No va a llegar

Conforme avanza la tiranía globalista, lo mismo en la vieja Europa que en la fallida Iberoamérica, los líderes que mejor debieran liderar la asonada contracultural hunden la cabeza en el cieno donde abrevan las calamidades presentes y futuras. 

Por tierras argentinas, el de la gaviota, acaso por aquello de no parecerse ni a quienes se escindieron años atrás del partido genovés para fundar el suyo propio a voz en grito, ni a quien ha cosechado el único éxito que conocen en la sede que siempre se quiere vender (y nadie quiere), ha proclamado que está listo y determinado a gobernar la piel de toro con la colaboración de quienes hoy gobiernan (y dejarán de hacerlo para que él se ponga a la tarea). Eso sí, propuso en las tierras meridionales una alianza por la libertad (qué coño será eso) que nadie recogió, solo algún cámara que pasaba por allí sin saber de qué iba todo el cotarro.

Qué personaje tan tibio. Su discurso es el del cualquierismo, ideología de nuevo cuño que significa, si lo entiendo bien, que cualquier cosa vale con tal de ver pasar el tiempo (porque solo el tiempo habrá de tumbar a los tiranos y a su sanchidad, visto lo que lucha el andoba de la gaviota). 

Yo prefiero la de "Bienvenidos a la resistencia", que dijo el otro. Porque este que nos ocupa, no va a llegar a ninguna parte.

Nota. En marzo de 2022 se ha cumplido el vaticinio: este que nos ocupaba, no ha llegado.

Pensiones de dar y tomar

Una de las actividades más reprochables de este Gobierno (en puridad, de cualquier gobierno, pero en el que padecemos actualmente resulta sanchistamente frecuente) es el continuo ir y venir de mentiras, medias verdades, jerigonzas, añagazas, enredos y globos sonda en temas cruciales para el ciudadano. Y en el tema de las pensiones, los mentidos y desmentidos, galimatías y embrollos del ministro Escrivá, al que se tenía por experto independiente y encomiable, son especialmente lesivos.

Nada sabemos de la reforma de las pensiones que se anuncia. Lo que sí sabemos es que, de nuevo, se ha optado por la separación entre Seguridad Social y Estado, por lo que las pensiones deben financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales, un modelo que remite al franquismo  que, en su momento, perseguía solucionar los problemas de los trabajadores mediante aportaciones mensuales (cotizaciones)  a las que estaban obligados tanto patronos como trabajadores. Con la Constitución, las prestaciones pasan a ser son derechos del ciudadano.

La sanidad escapó del Pacto de Toledo y traspasó su presupuesto del Estado, y de este a las Comunidades Autónomas: su coste pasó a integrar los planes de financiación autonómica, desligándose de las cotizaciones sociales. Por tal motivo nadie se pregunta hoy si la sanidad va a ser viable en el futuro. Pero el gasto social las pensiones, al estar dentro de la Seguridad Social y separada del Estado, es motivo de agresión continuada. Recordemos que, en la actualidad, en el presupuesto de la Seguridad Social las aportaciones del Estado se consideran un préstamo.

El ministro Escrivá plantea pasar al presupuesto del Estado los gastos no propios, es decir, las prestaciones percibidas por los ciudadanos y no vinculadas a cotización, lo que alivia de cargas el presupuesto de la Seguridad Social, pero deja intacto el problema de fondo. El Gobierno ha optado por presentar la reforma por píldoras para que sea más soportable. La primera ha sido la promesa de actualizar todos los años las cuantías de las pensiones según el IPC, lo cual no significa que las pensiones suban, simplemente se impide que bajen. En 1995, con el Pacto de Toledo, todos los partidos se comprometieron a ello y así se aplicó en los años posteriores hasta que Zapatero, en plena crisis financiera (año 2010) rompió la norma y congeló las prestaciones. La posterior reforma de Rajoy estipulaba una revalorización desligada del IPC y que implicaba, según la inflación, pérdidas de poder adquisitivo para los pensionistas.

El Gobierno de Sánchez ha presentado su reforma de forma triunfalista, asegurando que se garantiza para siempre la revalorización de las pensiones, lo cual es pura propaganda (y el ejemplo lo tiene en su antecesor socialista, Zapatero, que las congeló llegado el caso). Luego esta reforma no constituye garantía alguna de que, en años difíciles, el gobierno de turno no modifique esta medida en la ley de presupuestos del año correspondiente. Por tanto, la seguridad solo podrá provenir de liberar a las pensiones de la trampa de tener que ser financiadas solo con las cotizaciones sociales.

La actualización anual es el objetivo de quienes cargan contra el sistema público de pensiones, especialmente cuando la inflación es notable. Arguyen que representa una carga muy gravosa para el erario público, olvidando que la subida de los precios no solo incrementa las pensiones, también los ingresos públicos. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para que Hacienda o la Seguridad Social obtengan un beneficio extraordinario a costa de reducir las pensiones a los jubilados.

Los límites antes mencionados de la Seguridad Social dejan escaso margen para alcanzar una solución. O se reducen las pensiones o se incrementan los ingresos. El Gobierno ha escogido un mix: elevar las cotizaciones sociales 0,6 puntos, un 0,5 a cargo del empresario y 0,1 a costa del trabajador. Las cotizaciones sociales no dejan de ser un impuesto sobre el trabajo y, mucho o poco, puede influir sobre el empleo. Hay otros impuestos más aptos para financiar las pensiones y, en general, todos los gastos sociales. ¿No sería más adecuado utilizar el impuesto de sociedades, el el IRPF, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones, que son todos ellos progresivos? Pero el Gobierno, por muy progresista y socialdemócrata que se declare, prefiere evitar la imposición directa y moverse por terrenos más cómodos e injustos como los en las autovías o la tributación de los hidrocarburos.

Respecto a los gastos, el Gobierno ha sido mucho menos explícito. Todo el lío el "cuadradito pequeño puesto allí por quien no se sabe bien" no deja de ser parte del plan remitido por el Gobierno a Bruselas, donde se proponía la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Pasar de 25 años, periodo actual, a 35 años, como se comentaba, es una reducción muy sustancial de las pensiones. Y respecto al retraso de la edad de jubilación, no deja de ser un contrasentido en el país de la Unión Europea con mayor índice de paro. El ministro asegura que no influye en el empleo, pero no muestra estudio alguno que lo soporte. Dedicar recursos públicos a incentivar la prolongación de la vida laboral, parte de originar desempleo, solo beneficia a los trabajadores más cualificados y de mayor salario. Es cierto que la esperanza de vida aumenta progresivamente, pero también sube la productividad y eso significa que cada vez se necesitan menos horas de trabajo para producir lo mismo. Fue el aumento de productividad lo que permitió reducir la jornada laboral y el número de jornadas laborales semanales en otras épocas. Hoy podría servir para hacer más corta la vida activa. Es otra forma de repartir el tiempo de trabajo. Pero desconocemos si la productividad va a seguir creciendo en el futuro.

