Una de las actividades más reprochables de este Gobierno (en puridad, de cualquier gobierno, pero en el que padecemos actualmente resulta sanchistamente frecuente) es el continuo ir y venir de mentiras, medias verdades, jerigonzas, añagazas, enredos y globos sonda en temas cruciales para el ciudadano. Y en el tema de las pensiones, los mentidos y desmentidos, galimatías y embrollos del ministro Escrivá, al que se tenía por experto independiente y encomiable, son especialmente lesivos.
Nada sabemos de la reforma de las pensiones que se anuncia. Lo que sí sabemos es que, de nuevo, se ha optado por la separación entre Seguridad Social y Estado, por lo que las pensiones deben financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales, un modelo que remite al franquismo que, en su momento, perseguía solucionar los problemas de los trabajadores mediante aportaciones mensuales (cotizaciones) a las que estaban obligados tanto patronos como trabajadores. Con la Constitución, las prestaciones pasan a ser son derechos del ciudadano.
La sanidad escapó del Pacto de Toledo y traspasó su presupuesto del Estado, y de este a las Comunidades Autónomas: su coste pasó a integrar los planes de financiación autonómica, desligándose de las cotizaciones sociales. Por tal motivo nadie se pregunta hoy si la sanidad va a ser viable en el futuro. Pero el gasto social las pensiones, al estar dentro de la Seguridad Social y separada del Estado, es motivo de agresión continuada. Recordemos que, en la actualidad, en el presupuesto de la Seguridad Social las aportaciones del Estado se consideran un préstamo.
El ministro Escrivá plantea pasar al presupuesto del Estado los gastos no propios, es decir, las prestaciones percibidas por los ciudadanos y no vinculadas a cotización, lo que alivia de cargas el presupuesto de la Seguridad Social, pero deja intacto el problema de fondo. El Gobierno ha optado por presentar la reforma por píldoras para que sea más soportable. La primera ha sido la promesa de actualizar todos los años las cuantías de las pensiones según el IPC, lo cual no significa que las pensiones suban, simplemente se impide que bajen. En 1995, con el Pacto de Toledo, todos los partidos se comprometieron a ello y así se aplicó en los años posteriores hasta que Zapatero, en plena crisis financiera (año 2010) rompió la norma y congeló las prestaciones. La posterior reforma de Rajoy estipulaba una revalorización desligada del IPC y que implicaba, según la inflación, pérdidas de poder adquisitivo para los pensionistas.
El Gobierno de Sánchez ha presentado su reforma de forma triunfalista, asegurando que se garantiza para siempre la revalorización de las pensiones, lo cual es pura propaganda (y el ejemplo lo tiene en su antecesor socialista, Zapatero, que las congeló llegado el caso). Luego esta reforma no constituye garantía alguna de que, en años difíciles, el gobierno de turno no modifique esta medida en la ley de presupuestos del año correspondiente. Por tanto, la seguridad solo podrá provenir de liberar a las pensiones de la trampa de tener que ser financiadas solo con las cotizaciones sociales.
La actualización anual es el objetivo de quienes cargan contra el sistema público de pensiones, especialmente cuando la inflación es notable. Arguyen que representa una carga muy gravosa para el erario público, olvidando que la subida de los precios no solo incrementa las pensiones, también los ingresos públicos. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para que Hacienda o la Seguridad Social obtengan un beneficio extraordinario a costa de reducir las pensiones a los jubilados.
Los límites antes mencionados de la Seguridad Social dejan escaso margen para alcanzar una solución. O se reducen las pensiones o se incrementan los ingresos. El Gobierno ha escogido un mix: elevar las cotizaciones sociales 0,6 puntos, un 0,5 a cargo del empresario y 0,1 a costa del trabajador. Las cotizaciones sociales no dejan de ser un impuesto sobre el trabajo y, mucho o poco, puede influir sobre el empleo. Hay otros impuestos más aptos para financiar las pensiones y, en general, todos los gastos sociales. ¿No sería más adecuado utilizar el impuesto de sociedades, el el IRPF, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones, que son todos ellos progresivos? Pero el Gobierno, por muy progresista y socialdemócrata que se declare, prefiere evitar la imposición directa y moverse por terrenos más cómodos e injustos como los en las autovías o la tributación de los hidrocarburos.
Respecto a los gastos, el Gobierno ha sido mucho menos explícito. Todo el lío el "cuadradito pequeño puesto allí por quien no se sabe bien" no deja de ser parte del plan remitido por el Gobierno a Bruselas, donde se proponía la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Pasar de 25 años, periodo actual, a 35 años, como se comentaba, es una reducción muy sustancial de las pensiones. Y respecto al retraso de la edad de jubilación, no deja de ser un contrasentido en el país de la Unión Europea con mayor índice de paro. El ministro asegura que no influye en el empleo, pero no muestra estudio alguno que lo soporte. Dedicar recursos públicos a incentivar la prolongación de la vida laboral, parte de originar desempleo, solo beneficia a los trabajadores más cualificados y de mayor salario. Es cierto que la esperanza de vida aumenta progresivamente, pero también sube la productividad y eso significa que cada vez se necesitan menos horas de trabajo para producir lo mismo. Fue el aumento de productividad lo que permitió reducir la jornada laboral y el número de jornadas laborales semanales en otras épocas. Hoy podría servir para hacer más corta la vida activa. Es otra forma de repartir el tiempo de trabajo. Pero desconocemos si la productividad va a seguir creciendo en el futuro.
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