Los presupuestos asociales

Hace medio año, organismos internacionales pronosticaban que España crecería este año muy por encima del resto de economías de la UE. El Gobierno no tardó en presumir de recuperación, muy especialmente la ministra de Economía y vicepresidenta primera. A nadie parecía importar que en 2020 nuestro país se hubiese hundido económicamente mucho más que toda la UE o los 37 países de la OCDE. En realidad, fue esa la razón por la que algunos previeron una subida vertiginosa de la economía española: parecía lógico suponer que las economías más deterioradas en 2020 fuesen las que más creciesen en 2021. España había sufrido una caída del PIB del 10,8% y en el segundo trimestre de 2020 el PIB se redujo en tasa interanual más del 20%, producto de la desastrosa gestión de la crisis sanitaria.

Esta crisis económica es distinta a todas las precedentes. Ha sido ocasionada por la respuesta política y administrativa a una epidemia. Tocamos fondo y lo normal es estar en proceso de recuperación. En puridad, solo se podrá hablar de recuperación una vez que España alcance el nivel de renta que tenía antes de la pandemia. Según previsiones de hace seis meses por parte de la Comisión Europea, España no la alcanzará hasta 2023. Ciertamente, no es para jactarse de nada, mucho menos de recuperación.

A estas alturas del año la Comisión ya ha elaborado las estadísticas de otoño. Las previsiones en la Eurozona son positivas. El PIB pasa de crecer del 4,3% (estadísticas de primavera) al 5% y la mayoría  de los países alcanzarán en 2022 el PIB que mantenían en 2019. Todos excepto España, que seguirá teniendo que esperar al 2023. Las previsiones son muy negativas para España. Pese a ser el país cuya economía más se desmoronó en 2020, ocupará el número 17 de la Unión Europea y le cabrá el dudoso honor de no salir de la crisis hasta 2023.

Como siempre, esta realidad la va a ignorar nuestro ególatra presidente porque los datos no le dicen nada (algo lógico en un doctor en economía con título regalado). De hecho, se vanagloria de que España tenga una recuperación más robusta y justa que la de 2008, cuando resulta que aquel año gobernaba Zapatero, es decir, el PSOE. Pese a su presencia, o cabría que decir en contra de su presencia, las condiciones económicas han de mejorar si la situación sanitaria mejora como está mejorando gracias a las vacunas, un éxito del que el Gobierno se ha apropiado hurtándoselo a las mismas Comunidades Autónomas a las que responsabilizaba del deterioro en plena pandemia. 

Hay factores añadidos que fragilizan la situación económica muy por encima de otros países miembros de la UE. Las cifras de paro no pueden ser ocultadas por los ERTE (creados en la época rajoyística) y superan a la mismísima Grecia, con el agravante de que buena parte del empleo actual es de muy baja calidad, empleo basura, subempleo, consecuencia de la devaluación competitiva y propenso a desaparecer en cuanto se eleven mínimamente los costes o los salarios. Además hay que añadir la acumulación de deuda pública. Según el Banco de España, crecerá un 30% del PIB, desde el 95% en 2019 al 124% en 2022. Esta situación solo se sostiene por la intervención del BCE, que controla el euro, y que se ha mostrado dispuesto a comprar todos los títulos necesarios. Pero es esta la causa que nos hace vulnerables y dependientes en política económica de las medidas que quiera imponer la Unión Europea. Durante estos años de pandemia Bruselas ha mantenido una postura laxa en cuanto a estabilidad presupuestaria, como también lo hizo en 2008, pero no es previsible que se mantenga en el futuro, sobre todo atendiendo que están apareciendo tasas de inflación que remontan a otros tiempos.

Estas condiciones económicas permiten conocer las mentiras que han rodeado el tema de las ayudas europeas, como la afirmación de ausencia de condicionalidad (hombres de negro). Pese a los embustes de la ministra de Economía y los embrollos, galimatías, mentiras y desmentidos del ministro de la Seguridad Social, estamos inmersos en un rescate por más que pretendan vestirlo de paseo triunfal. Avergüenza recordar la llegada de Sánchez al primer consejo de ministros tras la cumbre en que se habían aprobado los fondos, lo mismo que si hubiera ganado la guerra a los nazis. El paseíllo de aplausos de sus ministros fue simplemente bochornoso. 

Cuando el INE revisó la previsión de crecimiento del PIB para este segundo semestre del año, la ministra de Economía se extrañaba de que los parlamentarios mostraba sorpresa por la existencia de revisiones. La extrañeza obedecía no a su existencia, sino a la magnitud del ajuste: del 2,8% en julio al 1,1% en la actual. Nunca antes hubo correcciones de esta dimensión. Pese a ello, el Gobierno ha mantenido sus previsiones inamovibles como si la revisión ni la realidad afectasen a sus trampas. Aún en septiembre, en una entrevista a El País, la ministra de Economía mostraba un triunfalismo bobalicón que causaba vergüenza ajena, plagado de contradicciones. Afirmaba coas tales como que España iba a ser uno de los motores del crecimiento de Europa. En dicha entrevista Calviño atribuía a la hostelería y el turismo, los sectores más afectados por la pandemia, las razones del desplome económico de España, pero el periodista que la entrevistaba señaló con acierto que países como Francia, Italia, Grecia, Croacia, Chipre o Malta tienen un sector turístico muy destacado y su desplome económico ha sido mucho menor.