La UE sigue con su juego destructor

Primero alertó la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): "La agricultura y la ganadería son las causas del 90 por ciento del desmonte global". El avance del agro industrial en África, Asia y Sudamérica lleva convertidos, desde 1990, cerca de 420 millones de hectáreas de bosque en tierras de cultivo. Por ahí enlaza la Unión Europea, en una de sus últimas propuesta regulatorias: "La deforestación y la degradación de los bosques se están produciendo a un ritmo alarmante, lo que agrava el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El principal impulsor de la deforestación y la degradación forestal es la expansión de la tierra agrícola para producir productos básicos".

De repente, la Unión Europea ha decidido que se ha alcanzado en el planeta el punto máximo de intervención en la naturaleza. En realidad, lo viene decidiendo desde hace décadas, pero se encuentra siempre con la numantina resistencia de todos los demás, porque lo que la UE pretende no alcanza solamente a los contornos de Europa. No sé cuántos años quedan para la llegada de la Parusía, pero la UE cifra el advenimiento del Armagedón definitivo en doce, de manera que ya pueden los cristianos darse prisa no sea que su Salvador, cuando vuelva, se encuentre todo anegado por las aguas (o reconvertido en Dune, que todo es posible: depende de cómo se levanten los prebostes ese día).

El problema no estriba en disponer de elevados objetivos ambientales, sino en el modo de imponerlos al resto. Todo el asunto de las agendas y pactos no dejan de ser azotes para las economías del Tercer Mundo: obstáculos al desarrollo, normativas destructivas, proteccionismo y también sanciones.

En la reciente COP26, la Comisión Europea adoptó una resolución para dejar de consumir productos primarios si no se puede probar que proceden de zonas no deforestadas. Estos productos son: soja, carne vacuna, aceite de palma, cacao,  café o madera; y derivados como chocolate, cacao en polvo, cuero, contrachapado, palés, barriles y marcos de madera para pinturas, espejos y fotografías. Eso sí, las futuras derivaciones son impredecibles. Para ello pondrán en marcha un sistema de evaluación a los países de origen, es decir, a las empresas comercializadoras y productoras. 

No deja de ser paradójico que Europa, que en todos sus siglos de historia jamás se anduvo con miramientos para desarrollarse industrial y socialmente como le dio la gana, exija ahora al resto de la humanidad que renuncie a los mismos desarrollos industrial y tecnológico que la hicieron próspera. En puridad, Europa está exigiendo a países con niveles de pobreza calamitosos y grandes cantidades de población paupérrima que se abstengan de emitir el dióxido de carbono que la vieja Europa se cansó de emitir cuando le fue preciso. 

La iniciativa presentada por Bruselas es parte del Pacto Verde Europeo con el que la UE pretende alcanzar la reducción de emisiones en un 55% para 2030 respecto de 1990 y la neutralidad climática en 2050. Obviamente, cualquier pacto sin la anuencia de China, Rusia, India o EEUU deja de ser una solemne bobada, y ninguno de estos países está interesado en dañar sus intereses. Por eso Europa se centra en someter a los países que sí están desgobernados por inútiles e impotentes: los grandes jugadores de la geopolítica juegan la partida real. Total, ninguna de las regulaciones que surjan van a producir cambio alguno en el clima (no lo han producido hasta ahora y no va a cambiar nada). 

No deja de ser irónico que quienes se muestran incapaces de poder pagar la calefacción este invierno sean los que quieren controlar el clima del mundo. 

Obstrucción al negacionismo

El uso indiscriminado del término negacionismo en la crisis climática (y también en la coronavírica) oculta y niega el problema real sustentante. El negacionismo ha sido normalizado y diseminado por los medios de comunicación ocasionando una generalización que trivializa la adopción de posturas críticas respecto a este tema (a cualquier tema, en realidad). Recordemos que la acepción original del término se refería al hecho delictivo de negar la existencia del holocausto en la Europa nazi, por lo que se estaría criminalizando a una corriente de opinión en un tema que en absoluto es comparable al horror de los guetos y los lager. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa, los argumentos de las personas y grupos que disienten del activismo climático es bastante más amplia de lo que el término negacionismo implica. De hecho, si se revisa la literatura existente, menos de una cuarta parte de los argumentos empleados por los críticos son estrictamente negacionistas. La enorme mayoría de los disidentes climáticos no niegan el calentamiento global, sino que se oponen a las políticas con que se pretende atajar el problema por su ausencia de eficacia o incluso de prioridad (hay problemas mucho más acuciantes). Entre los disidentes, los hay obstruccionistas, que reaccionan contra cualquier alteración del modelo económico. Algunos de ellos son negacionistas, pero muchos otros son simplemente escépticos o no colaboracionistas. 

El uso extendido del término negacionismo lo que sí hace es polarizar de forma extrema a la sociedad, dividiéndola entre malos (los negacionistas) y buenos (los demás), algo que permite criminalizar a unos y exculpar a otros desde un punto de vista supremacista, aun cuando entre los del segundo grupo haya numerosos no colaboracionistas que no son negacionistas del cambio climático. Un ejemplo concreto lo encontramos en la industria, que muestra preocupación y consciencia medioambiental, pero dedican esfuerzos a obstaculizar las políticas climáticas que unos pocos consideran como más eficaces (son unos pocos quienes pretenden imponer su visión superior). Es este obstruccionismo el que ha impedido que Europa avance en la política climática a la que sus representantes tanto aluden, lo cual desde cierto punto de vista es un alivio (yo así lo pienso).  De hecho, en la práctica cualquier ciudadano que se muestre receloso de cambiar sus hábitos (como los vinculados a la dieta, el transporte o el turismo) podría ser calificado de obstruccionista aunque, al mismo tiempo, sea ferviente defensor de las políticas climáticas. 

Por tanto, en el debate internacional nos encontramos varios grupos de actores en cuanto al clima: los negacionistas, los obstruccionistas, los no colaboracionistas, los afirmacionistas y los activistas (o ultra-afirmacionistas), cuyo fanatismo hace ganar adeptos a cualquiera de las corrientes primero mencionadas. Mientras tanto, todos los focos apuntan a los negacionistas, que son una minoría.

