquier cargo en 2009, tras una investigación no judicial.

Como consecuencia de semejante cúmulo de despropósitos, nadie fue condenado por vía penal en relación con la mayor masacre terrorista que ha sufrido Irlanda del Norte.

Las víctimas de la masacre, ante el fiasco de las investigaciones oficiales, decidieron emprender acciones por vía civil en octubre de 2000, consiguiendo en junio de 2009 que se condenara a cuatro miembros del IRA Auténtico (Michael McKevitt, Liam Campbell, Colm Murphy y Seamus Daly) a pagar 1,6 millones de libras esterlinas de indemnización.

Esa movilización de las víctimas motivó una investigación de la Defensora del Pueblo de Irlanda del Norte, que dictaminó en diciembre de 2001 que las investigaciones policiales habían sido defectuosas y que es posible que se actuara negligentemente al haber ignorado avisos previos.

Surgieron supuestos confidentes policiales o de los servicios de inteligencia (Kevin Fulton, Paddy Dixon) que aseguraban que habían avisado de lo que iba a ocurrir y que fueron ignorados sus avisos. Uno de esos confidentes, Paddy Dixon, fue acogido en un programa de protección de testigos en la República de Irlanda.

El 15 de septiembre de 2008, la BBC emitió un documental en el que se afirmaba que las conversaciones telefónicas de los terroristas de Omagh estaban siendo grabadas mientras transportaban los explosivos hasta su destino.

Lo único cierto de aquel atentado fueron los efectos políticos que tuvo: allanar los obstáculos que hasta el momento habían hecho imposible el proceso de paz en Irlanda del Norte. 

Y el caso político del 11-M

El Gobierno del PP se encontró con 192 muertos y la eventualidad de que les echaran la culpa de la masacre por no haberlo evitado cuando pudieron hacerlo. No es ilógico pensar que algunos infiltrados en la banda confeccionasen los explosivos letales sin saber para qué iban a ser utilizados. Todo un escenario para hacerle al Gobierno ofertas indeclinables, que explica no sólo el silencio cómplice del PP, sino la presunta colaboración activa de elementos de sus terminales policiales en la gestación de la falsa Versión Oficial.

Es presumible que esas ofertas llegaran, como se desprende de la soflama (Cadena SER, min 33:18) que soltó Iñaki Gabilondo a las 11:33 del mismo día 11, con los cuerpos aún calientes de nuestras víctimas, en la que pedía un tiempo nuevo, que consistía, como si fuera una oportunidad única, en pasar página e inaugurar lo que parecía un periodo constituyente, como en "la Transición o los Pactos de la Moncloa", en el que, se entendía perfectamente, la negociación política con ETA fuera la piedra fundacional. Pero José María Aznar no se allanó, y a las 14:30 dijo aquello de: "No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar... No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos... Quien decide es el pueblo español.". Estas palabras sólo se entienden si Aznar hubiera recibido esa mañana ofertas como las que se oyeron en la SER. Fue ahí donde Aznar cavó su propia tumba política.

Es, tal vez, el momento clave. Un atentado que había sido cometido no se sabe por quién, pero con las señas de identidad de ETA –en los trenes explotó, como poco, Titadyn–, que se decide en ese momento islamizarlo para acabar con el PP representado por Aznar. Es justo a raíz de esa declaración de Azna cuando empiezan a aparecer las pruebas falsas (la Renault Kangoo, la mochila de Vallecas), mientras se procede a destruir todas las pruebas del escenario del crimen, vagones de los trenes incluidos.

El fallido juicio del 11-M que todo el mundo alaba

El 15 de febrero de 2007 dio inicio la vista oral por los atentados del 11-M en la sala acondicionada de uno de los pabellones de la Casa de Campo, con el interrogatorio de Rabei Osman El Sayed, alias El Egipcio. La fiscalía le consideraba el principal cerebro de la masacre y pedía para él más de 38.000 años de cárcel. 

El Egipcio había sido detenido en Italia cuando se le interceptó una conversación telefónica en la que aseguraba a un joven palestino que "el hilo de lo de Madrid fue mío" porque "era mi proyecto más querido". A partir de esa evidencia acababa de ser condenado en Italia a 10 años de cárcel como "dirigente de organización terrorista internacional". Además, había abierto una cuenta de correo, dando como fecha de nacimiento el 11 de marzo de 1970. Según el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, aludía así a la masacre y a la sura 70 del Corán "que es la que se refiere al juicio final".

El Egipcio se presentó ante el tribunal con una tupida barba negra y habló de sí mismo como de un musulmán moderado maltratado por la vida. En el momento de ser detenido sólo llevaba un euro y unas cuantas monedas. 

El Egipcio condenó la masacre de Madrid y solo reconoció que uno de los suicidas de Leganés, El Tunecino, le había dado clases de español durante una estancia en Madrid. También condenó el 11-S y la propia idea de la yihad. Un poco más y condena la toma de Jerusalén por Saladino...

Cuando El Egipcio fue preguntado por la conversación incriminatoria grabada en Italia, negó que fuera su voz. Las discrepancias entre los traductores debilitaron a la acusación. Donde los italianos oían "la operación de Madrid fue mía", los de la Policía española sólo entendían "son mi gente quien la hizo", dando pábulo a que podía referirse a la condición de musulmanes de los detenidos. 

Para muchas personas, como así lo expuso El País, por ejemplo, El Egipcio resultaba ser el estereotipo perfecto para la versión oficial, en plena sintonía con las tesis de la fiscalía. Se había presentado a Rabei Osman como el vínculo entre el 11-M y la cúpula de Al Qaeda, adornando su biografía con viajes a Afganistán, preparativos de atentados en el metro de París, formación como artificiero e incluso con su presunta relación con el 11-S. El juez Del Olmo había comprado esa misma tesis hasta el extremo de iniciar su largo auto de procesamiento con la llegada de El Egipcio a Madrid.

El interrogatorio de los otros dos supuestos cerebros de la masacre produjo un similar encogimiento de hombros. Ambos eran marroquíes y sólo se prestaron a responder a sus abogados. Yusef Belhadj negó haber fijado la fecha, negó ser el portavoz militar de Al Qaeda en Europa, negó conocer a Bin Laden y negó haber grabado el vídeo de reivindicación del atentado. Hasan Haski negó ser el jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en España y haber tenido relación alguna con el resto de los imputados.

El primero de los acusados que aceptó ser interrogado por la fiscal fue Jamal Zougam, quien se defendió con contundencia. Las dudas sobre la culpabilidad de Zougam se acrecentaron con la declaración ante el tribunal del confidente Cartagena, corroborando la tesis de la venganza policial contra el acusado. 