En todo este tiempo el Gobierno se ha escudado en el desempleo, haciendo creer al lego que su evolución va por separado del PIB. Aun así, las medidas del Gobierno, concretamente esos ERTE de los que renegaron antes de la pandemia y a los que se han acogido con estrépito, no crean empleo ni impiden la aparición del paro. En cualquier caso no es admisible que se empleen para ocultar el paro. Y algo parecido sucede con la afiliación a la Seguridad Social. El ministro presume de haberse alcanzado cifras anteriores a la pandemia ofreciendo datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, cosa que debería hacerse porque aunque mantengan la afiliación a la Seguridad Social lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que los financia el Estado. 

La aprobación de los Presupuestos 2022 se circunscribe al éxito de las pretendidas políticas sociales. Es algo que reiteran hasta los gobernantes de las Comunidades Autónomas, como hacía el ignorante de Urkullu al quejarse de no poder elaborarlas por el dumping fiscal de Madrid. Pero, al margen de este tipo de estupideces a las que los vascos nos tienen acostumbrados, no es apropiado hablar de un Estado social o socialdemocrático sin un sistema fiscal suficiente y progresivo, y el nuestro hace tiempo que no es lo uno ni lo otro. Que no es suficiente lo evidencia el nivel de pobreza en amplias capas de la sociedad, y la disputa sobre las pensiones y la llamada de todos a recortarlas. Que no es progresivo se observa al reparar en la degradación que ha sufrido a partir de los años noventa.

En cualquier caso, es moralmente difícil exigir a la población sacrificios fiscales si, al mismo tiempo, no hay un estricto control de la ejecución del gasto público. Por ello este Gobierno ha renunciado a reformar el sistema fiscal en estos Presupuestos, limitándose a algún ajuste sin importancia y a maquillar los ingresos. Y el presupuesto se puede maquillar, pero su liquidación no. Difícilmente se podrá ocultar el incremento de la deuda. El Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, salvo con los impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero es al mismo tiempo pródigo en gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a los suyos o a sufragar actuaciones populistas con fines clientelares.

Casualmente, al tiempo que el Gobierno presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban su informe "Sociedad expulsada y derecho a ingresos". Los informes FOESSA son viejos desconocidos. Durante la dictadura eran uno de los medios desde donde adentrarse en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza. Pese a haber pasado casi cincuenta años, hay que recurrir de nuevo a ellos en contraposición al discurso triunfalista del Gobierno. Según el citado informe, son ya 11 millones de personas los que se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. La exclusión severa supera los 6 millones de personas (2 millones más que en 2018) y se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas. El informe presenta un panorama muy distinto al retratado por el Gobierno, que repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados existentes en 2019, lo cual es falso, como hemos visto. La desigualdad se ha incrementado con respecto a la situación existente con anterioridad a la pandemia y el famoso escudo social ha sido un fiasco, como fiasco ha sido el ingreso mínimo vital (IMV), diseñado como impuesto negativo sobre la renta.

Lo cierto es que el tan cacareado escudo social es solo un eslogan y el presupuesto más social de la historia es otro bluf más que difícilmente solucionará la lacra de la pobreza y la desigualdad actuales. Es cierto que el gasto presupuestado se eleva a niveles muy considerables, pero las distintas partidas están elegidas con una finalidad más electoral que social. El gasto se dirige a colectivos, como el de los jóvenes, que no son precisamente los más necesitados, pero que sí se consideran potenciales votantes. Así, la ley de vivienda lejos de aportar soluciones al problema lo empeora. La única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es el incremento de la oferta de viviendas en alquiler, y eso es bastante más complicado que elaborar una ley, la presupuestaria, por mucho que la ministra de Hacienda la califique de "preciosa". Podían haber planteado dedicar parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos etéreos como la transición energética, la modernidad, la política de género, la digitalización o el cambio del tejido productivo (cuyo previsible resultado hará las delicias de algunas grandes empresas). El 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital, lo cual hace sonreír a quienes siempre se lucran a cargo del BOE. Lo de dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda es una ocurrencia más, que se anuncia sin pensar ni cómo hacerlo ni cuáles serán los para acceder a esa ayuda. Además, ¿por qué a los jóvenes?, ¿son los más necesitados? Como señala el informe FOESSA, la exclusión se da principalmente entre las familias monoparentales, numerosas e inmigrantes. ¿Por qué no destinar esa ayuda a los parados de larga duración? Y ya puestos a mencionar divertidas (por vergonzosas) ocurrencias, cómo no citar los cuatrocientos euros que se les va a conceder como propina a quienes cumplan 18 años en 2022. Cuando hay seis millones de personas en exclusión severa, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

Mucho me temo que en el Gobierno no hay una sola cabeza pensante que sepa con determinación qué hacer con las recaudaciones de los ciudadanos para que las políticas sociales sean cada vez menos necesarias. Una pena.