Franquismo eternizante

No se entiende la sistemática campaña de acoso al franquismo. Franco lleva cuarenta y tantos años muerto y enterrado y, salvo en los primeros años de la Transición, los simpatizantes del Antiguo Régimen brillan por su ausencia: tanto por haber fallecido ya, como por estar en vías de estarlo. 

Da lo mismo. El auge del antifranquismo se fundamenta en la tesis de que el franquismo aún existe y que, salvo los propios antifranquistas, ninguno somos capaces de advertirlo, acaso porque seamos todos franquistas sin saberlo. 

España ha necesitado de una ley de memoria histórica (la de Zapatero), reconvertida luego en ley de memoria democrática (la de su Sanchidad), para encontrar este desasosegante franquismo que sigue campando a sus anchas sin que nadie lo impida. Exhumar cadáveres (antifranquistas, la II República y su gobierno bélico jamás fulminó a nadie, dicen) es una misión menor en comparación con tan egregio objetivo. 

Que, en el trasiego de eliminar de las calles los vestigios del franquismo se hayan eliminado también los más antiguos de siglos anteriores al XX, no tiene nada de extraño: cualquier figura histórica, si fue ensalzada por el franquismo, ha de desaparecer para no interrumpir la hodierna historiografía oficial que señala que el franquismo no solamente existió, sino que ha de ser erradicado de raíz. En breve nos irán llevando a todos a campos de reinserción para franquistas. Al tiempo.

El pusilánime indolente

Mariano Rajoy anda estos días reivindicando su presidencia y legado. Cómo no, ha escrito un libro, que lleva por título "Política para adultos", que ni he leído ni lo pretendo hacer: me basta con las explicaciones en las entrevistas que concede para conocer lo que piensa.

Rajoy pasa por alto, o lo razona de manera muy frágil, la pelea entre Bárcenas y Cospedal en la que estalló la doble contabilidad del PP, que apareció con todo esplendor en el caso Gürtel. Cuando se publicó que Bárcenas ocultaba 50 millones de euros en una cuenta en Suiza, Rajoy se escondió. La sentencia condenatoria de Gürtel sirvió para a una dispar oposición en una la moción de censura durante la que se fue a tomar copas y no dimitió, entregando al peligroso Sánchez todo el poder. La conclusión es que jamás supo imponer orden en su casa y deja abierta la sospecha de que lo conocía todo y lo admitía.

Rajoy, por miedo o indolencia personal, jamás lideró la más grave decisión que hubo de adoptar: la declaración de independencia catalana. Justifica que no aplicara el artículo 155 en Cataluña el 7 de septiembre de 2017, tras la aprobación de la ley de desconexión catalana de España, arguyendo que se impuso como límite la declaración de independencia. Que la Constitución hubiera sido violada aquel día y que el presidente del Gobierno no actuase de manera contundente e inmediata, descalifica al personaje. Olvida que se celebró el referéndum del 1-O, el mismo que prometió que jamás se celebraría y que, por tal motivo, el Rey Felipe VI hubo de aparecer en televisión el 3 de octubre exigiendo a Rajoy la restitución del orden constitucional, algo inédito en nuestra democracia que dibuja con claridad la pusilanimidad y falta de visión del personaje.

El de Pontevedra adelantó las elecciones catalanas a diciembre, dos meses después del golpe, sin investigar lo ocurrido ni su financiación, entregando el poder de Cataluña a los golpistas. 

La moderna barbarie interpretativa

Durante la década de los noventa, en EE.UU. surgió la moda académica de decidir qué pasajes de la historia norteamericana debía ser estudiada con pasión por los valores que transmite y cuáles no, lo mismo que con los personajes históricos. El genocidio de los indios norteamericanos o la estructura de las sociedades esclavistas son relegados en aras de la creación de un nuevo país libre en el que cada ciudadano puede construir su propio destino. Este esquema ha pasado al ámbito docente iberoamericano de las enseñanzas medias en el que cada nación estudia su historia dedicando amplios recursos a las sociedades precolombinas, de las que dibuja un paraíso idílico de felicidad eterna en plena armonía con la naturaleza totalmente trastocado por la violencia de la conquista española. Este periodo, de trescientos años, en la mayoría de los países hispanoamericanos se muestra con tintes negativos. Tras la independencia de España y Portugal, los dos más recientes siglos de historia de estas naciones ocupan el estudio más amplio. 

La visión populista de las dominaciones imperiales es de lo más variopinta. Grecia, Roma o el Islam perpetraron violentas y sanguinarias conquistas en buena parte del mundo, pero a ojos del ciudadano moderno sus hazañas son magníficas y trajeron desarrollo y prosperidad a los territorios dominados. En cambio, la dominación española en América o Filipinas fue negativísima para los países sometidos. Culpar de todos sus males nacionales a la colonización española, a pesar de los doscientos años de independencia que sigues sumando, es el recurso más habitual de los extravagantes y populistas dirigentes latinoamericanos. La modernización global que realizó España en América, posiblemente la acción colectiva más importante que ha realizado nuestro país en su historia, es frecuentemente olvidada o interpretada por el sesgo de un resentimiento que no se justifica. En Europa, la ausencia de ese resentimiento social e histórico ha permitido la construcción de la Unión Europea y unas magníficas relaciones con Alemania, olvidando la ocupación nazi entre 1933 y 1945 de la práctica totalidad del Viejo Continente. 

Las aspiraciones del segundón

Corre por los madriles el rumor de la mucha corrupción que atañe a una ayuso por un hermano comercial de quien, dicen, exige los contratos que intenta vender.  La socialista Carmen López se lo espetó en la cara a la presidenta de la Comunidad y, al día siguiente, donde dijo Diego dijo digo al no disponer de pruebas. 

Esto de invertir la carga de la prueba lo viví yo en mis propias carnes durante dos horas en una patética reunión hace varios años, cuando los directivos de la ATEG que yo dirigía me soltaron los perros de la guerra en atención a las idioteces que dijo un idiota y que creyeron a pies juntillas, pese a no contar con evidencia alguna. Cuando tal cosa sucede, hay que irse de inmediato, especialmente si uno tiene ya amarrado un futuro mucho mejor, que es lo que me sucedió a mí. Pero en política el futuro es incierto cuando estás arriba y, por eso, hay que contraatacar o resistir. Los rumores no se difunden, se indaga en ellos y se dilucida su veracidad o falsedad. Al menos es lo que ha de hacerse entre caballeros y también entre demócratas. 