La prueba de fuego para Zougam llegó con el testimonio de las personas que creían haberle visto en los trenes. Le benefició el hecho de que varios de esos testigos aseguraran haberle visto en tres trenes diferentes o en un piso distinto del vagón en el que estalló una bomba. También, en apariencia, que no compareciera en el juicio un ciudadano rumano, identificado como testigo protegido R-1O que, según la Policía, le había identificado sin haber visto antes su foto en los medios. Lo más negativo para él fue la declaración coincidente de dos rumanas, identificadas en condición de testigos protegidos como J-70 y C-65, que dijeron viajar juntas en el tren que salió de Alcalá a las 7,15 y estalló en la estación de Santa Eugenia. Ambas reconocieron a Zougam como el hombre que entró en su vagón con una mochila y malos modales. La protección de la identidad de las rumanas obligaba a los abogados a preguntar poco menos que a ciegas. El presidente del tribunal actuó como si hubiera una razón especial para protegerlas. 

La segunda semana del juicio comenzó con la declaración de los otros dos imputados para los que la fiscalía pedía más de 38.000 años de cárcel por haber colocado bombas en los trenes. A diferencia de lo que ocurría con Zougam, Del Olmo no lo había visto tan claro y solo les acusaba de pertenencia a una organización terrorista.

Basel Ghalyoun y Abdeljamid Bouchar negaron todo, pero los rastros de ADN, las llamadas telefónicas y algunos testimonios acreditaban su relación con El Chino, con El Tunecino y con el resto de los islamistas que murieron en Leganés, e incluso su presencia en ese inmueble. 

La misma impresión quedó patente tras la declaración de Otman el Ganoui, acusado de haber participado en el traslado de los explosivos desde Asturias a la casa de Morata de Tajuña. El propio acusado reconoció haber salido al encuentro de El Chino en una localidad burgalesa.

Otros acusados de menor rango admitieron en días sucesivos su relación con el grupo y describieron a El Tunecino -supuesto jefe del comando- como un exaltado que hablaba de irse a combatir en Irak o robar bancos en España y hacer "algo fuerte" pero "sin nivel" para llevarlo a cabo. 

La tercera semana, el foco quedó puesto en los confidentes policiales Zouhier y Trashorras. Los dos aseguraron haber avisado respectivamente a la Guardia Civil y a la Policía de Asturias del tráfico de explosivos. El exminero declaró en concreto que advirtió a su controlador, el jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés apodado Manolón, de que El Chino y el propio Zouhier querían comprarle dinamita. Añadió que acompañó a Manolón a una reunión en Oviedo para tratar del asunto con agentes de la Brigada. Aseguró que no sabía que El Chino quería poner bombas, que no tenía nada que ver con el Islam y que había estado con él de prostitutas y cocaína. Su excuñado Antonio Toro, relacionado con el CNI, tildó a Trashorras de desastre humano.

Las hipótesis sobre en qué medida la entrega de la dinamita Goma 2 ECO de Mina Conchita había estado monitorizada por las fuerzas de seguridad -un control de carretera había parado y dejado continuar a El Chino cuando llevaba el explosivo- centraron el debate.

El martes 20 de marzo a última hora de la mañana, cuando los peritos de explosivos estaban a punto de interrumpir sus análisis y deliberaciones, la dupla formada por el perito guardia civil Atoche y el perito independiente Romero Batallán decidió analizar, casi por cubrir el expediente, una muestra de la que no esperaban gran cosa. Se trataba de unos tres gramos y medio de restos de polvo rojizo de extintor, recogidos el 11-M en la estación de El Pozo, después de que los bomberos apagaran el fuego en uno de los vagones. Era la muestra catalogada como M-1 y, tal vez por no incluir ningún otro elemento material aparente, se trataba de la única que no había sido lavada con agua y acetona en 2004 en el laboratorio de los TEDAX. Esa fue, probablemente, la circunstancia decisiva, para que ante los ojos atónitos de los dos peritos apareciera en el cromatógrafo un pico de nitroglicerina.

Enseguida avisaron al jefe de la pericia. Alfonso Vega reaccionó con la misma vehemencia con que lo había hecho mes y medio antes el día que apareció el DNT. Era imposible. No podía ser nitroglicerina. Todo indicaba que el polvo de extintor había actuado como esponja absorbiendo las partículas del explosivo con el que había estado en contacto. La prueba se repitió nada menos que cinco veces con distintas técnicas y el mismo resultado. Había DNT, había -cómo no- ftalatos y había nitroglicerina.

Todos eran conscientes de que la nitroglicerina tampoco formaba parte de la Goma 2 ECO pero sí del Titadyn y de la Goma 2 EC retirada en 1999 del mercado. Tras los vanos intentos de explicar la aparición del DNT por la contaminación en la fábrica o en Mina Conchita ahora el problema crecía exponencialmente. Resultó que tanto Efe como Europa Press habían divulgado poco después del mediodía del día del 11-M que fuentes policiales aseguraban haber encontrado restos de nitroglicerina en los focos, lo que cuadraba con la versión inicial del Titadyn con cordón detonante comunicada al Gobierno de Aznar, que dio pie a la atribución errónea de la masacre a ETA.

Tres días después, el jueves 29, el perito Antonio Iglesias propuso a sus compañeros comunicarlo por escrito a Gómez Bermúdez. Era jueves de Pasión y el laboratorio iba a permanecer cerrado durante diez días por la Semana Santa. Los otros tres peritos independientes convinieron con Iglesias que no era lógico irse de vacaciones sin que el presidente del tribunal tuviera una información que consideraban clave. Sin disentir del fondo del asunto, los dos peritos policía y los dos guardias civiles objetaron que no era su función tomar la iniciativa al dirigirse al tribunal, máxime cuando pronto tendrían que redactar el informe de conclusiones solicitado. El texto entregado al secretario judicial y remitido por fax a la Audiencia Nacional daba cuenta detallada de los análisis y de su conclusión inequívoca: "El número de pruebas y la claridad con que aparece la nitroglicerina en los referidos ensayos, así como el contraste entre las técnicas empleadas, son razones más que suficientes en cualquier determinación analítica pericial como para diagnosticar su presencia en el analito, diagnóstico que emitimos en este acto. No obstante, por las excepcionales circunstancias de gravedad y trascendencia que concurren en este caso, nos reservamos la posibilidad de realizar dos pruebas complementarias siempre y cuando se pueda llevar a cabo dentro del viernes 30 de marzo de 2007 y no suponga merma de la cantidad ya escasa de muestra que es preceptivo conservar para un eventual contraperitaje posterior a esta prueba pericial".

Bermúdez autorizó las dos nuevas pruebas a vuelta de fax y esa misma mañana a las 9,34 quedó reflejado en el cromatógrafo, con la llamada técnica de columna Ciano un pico de nitroglicerina, certificado por el director de la pericia Alfonso Vega y con el correspondiente sello de la Policía Científica. 

Apenas reanudada la vista oral tras la Semana Santa, quedó patente la trascendencia de la detección de la nitroglicerina por los peritos. En concreto durante la declaración de Pedro Díaz-Pintado, número 2 de la Policía en el 11-M. Según el entonces subdirector general operativo, la percepción de los hechos cambió como por ensalmo en función del descarte de la nitroglicerina. Por la mañana, su subordinado el comisario de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, le dijo: "El explosivo es Titadyn con cordón detonante". Él le preguntó si estaba seguro y cuando le dijo que sí, lo anotó en su libreta. 

