El dichoso adjetivo de lo social

España cuenta con un Ministerio de Igualdad y un Ministerio de Derechos Sociales. El Ministerio de Igualdad de España justifica formas de desigualdad (por ejemplo, vulnerando por razones de sexo la presunción de inocencia) para alcanzar la igualdad. Y el Ministerio de Derechos Sociales se ocupa del bienestar, de la educación de calidad, de la igualdad de género o del fin de la pobreza. Uno y otro coinciden en tirar de presupuesto para alcanzar sus loables fines. Es decir, mayor presión fiscal: pagar más impuestos.

La igualdad es un asunto que viene explícitamente mencionado en la Constitución de 1978. Pero los derechos sociales no, de hecho, ni siquiera sabemos lo que son: ¿el bono cultural para los jóvenes?; ¿los escraches?; ¿los referendos ilegales?; ¿la segregación lingüística en las autonomías con lengua cooficial?; ¿el derecho a decidir?. El adjetivo social es una engañifa: un derecho solo existe si está reconocido por la ley. Las declaraciones de derechos suelen ser antes guías morales que realidad jurídica. Los derechos los establece el Poder Legislativo (el Parlamento) y no los ministerios del Ejecutivo.  Y en lo referente a la igualdad, tres cuartos de lo mismo: las democracias reconocen la la igualdad jurídica, la igualdad política, la igualdad de oportunidades, etcétera. Todas ellas derivan de la doctrina cristiana, que democratiza las sociedades ignorando su jerarquía social explícita (las polis helenas negaban la igualdad, por ejemplo). La igualdad económica no es reconocida por ninguna democracia, solo por los estados dictatoriales comunistas (casos de Corea del Norte o Cuba, y solo en la teoría). La igualación económica solo es viable mediante la supresión de las libertades individuales. De hecho, las democracias modernas surgen para garantizar la igualdad moral y las libertades individuales. Entendido esto, conviene advertir que las democracias actuales asumen como inexcusable la protección de los desvalidos y la mejora del bienestar. No por una cuestión de igualdades o derechos sociales, sino de solidaridad. 

En aras de la igualdad y de lo social, los políticos modernos practican la peor amenaza a la calidad democrática justificando en ellas las subidas de impuestos (recuérdese la hipocresía reciente de Urkullu acusando a la CAM de practicar "dumping" fiscal" y poniendo en peligro la realización de políticas sociales). Pareciera que todas las mejoras sociales e igualitarias se han de efectuar menoscabando la tranquilidad económica de los trabajadores. Pocos entienden que el mayor derecho social consiste em disfrutar de los frutos del trabajo mientras se contribuye lo indispensable al bienestar común.