El teodoro que odia a la ayuso no deja de difamarla sin descanso. Lo cual define bastante al tipo del que los medios comienzan a ensalzar su carrera de piano, su tesis doctoral y su porte atlético, como si todo ello fuesen atenuantes para la estupidez que lo acompaña en lo político. Esta suicida batalla desatada contra la ayuso no quiere frenar el salto a la política nacional de la susodicha, sino hacer que el palentino se dé la gran torta en las próximas elecciones (forzándole a no convergir con Vox aunque ganen las elecciones, imposibilitando así la gobernanza) y dejar al segundón murciano como la siguiente baza inexcusable. Tenemos psicópata monclovita para rato, porque este teodoro puede dejar chico a su sanchedad.

Odón Elorza y los franquistas

Aunque se trata de otra historia, siendo yo Director General del Kutxaespacio de la Ciencia no me estaba permitido presentarme ante el alcalde de Donostia, que por entonces era el socialista Odón Elorza. Kutxa era una filial del PNV en forma de caja de ahorros, aún lo es. Me lo dijeron de manera muy clara (en realidad me lo dijo un mando de tercera fila, más bueno que el pan y sincero hasta la entraña): "No les vamos a dar (a los socialistas) esa ventaja". A quien sí me presentaron fue al lehendekari Ibarretxe, que era quien entonces gobernaba en el País Vasco. Me resultó simpático. Le estreché la mano y le dije lo mismo que Luís Sánchez Polack "Tip" le espetó a don Juan Carlos I: "A usted lo conozco de la tele".  El lehendakari rio y se disculpó porque "es cierto que aparecía demasiado en la televisión". 

Aquellos días la prensa malgastaba titulares en un etarra que se hallaba ingresado en el hospital de Donostia porque estaba empeñado en hacer huelga de hambre (en puridad, es una huelga de ingestión) en protesta de ser mantenido en prisión, y en que su novia lo visitaba y que los abertzales pedían su libertad condicional en atención a su estado de salud y a que la ETA había decretado para sí misma una tregua y no podía matar, ni siquiera a los suyos. El etarra se llamaba Iñaki de Juana Chaos, responsable del Comando Madrid, y estaba condenado a más de 3.000 años de prisión por el asesinato de veinticinco personas, de los que cumplió finalmente dieciocho. Este individuo huyó de España en 2008, tras haber cumplido la pena no impuesta sino la recalculada, y ahora vive en Venezuela donde espero que viva una vida miserable y muera de asco. 

En aquellos meses de 2006 algunos se manifestaban enfrente del ayuntamiento pese a las inclemencias del tiempo contra el trato de favor hacia este miserable asesino. Ni qué decir tiene que a la congregación acudían muy pocas personas (yo incluido) y, a quienes se movilizaban, los donostiarras trataban de no mirar con los ojos siquiera. Huelga decir que la mayoría de los guipuzcoanos eran contrarios a la ETA y, acaso por hartazgo, pues si no se puede con el lobo hay que acabar con el pastor, también a la Guardia Civil. Su consigna para estar tranquilos era oír, ver y callar, y hacer como que la cosa es insufrible y que no es todo tan fácil como señalar a unos como asesinos y a los otros como víctimas. Poco más o menos lo que está sucediendo en este año de 2021. Por eso cuando, en la Parte Vieja, a Gregorio Ordóñez la ETA descerrajó un tiro en la nuca y María San Gil trató de perseguir al terrorista, nadie supo decir por dónde había huido el infecto. Los guipuzcoanos son los españoles más cobardes que ha habido en democracia, aunque no son los únicos cobardes. 

Odón Elorza supo interpretar muy bien aquel disparo que acabó con la vida de quien iba a ser el próximo alcalde de Donosti en 1995. Por eso jamás alzó la voz contra la ETA durante su mandato. Recientemente, en defensa de los pactos del pestilente Sánchez con los herederos de la ETA, ha llamado franquistas a los diputados de la Oposición al Gobierno, exactamente la causa que enarbolaba la ETA militar para matar, aunque mató al 94% de sus asesinados ya en democracia. 

Me alegro muchísimo de no haber tenido que darle la mano al idiota de Odón Elorza. No hay suficiente gel alcohólico en el mundo para desinfectarla de haberlo hecho.

Riesgos de la inmersión lingüística

Riesgos entrañados por la inmersión lingüística en la función pública. Por ejemplo, consúltese el baremo de méritos para la categoría de médico en Osakidetza. Cada matrícula de honor obtenida en la carrera añade 0,2 puntos. La participación como ponente en congresos internacionales, otros 0,2 puntos por congreso. Perfil Lingüístico en euskera añade 8, 16 y 24 puntos, dependiendo de la competencia en el lenguaje vascongado (PL1, PL2, PL3). Es imposible disputar una plaza en Osakidetza a cualquier mediocridad surgida de los valles vascos.

El nacionalismo considera su lengua como propia y solo de ellos, sobre la que tienen derechos. Estos derechos no son de los ciudadanos (solo es derecho aquello declarado por la ley, por cierto). 

Lo mejor que le puede pasar a un vasco es ser atendido en un hospital por un individuo que no sepa una palabra de euskera, al margen de egunon y oso ondo, que eso lo sabemos ya todos: tendrá la seguridad de que, a su cuidado, se halla un profesional con méritos suficientes para doblegar la dictadura del idioma.

Los presupuestos asociales

Hace medio año, organismos internacionales pronosticaban que España crecería este año muy por encima del resto de economías de la UE. El Gobierno no tardó en presumir de recuperación, muy especialmente la ministra de Economía y vicepresidenta primera. A nadie parecía importar que en 2020 nuestro país se hubiese hundido económicamente mucho más que toda la UE o los 37 países de la OCDE. En realidad, fue esa la razón por la que algunos previeron una subida vertiginosa de la economía española: parecía lógico suponer que las economías más deterioradas en 2020 fuesen las que más creciesen en 2021. España había sufrido una caída del PIB del 10,8% y en el segundo trimestre de 2020 el PIB se redujo en tasa interanual más del 20%, producto de la desastrosa gestión de la crisis sanitaria.

Esta crisis económica es distinta a todas las precedentes. Ha sido ocasionada por la respuesta política y administrativa a una epidemia. Tocamos fondo y lo normal es estar en proceso de recuperación. En puridad, solo se podrá hablar de recuperación una vez que España alcance el nivel de renta que tenía antes de la pandemia. Según previsiones de hace seis meses por parte de la Comisión Europea, España no la alcanzará hasta 2023. Ciertamente, no es para jactarse de nada, mucho menos de recuperación.