Sobre las cinco y media de la tarde, después del hallazgo de la Kangoo y de los análisis en el rudimentario laboratorio de los Tedax, el propio Cuadro Jaén le llamó para advertirle de que su primera versión era errónea. Díaz Pintado reprodujo ante el tribunal la conversación en la que se constata. Si al final se no se había encontrado nitroglicerina, todo cambiaba, porque la Goma 2 ECO de Mina Conchita no contenía nitroglicerina . Y otro tanto ocurría con el DNT. Si lo que estalló en los trenes era un explosivo con nitroglicerina y DNT, el relato de la versión oficial se podría desmoronar de arriba abajo. 

El jueves 12 de abril, al día siguiente de la declaración de Díaz-Pintado, el jefe de la pericia, Alfonso Vega, convocó a sus ocho integrantes a una reunión formal en una sala distinta al laboratorio y se sacó el que parecía ya su último as de la manga: la nitroglicerina detectada en la M-1 no había sido absorbida por el polvo de extintor en la Estación del Pozo sino en el almacén de los TEDAX. Los cuatro peritos independientes se quedaron estupefactos, mientras el otro policía y los dos guardias civiles parecían mirar al techo. Vega no se arredró al desarrollar su nueva teoría. Según él, se había producido una contaminación ambiental fruto de la evaporación de la nitroglicerina procedente de otros explosivos del mismo almacén. Las partículas habrían quedado flotando en el ambiente y habrían terminado por impregnar el polvo de extintor. El estupor inicial de los peritos independientes se tomó en abierta indignación. Enseguida le recordaron a Vega que la M-1 se había conservado dentro de una bolsa de polietileno, en el interior de una caja de cartón. Hubo quien advirtió que tanto la nitroglicerina como el DNT son los componentes menos volátiles de las dinamitas, a menos que se conserven en estado puro, lo cual carecía de sentido. Lo lógico era que tanto los restos como cualquier otro explosivo hubieran estado a baja temperatura en algún tipo de frigorífico. De ser cierta esa teoría de la contaminación en el almacén de los TEDAX, habría un alto riesgo de explosión. Vega hizo hacer llegar esa explicación al tribunal. Para que hubiera ocurrido lo que decía Vega, no sólo tendría que haberse producido primero una evaporación de la nitroglicerina a una temperatura más alta de la normal para su conservación, sino que después tendría que haber acaecido una condensación de partículas fruto de un enfriamiento súbito, y por último la penetración en las cajas de cartón y las bolsas de polietileno.

El lunes 28 de mayo declaró ante el tribunal la perito de los TEDAX con carné profesional 17.682, por nombre Marian, que había hecho los primeros análisis de los restos y había sido responsable de la custodia de las muestras durante los tres años transcurridos. Respecto a lo que descubrió el 11-M, no hizo la menor aportación significativa, pues dijo que había nitroglicol y nitrato amónico, que forman parte de todas las dinamitas. Fue en cambio muy minuciosa en la descripción de sus precauciones para preservar sin alteraciones lo ahora analizado: "En una habitación sin luz, con temperatura constante, dentro de un armario, hay una bolsa que cierra una caja de cartón, en la que hay bolsas de plástico y dentro de esas bolsas de plástico hay unos sobres de papel normal y dentro de esos sobres existen varias bolsas, en algunos casos dos, en otros tres, encintadas con cinta adhesiva, que guardan la sustancia explosiva dentro de la cual había una caja de cartón con bolsas de plástico que contenían sobres que a su vez contenían bolsas cerradas con cinta adhesiva". El propio presidente del tribunal, Gómez Bermúdez, inquirió interesado: "¿Y con esas características es posible que se traslade o se traspase alguna sustancia de una bolsa final a otra bolsa final?". "Yo lo encierro todo en ese tipo de bolsas, precisamente para evitarlo". La teoría de la contaminación simultánea con DNT y nitroglicerina en el laboratorio de los TEDAX se venía abajo. 

Al día siguiente, los peritos de la Policía Científica la mantuvieron como hipótesis ante el tribunal. De haber sido así, no habría certeza alguna sobre ningún análisis hecho alguna vez por la Policía en materia de explosivos. Con la insistencia en la tesis de las partículas voladoras y las bolsas porosas culminaba la sesión del juicio en la que el informe conjunto de los peritos debería haber esclarecido el enigma del explosivo empleado en la mayor masacre de nuestra historia. Pero en las reuniones previas se había constatado la falta de acuerdo entre los ocho técnicos, cada uno de los cuatro independientes presentó sus conclusiones, la Guardia Civil el suyo y la Policía Nacional el suyo. Ni siquiera los dos cuerpos policiales decían lo mismo. Mientras Alfonso Vega y su compañero De la Rosa se aferraban a la contaminación, los tenientes Atoche y Ferrando llegaron a la conclusión de que en todas las muestras tomadas de los focos de explosión de la Estación de Atocha, Estación de El Pozo, Estación de Santa Eugenia y calle Téllez se detectó dinitrotolueno como componente explosivo. Estas dos palabras, componente explosivo, implicaban descartar la Goma 2 ECO. Al ser interrogado por el fiscal, Antonio Iglesias sostuvo que consideraba altamente probable que en la estación de El Pozo hubiera estallado Titadyn. Tanto Romero Batallán como Gabriel Moris le respaldaron con expresiones como "se asemeja al Titadyn" o "también veo posible que sea Titadyn". Para salir del paso, Gómez Bermúdez buscó una pregunta que condicionaba la respuesta: "¿Sobre este extremo hay acuerdo en que no se puede determinar la marca comercial de dinamita que explosionó en las 23 muestras?". Los ocho peritos respondieron que, en efecto, no se podía determinar la marca comercial del explosivo analizado en las 23 muestras. Al cabo de cuatro meses de pericia se mantenía como única evidencia la falta de certeza. Nadie con conocimientos de química molecular podía ignorar que, tras la aparición del DNT y la nitroglicerina, al tribunal le iba a resultar imposible asumir que el atentado se cometió con la Goma 2 ECO de Mina Conchita. La Fiscalía y la minoritaria asociación de víctimas liderada por Pilar Manjón complementaron la teoría de la contaminación con la del cóctel de explosivos: el hecho de que en Mina Conchita pudieran quedar cartuchos de Goma 2 EC explicaría la presencia del DNT y la de la nitroglicerina. Cuando la Policía Científica requirió a la empresa Maxam que lo certificara, la teoría volvió a desmoronarse: la nitroglicerina había dejado de emplearse en la Goma 2 EC en 1992. El fiscal jefe de la Audiencia Javier Zaragoza sentenció con desparpajo: "El hecho de que no se pueda determinar con claridad, en función de los resultados de la pericia, cuál es el explosivo cierto que estalló en los trenes, no quiere decir que neguemos la posibilidad, que es la más razonable en función del resto de las pruebas de que lo que estalló en los trenes sea realmente Goma 2 ECO, que es, en definitiva, lo que se sustrajo de Asturias unos días antes por El Chino (...) Da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron estos atentados y que la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos". 

Al término de la vista oral, respecto al arma del crimen, se había pasado de la certeza a la posibilidad, y del vale ya al da igual. 

A finales de octubre de 2007 corrió el rumor de que el tribunal iba a absolver a El Egipcio y a los otros dos presuntos cerebros de la masacre por falta de pruebas; que iba a condenar a Suárez Trashorras y otros miembros de la trama asturiana por tráfico de explosivos exclusivamente; y que iba a deducir testimonio contra altos cargos policiales para que otros jueces determinaran si habían ocultado pruebas o cometido delitos en sus relaciones con los confidentes que se habían sentado en el banquillo.

Si tales eran los pilares de la sentencia, la versión oficial de lo ocurrido en España el 11-M se desmoronaba sin remedio. Especialmente si no se consideraba probado que la dinamita que explotó en los trenes era la misma que había en la Kangoo, en la mochila de Vallecas y en el piso de Leganés. No sólo habría que encontrar otros culpables, sino que quedaría en evidencia que algunas de esas pruebas eran tan falsas como el Skoda Fabia que alguien puso en Alcalá semanas después de los atentados. 

La lectura pública de la sentencia quedó fijada para el miércoles 31 de octubre. Con España entera en vilo y todas las televisiones retransmitiendo en directo el acto, Gómez Bermúdez comenzó a leer a las 11.31 de la mañana no el fallo, con sus correspondientes condenas y absoluciones, sino un extraño texto a modo de resumen que ni tan siquiera había mostrado a sus compañeros de tribunal. Como si tratara de refutar tanto las posiciones de las defensas particulares como las revelaciones periodísticas previas, Bermúdez comenzó defendiendo la validez probatoria de la Kangoo y la mochila de Vallecas y su enlace unívoco con el comando terrorista. Luego aseguró que todos o gran parte de los explosivos empleados procedían de Mina Conchita. Por último, con el pretexto de que el defensor de Gnaoui lo había planteado, subrayó que la implicación de ETA estaba totalmente descartada. Inmediatamente hizo un receso de diez minutos. 

A las 12,36 procedió a la lectura del fallo y comenzaron a aparecer las primeras claves para desenredar la madeja. Lo más importante y significativo era que el tribunal absolvía a El Egipcio, Belhadj y Haski de toda relación con el 11-M, si bien condenaba a estos dos últimos por pertenencia a banda armada por hechos ajenos a la masacre. Esa absolución implicaba que desaparecían los únicos vínculos con Al Qaeda y una presunta respuesta a la guerra de Irak, aportados por la Fiscalía durante la instrucción. Dejaba a la matanza terrorista que había alterado el curso de la historia en el limbo de la falta de autoría intelectual, convirtiendo a los tantas veces denominados "moritos de Lavapiés", ("raterillos", según The Times) en un comando sofisticado y autosuficiente. Portavoces gubernamentales argumentaron enseguida que cuando se condenaba a un miembro de ETA por asesinato, nadie echaba en falta que se hiciera constar quién lo había inspirado u ordenado, nadie preguntaba por el autor intelectual, olvidando que ETA era una organización jerarquizada, en la que las órdenes se transmitían de arriba abajo.En cambio, nadie sabía quién movió los hilos del comando de Leganés. 

El hecho de que sus integrantes estuvieran muertos ahorraba al tribunal la determinación de quién colocó cada bomba en cada vagón. Algo especialmente arduo si se tiene en cuenta que ningún testimonio ocular había situado a El Chino, El Tunecino o Lamari en ninguno de los trenes. El único condenado por poner las bombas fue Zougam, al que, según el tribunal, le incriminaban la venta de las tarjetas y, sobre todo, los reconocimientos de las testigos protegidas J-70 y C-65 "con una firmeza y seguridad encomiables a pesar del duro interrogatorio (sic) al que fueron sometidas (...), sin fisuras y sin ningún género de dudas". Tanto a él como a Gnaoui, condenado por transportar los explosivos desde Asturias, les impusieron 42.922 años de prisión.

La única otra condena similar (34.715 años) le correspondió a Suárez Trashorras como cooperador necesario y con el argumento de que suministró la dinamita a sabiendas de que podía ser utilizada con fines terroristas. Dieciocho acusados más, incluidos Zouhier y Bouchar (el que salió huyendo del piso de Leganés) fueron condenados a penas entre 23 y 30 años por delitos que iban desde la pertenencia a banda terrorista hasta el tráfico y depósito de explosivos, pero ni ellos ni, por supuesto, los siete absueltos, quedaron vinculados con la masacre.

Los 311.959 años de cárcel solicitados por la Fiscalía se habían quedado en 120.755. De ahí que causara tanta extrañeza que, pocas horas después de conocido el fallo, la portavoz del ministerio público en la Audiencia Nacional, la entonces fiscal Dolores Delgado, anunciara que la sentencia era satisfactoria y no habría por tanto recurso ante el Supremo. Al Gobierno de Zapatero le interesaba pasar página cuanto antes, aferrándose a que el tribunal había dado por buena gran parte de la versión policial y de la Fiscalía, al establecer que el 11-M había sido un atentado de naturaleza islamista, al condenar como autor material a Zougam, convirtiendo su detención el 13-M en el hilo que desenredó el ovillo y, sobre todo, al asumir que el explosivo que estalló era la Goma 2 ECO de Mina Conchita.

La sentencia contenía 721 folios. Llamaba la atención aspectos como que dijera que la mochila de Vallecas había sido sometida a un "extravagante periplo", dando sin embargo por hecho que nunca se rompió la cadena de custodia. O que considerara compatible que en el interior de la Kangoo hubiera más de 60 objetos y que los policías que la examinaron en Alcalá la vieran vacía. Los argumentos con los que el tribunal sostenía que el explosivo empleado había sido Goma 2 ECO, a pesar de los resultados de la prueba pericial, se dilucidó en el "Hecho probado 5", mediante una redacción tan confusa como denotativa: se establecía que "la convicción a la que llega el tribunal es que toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés, más la hallada en el desescombro de Leganés procedía de Mina Conchita". Y a continuación añadía que "la conclusión puede desglosarse en cuatro premisas": 

1. El explosivo utilizado por los terroristas fue, en todos los casos, dinamita plástica tipo goma.
2. No se sabe con absoluta certeza la marca de dinamita que explotó en los trenes, pero toda o gran parte de ella procedía de Mina Conchita.
3. Se sabe que la que se usó y encontró en Leganés y en la vía del AVE era Goma 2 ECO sustraída de Mina Conchita.
4. La falta de determinación exacta de la marca de la totalidad del explosivo no impide llegar a conclusiones jurídico-penalmente relevantes, respecto de la intervención de los procesados en los hechos enjuiciados y su consiguiente responsabilidad penal.