A estas alturas del año la Comisión ya ha elaborado las estadísticas de otoño. Las previsiones en la Eurozona son positivas. El PIB pasa de crecer del 4,3% (estadísticas de primavera) al 5% y la mayoría  de los países alcanzarán en 2022 el PIB que mantenían en 2019. Todos excepto España, que seguirá teniendo que esperar al 2023. Las previsiones son muy negativas para España. Pese a ser el país cuya economía más se desmoronó en 2020, ocupará el número 17 de la Unión Europea y le cabrá el dudoso honor de no salir de la crisis hasta 2023.

Como siempre, esta realidad la va a ignorar nuestro ególatra presidente porque los datos no le dicen nada (algo lógico en un doctor en economía con título regalado). De hecho, se vanagloria de que España tenga una recuperación más robusta y justa que la de 2008, cuando resulta que aquel año gobernaba Zapatero, es decir, el PSOE. Pese a su presencia, o cabría que decir en contra de su presencia, las condiciones económicas han de mejorar si la situación sanitaria mejora como está mejorando gracias a las vacunas, un éxito del que el Gobierno se ha apropiado hurtándoselo a las mismas Comunidades Autónomas a las que responsabilizaba del deterioro en plena pandemia. 

Hay factores añadidos que fragilizan la situación económica muy por encima de otros países miembros de la UE. Las cifras de paro no pueden ser ocultadas por los ERTE (creados en la época rajoyística) y superan a la mismísima Grecia, con el agravante de que buena parte del empleo actual es de muy baja calidad, empleo basura, subempleo, consecuencia de la devaluación competitiva y propenso a desaparecer en cuanto se eleven mínimamente los costes o los salarios. Además hay que añadir la acumulación de deuda pública. Según el Banco de España, crecerá un 30% del PIB, desde el 95% en 2019 al 124% en 2022. Esta situación solo se sostiene por la intervención del BCE, que controla el euro, y que se ha mostrado dispuesto a comprar todos los títulos necesarios. Pero es esta la causa que nos hace vulnerables y dependientes en política económica de las medidas que quiera imponer la Unión Europea. Durante estos años de pandemia Bruselas ha mantenido una postura laxa en cuanto a estabilidad presupuestaria, como también lo hizo en 2008, pero no es previsible que se mantenga en el futuro, sobre todo atendiendo que están apareciendo tasas de inflación que remontan a otros tiempos.

Estas condiciones económicas permiten conocer las mentiras que han rodeado el tema de las ayudas europeas, como la afirmación de ausencia de condicionalidad (hombres de negro). Pese a los embustes de la ministra de Economía y los embrollos, galimatías, mentiras y desmentidos del ministro de la Seguridad Social, estamos inmersos en un rescate por más que pretendan vestirlo de paseo triunfal. Avergüenza recordar la llegada de Sánchez al primer consejo de ministros tras la cumbre en que se habían aprobado los fondos, lo mismo que si hubiera ganado la guerra a los nazis. El paseíllo de aplausos de sus ministros fue simplemente bochornoso. 

Cuando el INE revisó la previsión de crecimiento del PIB para este segundo semestre del año, la ministra de Economía se extrañaba de que los parlamentarios mostraba sorpresa por la existencia de revisiones. La extrañeza obedecía no a su existencia, sino a la magnitud del ajuste: del 2,8% en julio al 1,1% en la actual. Nunca antes hubo correcciones de esta dimensión. Pese a ello, el Gobierno ha mantenido sus previsiones inamovibles como si la revisión ni la realidad afectasen a sus trampas. Aún en septiembre, en una entrevista a El País, la ministra de Economía mostraba un triunfalismo bobalicón que causaba vergüenza ajena, plagado de contradicciones. Afirmaba coas tales como que España iba a ser uno de los motores del crecimiento de Europa. En dicha entrevista Calviño atribuía a la hostelería y el turismo, los sectores más afectados por la pandemia, las razones del desplome económico de España, pero el periodista que la entrevistaba señaló con acierto que países como Francia, Italia, Grecia, Croacia, Chipre o Malta tienen un sector turístico muy destacado y su desplome económico ha sido mucho menor.

En todo este tiempo el Gobierno se ha escudado en el desempleo, haciendo creer al lego que su evolución va por separado del PIB. Aun así, las medidas del Gobierno, concretamente esos ERTE de los que renegaron antes de la pandemia y a los que se han acogido con estrépito, no crean empleo ni impiden la aparición del paro. En cualquier caso no es admisible que se empleen para ocultar el paro. Y algo parecido sucede con la afiliación a la Seguridad Social. El ministro presume de haberse alcanzado cifras anteriores a la pandemia ofreciendo datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, cosa que debería hacerse porque aunque mantengan la afiliación a la Seguridad Social lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que los financia el Estado. 

La aprobación de los Presupuestos 2022 se circunscribe al éxito de las pretendidas políticas sociales. Es algo que reiteran hasta los gobernantes de las Comunidades Autónomas, como hacía el ignorante de Urkullu al quejarse de no poder elaborarlas por el dumping fiscal de Madrid. Pero, al margen de este tipo de estupideces a las que los vascos nos tienen acostumbrados, no es apropiado hablar de un Estado social o socialdemocrático sin un sistema fiscal suficiente y progresivo, y el nuestro hace tiempo que no es lo uno ni lo otro. Que no es suficiente lo evidencia el nivel de pobreza en amplias capas de la sociedad, y la disputa sobre las pensiones y la llamada de todos a recortarlas. Que no es progresivo se observa al reparar en la degradación que ha sufrido a partir de los años noventa.

En cualquier caso, es moralmente difícil exigir a la población sacrificios fiscales si, al mismo tiempo, no hay un estricto control de la ejecución del gasto público. Por ello este Gobierno ha renunciado a reformar el sistema fiscal en estos Presupuestos, limitándose a algún ajuste sin importancia y a maquillar los ingresos. Y el presupuesto se puede maquillar, pero su liquidación no. Difícilmente se podrá ocultar el incremento de la deuda. El Gobierno se muestra remiso a aceptar el coste político que significa incrementar la presión fiscal, salvo con los impuestos indirectos, que pasan más desapercibidos. Pero es al mismo tiempo pródigo en gastos inútiles e ineficaces dedicados a crear chiringuitos donde colocar a los suyos o a sufragar actuaciones populistas con fines clientelares.