La primera premisa reflejaba la literalidad del irrelevante informe de los TEDAX de 2004. La segunda premisa suponía una flagrante contradicción en sus propios términos porque si no se sabía con absoluta certeza la marca de dinamita que explotó en los trenes, ¿cómo podía establecerse que toda o gran parte de ella procedía de Mina Conchita, cuando en el momento de la sustracción en Mina Conchita sólo se almacenaba Goma 2 ECO?. La tercera premisa indicaba que la deducción y la analogía estaban siendo antepuestas al método científico (nadie discutía que en Leganés o en la vía del AVE hubiese Goma 2 ECO de Mina Conchita): como en Leganés o en la mochila de Vallecas había Goma 2 ECO y los suicidas de Leganés habían cometido el atentado, parecía seguro que utilizaron Goma 2 ECO. Un silogismo apabullante. El denominado "enlace unívoco" que permitía atribuir la autoría de los atentados en los trenes a los suicidas de Leganés era la asunción, no demostrada -y refutada en los análisis periciales-, de que estalló Goma 2 ECO. La cuarta premisa zanjaba cualquier debate con un par de eufemismos. Si la falta de determinación de la marca de la totalidad del explosivo no impedía llegar a conclusiones jurídica-penalmente relevantes, no tenía sentido tenía haber reunido, tres años después de los atentados, a ocho peritos de distintas procedencias y haberlos tenido trabajando durante meses con los instrumentos más sofisticados y la vigilancia de cámaras de televisión. El tribunal concluía su dictamen con el vale ya de la fiscal Olga Sánchez y el da igual del fiscal Zaragoza.

La sentencia se limitaba a reflejar la impotencia del tribunal a la hora de determinar el explosivo que estalló en los trenes. Sin embargo, el redactor del texto o bien se había confundido en dos aspectos básicos de índole fáctica o había tratado de confundir deliberadamente a quien lo leyera. El resultado suponía en todo caso colar una notoria falsedad y una flagrante manipulación en la relación de hechos probados. La sentencia aseguraba que "los ocho peritos que realizaron el estudio e informe ordenados por el tribunal estuvieron de acuerdo en la calidad de los análisis y de los métodos utilizados y de la validez científica de los resultados, discrepando sobre el significado de la aparición de restos de dinitrotolueno, nitroglicerina, dibutilftalato y nitroglicol en varios focos", aludiendo así a la teoría de las partículas voladoras de los peritos policiales. Pero a continuación reconocía lo irrefutable: "Los componentes diferenciales entre una y otra dinamita, según dijeron, son el DNT (dinitrotolueno) y la NG (nitroglicerina) que forman parte de la Goma 2 EC y del Titadyne (sic), y no están en la composición de la Goma 2 ECO". Y de ahí a la falsedad: "Y, a la inversa, el nitroglicol y el ftalato de dibutilo o dibutilftalato que son componentes de la Goma 2 ECO, no los tienen ni el Titadyne (sic), ni la Goma 2 EC". Según Bermúdez, habían aparecido tanto componentes ajenos a la Goma 2 ECO (algo que no le impedía afirmar que toda o gran parte de la dinamita empleada en la masacre fuera la Goma 2 ECO de Mina Conchita) como componentes ajenos al Titadyn y la Goma 2 EC. Pero era absurdo hablar de la Goma 2 EC, que había dejado de fabricarse en el 99. La sentencia reconocía que el nitroglicol también forma parte de algunas variantes de Titadyn y que el dibutilftalato aparece en todas las dinamitas, como se había puesto de relieve en las pruebas efectuadas en el laboratorio. En 2010 Bermúdez terminó entregando las grabaciones de la prueba pericial a las asociaciones de víctimas que la reclamaban. Era imposible que antes de escribir que el dibutilftalato era exclusivo de la Goma 2 ECO, no hubiese visto y escuchado la grabación del 12 de febrero cuando, inmediatamente antes del inicio del juicio, el jefe de la pericia Alfonso Vega, el guardia civil Atoche y el independiente Antonio Iglesias coincidieron espontáneamente en que ese elemento "no lo puedes atribuir a un explosivo" porque no es específico de ninguno, sino que equivale a una "contaminación genérica... como del mundo mundial". La manipulación llegaría en la sentencia al tratar de sacar conclusiones cuantitativas de los análisis cualitativos realizados por los peritos. Era cierto que un análisis cuantitativo de la muestra M-1 fue impuesto por el director de la pericia con el propósito de comparar el contenido en nitroglicerina de la muestra de la explosión con el que esta sustancia presenta en el Titadyn intacto (del orden del 15% en peso) para inferir que la nitroglicerina hallada no provenía del Titadyn sino de Goma 2 ECO contaminada. Pero tal enfoque era incorrecto porque en una explosión los componentes más reactivos del explosivo, como la nitroglicerina, experimentan una reacción que hace que desaparezcan de forma cuantitativa casi por completo. Por ello no existen datos de balance de sustancias explosivas antes y después de una explosión. Lo lógico era deducir que la nitroglicerina detectada y confirmada inequívocamente, mediante un cromatógrafo provenía de un explosivo que la contenía, no a nivel de trazas, sino en una proporción más elevada: la que corresponde a las dinamitas que llevan nitroglicerina en su composición. Sin embargo, de espaldas a este elemental razonamiento científico, la sentencia resumía la pericial en términos cuantitativos, en función de la aparición de distintos compuestos químicos, incorporando entre corchetes su correlación con las diferentes dinamitas: 

• En todas las muestras, dibutilftalato o ftalato de dibutilo en un porcentaje superior al 1 por ciento" [Goma 2 ECO].
• Niroglicol en porcentajes superiores al 1 por ciento en todos los focos [Goma 2 ECO]
• Dinitrotolueno (DNT) en varios focos en porcentajes muy inferiores al 1 por ciento. [Goma 2 EC y Titadyne]
• Nitroglicerina en un foco de explosión en porcentaje muy inferior al 1 por ciento. [Goma 2 EC y Titadyne].

Los dos primeros puntos presentaban como específicos de la Goma 2 ECO componentes que no lo eran, subrayando su alta cantidad. Los dos segundos contrastaban los datos anteriores con los porcentajes inferiores de los elementos ajenos a la Goma 2 ECO. Con todo ello Bermúdez llegaba a la conclusión de que quedaba "probada la presencia de Goma 2 ECO en todos los trenes en los que explotaron artilugios". El tribunal hacía suyas las teorías de las partículas voladoras y el cóctel de explosivos caducados. Era el único resquicio que le dejaba la analítica para eludir el dictamen de los peritos no adscritos a ningún cuerpo jerarquizado ni dependientes de un sueldo público, en el sentido de que al menos en el tren de la estación de El Pozo (de donde procedía el polvo de extintor) sí estalló Titadyn.

Admitirlo no hubiera supuesto implicar de inmediato a la ETA, pero sí buscar una fuente de suministro alternativa a la de la trama asturiana y a unos autores materiales distintos a los suicidas de Leganés, a Jamal Zougam y el porteador Gnaoui. Todo ello quedaba fuera del alcance y competencias del tribunal, a lo que, unido a la absolución de los tres supuestos autores intelectuales, habría generado una auténtica conmoción social, una segura crisis política y una búsqueda de responsabilidades entre quienes permitieron el desguace inmediato de los trenes, la omisión de análisis con valor científico de los restos, la no conservación del agua y acetona utilizados por los TEDAX y la pérdida de la mayor parte de las muestras.