Casualmente, al tiempo que el Gobierno presentaba los Presupuestos de 2022, Cáritas y la Fundación FOESSA publicaban su informe "Sociedad expulsada y derecho a ingresos". Los informes FOESSA son viejos desconocidos. Durante la dictadura eran uno de los medios desde donde adentrarse en la realidad social y en la situación de la desigualdad y la pobreza. Pese a haber pasado casi cincuenta años, hay que recurrir de nuevo a ellos en contraposición al discurso triunfalista del Gobierno. Según el citado informe, son ya 11 millones de personas los que se encuentran en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. La exclusión severa supera los 6 millones de personas (2 millones más que en 2018) y se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas paradas. El informe presenta un panorama muy distinto al retratado por el Gobierno, que repite continuamente que se ha alcanzado el número de empleados existentes en 2019, lo cual es falso, como hemos visto. La desigualdad se ha incrementado con respecto a la situación existente con anterioridad a la pandemia y el famoso escudo social ha sido un fiasco, como fiasco ha sido el ingreso mínimo vital (IMV), diseñado como impuesto negativo sobre la renta.

Lo cierto es que el tan cacareado escudo social es solo un eslogan y el presupuesto más social de la historia es otro bluf más que difícilmente solucionará la lacra de la pobreza y la desigualdad actuales. Es cierto que el gasto presupuestado se eleva a niveles muy considerables, pero las distintas partidas están elegidas con una finalidad más electoral que social. El gasto se dirige a colectivos, como el de los jóvenes, que no son precisamente los más necesitados, pero que sí se consideran potenciales votantes. Así, la ley de vivienda lejos de aportar soluciones al problema lo empeora. La única forma de dar respuesta a la carencia de viviendas es el incremento de la oferta de viviendas en alquiler, y eso es bastante más complicado que elaborar una ley, la presupuestaria, por mucho que la ministra de Hacienda la califique de "preciosa". Podían haber planteado dedicar parte de los fondos europeos a este cometido en lugar de emplearlos en objetivos etéreos como la transición energética, la modernidad, la política de género, la digitalización o el cambio del tejido productivo (cuyo previsible resultado hará las delicias de algunas grandes empresas). El 80% de estos fondos figura en el presupuesto como transferencia de capital, lo cual hace sonreír a quienes siempre se lucran a cargo del BOE. Lo de dar 250 euros mensuales a cada joven para vivienda es una ocurrencia más, que se anuncia sin pensar ni cómo hacerlo ni cuáles serán los para acceder a esa ayuda. Además, ¿por qué a los jóvenes?, ¿son los más necesitados? Como señala el informe FOESSA, la exclusión se da principalmente entre las familias monoparentales, numerosas e inmigrantes. ¿Por qué no destinar esa ayuda a los parados de larga duración? Y ya puestos a mencionar divertidas (por vergonzosas) ocurrencias, cómo no citar los cuatrocientos euros que se les va a conceder como propina a quienes cumplan 18 años en 2022. Cuando hay seis millones de personas en exclusión severa, ¿es este el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos?

Mucho me temo que en el Gobierno no hay una sola cabeza pensante que sepa con determinación qué hacer con las recaudaciones de los ciudadanos para que las políticas sociales sean cada vez menos necesarias. Una pena. 

Judíos marcados en el gueto moderno

Occidente siempre mira con superioridad moral al resto del mundo. Da lo mismo si se trata de bajitos amarillos que obedecen sin rechistar, de bárbaros afganos desagradecidos por no haber aceptado la democracia, o de rusos borrachos que no respetan a la oposición. Nosotros somos siempre mejores que ellos, pensamos. En Bruselas se dan cita los gobernantes de Occidente para inyectar dosis de hipermoralismo sobre libertad, democracia, derecho, tolerancia y respeto. Seguramente por eso, en un ejemplo imparangonable de compromiso con la libertad individual, han apostado por aplicar confinamientos desproporcionados, exigir una prueba PCR para tomar una cerveza en un bar e incluso encarcelar en sus casas a los no vacunados. China no se ha atrevido a tanto.

Son los mismos responsables de los niveles récord de endeudamiento público, cifras de paro inasumibles, déficit desbocado, tasas impositivas estratosféricas y crisis energética sin precedentes. Angustiados por la salud y el futuro de los ciudadanos, Occidente apuesta por confinar a los no vacunados para salvarnos a los demás que sí lo estamos. El rebaño vitorea porque da por supuesto que si la mayoría de su manada avanza en una dirección es porque se trata de la correcta. 

El pasaporte Covid permite que una persona infectada (pero vacunada) pueda subir a un avión, acudir a un estadio o a un restaurante, pero un no vacunado sano no puede hacerlo. Las vacunas del Covid otorgan protección a la hora de contraer la enfermedad de forma grave y de fallecer, pero no evitan la infección. Un vacunado puede infectar a un no vacunado. Se arguye que los vacunados no infectan tanto como los no vacunados pese a los informes que muestran que un vacunado transmite la variante delta a otros individuos con la misma facilidad que quienes no están vacunados ("The Lancet", revista médica británica).

Con la tecnología llegó el hipercontrol. La falta de humanismo, de respeto al prójimo y la comprensión con el distinto se han sustituido por un tsunami de irracionalidad y superstición que genera odio y etiqueta a los ciudadanos en buenos o malos según su postura respecto a la vacunación masiva y el pasaporte Covid. Desde todas partes se insiste en que debemos someternos a las exigencias del Estado protector sin rechistar. 

Todos los regímenes totalitarios han creado dualidades que enfrentan al pueblo. Arios-judíos, burgueses-obreros, blancos-negros, ricos-pobres y, en la actualidad, vacunados-no vacunados. Occidente justifica recortar la libertad y aprobar leyes discriminatorias. La estrategia consiste en señalar a un enemigo que pueda ser considerado culpable. 

Hombres blancos muertos

La eliminación de la filosofía no es un símbolo sino una necesidad. La sociedad moderna es deforme, fofa intelectualmente e indolente en su criticidad. Fuera de Netflix y Twitter, no hay nada. 

El discurso que construye la filosofía es contrario a cualquier forma de catecismo ideológico o adoctrinamiento. El hombre que piensa, piensa solo en un acto sublime de rebeldía frente a la manada. 

Así que parece justo que se arrincone para siempre la filosofía. 

¡Que viva Sánchez Villa!

El 40º Congreso Federal del PSOE ha sido una muestra de enaltecimiento de Sánchez y consagración (de momento) del sanchismo, al menos hasta que periclite, y sospecho que su memoria no será salvaguardada, como le ha ocurrido a ese idiota solemne provenezolano, el expresidente Zapatero.