Veinte días después de la comparecencia en la que Gómez Bermúdez enfatizó la conformidad del tribunal con el origen de la dinamita y la autoría de Zougam, la mujer del juez, una periodista llamada Elisa Beni, antigua corresponsal de Diario 16 en Ceuta, estaba a punto de publicar un libro donde recogía las memorias y reflexiones compartidas con el magistrado durante el desarrollo de la vista oral y la elaboración de la sentencia. Dicho de otro modo, la hagiografía de Gómez Bermúdez se la hacía su propia mujer. 

El libro desvelaba algunos de los factores que habían pesado sobre el presidente del tribunal durante esas semanas clave. El más significativo era que la pareja había vivido durante todo el juicio y la elaboración de la sentencia sometida a la eventualidad de que el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pudiera ser anulado, aludiendo así a los recursos interpuestos por Baltasar Garzón y José Ricardo de Prada, magistrados de la Audiencia que también aspiraban al puesto, contra la designación de su marido. La amenaza era real porque De Prada ya había conseguido una primera victoria en el Tribunal Supremo y todo quedaba al albur del juego de mayorías en el Consejo del Poder Judicial. No sólo estaban en juego el cargo y el sueldo, sino sobre todo la posición que generaba su estatus social. 

Al mismo tiempo Elisa Beni desvelaba cómo durante la vista oral su marido recibía visitas y llamadas de personas a las que denominaba "palomas", pues su misión era transmitirle mensajes tanto del Gobierno como del PP sobre la marcha del juicio. Cuando el juez Guevara -degradado a la más absoluta irrelevancia igual que el tercer miembro del tribunal, García Nicolás- leyó lo de las "palomas", comentó con sus ya legendarias malas pulgas que él hubiera decretado el ingreso en prisión de algunas de esas aves. En uno de los pasajes más significativos del libro, Elisa Beni revelaba la identidad de una de tales "palomas": nada menos que de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, muñidora habitual de las relaciones del Gobierno y el PSOE con el mundo judicial. 

Una sensación de vergüenza ajena cundió rápidamente entre la judicatura. Tanto los dos compañeros de tribunal de Bermúdez como la mayoría de los demás jueces de la Audiencia boicotearon la presentación del libro como forma de repulsa. Pero, además, el libro desvelaba información sumarial que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces estaban obligados a mantener como secreta. Por ejemplo, detalles de cuándo se reunían los tres magistrados, cómo valoraban las pruebas y qué decisiones tomaban por unanimidad o la singular circunstancia de que Bermúdez hubiera animado al abogado Zulueta a asumir la defensa de El Egipcio y después le hubiera absuelto. El Consejo del Poder Judicial abrió una investigación interna que, bajo el mismo criterio de lenidad aplicado a Garzón cuando incurrió en indiscreciones equivalentes a través de un libro de Pilar Urbano, terminó archivando el asunto. Pero la polémica pública alcanzó la suficiente intensidad como para imaginar lo que hubiera ocurrido si la sentencia que precedió en tres semanas al libro hubiera desbaratado por completo la versión oficial del 11-M. 

Elisa Beni hablaba en su libro, con aires de superioridad arbitral, de los dos bandos político-mediáticos en conflicto, refiriéndose tanto a Gobierno y oposición como a los medios periodísticos que trataban de averiguar la verdad de lo ocurrido el 11-M o se conformaban con la versión oficial. La sentencia daba inicio explicando que unos señores subidos a unos trenes habían puesto bombas, sin explicar cómo habían llegado hasta allí, ni quién los había enviado, ni por qué lo hicieron.

Un final agridulce

La sentencia, llena de lagunas y contradicciones, que el juez Bermúdez y sus compañeros habían dictado en 2007, eximiendo a los acusados por la fiscalía como cerebros de la masacre, fue podada aún más en 2008 por el Tribunal Supremo, cuando absolvió en la casación a otros tres de los islamistas condenados.

Al final sólo quedó Jamal Zougam como autor material de la colocación de los explosivos en los trenes. Algo aparentemente incomprensible, teniendo en cuenta que se daba por probado que era también quien había vendido a otros miembros del comando las tarjetas utilizadas en los teléfonos que hicieron estallar las bombas. Y que, después de que se difundiera el hallazgo de una de esas tarjetas en la mochila de Alcalá, había permanecido en su locutorio, como si nada de aquello fuera con él, esperando a que le detuvieran.

Posteriormente se descubrió que la Policía había averiguado que, la noche anterior a los atentados, Jamal Zougam había acudido al gimnasio Fitness Plaza de Plaza Elíptica, permaneciendo en sus instalaciones desde las 22,30 hasta casi la medianoche, según acreditaban los controles de entrada y salida. Esas diligencias policiales nunca se incorporaron a la instrucción judicial ni salieron tampoco a relucir durante el juicio. 

En una carta enviada desde la cárcel con motivo del quinto aniversario del 11-M, Zougam seguía proclamando su inocencia: "Estaba condenado desde el primer día, estoy en la cárcel por la cara... Toda la investigación consistió en buscar cualquier cosa para que yo pareciera culpable... Los testigos que declararon haberme visto se han aprovechado de mí y de las víctimas".

Semanas después, el químico Antonio Iglesias, uno de los peritos que habían analizado los restos de explosivos en paralelo a la vista oral, hizo público el contenido de un informe de 500 folios estrictamente científico, en el que concluía que era "altamente probable" que la dinamita utilizada en los trenes fuera Titadyn y no Goma 2 ECO. En su informe, editado como libro con prólogo de Casimiro García-Abadillo, el perito Iglesias detallaba los resultados de los análisis recogidos en las grabaciones que el juez Bermúdez seguía negando a las víctimas. Iglesias insistía en que tanto el dinitrotolueno (DNT) como la nitroglicerina hallados en la única muestra intacta tras la destrucción de pruebas por parte de los TEDAX, eran componentes del Titadyn y no de la Goma 2 ECO procedente de Mina Conchita. También rebatía el error fáctico de la sentencia al presentar el ftalato de dibutilo como componente exclusivo de la Goma 2 ECO, cuando también formaba parte del Titadyn. Y, por si todo esto no fuera suficiente, presentaba el resultado de una prueba de granulación que indicaba que los restos de Goma 2 ECO encontrados en la Kangoo procedían de la misma muestra-patrón entregada por los TEDAX al juez como elemento de contraste. Es decir, que todo apuntaba a una intencionada manipulación de la investigación por parte del comisario Sánchez Manzano, jefe de los TEDAX.

Manzano fue el eslabón clave en la ruptura de la cadena de custodia de los restos de los trenes y en la orientación de la instrucción sumarial hacia una versión incompatible con la evidencia científica, detectada después por los peritos. Así se publicó y ante ello decidió presentar una demanda de protección al honor contra Casimiro García-Abadillo, Fernando Múgica, Jiménez Losantos y contra Pedro J. Ramírez. 

El tema de la manipulación policial de la investigación es, tal vez, el tema más inquietante y preocupante de todos. Quienes llevaron a cabo tales falsificaciones eliminaron de un plumazo la posibilidad de averiguar lo que ocurrió en el 11-M. El periodista Pedro J. Ramírez enumeró a los "culpables" uno a uno:

• El entonces comisario jefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano, al mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas, con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al transgredir los protocolos sobre recogida y almacenamiento de restos, al asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar, al no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes, al predeterminar la investigación con la muestra-patrón de la Goma 2 ECO de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo, y al proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión de investigación parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea, perjudicando una y otra vez la búsqueda de la verdad de lo ocurrido.

• La perito química de los TEDAX con carné profesional 17.682, al mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, al no redactar y entregar a sus superiores un informe por escrito especificando los componentes de la dinamita que identificó en los análisis realizados en el laboratorio de los TEDAX durante el mediodía del 11 de marzo de 2004 y al destruir la disolución en agua y acetona de los restos empleados, impidiendo así toda posterior verificación.

• El entonces comisario jefe de la Policía Científica, Carlos Corrales, por incumplimiento de sus deberes profesionales al no reclamar de forma fehaciente la entrega de los restos de los focos de los trenes para su análisis en su laboratorio tal y como era preceptivo.

• El entonces subdirector general de la Policía, Pedro Díaz Pintado, y el entonces comisario general de Información, Jesús de la Morena, por incumplimiento de sus deberes profesionales al consentir expresa o tácitamente que el jefe de los TEDAX no entregara a la Policía Científica los restos de los focos de los trenes.

• el general Félix Hernando, responsable de la UCO de la Guardia Civil, por mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con incumplimiento de sus deberes profesionales, al transmitir a la Comisión de Investigación parlamentaria, al juez instructor y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea sobre la investigación de la trama de explosivos en Asturias y el papel de sus confidentes en la misma, y al dar presuntamente instrucciones a su subordinado el alférez Jaime Trigo para que tratara de destruir la nota informativa que demostraba esa falsedad.

• El alférez de la UCO Jaime Trigo, por mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas al dirigirse al entonces segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, Francisco Javier Jambrina, y pedirle, según su testimonio judicial, la destrucción de la nota que dejaba en evidencia a su superior Félix Hernando.

• El comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez, por mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas al alterar de forma inveraz un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que -al margen de la propia trascendencia de dicho informe- existía una consigna política para orientar la investigación en una única dirección.

• El mando de la Policía Científica Alfonso Vega, jefe de la pericia ordenada por el tribunal del 11-M, por entorpecer la acción de la Justicia al poner trabas al trabajo de sus compañeros y al alentar en su propio informe al tribunal las más extravagantes teorías para tratar de justificar la aparición en los análisis de componentes químicos que echaban por tierra la versión oficial de los hechos.

• El juez Juan del Olmo, por grave negligencia e incompetencia profesional al permitir la destrucción de pruebas esenciales como los propios trenes, al no asegurarse de que la Policía hubiera cumplido los protocolos establecidos para el análisis de explosivos, al concluir la instrucción sin tan siquiera contar con una prueba pericial de lo que estalló en los trenes, al permitir el incumplimiento de las normas de custodia de las pruebas, al orientar unidireccionalmente las investigaciones y al perseguir con saña y sin ponderación, mesura ni equilibrio a los dos policías que podían poner en evidencia algunos aspectos irregulares de las mismas, tal y como acababa de establecerlo la Justicia.

• El juez Javier Gómez Bermúdez, por negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; por inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada; por incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían "caminito de Jerez"; por frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos, al colaborar en el libro de su esposa sobre el juicio, y de manipulación política, al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. 

• Los jueces Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, por negligencia profesional, al suscribir los graves errores materiales de carácter fáctico incluidos en la sentencia, al respaldar las inconsecuencias del ponente en relación al resultado de la pericia de explosivos y al respaldar pasivamente su presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia.

• La fiscal del caso, Olga Sánchez, y su superior directo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por negligencia profesional e incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Estatuto del Ministerio Público al impulsar una investigación unidireccional, ceñida a la conveniencia del Gobierno, y desdeñar el valor probatorio de la evidencia científica mediante expresiones como: "En los trenes estalló Goma 2 ECO y vale ya" o "Da igual el explosivo que se utilizara"

La vista oral por la demanda al honor de Sánchez Manzano contra los periodistas de El Mundo comenzó el miércoles 8 de junio ante la magistrada Ana Cristina Lledó, titular del juzgado número 56.

El abogado defensor contrapuso los testimonios de dos guardias civiles destinados en los TEDAX que declararon que ellos nunca hubieran dado el visto bueno al informe que Manzano entregó a Del Olmo, asegurando que las bombas del 11-M contenían componentes genéricos de la dinamita. También testificaron el perito Antonio Iglesias y el igualmente miembro de la pericia de 2007 Carlos Romero Batallán, el primero para calificar de negligente el informe elaborado por la colaboradora de Manzano y el segundo para tildar de aberrante su falta de concreción. 

Se dispuso en manos de la juez igualmente varios documentos: 

• Una circular interna de la Dirección General de la Policía, la número 50, en la que literalmente se especificaba que "en caso de atentados terroristas el examen y estudio de las muestras de los explosivos hallados en el lugar de los hechos corresponden con carácter exclusivo a la Policía Científica"; 

• Un segundo documento, igualmente informe oficial del Ministerio del Interior en el que, a modo de resumen, se certificaba que la Unidad de Desactivación de Explosivos de los TEDAX había enviado a la Comisaría General de la Policía Científica nada menos que 116 muestras recogidas en atentados, en el periodo comprendido entre 2000 y 2006. Si la norma era tan clara y su aplicación tan reiterada que Manzano había incumplido el protocolo, precisamente en la mayor masacre de la historia de España, saltándose a la Policía Científica, para entregar al juez un informe de pésima calidad técnica y nulo valor probatorio (algo a lo que el demandante no respondió y algo a lo que tampoco tuvo que responder en el juicio del 11-M porque el juez Bermúdez jamás dedujo testimonio contra él), pudiera humanamente entenderse la negligencia en el natural estado de shock y de ansiedad que generó el 11-M, razón por la que se hubo comportado de forma irregular, con una conducta que había perjudicado a la investigación al no entregar los restos de los trenes a la unidad competente, con muchos más medios y conocimientos que los TEDAX. 