Nunca como ahora ha habido tan poco debate en el PSOE ni dirección alguna ha dispuesto de tanto poder para cambiar por completo a este partido socialista que no reconocen ya los más viejos del lugar. Los partidos atienen su devenir a la ley de hierro de las oligarquías. Concentran todo el poder en muy pocas manos y, para ello, el sistema de primarias, que se vislumbraba como fármaco que atajase la enfermedad, solo ha agudizado aún más el problema. Porque es un problema. Silenciados los órganos de dirección, obligados (en propio provecho, no por convicción) a callar las mentes mejor pensantes de tales engendros, proliferan los caudillos absolutistas que acallan cualquier debate interno y socavan la democracia representativa en aras de un populismo que no deja de ganar terreno. Las cúpulas de antaño no son sino minaretes desde la que el muecín dicta la oración y el resto obedece.

Aunque los socialistas piensen que el PSOE es más fuerte que nunca, las inclemencias económicas de este invierno del descontento shakesperiano amenazan con arrumbar toda perspectiva, por lo que tienen que forzar la maquinaria y aprovechar este tiempo en el que aún gestionan miles de millones a discreción y con arbitrariedad. 

Callar como pelandruscas

Si, en democracia, un Presidente del Gobierno es enmendado por el Tribunal Constitucional en tres ocasiones, lo normal es que le cueste el puesto por decencia y dignidad. Como son atribuciones de las que carece, y tampoco cree en la Constitución ni en los otros poderes del Estado (solo cree en sí mismo como dios), ha proseguido como si tal cosa con su dictadura de ocasión. En parte porque, en este país, todo se acepta con naturalidad pasmosa. 

Las tres sentencias tan demoradas del TC no tendrán efecto práctico, y es cuanto Sánchez necesita para seguir acometiendo tropelía tras tropelía. Cuenta en este asunto con la complicidad de Cs, con su voto, y del PP, con su abstención: ambos partidos declinaron fiscalizar al ególatra durante la pandemia, a pesar de su ineficacia sanitaria y económica, y ahora han callado como putas. 

Bien van.

En lo que acaba una periodista

Escribía en ABC y comentaba la actualidad en las tertulias de la COPE. Luego marchó con Rosa Díez a UPyD. Escribió entonces un libro sobre Zaida Cantero que ya no interesa ni a Zaida Cantero. También un libro que cobró de la Editorial Planeta, generosamente, Pedro Sánchez. «Manual de Resistencia» llevaba por título, y es un bodrio a la altura (bajura) del ególatra. 

Como agradecimiento, Sánchez la enchufó en su primer Gobierno como Secretaria de Estado para la España Global, otrora Marca España, de cometido difícil de entender. Después Pedro Sánchez, de nuevo en agradecimiento del infumable libro, la nombró presidenta del Consejo Superior de Deportes. Posteriormente se presentó por el PSOE en las listas para la Comunidad de Madrid, en cuyo Parlamento no consta ninguna actuación relevante. Tampoco fuera del Parlamento. Por último, ha sido nombrada Directora General de la Casa Árabe, de existencia ignorada por todos, incluso por ella. 

Se llama Irene Lozano y es una decepción de principio a fin. Su nivel de competencia raya a nivel del de su mentor, Pedro Sánchez, pero sin el bagaje paranoico de este último.

Partidos contra la sociedad

En la actualidad los partidos no resuelven los problemas de las personas, sino que se dedican a crear o provocar otros nuevos. No es algo propio de la democracia española, pero me temo que la nuestra es representativa de esta calamidad que se ha cernido sobre las cabezas de las personas. 

Un poco de historia patria puede contribuir a centrar la cuestión. La Ley para la Reforma Política de 1976 instauró la participación ciudadana a través de partidos políticos. Muy pronto se dieron de alta hasta 103 partidos políticos. No todos se presentaron a las elecciones. Pero aquellos tiempos debieron ser vertiginosos par quien asistiera a ellos desde la adultez personal: el 9 de abril se legalizó el PCE y Santiago Carrillo acepta la monarquía y la bandera rojigualda (14 de abril); don Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos (14 de mayo); se convocan y celebran las primeras elecciones generales en democracia (15 de junio); se aprueba la Ley de Amnistía (14 de octubre) y Josep Tarradellas regresa a Cataluña (23 de octubre: "Ja sóc aquí!"); se firman los Pactos de La Moncloa (25 de octubre). Suma y sigue. Franco, no lo olvidemos, estaba recién enterrado.

Aquellos partidos estaban liderados y sustentados por lo mejor de cada ideología y generación. Los de ahora contienen lo peor de cada promoción y el extracto más analfabeto de cada año escolar. Ni a un lado ni al otro del espectro ideológico. Los partidos, que deberían defender los valores que garantizan la democracia, prefieren emplear su tiempo en batallar mediáticamente, dedicarse a una creatividad política espuria, y arrinconar a quienes ofrecen arrojo, coherencia y valor. Los líderes son de hojalata y se pertrechan de correveidiles para impedir su oxidación súbita. Incluso se irresponsabilizan de las tareas encomendadas por una Constitución que ni entienden ni han leído. Tal vez por eso mismo ha llegado el momento en que los ministros sean quienes ondeen pancartas contra el Gobierno (es decir, contra ellos mismos). 

Una reciente entrevista a Pablo Casado en RAC1 (durante la pasada campaña electoral en Cataluña) da buena cuenta de en qué consiste la política moderna. Directamente abogaba por ignorar lo que allí sucedía y abrazar buena parte de las vindicaciones secesionistas, acaso por intentar rebañar votos entre los catalanes que, sin ser independentistas, aman su tierra. La conclusión es inmediata: pasó de ser el segundo partido no independentista en el parlamento catalán a ser el último. Los votos emigraron a Vox, de quien el palentino reniega y trata como a un hospital de leprosos. 

La plataforma "S’ha acabat", con apenas tres años de vida, integra a jóvenes universitarios hartos del supremacismo secesionista que se niegan a marcharse de su tierra, que suele ser una de las más constantes causas de crecimiento del separatismo: el abandono e incomparecencia del constitucionalismo. Resulta difícil por qué desde las filas de un partido no se puede atender este tipo de emergencias reales de la sociedad. Y si atendemos a lo que ha sucedido (y está sucediendo) con UP, concluiremos que la sociedad civil deja de interesarse por las cuestiones civiles en cuanto se convierten en partidos políticos. 

Nuestro inefable y paranoico presidente insiste en que sumar y buscar puntos de encuentro es decisivo para hacer mejores políticas. Sumar una decena larga de partidos a los presupuestos, lejos de significar una demostración de objetividad por los problemas ciudadanos, simboliza los descuentos políticos del tipo Black Friday. Y, mientras tanto, la derecha se deja tachar de "golpista y franquista" (palabras de Odón Elorza, sin ir más lejos). Los tres partidos que atesoran a los votantes contrarios a este régimen comunista con ribetes de masoquismo social siguen burlándose de quienes los han apoyado porque, en lugar de buscar modos de frenar a la izquierda radical y al separatismo, siquiera de manera dialéctica, se dedican a brindarle al narcisista de la Moncloa la perpetuidad.

El esperpento político español de la justicia

Por si no lo sabían, o se les había olvidado, los ejemplos del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo abundan en el hecho incontestable de que los partidos colocan en su provecho a guiñoles que hagan prevalecer sus excelsos intereses particulares por encima de los torticeros intereses generales. 

Digo abundan porque ya venía siendo así. Luego resulta que, en el fragor de la batalla, alguno de los partidos olvidan que han de compadrearse para colocar a los suyos en los santos lugares y los demás se enfadan por ello. Cuando por fin se sientan a negociar (dicen) aprovechando una pausa de las baterías de guerra, lo proclaman como una victoria de la democracia. 

Lo interesante del asunto que nos ocupa es que, tras este último cónclave, algunos de los parlamentarios que han acuñado el bochorno trataban de desentenderse de ello declarando, con abnegado sacrificio, que votarían con la nariz tapada o directamente contra uno de los aspirantes previamente consensuados. Damas y caballeros, ha llegado el circo a la ciudad.

Teocracias

Génova, en un alarde de estrategia, limitada a los barruntos de la inteligencia teodorica porque nadie más sabe para qué enfangarse en semejante batalla, ha decidido pasar de las escaramuzas al enfrentamiento directo contra sus líderes regionales, especialmente aquellos que han cosechado un mayor éxito. A la batalla madrileña contra una ayuso se le une la guerra andaluza contra un moreno. Ambos dirigentes han logrado en las urnas lo que el palentino no ha conseguido de momento (y a este paso, difícil va a ser que lo consiga). Y por si resultase magro el cocido, la estrategia teodorica envió a sus huestes (bastante mindundis, conocidos solo en su casa a la hora de comer) a insultar a una cayetana que ha escrito un libro asaz crítico después de ufanarse de que nadie lo iba a leer. QUienes no lo leyeron fueron los mindundis que salieron en tromba a proferir insultos contra su autora.

El teodoro perdió Murcia, la capital, y también ha perdido Granada, como el rey moro: acaso por ello vive emperrado en impedir que quienes no pierden puedan proseguir su camino de éxito. Y como en la guerra vale todo, a diferencia de lo que sucede en el amor, donde no vale nada (desdigo con ello la creencia popular), el teodoro ha decidido que su misión en la vida y en el partido es destrozar las aspiraciones de su presidente. Es decir, hacer todo lo posible por impedirle ganar las próximas elecciones al psicópata narcisista que ronca en la Moncloa. Por todo lo posible nos referimos, entre otras lindezas, ungir de presidenta provincial a alguien que no es el Presidente de la Junta y filtrar una grabación ilegal del ciudadano que le presta votos en su tierra, por lo que se demuestra que el teodoro es mejor delincuente que estratega.

El partido gaviotero, lejos de Madrid y Andalucía, donde el teodoro no cuenta, lleva una trayectoria imparable de gran partido, como proclama su líder palentino: tal vez por eso en Cataluña pasó de 4 a 3 escaños y su más feroz antagonista de 0 a 11. Es lo que sucede cuando uno se convierte en visionario en Cataluña, donde no hace tanto dijo cosas como que no desea imponer la bandera nacional a nadie, que quiere recuperar la senyera frente a la estelada o que necesita pedir perdón por la actuación policial del 1-O. Es la misma región donde una cayetana convirtió a las gaviotas en el primero de los tres partidos nacionales del ala liberal y donde su impronta lo llevó al último lugar. Qué carrerón.

Monos sin lustre

Los alumnos son cada vez menos ignorantes de su inabarcable ignorancia y los profesores son cada vez más conscientes de tener perdida la batalla formativa, razón por la que ni se esfuerzan en tratar, al menos, de contrarrestar los desastres ocasionados por las sucesivas leyes educativas que los maniatan. Dirá usted que exagero, pero de un tiempo a esta parte corren por la red numerosos ejemplos de exámenes de aquella EGB tan ejemplar que, piedra a piedra, a pico y pala, los inquilinos del ministerio pertinente han contribuido a derruir para erigir una carpa por donde entran todos los aires, fríos, y se escapan todas las lógicas y racionalidades. 

Como es menester seguir destrozándolo todo en este ámbito (el camino hacia el analfabetismo exige de mucha continuidad en los esfuerzos a realizar), el Gobierno de España ha resuelto desterrar los aterrantes niveles de fracaso escolar decretando que tal cosa no existe. En su R.D. de Evaluación, Promoción y Titulación, el Consejo de Ministros apuntala la ignorancia como aptitud básica del alumnado (un alumnado que, cuando crezca, se convertirá en los profesionales del mañana). Si las estadísticas son ominosas, modifiquemos el criterio de cálculo, habrá pensado la ministra Alegría (ya lo había pensado ese engendro espantoso llamado Celaá). Eliminando la definición, los malos resultados escolares de la España educativa devienen excelentes resultados capacitadores, convirtiendo al país, por fin, en un erial por donde medren los analfabetos. Creo que ya lo venía siendo: basta con observar los currículos de quienes asen las carteras ministeriales de un tiempo a esta parte. Quien quiera que sus hijos se instruyan de verdad tendrá que pagar un colegio caro o abandonarse al sálvese quien pueda. Total, ¿no dicen que está todo en la red? ¿a qué espera nadie entonces para aprender?. El solemne vago de Castells lo enunció bien clarito no hace tanto. Antes todo estaba en los libros (incluso en los suyos, que son infumables). 

El sistema público educativo español finalmente la escolarización universal en un trámite administrativo, poco más, en nombre el igualitarismo, que no trata de otorgar las mejores posibilidades a quienes menos recursos tengan, sino a convertir a pobres y ricos en tontos ignorantes de solemnidad.  Pero ya digo que no es algo que se haya perpetrado con el último Real Decreto, ya se venía produciendo incluso desde los tiempos de Wert y mucho antes. Las luces que alumbraban una sociedad culta y distinguida se apagaron en el tardofranquismo, seguramente al acceder al poder quienes jamás habían destacado en ninguna asignatura en sus años escolares.