• El tercer documento aportado fue un dictamen pericial firmado por un ingeniero del ICAI sobre el funcionamiento del modelo de teléfono hallado en la mochila de Vallecas. Este dictamen rebatía o más bien ponía en evidencia la imposibilidad fáctica de la información transmitida por Manzano al juez instructor en noviembre de 2005. "Cuando se procedió al estudio del teléfono, su hora coincidía con la real y tenía activadas las funciones de alarma (7,40) y vibrador", dato clave que vinculaba al teléfono y por ende a la mochila de Vallecas a los atentados: estaba programado para activar el detonador del explosivo a la misma hora en que estallaron las demás bombas en los trenes. Sin embargo, el ingeniero, que semanas antes había puesto al diario El Mundo, había tomado también nota de que el TEDAX apodado "Pedro" y que desactivó la bomba colocada en la mochila, declaró en el juicio del 11-M que cuando él intervino "el teléfono estaba apagado" y que a continuación fue trasladado a las instalaciones de la Policía Científica en el barrio de Canillas. "Una vez allí el teléfono se desmonta y se quita la tarjeta". Esto coincidía con la prioridad de extraer la tarjeta SIM para investigar su memoria sin que desapareciera el dato del repetidor en el que se había encendido anteriormente el teléfono, lo cual implicaba desmontar la batería y volver a encender el terminal con una nueva tarjeta. Pero a diferencia de otros modelos, el Mitsubishi Electric Trium 110 no conservaba ni la hora ni la fecha programada cuando se volvía a encender con otra tarjeta. Su propio manual de uso así lo especificaba y advertía. En un vídeo grabado por el perito se reprodujeron los mismos pasos que, según Manzano, habían permitido establecer que el teléfono estaba programado para las 7.40 de la mañana: el ingeniero configuraba la hora y la fecha y, tras apagar el terminal, cambiaba la tarjeta y lo volvía a encender, comprobándose que el teléfono había perdido la fecha establecida con anterioridad, apareciendo por defecto el 1 de enero de 2001, y que igualmente había perdido la hora, mostrando en pantalla las 00.00 del lunes 01. 

La fiscal del caso pidió a la juez que rechazara la demanda. Tras examinar los 40 artículos que el exjefe de los TEDAX consideraba falsos y ofensivos, la titular del juzgado 56 establecía que había quedado probada la sustancial conformidad de lo publicado con la realidad, entrando en otras valoraciones: 

• En el folio 35 la juez aseguraba que los TEDAX recogieron múltiples restos y vestigios que estuvieron en contacto con los focos, incluidas impregnaciones de acetona y agua, pero en vez de ser trasladados primeramente al grupo de Madrid que era el cauce usual, el demandante ordenó el traslado directo de tales restos y vestigios a la Unidad Central sin el previo inventario y clasificación oportuna. 

• En el folio 33 la juez señalaba que, no obstante carecer (el laboratorio de los TEDAX) de instrumentos cualificados para realizar una pericia científica eficaz sobre los focos de las explosiones, el demandante, lejos de remitirlos para su análisis a la Policía Científica que sí contaba con los medios físicos y humanos para ello, designó expresa y exclusivamente a una perita de los TEDAX para llevar a cabo la analítica referida, la cual, como ya se ha expuesto, no expresaba componente alguno detectado. 

• En el folio 34 la juez desmontaba la coartada de Manzano y le dejaba en evidencia, al hacer constar que declaró en el juicio del 11-M que nunca se habían enviado esos restos a la Policía Científica, cuando lo cierto es que, como revelaba el oficio remitido por la Dirección General de la Policía, entre el año 2000 y 2006 la Policía Científica realizó por petición de los Tedax 116 informes, inclusive 10 de restos de explosivo no pesante. En el folio 37 la juez afirmaba que la posibilidad de que el explosivo encontrado en la furgoneta Renault Kangoo y la muestra patrón de Goma 2 ECO entregada a la Policía Científica por el jefe de los Tedax provinieran del mismo cartucho era una teoría explicativa basada en datos ciertos. 

• En el folio 30, la juez ratificaba y catalogaba aportaciones falsas o erróneas al sumario del 11-M que eran de dominio público, como la entrega al juez Del Olmo de una réplica de la mochila de Vallecas, haciéndola pasar por genuina -folio 28- o la ocultación de la radiografía que mostraba que los cables de la mochila original estaban sueltos y por lo tanto era imposible que el explosivo estallara -folio 29-, deteniéndose en el descubrimiento sobre el teléfono anexo que sustentó la versión oficial del 11-M, al recordar que en tres informes distintos, emitidos a lo largo de año y medio, Manzano reiteró a Del Olmo que "al ser encendido se pudo apreciar que en la pantalla tenía programadas las funciones de alarma-despertador y vibración, que la hora que marcaba el reloj era la correcta y que estaba programado para activar la función vibrador-despertador (conectada al detonador) a las 7.40 horas". Era un modo de decir que si esa misma prueba se hubiera practicado ante el tribunal del 11-M la sentencia tendría que haber reflejado que la sincronización operativa entre el teléfono de la mochila de Vallecas y los que presuntamente iniciaron las bombas que estallaron en los trenes fue una explicación inventada por Manzano para engañar al juez instructor. 

En diciembre de 2010, la sala de la Sección octava de la Audiencia de Madrid rechazó el recurso de Sánchez Manzano ratificando todos los argumentos de la juez Lledó, y añadiendo que la denuncia de Manzano como campaña de prensa contra él podía considerarse como una actitud pertinaz por esclarecer o intentar que se esclareciera qué había ocurrido realmente en los atentados del 11-M: qué explosivo había sido utilizado y de dónde podía haber procedido, porque no resultaban convincentes las primeras informaciones o datos que se estaban ofreciendo al juez instructor de la causa o porque se veían lagunas o contradicciones en los datos que se iban revelando de la investigación policial y de la instrucción judicial. 

Sánchez Manzano no recurrió en casación ante el Supremo. y ninguno de los restantes 17 policías, jueces y fiscales incluidos por Pedro J. Ramírez en su famoso artículo de acusación trató de emular parecidas acciones penales o civiles. 

Despedida final

La sensación es que hay mucho que se escapa en esta historia. Que las cosas quizá fueron mucho más complicadas de como quisieron ser contadas. Porque, si las manipulaciones policiales no fueron negligencia sino un intento (exitoso) de ocultación de los autores intelectuales del 11-M, habría que encontrar a dichos autores intelectuales entre los propios mandos policiales, o sus superiores, o quién sabe quiénes.. 

Es evidente que sí hubo una cuarta trama en los atentados, muy distinta de las que fueron objeto de juicio en la Casa de Campo y autora intelectual de los atentados. Se sabe que ideó, organizó, pagó y ordenó los atentados; que no se trató de Al Qaeda; y que estaba interesada en el vuelco electoral de las elecciones de 2004. 

En mi opinión, la cuarta trama fue compuesta por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, o del CNI trabajando puntualmente con los servicios secretos marroquíes y con ETA. Tuvo un papel fundamental en la constante manipulación de la investigación, pero sus motivaciones políticas debieron proceder de más arriba, de la misma base ideológica que el partido que gobernó España a raíz de los atentados (el PSOE).

Todos siguen creyendo que el 11-M fue algo de Al Qaeda. Yo lo que creo es que vivo en un Estado que, por muy chapucero que sea, es capaz de cualquier cosa: incluso acabar con la vida de doscientos inocentes para poder colocar a los suyos en el poder.

Y eso es algo que me causa gran consternación y muchísima rabia.